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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06727-00

Fecha
13 de mayo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06727-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por los señores Cristian Canchón Ospina, Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina Toro y Linda Yibeth Canchón Ospina en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06727-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06727-00
Accionantes: Cristian Canchón Ospina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06727-00
Accionantes: Cristian Canchón Ospina y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: título de imputación servicio militar obligatorio. Subtema 3:
defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por el señor Cristian Canchón Ospina y otros en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Cristian Canchón Ospina, Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina
Toro y Linda Yibeth Canchón Ospina, a través de apoderada, presentaron acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia e igualdad, que consideraron vulnerados con
ocasión de la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado núm. 11001-33-36-036-2019-
00115-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 2, certificado núm. EAE994766DD665B 4CCC98C5FC352E53
18DE6937C7CC5A30 F8108195873DC63C.

1

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Accionantes: Cristian Canchón Ospina y otros
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2. El señor Cristian Canchón Ospina fue incorporado al Ejército Nacional para prestar
el servicio militar obligatorio como soldado campesino, siendo asignado al Batallón de
Infantería de Montaña núm. 36 «Cazadores», ubicado en el municipio de San Vicente
del Caguán (Caquetá).
3. El 9 de julio de 2017, el accionante se encontraba en la Base Militar Plaza Neiva y
en momentos en que realizaba una fila para firmar la planilla y reclamar el dinero de la
devolución de alimentos y la bonificación, el Soldado Campesino Anderson Campas
Ospina empujó al señor Canchón Ospina, quien, para evitar la caída se agarró de una
lámina de aluminio que le cortó la mano derecha.
4.
La Junta Médico Laboral, mediante Acta núm. 102930 del 6 de septiembre de
2018, determinó que el señor Cristian Canchón Ospina presentó una incapacidad
permanente parcial, con una disminución de la capacidad laboral del 24.31% como
consecuencia de un «trauma cortante en 3-4-5 dedos de la mano derecha con una
lámina de metal al caer de su propia altura por lo que requirió de tenorrafia de flexores
profundos y superficiales valorado y tratado por cirugía plástica, ortopedia que deja
como secuela: a) dolor para la flexoextension de 3-4-5 dedo mano derecha, b) cicatriz
traumática en 3-4-5- dedo mano derecha con limitación funcional moderado defecto
estético»[SIC].
5. Los señores Cristian Canchón Ospina, Edgar Antonio Canchón, Luz Marina
Ospina Toro y Linda Yibeth Canchón Ospina presentaron demanda de reparación
directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de
que se declarara la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por
las lesiones ocasionadas al mencionado conscripto.
6. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 24 de
junio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra dicha
decisión, ambas partes del litigio presentaron recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a
través de providencia del 31 de octubre de 2024, revocó el fallo de primera instancia y
negó las súplicas de la demanda.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Solicito respetuosamente que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de Cristian Canchón
Ospina, Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina Toro y Linda Yibeth Canchón
Ospina.

2. Se solicita, como consecuencia de lo anterior, que se declare sin validez ni efectos
jurídicos la providencia del 31 de octubre del 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, proceso con
radicado 11001-33-36-036-2019-00115-01

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3. En desarrollo de lo anterior, que se ordene proferir una nueva providencia en la que
se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios sufridos por Cristian Canchón
Ospina con motivo de las lesiones sufridas durante la prestación del servicio militar
obligatorio, y, como consecuencia, se reconozcan y liquiden perjuicios morales a la
víctima directa y su familia, de daño a la salud y materiales (lucro cesante) a favor
de la víctima directa, de conformidad con las afecciones físicas e incapacidad
demostradas objetivamente con las pruebas aportadas en el proceso; y respetando
los lineamientos establecidos en el precedente judicial del Consejo de Estado sobre
estos asuntos»2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en los defectos fáctico y
procedimental porque no efectuó una adecuada valoración de los siguientes
elementos: i) El Informativo Administrativo por Lesiones núm. 005 del 6 de agosto de
2017, emitido por el Batallón de Infantería de Montaña núm. 36 «Cazadores» ii) Acta
de Junta Médica Laboral núm. 102930 del 6 de septiembre de 2018, proferida por la
Dirección de Sanidad del Ejército, y iii) la Historia Clínica, expedida por la institución
Medilaser de Florencia (Caquetá).
10. En este sentido, explicó que los documentos aportados al proceso ordinario
demostraban que el daño ocasionado al señor Cristian Canchón Ospina era imputable
al Ejército Nacional debido a que ocurrió durante la prestación del servicio militar
obligatorio en cumplimiento de un deber constitucional, pues el acta de junta médico
laboral indicó dejó constancia que la lesión sufrida por el tutelante ocurrió por causa y
razón del servicio, en tareas propias de la actividad castrense.
11.
De este modo, indicó que por tratarse de un conscripto se traslada la carga de la
prueba y la entidad tenía el deber de «demostrar que en su posición de garante realizó
todas las conductas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de la
víctima, logrando desligar el accionar de esta con el servicio prestado».
12. Por otro lado, afirmó que la decisión objeto de tutela desconoció el precedente de
la Sección Tercera del Consejo de Estado3, por cuanto no tuvo en cuenta que la
responsabilidad por daños causados a quienes prestan el servicio militar obligatorio se
debe analizar, conforme al régimen objetivo, bajo el título de imputación del daño
especial o el riesgo excepcional, dada la posición de garante que tiene el Estado frente
a los conscriptos y el deber de reintegrarlos a la sociedad en las mismas condiciones
en que ingresaron al servicio militar.

2.3. Trámite procesal
13. El asunto correspondió por reparto al despacho del magistrado Jorge Edison
Portocarrero Banguera. Así pues, mediante auto del 10 de diciembre de 20244, admitió

2
Se transcribe incluso con errores.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, Rad. 25000-23-26-
000-2000-00340-01, expediente. 28832. Con relación al tema también se han proferido los siguientes pronunciamientos: Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de noviembre de 2022, expediente. 54663, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 26 de febrero de 2018, expediente. 36853, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de octubre de
2008, expediente. 18586; 10 de marzo de 2011, expediente. 19159 y 26 de febrero de 2018, expediente. 36853 entre otros.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 4, certificado núm. 4642CBA5BF968A73 8105AB1C6CE232E3
E6FDA15C89ABCB0F D804EC8DDFC1996A.

3

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Accionantes: Cristian Canchón Ospina y otros
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la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, puso en
conocimiento el escrito de tutela a las partes y demás sujetos procesales que
participaron en el proceso de reparación directa con radicado núm. 11001-33-36-2019-
00115-01, en calidad de terceros interesados, y requirió al Juzgado Treinta y Seis
Administrativo de Bogotá para que aportara el expediente del proceso ordinario.
14. Debido a que el proyecto de fallo presentado en Sala de decisión no alcanzó el
quórum necesario para su aprobación, el despacho del magistrado Jorge Edison
Portocarrero Banguera, con auto del 30 de enero de 20255, ordenó remitir el
expediente al magistrado que sigue en turno para proferir la respectiva decisión6.
15.
Posteriormente, mediante auto del 29 de abril de 20257, se dispuso a notificar el
auto admisorio del 10 de diciembre de 2024 a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional y a las demás partes e integrantes del proceso ordinario,
con el fin de garantizar su comparecencia a la actuación judicial.

2.4. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A8 pidió que se declare improcedente o en su defecto se niegue la solicitud de amparo,
porque no se configura ninguna causal de procedencia de la tutela contra providencia
judicial y, por ende, no se vulneraron los derechos de la parte actora.
17. De esta manera, expresó que el asunto carece de relevancia constitucional, por
cuanto los argumentos de la parte actora no se dirigen a demostrar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se orientan a controvertir las razones expuestas por
la corporación en la sentencia del 31 de octubre de 2024, como si se tratara de una
instancia adicional.
18. Asimismo, indicó que la providencia censurada realizó un análisis integral y
razonado de las pruebas obrantes en el expediente, lo cual permitió concluir que la
«actividad que realizaba el señor Cristian Canchón Ospina, y que fue la causa directa
de la lesión, no era una actividad propia del servicio militar, sino de la esfera privada
de esta persona y de su compañero, siendo la causa eficiente del daño, con lo cual,
se rompe el nexo pretendido por la parte actora».
19. De este modo, aclaró que, si bien el acta de la Junta Médico Laboral informó que
la lesión había ocurrido por causa y razón del mismo, lo cierto es que no se podía
imputar responsabilidad a la entidad demandada con fundamento en conductas
propias y voluntarias de los soldados, pues según el informativo administrativo por
lesiones se acreditó que el señor Cristian Canchón sufrió una lesión cuando se
«encontraba en un juego de manos con un compañero», quien lo empujó y lo hizo
tropezar con una lámina que había en el lugar.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 16, certificado núm. 3F450DDB2B8CCCCF 88FFA9DC8F59272C
91AEB532DD2BFE65 574EDC2701323224.
6
Se aclara que el asunto pasó al despacho de la actual magistrada ponente el 23 de abril de 2025. Al respecto se puede ver:
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 21.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 22, certificado núm. 06107BADB97F47B7 D27AD3272BA0F2FE
D1779EF678830549 570075770AA4B197.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 9, certificado núm. 32756A65F8863335 A4D018EEAE175486
69113308DC665C45 FBA2A1B5B6F7B700.

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20. Resaltó que, en la providencia cuestionada, también se desestimó el interrogatorio
de parte, por cuanto el actor pretendía desvirtuar el contenido del informativo
administrativo, sin suficientes elementos de juicio, pues se limitó a afirmar que
suscribió el referido informativo «porque tenía dolor y no leyó su contenido»; sin
embargo, en el expediente se demostró que los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2017,
y la fecha del documento, con firma y huella del afectado, data del 6 de agosto de
2017.
21. Por otra parte, mencionó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
hay un régimen de imputación preestablecido, tratándose de daños alegados por
conscriptos, por lo que, la decisión de no aplicar el régimen objetivo en el caso del
actor no implica un desconocimiento del precedente, siempre y cuando la decisión esté
debidamente sustentada en concordancia con la jurisprudencia y en ejercicio de la
independencia judicial como ocurrió en el presente asunto. Aclaró que la
responsabilidad del Estado se estudia con fundamento en la imputación fáctica que se
haga, y no nace per se con la vinculación del soldado a la institución castrense.
22. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá 9 remitió, a esta
corporación, el expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse
sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
23. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por los señores Cristian Canchón Ospina,
Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina Toro y Linda Yibeth Canchón Ospina, en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa de los señores Cristian Canchón Ospina,
Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina Toro y Linda Yibeth Canchón Ospina está
acreditada porque es fueron los demandantes en el proceso de reparación directa en
el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, debido a que fue la
autoridad que profirió la sentencia del 31 de octubre de 2024, objeto de estudio.

9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 12, certificado 40B68D2069770918 1B4A233BC5BA5A7C
56C8465C7DB45A3B ABB5322335C9FDC5.

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3.3. Cuestión preliminar
27. Los accionantes, en el escrito de tutela, indicaron que la sentencia del 31 de
octubre de 2024 incurrió en los defectos fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente; sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la
solicitud de amparo, se advierte que la inconformidad de los tutelantes se concreta en
la valoración de las pruebas que realizó la autoridad judicial accionada, así como la
interpretación de los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto. Por esta
razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de un defecto fáctico
y un desconocimiento del precedente jurisprudencial.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional11.
29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.

6

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autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
33.
Así pues, la Corte Constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»16 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»17;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

34. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a
su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
35. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
36. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, fue notificada el 6 de noviembre de
202418, y la demanda de tutela se presentó el 6 de diciembre de 202419, esto es, dentro

13
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Samai, exp. 11001-33-36-036-2019-00115-01, índice 49.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06727-00, índice 1.

7

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del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional20 y del Consejo
de Estado21 como razonable.
37. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
era posible que hubiese alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
38. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
39.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y desconocimiento del precedente,
en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia e igualdad de los señores Cristian
Canchón Ospina, Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina Toro y Linda Yibeth
Canchón Ospina. En particular, deberá establecer si incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 31 de octubre de 2024 que
revocó la providencia del 24 de junio de 2022, expedida por el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa.
41.Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado; y ii) el caso
concreto.

Generalidad del defecto invocado
42. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
fáctico y en desconocimiento del precedente.

El defecto fáctico
43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:

20
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

8

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una positiva y otra negativa.
44. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»25.
45.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas
y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia
entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora
pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos
en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad
sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que
no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso26.

46. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por
las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»28.
47. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación

24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas [impertinentes,
inconducentes o ilícitas]29.

El desconocimiento del precedente judicial
48.
El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas30.
49.
Al respecto, la Corte Constitucional31 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales32.

50. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
30 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo, lo
cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene
entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez
cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de
que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario
desconoce el precedente horizontal».
31 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
32 Se transcribe incluso con errores.

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autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 33.
51. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»34.
52. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela35.
53. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación36.
54. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

3.5 Caso concreto
55. En el asunto bajo estudio, el señor Cristian Canchón Ospina, junto con los
integrantes de su núcleo familiar, presentó escrito en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
con la pretensión de resarcimiento de los daños causados por las lesiones que sufrió
mientras prestaba el servicio militar obligatorio como soldado campesino. En primera
instancia, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, mediante providencia
del 24 de junio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
56. Apelada la anterior decisión, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia el 31 de octubre de 2024 en la que
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.

33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
35 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez enuncie
las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues
“solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones
suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la
igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
36 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

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57.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia del 31 de octubre
de 2024, incurrió en defecto fáctico, toda vez que omitió realizar una valoración
adecuada de los siguientes elementos:

i) El Informativo Administrativo por Lesiones núm. 005 del 6 de agosto de 2017,
emitido por el Batallón de Infantería de Montaña núm. 36 «Cazadores».

ii) Acta de Junta Médica Laboral núm. 102930 del 6 de septiembre de 2018,
proferida por la Dirección de Sanidad del Ejército.

iii) la Historia Clínica, expedida por la Clínica Medilaser de Florencia (Caquetá).
58.
De esta manera, explicó que los documentos aportados al proceso ordinario
demostraban que el daño ocasionado al señor Cristian Canchón Ospina era imputable
al Ejército Nacional porque ocurrió durante la prestación del servicio militar obligatorio
en cumplimiento de un deber constitucional.
59. Por otro lado, afirmó que la decisión objeto de tutela desconoció el precedente de
la Sección Tercera del Consejo de Estado37, por cuanto no tuvo en cuenta que la
responsabilidad por daños causados a quienes prestan el servicio militar obligatorio se
debía analizar, por regla general, conforme al régimen objetivo, bajo el título de
imputación del daño especial o el riesgo excepcional, dada la posición de garante que
tiene el Estado frente a los conscriptos y el deber de reintegrarlos a la sociedad en las
mismas condiciones en que ingresaron al servicio militar.
60.Pues bien, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el fallo objeto de tutela, no encontró acreditado el nexo de
causalidad entre el daño alegado por la parte demandante y la actividad del servicio,
que a su ver permitiera imputarle una responsabilidad al Ejército Nacional. En
concreto, la sentencia del 31 de octubre de 2024 realizó el siguiente análisis probatorio:

3.2. De conformidad con el informativo administrativo por lesiones, se tiene que el señor
CRISTIAN CANCHÓN OSPINA, sufrió lesión cuando “se encontraba en un juego de
manos con un compañero”, quien lo empujó y lo hizo tropezar con una lámina que
había en el lugar, sin embargo, dicha situación no conlleva a establecer la relación
de causalidad entre el hecho generador y la responsabilidad que se pretende de la
Entidad demandada, ni es una causa para imputar la responsabilidad al Estado.

3.3. Se quiere significar que, la actividad que realizaba el señor CRISTIAN CANCHÓN
OSPINA, y que fue la causa directa de la lesión, no es una actividad propia del
servicio militar, sino de la esfera privada de esta persona y de su compañero, siendo
la causa eficiente del daño, con lo cual, se rompe el nexo pretendido por la parte
actora.

3.4. La Sala no desconoce que: (i) en el informativo administrativo por lesiones, también
se indicó que: “la orden era hacer una fila en orden alfabético para la firma de la
planilla y reclamar la plata de la devolución de alimentos y bonificación” y (ii) en el

37
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, Rad. 25000-23-26-
000-2000-00340-01, expediente. 28832. Con relación al tema también se han proferido los siguientes pronunciamientos: Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de noviembre de 2022, expediente. 54663, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 26 de febrero de 2018, expediente. 36853, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 15 de octubre de
2008, expediente. 18586; 10 de marzo de 2011, expediente. 19159 y 26 de febrero de 2018, expediente. 36853 entre otros.

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acta de Junta Médico Laboral, se indicó que la lesión había ocurrido en el servicio,
por causa y razón del mismo. Sin embargo, se reitera, en el presente asunto no
puede imputarse responsabilidad al Ejército con fundamento en conductas propias
y voluntarias de los soldados.

3.5. Ahora bien, el señor CRISTIAN CANCHÓN OSPINA, en su interrogatorio de parte
afirmó que: “no estaba jugando con su compañero, sino que esta persona lo empujó
sin ninguna razón y no es cierto que se haya tropezado con su ametralladora como
se expuso en el informativo administrativo por lesión”. Al respecto, se advierte lo
siguiente: (i) no es de recibo que se controvierta el contenido del informativo
administrativo, cuando el mismo está firmado por el hoy demandante; (ii) aunque el
señor CRISTIAN CANCHÓN OSPINA, sostiene que firmó dicho documento porque
tenía dolor y no leyó su contenido, lo cierto es que los hechos ocurrieron el 9 de julio
de 2017, y la fecha del informativo, firma y huella del aquí demandante, es del 6 de
agosto de 2017 y además, fue una prueba que se aportó con la demanda; (iii) no
hay otro medio de prueba que respalde las afirmaciones hechas por la víctima
directa en su interrogatorio, en el sentido que lo consignado en el informativo no
corresponde a la realidad, aunque se reitera, él firmó el documento; (iv) si bien, no
hay tarifa legal establecida, lo cierto es que se requería que en sede de reparación
directa, se probarán los argumentos que realizó el demandante controvirtiendo las
circunstancias fácticas que se expusieron en el informativo administrativo por
lesiones. A modo de ejemplo, la parte actora no solicitó el decreto de testimonios.

3.6. La Sala no comparte la decisión del Juez de haber condenado al Ejército Nacional
con fundamento en la especial relación de sujeción del actor con la Entidad, porque
tal como lo ha señalado el H. Consejo de Estado, no puede confundirse la
responsabilidad del Estado de reintegrar a los jóvenes en las mismas condiciones
en que se encontraban al momento del ingreso a la fuerza militar, con la carga que
debe soportar el individuo por acciones propias de su esfera personal; es decir, la
responsabilidad del Estado se estudia con fundamento en la imputación fáctica que
se haga, y no nace per se con la vinculación del soldado a la institución castrense.

3.7. Tampoco se puede aceptar que la responsabilidad en el presente asunto sea porque
el soldado estaba en cumplimiento de una orden, por cuanto tal como lo alega la
Entidad demandada en su recurso, la orden era “hacer fila para reclamar la plata de
la devolución de alimentos y bonificación”, sin embargo, las lesiones causadas al
señor CRISTIAN CANCHÓN OSPINA, ocurrieron en términos del informativo
administrativo por lesiones: “cuando se presentó un juego de manos entre el hoy
demandante y un compañero”38.

61.
De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad accionada realizó una
valoración del informativo administrativo por lesiones, en cuyo contenido constató que
el señor Cristian Canchón Ospina sufrió una lesión cuando se tropezó y cayó sobre
una lámina mientras «se encontraba en un juego de manos con un compañero».
62. Este documento permitió concluir que la actividad realizada por el accionante, la
cual fue la causa directa de la lesión, no correspondía a las funciones propias del
servicio militar, ya que se trató de una situación que ocurrió en el ámbito de la relación
privada entre la víctima y uno de sus compañeros. Por lo tanto, se desvirtuaba el nexo
causal que podría atribuirle responsabilidad a la autoridad demandada.
63. Aunado a lo anterior, el Tribunal destacó que, el informativo administrativo por

38
Se transcribe incluso con errores.

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lesiones indicó que la víctima directa atendía una directriz de «hacer fila en orden
alfabético para la firma de la planilla y reclamar la plata de la devolución de alimentos
y bonificación»; y que el acta de junta médico laboral mencionó que la lesión había
ocurrido en el servicio por causa y razón de este. Sin embargo, estos elementos no
permitían determinar que el Ejército Nacional era el responsable de las lesiones
ocasionadas en la humanidad del señor Cristian Canchón Ospina, toda vez que las
heridas no se ocasionaron por seguir la instrucción militar de hacer fila, sino por
conductas externas propias de la voluntad de los soldados.
64. Adicionalmente, la autoridad accionada analizó el interrogatorio de parte realizado
al señor Cristian Canchón Ospina, a partir del cual determinó que las afirmaciones del
demandante dirigidas a desvirtuar la descripción los sucesos narrados en el
informativo administrativo por lesiones carecían de fundamento, pues al expediente de
reparación directa no se aportaron pruebas que permitieran inferir que el demandante
no se encontraba en condiciones físicas y mentales para suscribir el referido
documento y, por ende, los hechos allí mencionados no correspondían a la realidad.
65. Además, la corporación judicial accionada destacó que los hechos que dieron
origen a la lesión del accionante ocurrieron el 9 de julio de 2017 y el informativo
administrativo por lesiones fue firmado por el señor Canchón Ospina el 6 de agosto de
2017, por lo que no era posible deducir que para esta última fecha el actor presentaba
síntomas de dolor y ello le impidió leer a conciencia el contenido del documento.
66. Con base en lo anterior, el Tribunal consideró que los elementos probatorios
aportados al proceso no demostraban la relación de causalidad entre el daño
reclamado y la actividad de la institución, toda vez que la parte actora no acreditó que
la situación que afectó la integridad física del señor Cristian Canchón Ospina fue una
consecuencia directa del ejercicio de una función propia del servicio militar. Por el
contrario, únicamente, se probó que esta se generó a partir de una actuación autónoma
y voluntaria de la víctima, razón por la cual no era procedente imputarle una
responsabilidad administrativa al Ejército Nacional por dicho suceso.
67. Por otra parte, la sentencia objeto de tutela realizó un análisis del régimen de
responsabilidad aplicable a los conscriptos y los alcances a la relación de «especial
sujeción del actor con la Entidad [Ejército Nacional]», a partir de los siguientes criterios
jurisprudenciales:

3.6. La Sala no comparte la decisión del Juez de haber condenado al Ejército Nacional
con fundamento en la especial relación de sujeción del actor con la Entidad, porque
tal como lo ha señalado el H. Consejo de Estado39, no puede confundirse la
responsabilidad del Estado de reintegrar a los jóvenes en las mismas condiciones
en que se encontraban al momento del ingreso a la fuerza militar, con la carga que
debe soportar el individuo por acciones propias de su esfera personal; es decir, la
responsabilidad del Estado se estudia con fundamento en la imputación fáctica que
se haga, y no nace per se con la vinculación del soldado a la institución castrense.

3.7. Tampoco se puede aceptar que la responsabilidad en el presente asunto sea porque
el soldado estaba en cumplimiento de una orden, por cuanto tal como lo alega la
Entidad demandada en su recurso, la orden era “hacer fila para reclamar la plata de

39
Ver Sentencia del 05 de julio, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y Sentencia del 30 de agosto de 2018. M.P. Rocío Araujo
Oñate. Exp.2018-765 (AC).

14

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la devolución de alimentos y bonificación”, sin embargo, las lesiones causadas al
señor CRISTIAN CANCHÓN OSPINA, ocurrieron en términos del informativo
administrativo por lesiones: “cuando se presentó un juego de manos entre el hoy
demandante y un compañero”.

3.8. Al respecto, la Sala considera pertinente exponer que el H. Consejo de Estado ha
considerado que “no todo daño causado a los conscriptos resulta imputable de
manera automática al Estado, sino solo aquellos que sean atribuibles desde el punto
de vista fáctico y jurídico, es decir, que solo habrá reparación si se demuestra que
las lesiones estuvieron relacionadas con la prestación del servicio militar obligatorio
y, a su vez, si se constata la existencia de un título jurídico de imputación que le
brinde fundamento a la responsabilidad”40.

3.9. Así las cosas, cuando se pretende la reparación de perjuicios por daños causados
a los miembros de la fuerza pública, vinculados a la institución en calidad de
conscriptos, se debe comprobar que se trata de daños sufridos durante la
prestación del servicio y por causa y razón del mismo, o en desarrollo de las
actividades propias de aquel41.

3.10. Para la Sala no es de recibo la Teoría del Depósito en el momento histórico actual,
por cuanto, como se ha venido sosteniendo por esta Corporación, el servicio militar
es un deber constitucional y su ejercicio per se no puede constituir una
responsabilidad extracontractual.

3.11. Se advierte que, el H. Consejo de Estado en sentencia del día 03 de febrero de
201042, concluyó que no hay un régimen de imputación preestablecido
tratándose de daños alegados por conscriptos y, en consecuencia, dependiendo
del caso concreto, el Juez tiene la facultad –de conformidad con los hechos y las
pruebas- de aplicar, bien sea un régimen objetivo o uno subjetivo, en cada caso
concreto.

68. En efecto, para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en asuntos
relacionados con lesiones causadas a los conscriptos, la responsabilidad del Estado
debe analizarse con base en los hechos acreditados en el proceso que tengan una
relación con la actividad militar y no solo a partir de la simple vinculación del soldado
con la institución castrense, pues el deber que le asiste a la Fuerza Pública de
reintegrar a los jóvenes en las mismas condiciones en que se encontraban al momento
del ingreso no es absoluta y, no excluye la carga que debe soportar el individuo por
acciones propias de su ámbito personal.
69. En este sentido, la autoridad accionada refirió que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha precisado que la responsabilidad del Estado por daños ocasionados a
los conscriptos no opera de manera automática, pues es necesario que se realice un
ejercicio de análisis de la situación fáctica y jurídica que permita evidenciar que «las
lesiones estuvieron relacionadas con la prestación del servicio militar obligatorio» y,
«se constata la existencia de un título jurídico de imputación que le brinde fundamento

40
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2018. M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Actor: Leonor Valencia Zambrano y otros; Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, exp. 60.405.
41
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de diciembre de 2004, exp. 14422, C.P. Ramiro Saavedra Becerra;
sentencia de 1 de marzo de 2006, exp. 16528, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 15 de octubre de 2008, exp. 18586,
C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 4 de febrero de 2010, exp. 17839, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de
diciembre de 2011, exp. 20219, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, entre otras.
42
Consejo de Estado Sentencia de fecha 3 de febrero de 2010. Actor: Óscar Julián Rivera Jiménez; Demandado: Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

15

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a la responsabilidad».
70. Así pues, el Tribunal consideró que en los eventos en los que se pretende la
reparación de perjuicios por daños ocasionados a los miembros de la fuerza pública,
vinculados en calidad de conscriptos, se debe demostrar la relación de causalidad,
esto es, que el menoscabo tuvo origen en una situación propia de la prestación del
servicio, por causa y razón de este.
71. A partir de lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que, si bien, el señor
Cristian Canchón Ospina se encontraba bajo la tutela del Ejército Nacional, lo cierto es
que la lesión que padeció fue una consecuencia de un comportamiento propio del
actor, dado que desconoció los parámetros de comportamiento que se le exige a los
uniformados dentro de la institución castrense propia del orden que requiere la
disciplina militar.
72. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 31 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, no incurrió en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente,
pues la decisión de revocar la providencia de primera instancia43 y, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por el señor Cristian
Canchón Ospina y otros, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, los elementos
probatorios aportados al trámite judicial y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
73. En concreto, se advierte que la decisión objeto de tutela, contrario a lo expuesto
por la parte actora, realizó una valoración adecuada del Informativo Administrativo por
Lesiones núm. 005 de 2017 y del Acta de Junta Médica Laboral núm. 102930 de 2018,
los cuales le permitieron concluir que la lesión sufrida por el señor Cristian Canchón
Ospina no fue ocasionada en desarrollo de una actividad propia del servicio militar,
sino que fue producto de un comportamiento personal del afectado.
74. Asimismo, la Sala observa que la providencia acusada acudió a los criterios
jurisprudenciales expuestos por el Consejo de Estado sobre la materia objeto de
estudio, para precisar que la relación de causalidad es uno de los elementos
esenciales de la responsabilidad administrativa, cuya prueba no puede obviarse o
desconocerse, independientemente, del régimen al que se acuda (objetivo y subjetivo),
por lo que era un deber de la parte demandante acreditar este presupuesto con el fin
de atribuirle una responsabilidad al Ejército Nacional por las lesiones sufridas por el
señor Cristian Canchón Ospina.
75.
Como bien lo expuso el Tribunal en la decisión objeto de tutela, el análisis de la
causalidad es un aspecto que le corresponde valorar al juez de lo contencioso-
administrativo, con el fin de establecer si un daño antijurídico específico resulta
imputable a la entidad pública. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido lo
siguiente:

83. Ahora bien, para obtener la indemnización por un daño antijurídico propinado
por el Estado se requeriría, además, que la lesión sea el resultado de la actividad
regular o irregular de las obligaciones estatales o del incumplimiento de las mismas

43
Sentencia del 24 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá.

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(omisión). Es decir, así como pueden derivarse daños antijurídicos de una actividad
ilícita por parte del Estado, también pueden provenir de una conducta legítima. En este
segundo supuesto, la antijuridicidad del daño se da, como se explicó, porque el
afectado no tiene la obligación de soportar esa carga. 44

84. En ese orden de ideas, es dable concluir que el análisis de la causalidad es
un requisito necesario con miras a establecer si un específico daño antijurídico
resulta imputable a un sujeto y, por consiguiente, si es atribuible a éste la
obligación de repararlo de manera integral. Además del examen relacionado con la
causalidad, se hace ineludible, entonces, acometer aquel que ha de realizarse en sede
de imputación. De ahí que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
coincidan en señalar que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño sea
“menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un
juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ‘título jurídico’ distinto de la simple
causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ‘imputatio juris’, además de
la ‘imputatio facti.´”45

85. De allí que el elemento necesario para la imputación del daño es la existencia
del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de las autoridades públicas
(art. 90 de la C.P.) y el daño antijurídico que se reclama, de modo tal que éste sea
efecto de aquellas que serán su causa. Por lo que, probar que existe un nexo causal
entre el hecho que constituye la fuente normativa de la responsabilidad y el daño
producido será siempre necesario, para que la imputación pueda tener lugar y con ella
pueda nacer la responsabilidad. [Negrilla y subrayado fuera del texto original].

76. Ahora, en lo que corresponde a la responsabilidad de la administración por daños

ocasionados durante la prestación de servicio militar, el Consejo de Estado46 ha
sostenido que dicha situación genera una especial sujeción de los conscriptos frente
al poder del Estado, la cual hace que la administración resulte responsable de los
posibles daños que puedan sufrir los soldados en el curso de su vinculación a las
Fuerzas Militares y de Policía.
77. Sin embargo, tal y como lo advirtió el Tribunal accionado, la parte demandante

(conscripto) tiene el deber de acreditar los elementos de la responsabilidad para
acceder a la reparación de perjuicios que pretende por parte del Estado. Sobre el
particular, esta corporación47 ha dicho lo siguiente:

Ahora, no desconoce la Sala la especial relación que contrae el Estado con los
conscriptos y con ello el deber de protección, pues, al imponer el deber de prestar el
servicio militar, le corresponde garantizar la integridad psicofísica del soldado, ya que
se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, de suerte
que la Administración asume una posición de garante, al doblegar la voluntad del
soldado y disponer de su libertad individual para un fin determinado, por lo que entra
en una relación de especial sujeción, que lo hace responsable de los posibles daños
que pueda padecer aquel; sin embargo, dicha relación especial no significa que
quien alegue un daño se libere del deber de acreditar los elementos de la
responsabilidad deprecada, o que se exima de su obligación de probar que el
daño tenga una causa vinculada con la prestación del servicio, como si se tratara

44
Corte Constitucional, Sentencia C-286 de 2017.
45
Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996 y Consejo de Estado, sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 25000-23-26-
000-1997-03369-01(19707).
46
Consejo de Estado, sentencias del 1 de marzo de 2006, expediente 16.308; del 15 de octubre de 2008, expediente 18.586; del
4 de febrero de 2009, expediente 17.839 y del 9 de abril de 2021, expediente 41001-23-31-000-1997-09602-01(52307).
47
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2021, radicado núm.
41001233100019970960201 (52307).

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de una presunción de responsabilidad y con ella de todos y cada uno de los
elementos que la estructuran. [Negrilla y subrayado fuera del texto original].

78. En concreto, el Consejo de Estado ha precisado a través de distintos
pronunciamientos que no basta con acreditar que el daño se exteriorizó durante el
período en que la víctima prestó servicio militar obligatorio, aún bajo los títulos de
imputación objetivos (riesgo excepcional y daño especial), pues es indispensable, para
que exista responsabilidad del Estado, que la parte demandante demuestre que el
daño sufrido se produjo durante la prestación del servicio y por causa y razón de este 48.
79. Acorde con lo mencionado, resulta pertinente destacar lo que sigue:

De otro lado, resulta oportuno señalar que no todo daño causado a un soldado que
presta el servicio militar obligatorio es imputable de manera automática al Estado; por el
contrario, solo lo serán aquellos que sean atribuibles a la administración pública en el
plano fáctico y jurídico. En consecuencia, habrá que reparar las lesiones antijurídicas
que sean atribuibles en el plano fáctico a la prestación del servicio militar -porque se
derivan de su prestación directa o indirecta- y se puede constatar la existencia de un
título jurídico de imputación que le brinda fundamento a la responsabilidad. Entonces,
si opera una causa extraña o si la parte demandante no logra establecer la relación
fáctica (imputación) entre el daño y el servicio militar obligatorio, la
responsabilidad se enerva y, por lo tanto, habrá lugar a absolver a la entidad
demandada en esos eventos.49

80. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, en casos en los que
se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados durante la prestación
del servicio militar obligatorio es necesario establecer una relación de causalidad con
el fin de definir si el daño antijurídico reclamado resulta imputable al Estado, por lo que
corresponde al juez, en cada caso concreto, determinar las razones fácticas, jurídicas
y probatorias que justifican la aplicación de un determinado título de imputación.
81. En este punto, conviene aclarar que la jurisprudencia del Consejo de Estado 50 ha
determinado que el título de imputación aplicable a los daños causados a los soldados
conscriptos puede analizarse bajo una óptica (i) objetiva conforme la modalidad del
daño especial o riesgo excepcional, según las circunstancias particulares del caso y,
(ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas aportadas
al proceso se encuentra acreditada esta.
82. Esto, por cuanto, la Constitución Política no privilegió ningún régimen de
responsabilidad extracontractual en particular. De esta manera, no le es viable a la
jurisprudencia y menos al juez de tutela establecer un único título de imputación que
se pueda aplicar a los eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya
que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas
dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes

48
Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C, sentencia del 4 de septiembre de 2011, radicado núm. 05001-23-31-000-
2007-00139-01(38222). En igual sentido se puede consultar sentencias del 9 de abril de 2021, radicado núm.
41001233100019970960201 (52307); del 14 de diciembre de 2004, expediente 14422; del 1 de marzo de 2006, expediente 16528;
del 15 de octubre de 2008, expediente 18586; del 4 de febrero de 2010, expediente 17839, entre otras.
49
Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C, sentencia del 4 de septiembre de 2011, radicado núm. 05001-23-31-000-
2007-00139- 01(38222).
50
Conejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2012, radicado núm. 52001-23-31-000-2001-
00559-01(20079). También se puede ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de
2018, radicado núm. 66001-23-31-000-2007-00005-01(36853).

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dentro del marco de su argumentación. Al respecto, esta corporación51 indicó lo
siguiente:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el
modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió
ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente
a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto
fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello,
la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una
manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su
consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que
pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la
obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y
exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia
con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la
materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó
previamente en esta sentencia

83. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los documentos allegados al proceso ordinario
e interpretó de forma razonable los criterios jurisprudenciales aplicables al caso
concreto. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable
al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
84. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación
directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.

IV. CONCLUSIONES
85.
Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, no vulneró los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el defecto
fáctico y el desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez de tutela.
Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por los accionantes.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

51
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, radicado núm.
19001233100019990081501 (21515).

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FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por los señores Cristian Canchón
Ospina, Edgar Antonio Canchón, Luz Marina Ospina Toro y Linda Yibeth Canchón
Ospina en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

Con salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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