Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06721-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406721-00
Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
Demandada: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura- Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Información y ii) petición
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Walter Alexander Delgado Amaya
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “7ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202406721-00
Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] no ha dado respuesta la petición
efectuada el día 31 de agosto de 2024 […]”, mediante la cual solicitó “[…]
información específica sobre la bibliografía de obligatoria consulta que fue empleada
en la evaluación del módulo de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa […]”
dentro de la Convocatoria núm. 27 para proveer cargos de carrera en la Rama
Judicial, vulneró sus derechos fundamentales, invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el 31 de agosto de 2024 presentó petición de información a la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en los siguientes términos:
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Núm. único de radicación: 110010315000202406721-00
Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
4. Manifestó que, el 7 de octubre de 2024 recibió respuesta por parte de la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, así:
5. Adujo que, “[…] en la RESOLUCIÓN N.° EJR24-646 Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24298, no se me dio
contestación a mi petición. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela2:
2 Idem pie de página núm. 2 supra.
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
“[…] PRIMERA: Tutelar mi derecho fundamental de petición y acceso a la información,
vulnerados por la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA.
SEGUNDA: Ordenar a la accionada dar respuesta de manera clara, de fondo y
oportuna a la petición. […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que3:
“[…] Lo pedido es el nombre de un libro, su autor y un número de página: Es
importante aclarar que mi solicitud no está relacionada con la reclamación sobre las
preguntas o el material de la evaluación del módulo de "Argumentación Judicial y
Valoración Probatoria". Término que ya feneció. En ningún momento busco
reprochar decisiones tomadas en la evaluación o pedir que se reponga alguna de
ellas. Mi petición se refiere exclusivamente a obtener información sobre la
bibliografía utilizada. Por lo tanto, la contestación que me fue dada no aborda de
fondo mi solicitud, ya que no se mencionó la bibliografía solicitada.
Carácter respetuoso de mi solicitud: Dejo constancia de que en la petición no he
solicitado reconsideraciones sobre el proceso evaluativo ni el contenido de las
preguntas. Simplemente he preguntado por la fuente bibliográfica que sirvió de base
para la elaboración de dichas evaluaciones. Mi solicitud es una petición legítima de
información y, por lo tanto, considero que la respuesta dada no fue congruente con
lo solicitado, ni se abordó el contenido real de la misma.
Respuesta insuficiente e irrespetuosa: Solicito que se revise la respuesta
otorgada a mi petición. El hecho de que una entidad del nivel de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla responda de manera vacía y sin abordar de fondo la
información requerida es, a mi parecer, un acto irrespetuoso hacia el peticionario.
La respuesta no puede limitarse a señalar que la única vía para cuestionar las
preguntas de la evaluación es mediante el recurso de reposición, ya que mi solicitud
no se refiere a dicho aspecto, sino a la bibliografía utilizada.
Vulneración del derecho fundamental de petición: La Constitución Política de
Colombia, en su artículo 23, consagra el derecho fundamental de petición, y la Ley
1755 de 2015 establece que la respuesta a toda petición debe ser clara, congruente
y de fondo. En este caso, la información solicitada sobre la bibliografía no está
sujeta a reserva legal, por lo que no hay justificación para que no se haya dado una
respuesta de fondo. Ni afecto derechos fundamentales de terceros. La omisión en
proporcionar la información solicitada constituye una vulneración de mi derecho
fundamental. Solicitud de revocatoria del fallo: Por las razones expuestas, solicito
que se revoque el fallo de primera instancia y se ordene a la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 – UT dar
una contestación de fondo a mi solicitud de información sobre la bibliografía. La falta
de una respuesta clara vulnera mis derechos fundamentales de petición y acceso a
la información.
Así las cosas, no presento reclamo o inconformidad en contra de alguna de las
preguntas, sino que se le informe puntualmente, en relación con la bibliografía de
obligatoria consulta que fue empleada en la evaluación del módulo de
argumentación judicial y valoración probatoria: (i) el título del texto del que se extrajo
la bibliografía obligatoria para la evaluación; (ii) sus autores; y, (iii) número de
3 Idem pie de página núm. 2 supra.
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
páginas de las que se derivaron las preguntas relacionadas con la bibliografía
obligatoria de ese módulo, en cuanto a las preguntas pedidas. Requerimientos que
no han sido atendidos. Motivo por el que pido se revoque el proveído en estudio,
para, en su lugar, conceder el amparo del derecho de petición del señor Delgado
Amaya y ordenarle, que dé respuesta sobre lo consultado o, de no ser ello posible,
le explique las razones legales a que ello obedece. […]”. (Resaltado en texto
original).
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de diciembre de 2024: i) admitió
la solicitud de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura y a la Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; y iii) vinculó,
como tercero con interés legítimo, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia – UPTC y a E-Distribution, que conforman la Unión Temporal “Formación
Judicial 2019”, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindiera informe
sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla adujo que no hay
amenaza o vulneración de algún derecho fundamental y que para dar respuesta al
actor, “[…] debido a la materia y carácter técnico, la solicitud fue trasladada por
competencia a la Unión Temporal formación Judicial 2019, a través de Oficio
EJO24-2748 de 3 de diciembre de 2024, al ser el contratista experto en el diseño,
estructuración académica y desarrollo de la modalidad virtual y presencial del IX
CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL para los aspirantes a magistrados y
jueces de la república de todas las especialidades y jurisdicciones. […]”.
8.1 Señaló que, a través del Oficio EJO24-2748 de 3 de diciembre de 2024 al
considerar que “[…] es la Unión Temporal Formación Judicial 2019, en caso de una
decisión favorable al actor, sería ésta, quien debe responder, ya que la petición
que planteó el accionante es de índole técnica, pues tiene que ver con las
preguntas del examen, y es la Unión Temporal, quien tiene dicha información. […]”.
9. La Unión Temporal Formación Judicial 2019, señaló que no hay vulneración de
los derechos fundamentales del actor y que “[…] a la fecha se han ejecutado y
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
desarrollado uno a uno, las etapas del IX Curso de formación Judicial Inicial para
Jueces y Magistrados de la República. […]”.
9.1 Adujo que, rechaza las pretensiones del actor y solicitó que se declare la
carencia actual de objeto, por hecho superado, que se niegue el amparo, y anexó
la respuesta:
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
9.2 Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, “[…] se han ceñido a lo dispuesto en el acuerdo Pedagógico y al
acuerdo de la Convocatoria 27. […]”.
9.3 Manifestó que, en el caso sub examine se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, por haber dado respuesta a la solicitud durante el trámite de la
acción de tutela, con lo que tomó los correctivos necesarios que desembocaron en
el fin de la presunta vulneración de los derechos invocados: “[…] La UNIÓN
TEMPORAL FORMACIÓN JUDICIAL 2019, rechaza las pretensiones del
accionante, y solicita se declare la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que la Unión Temporal Formación Judicial 2019, resolvió de fondo lo
solicitado por el accionante mediante respuesta del ticket 25912 el día 07 de octubre
de 2024. […]”.
9.4 Señaló que, “[…] De manera rotunda nos oponemos a las pretensiones del
accionante, para que sean Tutelado el derecho fundamental vulnerado en el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, al no observarse vulneración alguna
por parte de los involucrados en la presente causa, cuyas actuaciones se han
enmarcado dentro del marco de los acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16
de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-
11405 de 2019 y posteriores comunicados, expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, los cuales rigen la convocatoria y reglas del IX Curso de Formación
Judicial Inicial. […]”.
10. La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
13. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la
respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde determinar si se deben
proteger los derechos fundamentales invocados por el actor, los cuales considera
vulnerados porque, a su juicio no se dio una respuesta a la petición que presentó
ante la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura.
14. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de
tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la información; iv) análisis del caso concreto; y finalmente v) las conclusiones de la
Sala.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
15. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
16. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional7 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
información
17. Visto el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 15. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial,
y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura […]”.
18. Atendiendo a que, la Corte Constitucional8 ha considerado que, “[…] la libertad
de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
7 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-040 de 28 de enero de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo9. Es un
derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a informar como
el derecho a recibir información veraz e imparcial10. Así mismo, la libertad de
información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para
difundir lo que se quiere emitir, mientras que la libre expresión son necesarias
únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su
pensamiento y opinión. Por lo demás, es también una libertad trascendental en la
democracia, pues es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía
está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los
representantes políticos o en sucesos del ámbito económico o social de interés
general11. […]”.
Análisis del caso concreto
19. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] no ha dado respuesta la petición
efectuada el día 31 de agosto de 2024 […]”, mediante la cual solicitó “[…]
información específica sobre la bibliografía de obligatoria consulta que fue empleada
en la evaluación del módulo de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa […]”
dentro de la Convocatoria núm. 27 para proveer cargos de carrera en la Rama
Judicial, vulneró sus derechos fundamentales, invocados supra.
20. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
9 Ver sentencia SU-056 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Ver sentencia T-512 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
11 El derecho a informar parte de la protección de otros derechos fundamentales como el derecho de acceso
a la información pública, directamente vinculado con el derecho de petición, la libertad de expresión artística y
literaria, la prohibición de la censura previa, el derecho a fundar medios de comunicación, la reserva de las
fuentes, el derecho a comunicarse, el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro
electromagnético, el derecho de acceso a la información personal y socialmente relevante, y la existencia de
condiciones necesarias para garantizar el libre mercado de diversas ideas y opiniones.
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
21. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
22. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
22.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
22.2. Informe rendido por la contratista de la accionada, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
23. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor ha sido
contestada.
24. La Sala advierte que, el actor en la solicitud de tutela hace referencia a un
derecho de petición, presentado “[…] El 31 de agosto de 2024 presenté petición de
información a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) por medio del Ticket
#25912 […]”12, según lo señaló en el escrito de tutela:
“Señores Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) Asunto: Solicitud de
Información sobre Bibliografía de obligatoria consulta en Evaluación de Módulo de
Justica Transicional y Justicia Restaurativa Respetados Señores, Yo, WALTER
ALEXANDER DELDADO AMAYA identificado con cédula de ciudadanía […]
participante del IX Curso de Formación Judicial Inicial, respetuosamente me dirijo a
ustedes con el fin de solicitar información específica sobre bibliografía de obligatoria
consulta que fue empleada en la evaluación del módulo de Justicia Restaurativa
Solicito que me indiquen con precisión: 1: Título del texto del cual se extrajo la
12 Transcripción literal del texto
12
Núm. único de radicación: 110010315000202406721-00
Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
bibliografía obligatoria para la evaluación. 2. Autor(es) del texto. 3. Número de página(s)
específica(s) de la que se derivaron las preguntas relacionadas con la bibliografía
obligatoria en dicho módulo. Esto de la pregunta Numero de Pregunta 2,19,26,29,35,42
(Resaltado fuera del texto original)
Nombres: WALTER ALEXANDER DELGADO AMAYA
Institución educativa:
Correo:
Fecha: 31-08-2024
Celular: […] […]”.
24.1 Para tal efecto, allegó la siguiente captura de pantalla:
25. Se observa que dicha respuesta le fue notificada al actor el 7 de octubre de
2024.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406721-00
Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
26. La Sala advierte que el actor cuestiona es la Resolución EJR24-646 de 29 de
octubre de 2024, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra
la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 corregida por la Resolución
EJR24-317 del 28 de junio de 2024” 13 que, en relación con la solicitud de la acción
de tutela resolvió lo siguiente:
“[…] Los reparos trascritos no tienen vocación de prosperidad como pasa a
explicarse. Lo primero que habría que decir es que cada programa de la subfase
General del IX CFJI contó con un syllabus; esto es, el instrumento a partir del cual
se planifican los programas del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Cada syllabus
contiene justificación, objetivos generales y específicos, competencias, contenido de
las unidades de aprendizaje, evaluación y recursos puestos a disposición de los/las
discentes en la ruta de aprendizaje propuesta. A continuación, se detalla el formato
para la construcción de syllabus de cada uno de los programas de las subfase
General:
1. Identificación: describe la introducción, las competencias y los objetivos
generales y específicos del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
2. Estructura: describe la duración del Curso, las horas de trabajo
autónomo, las actividades de aprendizaje o de formación y el número de
unidades del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
3. Competencias generales: resultan de la integración de habilidades y
conocimientos. En esta medida, las dimensiones del ser, saber y el hacer,
se integran al contexto inmediato de los/las discentes del IX CFJI, por lo
cual, se han definido teniendo en cuenta el impacto en el desempeño
profesional.
4. Unidad de aprendizaje: corresponde a la estructura organizativa por
temas de cada programa del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
13 Cfr. Índice núm. 2 de Samai. Documento denominado “9ED_Cuadernoprincipalzip(.zip) NroActua 2” Archivo
aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406721-00
Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
Resultan de la agrupación coherente de conocimientos conforme a las
competencias propuestas a los/las discentes.
5. Competencias específicas, objetivos de aprendizaje y actividades de
aprendizaje o de formación.
a. Competencias específicas: son aquellas acciones orientadas al
desempeño profesional. Su redacción tiene en cuenta los contenidos
de cada unidad de aprendizaje, los objetivos y actividades
propuestas. Son aptitudes definidas que debe alcanzar el/la discente
al finalizar cada unidad de aprendizaje. Describen las acciones que
se deben alcanzar y están diseñadas acorde con la finalidad del IX
Curso de Formación Judicial Inicial.
b. Objetivos de aprendizaje: son las metas esperadas y están ligadas
a la planeación de los programas por cuanto definen las acciones
que los/las discentes desarrollarán durante su participación en los
mismos. En esta medida, son el desarrollo de las competencias.
c. Actividades de aprendizaje o de formación: en este espacio se
describen las actividades que se requieren desde lo cognoscitivo, lo
afectivo-motivacional (ser) y las acciones (hacer) para poder
evidenciar los objetivos de aprendizaje. Estas actividades se
desarrollan de manera formativa y, por tanto, no hacen parte de la
evaluación del discente.
6. Bibliografía: constituida por las referencias de autores y
editoriales utilizados para la construcción de los contenidos de
cada unidad de aprendizaje o programa, tales como módulos de
la EJRLB, textos, artículos, vínculos, videos, legislación,
jurisprudencia, sentencias y demás recursos utilizados o
referidos para el aprendizaje.
7. Evaluación del aprendizaje: conformada por las actividades
específicas, previstas en el Acuerdo PCSJA-19-101400 de 2019
«Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el IX Curso
de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades, Promoción 2020-2021», que permiten evidenciar el
alcance de las competencias específicas y generales al finalizar el
proceso formativo del Curso.
8. Recursos: conjunto de herramientas, materiales, insumos que se
utilizarán para el desarrollo del Curso".
En este orden de ideas, las actividades estuvieron enfocados en los tres ejes
competenciales del ser, del saber y del saber hacer. Así se contempló en cada
syllabus y, en sintonía con eso, se desarrollaron los contenidos de cada programa,
los cuales gravitaron en torno a lecturas de autores y editoriales utilizados para la
construcción de los contenidos de cada unidad de aprendizaje o programa, tales
como módulos de la EJRLB, textos, artículos, vínculos, videos, legislación,
jurisprudencia, sentencias y demás recursos utilizados o referidos para el
aprendizaje. […]”.
[…]
“[…] 3.3.14 La bibliografía de los syllabus no se tuvo en cuenta en la
evaluación
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
Respecto a la inconformidad a lo largo del recurso con referencia al syllabus, su
diseño, contenidos y objetivos. El criterio técnico de la Unión Temporal Formación
Judicial 2019, en calidad de contratista experto en el diseño, estructuración
académica y desarrollo en modalidad virtual y presencial del IX Curso de Formación
Judicial Inicial manifestó que:
“La bibliografía referida en los syllabus del IX curso de formación judicial inicial de
Jueces y Magistrados ha sido cuidadosamente seleccionada y constituye una parte
fundamental del proceso formativo. Esta bibliografía fue considerada en la
elaboración de la evaluación, ya que los contenidos evaluados están directamente
relacionados con los conocimientos teóricos y prácticos propuestos en cada
programa del curso.
Es importante destacar que la evaluación no está diseñada para citar directamente
la bibliografía en cada pregunta, sino para medir las competencias y habilidades
específicas descritas en los syllabus. Los discentes deben demostrar su
comprensión de los temas a través de los conocimientos adquiridos a partir de la
bibliografía recomendada, la cual sustenta la totalidad del contenido evaluado.
Por lo tanto, es incorrecto afirmar que la bibliografía de los syllabus no fue tenida
en cuenta. La construcción de las preguntas y el enfoque de la evaluación reflejan
la aplicación de los conocimientos previstos en los syllabus, asegurando
coherencia y pertinencia entre lo enseñado y lo evaluado. Este enfoque garantiza
que el proceso evaluativo sea justo y equitativo para todos los discentes”.
Con fundamento en los argumentos trascritos, se establece que el reparo del
recurrente no sale avante. […]”.
27. Y que en la parte resolutiva dispuso:
“[…] PRIMERO. – REPONER PARCIALMENTE la Resolución EJR24-298 del 21
de junio de 2024, en el sentido de ajustar la calificación de la evaluación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial que obtuvo el discente
Walter Alexander Delgado Amaya, identificado con la cédula de ciudadanía
1.098.644.182.
SEGUNDO. – MODIFICAR el anexo de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de
2024, el cual quedará así:
TERCERO. – NOTIFICAR de manera personal la presente decisión al correo
electrónico del discente.
CUARTO. – Contra la presente decisión no procede recurso alguno en sede
administrativa. […]”.
28. Si bien la Sala observa que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla indicó en
su informe mediante oficio EJO24-2748 de 3 de diciembre de 2024 remitió la
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
solicitud a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, al considerar que es de su
competencia:
29. Revisado el informe, se advierte que previamente a esa remisión, ya le había
dado respuesta al actor a través de la plataforma dispuesta para el concurso IX
Curso de Formación Judicial Inicial, el 7 de octubre de 2024, en los siguientes
términos:
30. En ese orden de ideas, la Sala observa que los cuestionamientos elevados por
el actor están dirigidos contra la Resolución núm. EJR24-646 de 29 de octubre de
2024 expedida por la Nación Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura-
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la que, a su juicio, no se le dio respuesta.
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Actor: Walter Alexander Delgado Amaya
31. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios de
defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de establecer,
si en efecto procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para
controvertir la legalidad del acto administrativo referido por el actor, con el cual, en
su sentir, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
32. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano
establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad de los
actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e
inmediata los derechos fundamentales que el actor considera le han sido
vulnerados.
33. En segundo lugar, para demandar dicho acto administrativo, esto es, el
Resolución núm. EJR24-646 de 29 de octubre de 2024, expedida por la Nación
Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, el legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
34. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
35. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que la pretensión del actor
relacionada con “[…] en la RESOLUCIÓN N.° EJR24-646 Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24298, no se me dio
contestación a mi petición. […]”, debe analizarse por su juez natural ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de
realizar el examen de legalidad de dicho acto.
36. Al respecto, en casos similares, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
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36.1. En sentencia de 8 de octubre de 202114, la Subsección C de la Sección
Tercera indicó que:
“[…] La Sala observa que los argumentos de la tutelante se contraen a afirmar la
violación de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas,
a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la
igualdad y los beneficios que tienen los empleados que pertenecen al régimen de
carrera administrativa respecto al mérito, traslado y ascenso, por haber negado la
solicitud de traslado.
Tal y como el juez de tutela de primera instancia lo precisó, la señora Luz Stella
Arias cuenta con un mecanismo judicial ordinario para procurar la defensa de los
derechos fundamentales, que considera vulnerados con los actos administrativos,
Oficio CJO21-1596 del 28 de abril de 2021 y la Resolución CJR21-0203 del 27 de
mayo de 2021, que le resolvieron de manera desfavorable la petición de traslado.
Mecanismo que no es otro que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que resulta posible controvertir la
constitucionalidad de un acto particular, como el del sub lite, conforme lo establece
el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y en el que es posible solicitar el decreto
y práctica de las medidas cautelares que se consideren procedente y
pertinentes, incluso las de urgencia, en procura de la protección de los derechos
que estima desconocidos. La aquí accionante dirige sus inconformidades contra las
determinaciones proferidas en sede administrativa que dieron por terminada dicha
etapa. Reproches que son propios de llevar y discutir al juez de legalidad del
acto administrativo y no al juez de tutela.
Ahora bien, como la Sala explicará a continuación, las razones expuestas por la
parte accionante no se ubican en los escenarios excepcionales para pasar por
alto los instrumentos jurídicos previstos en el ordenamiento; y así acudir
directamente a la intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por la Sala)
36.2. En sentencia de 26 de agosto de 202115, la Sección Quinta indicó que:
“[…] Sea lo primero advertir que las pretensiones elevadas por la parte actora atacan
directamente las decisiones contenidas en los oficios Nos. CJ021-693 y CJ021-678
proferidos por la Unidad de Adminitración (sic) de la Carrera Judicial, así como la
Resolución CJR21-0126 del 6 de abril de 2021 dictada por el Consejo Superior de la
Judicatura, a través de las cuales se le negó su solicitud de traslado del Distrito
Judicial de Pasto al de Cali, las cuales gozan de presunción legalidad y, por lo
tanto, como se indicó el marco teórico anteriormente expuesto, los reparos deben
ser controvertidos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de
los medios de control contenidos en la Ley 1437 de 2011 para que el juez
natural de la causa se pronuncie al respecto.
Así las cosas, esta Sección considera que en efecto, se configura la causal de
improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
[…]
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia
de 8 de octubre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-01, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-02575-01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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“[…] Bajo ese orden, el carácter perentorio de la salvaguarda de los derechos de la
accionante no permite concluir en la ineficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues bien se sabe que en el contexto de los
procesos ordinarios las partes pueden solicitar el decreto de medidas
cautelares para la protección de los bienes jurídicos que se ven en riesgo por el
paso del tiempo, facultad que, bajo ciertas condiciones, le ha sido concedida de oficio
al juez administrativo […]”. (Resaltado por la Sala)
36.3. En sentencia de 15 de julio de 202116, la Sección Primera sostuvo que:
“[…] 24. Como se enunció previamente, la acción de tutela resulta improcedente
cuando pretende controvertir la legalidad de los actos administrativos de
contenido particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de
defensa ordinario como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la
suspensión de los actos de la administración que lesionan el ordenamiento jurídico
y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.
25. En este sentido resulta pertinente resaltar que a la luz del artículo 43 de Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la
jurisprudencia de esta Sección, son susceptibles de control jurisdiccional los actos
definitivos, esto es, aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».
26. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta razonable concluir que los actos
administrativos enjuiciados en el sub lite -mediante los cuales se emitió un
concepto desfavorable a la solicitud de traslado elevada por la accionante- son
susceptibles de control jurisdiccional, ya que este tipo de decisiones se
enmarcan en la categoría de los actos definitivos, en tanto que resuelven el fondo
del asunto.
27. Significa lo anterior que la señora Luz Stella Arias Pérez cuenta con un medio
de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la legalidad de
los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá solicitar
medidas cautelares […]”. (Resaltado por la Sala)
37. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores17
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
38. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle celeridad
a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
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herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia18, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
39. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección19 ha señalado que aun
cuando el actor considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las medidas
cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
40. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que el actor no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
41. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional20:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
18 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
19 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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42. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
43. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
44. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó el actor
contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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