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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06731-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06731-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Previsora S.A. y del Tribunal Administrativo de Risaralda. SEGUNDO: Declárese improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06731-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

27 de febrero de 2025

Demandante: Fredy De Jesús Rojas Valencia, en representación
de la menor Samara Rojas Patiño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-06731-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06731-00
Demandante: FREDY DE JESÚS ROJAS VALENCIA, EN
REPRESENTACIÓN DE LA MENOR SAMARA ROJAS
PATIÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional y por no
cumplir el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Fredy de Jesús Rojas Valencia, quien actúa en representación de la
menor de edad Samara Rojas Patiño, presentó acción de tutela por conducto de
apoderado judicial, el 6 de diciembre de 2024, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, con el fin de que sean protegidos los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y a
la reparación integral1.

Consideraron vulneradas las mencionadas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia de 14 de julio de 2023 que reconoció perjuicios
morales a favor de todos los demandantes dentro de la acción de reparación
directa, identificada con N° 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356),
instaurada contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y en la
cual en la parte resolutiva omitió incluir a la menor Samara Rojas Patiño.

1 Cabe resaltar que también invoco el principio de incongruencia.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fredy De Jesús Rojas Valencia, en representación
de la menor Samara Rojas Patiño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-06731-00

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

«(i) Declare la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia y reparación integral de Samara Rojas Patiño.

(ii) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la
reparación integral a Samara Rojas Patiño, incluyendo el pago de los
perjuicios morales en cuantía equivalente a 50 SMLMV, conforme a lo
decidido en primera instancia.

(ii) Ordenar al Consejo de Estado corregir la sentencia de segunda
instancia, incluyendo a Samara Rojas Patiño como beneficiaria de los
perjuicios morales reconocidos en primera instancia»2

1.3. Hechos

Los siguientes son los supuestos fácticos, jurídicamente relevantes, que se
encuentran acreditados en el expediente:

El 22 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Penal Municipal con función
de control de garantías de Dosquebradas impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva a la señora Paola Andrea Patiño Botero por los delitos de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ese mismo día fue remitida, en
calidad de detenida, al Establecimiento de Reclusión de Mujeres “La Badea”
del municipio de Dosquebradas.

El 23 de mayo de 2014, le hicieron el examen de ingreso, a través del cual
le manifestó al médico que no había tenido actividad sexual reciente, por lo que
no utilizaba ningún método de planificación, y que su última menstruación había
sido el 5 de abril de 2014, por lo que llevaba 48 días sin presentar período
menstrual. Pese a lo expuesto, el médico no ordenó exámenes inmunológicos
ni físicos para descartar un posible embarazo. Una vez terminado el examen, la
señora Patiño Botero fue llevada a su residencia, porque el juzgado ordenó que
la detención se cumpliera en el lugar del domicilio, teniendo en cuenta su
condición de madre cabeza de familia.

Con posterioridad, esto es, el 26 de agosto de 2014, fue condenada a la pena
principal de nueve años y cuatro meses de prisión en el centro de reclusión “La
Badea”, sin derecho a subrogado penal. Estando allí, días antes de lo sucedido,
la reclusa empezó a presentar, sangrado vaginal, vómito, dolor de cabeza y
abdominal, por tanto, solicitó atención medica al personal del INPEC, no
obstante, dicha entidad le indicó que, como era sábado, este servicio no estaba
funcionando. Además, que los síntomas no suponían una urgencia vital, por
tanto, consideraron innecesario remitirla a un centro hospitalario. El 21 de
octubre de 2014 sobre las 10:00, su salud empeoró, agudizándose el dolor
abdominal, por lo que se dirigió a el baño y estando ahí, sufrió una hemorragia
severa la cual produjo el nacimiento de la menor Sara Rojas Patiño, quien cayó

2 Transcripción original con posibles errores.

2

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a la letrina del baño. Tras lo acontecido, la señora Paola Andrea Patiño Romero
fue remitida a la clínica los Rosales de la ciudad de Pereira y su hija al hospital
Santa Mónica de Dosquebradas.

En consecuencia, una vez fue valorada por el personal médico, el dictamen
arrojó que la menor presentó una “hipoxia” -ausencia o falta de oxígeno en el
cerebro que le produjo un daño cerebral permanente-.

En el ejercicio del medio de control de reparación directa, Paola Andrea Patiño y
el señor Fredy de Jesús Rojas Valencia, en representación de la menor Samara
Rojas Patiño, hermana de la víctima Sara Rojas Patiño, instauraron demanda
contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el Departamento
de Risaralda y la Fiduciaria La Previsora S.A. como liquidador de la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones– Caprecom EICE.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, el cual mediante
sentencia del 25 de enero de 2021, declaro probada la responsabilidad
extracontractual del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y de
PAR Caprecom liquidado, con fundamento en que se acreditaron los elementos
que dan lugar a la estructuración de la misma, esto es, la falla en el servicio, al
verificarse las actuaciones omisivas de las demandadas que produjeron un daño
a los demandantes.

Inconformes con la decisión, el INPEC y PAR Caprecom Liquidado,
interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto en segunda instancia por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Corporación que
confirmó la responsabilidad extracontractual del INPEC, de ahí que, se
encuentra probado que omitió realizar el examen de ingreso a la demandante, el
cual, según la ley, es obligatorio para determinar las condiciones de salud del
personal que ingresa a una penitenciaría.

Dicho examen habría permitido al INPEC advertir que la reclusa estaba en
estado de gravidez y adoptar las medidas necesarias para garantizar que el
embarazo y el parto transcurrieran en condiciones normales, no con las
dolencias que presentó. Frente a lo anterior, ordenó el pago por daños morales
y a la salud. Por otra parte, revocó la condena contra Caprecom porque la
relación contractual con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -
USPEC-, para la prestación del servicio de salud, por sí sola, no genera
responsabilidad, pues era necesario probar que esta entidad omitió la prestación
de los servicios de salud a la demandante y que dicha omisión causó el daño
que alegan los demandantes.

La parte actora solicitó la corrección de sentencia de segunda instancia por
errores aritméticos el 26 de febrero de 2024, toda vez que, se omitió identificar a
una de las demandantes, específicamente a la menor hermana de la víctima
directa Samara Rojas Patiño, quien no fue mencionada en la parte resolutiva de
la sentencia, pero si en la parte considerativa. petición que fue rechazada por
extemporánea mediante auto del 17 de junio de 2024.

3

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Por lo anterior, los actores interpusieron recurso de reposición y, en subsidio
súplica contra la decisión anterior, el cual fue rechazado por improcedente
mediante auto del 28 de julio de 2024, como quiera que no procede contra autos
proferidos por las salas de decisión.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora argumentó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.

En primer lugar, indicó que se configuró un defecto factico, debido a que la
sentencia de segunda instancia es inconsistente, pues reconoce en su parte
considerativa la condición de beneficiaria a Samara Rojas Patiño, al ser
hermana de la víctima Sara Rojas Patiño, pero no la incluye en la parte
resolutiva, lo que genera una contradicción que afecta el principio de
congruencia y vulnera el derecho a la reparación.

Seguidamente, citó el Artículo 44 de la Constitución, también, Jurisprudencia
como la T-045 de 2016 y la SU-599 de 2019 3, de las cuales resaltó que los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, por ende,
la omisión de garantizar la indemnización a Samara Rojas Patiño constituye una
desprotección inadmisible de sus derechos fundamentales.

Finalmente, en lo que respecta a la corrección de errores, trajo a colación la
Sentencia T-1025 de 2007, de la cual extrae lo siguiente.

Los errores materiales o de omisión en las decisiones judiciales que afectan
derechos fundamentales deben ser subsanados mediante mecanismos
judiciales efectivos, y si estos no existen, la tutela es procedente.

1.5. Actuaciones procesales

Mediante auto del 20 de enero de 2024, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó la notificación de dicha decisión a los magistrados que integran contra la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

Adicionalmente, se dispuso a comunicar la iniciación del trámite procesal a al
Tribunal Administrativo de Risaralda, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), al Departamento de Risaralda, a la Fiduciaria La Previsora
S.A. como liquidador de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones–

3 ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los
tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.

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Demandante: Fredy De Jesús Rojas Valencia, en representación
de la menor Samara Rojas Patiño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-06731-00

Caprecom EICE En Liquidación y a los señores Paola Andrea Patiño Botero -en
nombre propio y en representación de sus hijas menores Sara, Samara Rojas
Patiño-, Juan Diego Rojas Martínez, Alba Lucía Botero Ortiz, Óscar Patiño
Ramírez, María Magali Valencia y José Ovidio Rojas Cardona, como terceros
con interés en las resultas del proceso. Lo anterior, en atención al interés que le
asiste en las resultas de este proceso, por cuanto puede verse afectada con la
decisión definitiva que se adopte.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Arguyó que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten dentro de
esta acción de tutela. Además, aclaró que el expediente del proceso 66001-23-
33-000-2017-00003-00 (67356) fue remitido al tribunal de origen el 28 de agosto
de 2024, según se advierte en el índice 00081 del expediente digital en Samai.

1.6.2. Previsora S.A.

Señaló que el derecho solo se viola o amenaza a partir de circunstancias
que han sido ocasionadas por vinculación directa. Específicamente entre las
conductas de personas e instituciones y la situación materia de amparo judicial,
situación que no se ha presentado entre el accionante y el PAR Caprecom
liquidado, evidenciándose la no vulneración a los derechos fundamentales
inmersos en la presenta acción constitucional, por lo tanto, resulta improcedente
la presente acción de tutela frente al PAR Caprecom liquidado, en virtud de que
no se encuentra legitimada en la causa por pasiva para pronunciarse de fondo
sobre la pretensión de la parte actora.

1.6.2 Tribunal Administrativo de Risaralda.

Refirió que, es claro que la causa y el objeto de la presente acción de tutela no
tiene relación con actuación judicial alguna de este Tribunal, sino del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, quien al momento de dictar la sentencia
de segunda instancia dentro del proceso de reparación directa referido, en lo
cual no ha tenido injerencia alguna este Tribunal, lo que pone de manifiesto una
falta de legitimación en la causa por pasiva de esta corporación judicial, por lo
cual se solicita así sea declarado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Cuestión previa

2.1.1. De la legitimación en la causa por pasiva

5

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De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el articulo 1. ° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva
en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que
se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración
o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.4

En el presente asunto, la Previsora S.A. y el Tribunal Administrativo de
Risaralda solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, debido a la inexistencia de un nexo de causalidad entre la presunta
violación de derechos fundamentales invocados por el accionante y las
entidades aquí mencionadas.

La Sala advierte que la vinculación de la entidad obedeció a que la Previsora
S.A. fungió como demandada en el proceso de reparación directa y, por lo tanto,
podría resultar afectada con la sentencia que se dicte, de manera que se le
comunicó la existencia de esta acción en calidad de tercero con interés, para
garantizar su derecho de defensa. De igual forma, el Tribunal Administrativo de
Risaralda se vinculó bajo la misma condición.

Por lo tanto, la sala denegara su solicitud de desvinculación.

2.2. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde determinar si en este caso se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial (procedencia
adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia emitida por el Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección
B, mediante la cual modifico la sentencia proferida el 4 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la
demanda, vulneran los derechos fundamentales.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)

4 Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018,

MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

6

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estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.6

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a ello, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará este
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse

5 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
6 Ibídem.

7

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en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Sobre los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. Subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela procede en los eventos que la parte accionante carezca de otro
mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos
de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º
numeral 1º establece:

La acción de tutela no procederá:

«Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.»

Conforme lo anterior, se tiene la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha
establecido el legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

«La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza
la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con
ocasión de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional
por un particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del
presente fallo, para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta
necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya
agotado todos los medios de defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde
principalmente al principio de subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca
impedir su utilización como: (i) una instancia más dentro de un proceso judicial
ordinario; (ii) un medio de defensa que remplace a los otros diseñados por el
legislador para tal fin; (iii) un instrumento para subsanar errores u omisiones de las
partes; y (v) un camino para corregir oportunidades vencidas. En el caso concreto no
se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a la subsidiariedad de la acción
de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los mecanismo ordinarios dispuestos
por la ley penal para hacer valer sus derechos fundamentales, pues tal y como pudo
evidenciarse a partir del material probatorio obrante en el expediente, el accionante

8

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omitió solicitar la nulidad por violación del derecho al debido proceso dentro del
respectivo trámite judicial. El legislador ordinario ha creado múltiples mecanismo
entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios dentro del proceso penal que
puedan atentar en alguna medida en contra del derecho al debido proceso de las
personas involucradas ya sea en la investigación previa, instrucción o juzgamiento,
las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que vean afectadas sus
garantías constitucionales.»7

Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros
mecanismos de defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para
determinar la idoneidad del medio y las circunstancias particulares del proceso.

2.5.2. Presupuesto de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución

7 Sentencia T 436 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
8 Sentencia SU 573 de 2019.

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Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Estudio del caso concreto

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de las garantías constitucionales, además, no satisface los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional tratándose de acción de
tutela contra providencia judicial; ello comoquiera que: (i) la parte actora alega
como defecto factico que la providencia de segunda instancia es incongruente,
para lo que disponía el recurso extraordinario de revisión; y (iii) la acción carece
de carga argumentativa, pues no logro sustentar la afectación a derechos
fundamentales.

Al respecto, el juez de segunda instancia concluyó lo siguiente.

El INPEC es responsable extracontractualmente, porque está probado que
omitió realizar el examen de ingreso a la demandante cuando se dispuso el
cumplimiento de la condena en el centro carcelario, el cual, según la ley, es
obligatorio para determinar las condiciones de salud del personal que ingresa
a una penitenciaría. Al contraer una obligación de resultado sobre la vida e
integridad personal de los detenidos, el Estado solo se exonera de
responsabilidad si demuestra que el daño no es atribuible a las autoridades,
lo que procede cuando se acredita que fue causado por una acción u omisión
de la víctima.

Mientras no se demuestre que la culpa de la víctima tiene el carácter de
imprevisible e irresistible, el Estado no puede ser exonerado de
responsabilidad. La información suministrada por la demandante cuando fue
detenida por primera vez era suficiente para ordenarle una prueba de
embarazo. Es evidente que esta consideraba no encontrarse en ese estado,
pero el hecho de que tuviese un retraso menstrual prolongado, y diera cuenta
de él, resultaba suficiente para que se ordenara la práctica de este examen.
Por otra parte, las dolencias que presentó durante su estado de detención
hacían indispensable suministrarle la atención médica que habría evitado el
fatal desenlace.9

Por su parte, el accionante estimó que, en el presente caso, se configuró el
defecto factico, toda vez que la decisión proferida por la autoridad judicial de
segunda instancia es inconsistente, pues reconoce en su parte considerativa la
condición de beneficiaria de Samara Rojas Patiño, pero no la incluye en la parte
resolutiva, lo que genera una contradicción que afecta el principio de

9Extraído de proceso identificado con radicado N° 66001-23-33-000-2017-00003-01 (67356).
Sentencia de segunda instancia. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, M.P.
Martín Bermúdez Muñoz.

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Demandante: Fredy De Jesús Rojas Valencia, en representación
de la menor Samara Rojas Patiño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-06731-00

congruencia.

Ahora bien, la tutelante interpuso recurso de reposición y, en subsidio súplica
contra auto que rechazó la solicitud de corrección por errores aritméticos en
sentencia de segunda instancia, en el cual indicó que el yerro correspondía a un
error por omisión del fallador al momento de estructurar la parte resolutiva de la
sentencia, advirtiéndose que se omitió identificar a una de las demandantes,
específicamente a la menor hermana de la víctima directa Samara rojas Patiño,
quien no fue mencionada en la parte resolutiva de la sentencia, pero sí en varios
apartes de la parte considerativa de la sentencia.

En este evento, si la parte accionante, consideró que había yerro en la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, de la que
predica su incongruencia, es de recibo indicar que pudo hacer uso del recurso
extraordinario de revisión de sentencia, previsto en el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011.

La Sala Especial de Decisión Veintidós de esta Corporación, mediante la
sentencia de 2 de febrero de 201610, precisó que es procedente el recurso
extraordinario de revisión en los siguientes eventos:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única,
si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

[…] En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de NO
INCURRIR en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la
jurisprudencia delConsejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de
una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la
demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia
externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la
controversia en el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita”
que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las
pretensiones.”

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de

Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-
02342- 00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.

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Demandante: Fredy De Jesús Rojas Valencia, en representación
de la menor Samara Rojas Patiño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2024-06731-00

En razón de lo expuesto, en lo que atañe al cargo de incongruencia de la
sentencia, no se supera el requisito subsidiariedad, al no haberse agotado de
todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso procedía el
recurso extraordinario de revisión.

En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es
una garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que, según
su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la confirme, de
acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos
del CGP [...]

En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad.

Con respecto al ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional.

La carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional no se
satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución
Política para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende
una argumentación que permita advertir la existencia de una transgresión de
alguna garantía superior con relación a la decisión reprochada.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la presente
acción de tutela, toda vez que no cumplió con el requisito de subsidiariedad y
respecto a los yerros que denomino como defecto factico, no se satisface el
requisito de relevancia constitucional

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Previsora S.A. y
del Tribunal Administrativo de Risaralda.

SEGUNDO: Declárese improcedente la acción de tutela de la referencia, por no
cumplir con los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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