Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06739-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06739-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06739-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: EDWIN RODRIGO PARDO MARCONI
Accionado: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo proferido por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, dentro del curso concurso IX de formación judicial, en relación
con discente que señala que si obtuvo el puntaje mínimo aprobatorio.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 6 de diciembre de 2024, el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, confianza legítima, buena fe, acceso a cargos públicos y “los demás que
encuentre vulnerados”.
Hechos relevantes
2. La parte accionante era discente del IX del Curso de formación Judicial
(Convocatoria 27) para acceder a cargos de funcionarios de la Rama judicial, que
se encuentra a cargo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” de conformidad
con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 20192.
3. Una vez fueron publicados los resultados de las evaluaciones de la sub-fase, se
expidió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, mediante la cual se
indicaba que había sido reprobado.
1
Que ingresó para fallo el 14 de enero de 2025.
2
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial
para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
Promoción 2020-2021”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. Inconforme con lo anterior, radicó dentro de los términos establecidos, el recurso
de reposición en contra de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en
el cual manifestó las inconformidades de algunas de las preguntas y sus
respectivas calificaciones.
5. Mediante Resolución N° EJR24-1042 la cual fue notificada por correo electrónico
el 8 de noviembre de 2024, se dispuso reponer parcialmente la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024, a su vez, se ajustó la calificación de la evaluación de
la subfase general del IX Curso de Formación Judicial, sin embargo, seguía siendo
reprobado.
Pretensiones
6. El señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi solicitó lo siguiente:
“TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza
legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada
que en un término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo
de la presente acción y ii) DISPONGA mi inclusión en la subfase especializada
del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que
se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un
juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los
resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.
Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida
provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad
accionada, dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la
totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme
provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la accionada
realizar una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación
presupuestal distinto a lo ya previsto.
Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso
ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí
pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados — como estoy
convencido que son— y para ese momento no he realizado la subfase
especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición desigual y
desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que iniciaron dicha
subfase el próximo 16/11/2024, dadas las consecuencia que ello trae frente a
la conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase
especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que,
conforme a las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada
del proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión principal”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
7. La parte accionante en primer lugar, solicitó una medida provisional manifestando
que existe una vocación aparente de viabilidad porque i) superó el puntaje mínimo
requerido para aprobar las pruebas de conocimientos y aptitudes realizadas y así
avanzar a la siguiente etapa del concurso de méritos; ii) realizó la subfase general
del IX curso de formación judicial; iii) se puso en controversia el hecho de que la
accionada se había apartado del acuerdo pedagógico que rige el “IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de
la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021” y del Documento
Maestro del IX Curso de Formación Judicial” y iv) La accionada no se pronunció
congruentemente sobre los argumentos puntuales planteados en el recurso contra
los resultados de la evaluación de la subfase general del IX curso de formación
judicial.
8. De otra parte, puso de presente que, es discente dentro del IX curso-concurso de
formación judicial, sin embargo, a través de la resolución No. EJR24 298 del 21 de
junio de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla decidió excluirlo de la fase
especializada del curso de formación judicial, pues no obtuvo el puntaje mínimo
requerido.
9. Afirmó que, contra esa decisión, ejerció el recurso de reposición y en resolución
EJR24-1042 notificada el 8 de noviembre de 2024, se ajustó la calificación de
evaluación con un puntaje total de 781, dejando la claridad que seguía siendo
reprobado.
10. Sostuvo que, se presentaron múltiples reparos respecto de varias preguntas
dado que no se ajustaban a los propósitos de la evaluación indicados en el acuerdo
pedagógico que rige el IX curso de formación judicial, al no calificar de manera
correcta algunas preguntas, esto de conformidad con los parámetros establecidos,
cuando debía prevalecer el mérito, y evaluar a los discentes respetando las formas
propias del procedimiento e incluyendo la motivación debida y suficiente de las
decisiones sin que sin incurra en una ilegalidad.
11. De otra parte, se refirió de manera específica a -la ilegalidad en la ejecución de
la tipología de preguntas denominadas taller virtual-, puesto que este tenía un “peso”
de 60 puntos sobre 125 del programa, pero tal tipología no correspondió con la
definición dada en el acuerdo pedagógico, siendo calificadas únicamente de
memoria textual de lecturas las cuales debían estudiarse entre diciembre de 2023 y
abril de 2024; asignando así un 48% del puntaje dentro de la evaluación y poniendo
en duda la legalidad o construcción de las preguntas sin medir las competencias
adecuadas.
12. En lo que se refiere al -cambio de evaluaciones parciales a evaluaciones
acumuladas-, expresó que se dieron valoraciones no concentradas en la ejecución
del concurso, modificando y regulando ilegalmente la “guía de orientación al
discente para la evaluación virtual de la subfase general” porque en el transcurso
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de los 8 programas que debían evaluarse solo se establecieron 3 notas y se realizó
un solo examen escrito, que midió únicamente la memoria.
13. Por otro lado, en las -tipologías de preguntas no cumplen con los componentes
psicométricos- adujo que los diseñadores de los instrumentos de evaluación no se
ajustaron a los principios para la valoración de la posibilidad de éxito comunicativo
y de cooperación con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad del proceso.
14. Además, explicó de los argumentos usados por la escuela en la Resolución
EJR24-938 no correspondían a una definición propiamente sino una apreciación
subjetiva, así como tampoco debieron evaluar exclusivamente con preguntas y
menos la nota determinada como taller que corresponde a 480 puntos de 1000.
15. De otra parte, en el -uso inadecuado de la inteligencia artificial-, si bien la Corte
habilitó el uso de la IA para labores que no impliquen creación de contenido ni
interpretación de hecho o pruebas ni solución de casos, no podía suplir la motivación
que debe estar presente en todo acto administrativo. Además de que, esta situación
contrasta con lo dispuesto en la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional,
en la que se estableció límites y reglas claras para garantizar que el juez natural sea
humano.
16. Respecto a la procedencia formal de la acción de tutela, afirmó que, conforme
la Sentencia SU-067 de 2022, la Sala Plena de la Corte ha prescrito que en casos
excepcionales el medio constitucional de amparo es procedente ante la idoneidad.
Trámite de la acción de tutela
17. A través de auto del 10 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia; negó la medida provisional solicitada; ordenó notificar a la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” como accionada y a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y a la Unión Temporal Formación Judicial de
2019 como terceros interesados en las resultas del proceso. También, ordenó a la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y al Consejo Superior de la Judicatura para
que i) publicara la providencia en su página web y ii) remitiera a las direcciones de
correo electrónico de los discentes inscritos en la (Convocatoria 27) reglamentada
en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 “IX Curso de Formación
Judicial Inicial – Unidad 1 y 2 Proceso Formativo Subfase Especializada” la copia
de la demanda junto con sus anexos, así como de la providencia que admite la
tutela, con la finalidad de permitir la participación de las personas que tuvieran
interés para actuar en el proceso.
Intervenciones
18. La Unión Temporal Formación Judicial 20193 conformada por la universidad
Pedagógica y Tecnología de Colombia y E-Distribution S.A.S., a través de memorial
del 16 de diciembre de 2024 expresó que siempre ha actuado de conformidad con
3
Ver índice 8 de Samai.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
lo previsto en la Ley y las atribuciones sobre el desarrollo de las etapas del IX Curso
de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de la República.
Estableció que, no le asiste legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 no es la competente para suspender un acto
administrativo y disponer de su inclusión en la sub-fase especializada del IX Curso
de Formación Judicial, luego entonces la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es
la única entidad con la facultad para tramitar y resolver solicitudes del accionante.
19. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” a través de memorial de 13 de
diciembre de 20244, respondió el escrito de tutela solicitando se declare
improcedente el amparo invocado, pues no satisface el requisito de subsidiariedad
y existen otros medios judiciales para solicitar la protección de los derechos
invocados, además no existe un perjuicio irremediable, además de que, en últimas
no se advierte la conculcación de los derechos constitucionales.
Asimismo, adujo que la jurisprudencia5 de la Corte Constitucional y el mismo
Consejo de Estado ha indicado que, por regla, en un concurso de méritos, las
decisiones de las autoridades administrativas se controvierten a través de los
medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011, y solo excepcionalmente, ante
perjuicios irremediables, resulta procedente la acción de tutela. En el caso concreto,
estimó, no se presenta un perjuicio irremediable y tampoco se presentó vulneración
a derecho constitucional alguno, pues, sus peticiones y recursos fueron resueltos
conforme a las normas reglamentarias que regulan el curso de formación judicial
para esta ocasión
Por otro lado, indicó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no hizo uso de la
inteligencia artificial para el análisis y expedición de las resoluciones relacionadas
con los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, debido a que fueron
atendidas de manera individual de acuerdo con la razonabilidad y juicio profesional
del equipo de la unidad correspondiente del Consejo Superior, sin embargo, aclaró
que las inconformidades se resolvieron con los insumos proporcionados por la “UT”
quien era el aliado estratégico de los aspectos técnicos de las pruebas. Sumado a
que, trajo a colación la sentencia T-323 de 2024 en la que se estableció que el uso
de la herramienta se debía entender como un apoyo a la gestión judicial pero que
con esta no se sustituya la labor humana el desarrollo y análisis de los casos.
En lo que respecta a la -ilegalidad en la ejecución de la tipología de pregunta
denominada taller virtual- expuesta por el accionante, señaló que la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” ha cumplido con lo establecido en el Acuerdo PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019 y el documento Maestro del IX Curso de
Formación Judicial Inicial en los criterios de evaluación y el valor de cada pregunta,
ya que tenía conocimiento de las actividades objeto de evaluación desde el inicio
del curso. Mientras que en las -tipologías de preguntas no cumplen con los
componentes psicométricos- se trata de una apreciación subjetiva del accionante
porque en el recurso de reposición se argumentó el contexto de cada pregunta, los
4
Ver índice 10 de samai.
5
Hizo mención a algunas sentencias como la T-425 de 2019, T-260 de 2018, entre otras.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
elementos psicométricos, la coherencia, cohesión de los ítems y todos los
componentes de formación integral.
De igual forma, en lo que tiene que ver con las preguntas de manera específica, se
entendía que fueron resueltos a través de la Resolución EJR24-1042 del 5 de
noviembre de 2024 y de ser controvertido debería ser a través de la competencia
del juez de lo contencioso administrativo.
20. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)6 indicó que
era una institución de educación superior con personería jurídica independiente a la
de la Unión Temporal Formación Judicial, además de que el desarrollo del curso de
formación judicial se lleva a cabo de acuerdo con la planeación y formalidades
exigidas por este, siendo conformada por la Sociedad E-Distribution S.A.S. y tal
universidad.
Expresó que, la acción de tutela es improcedente pues se presentó una carencia
actual del objeto7, sumado a que no se dio cumplimiento al requisito de
subsidiariedad y no se demuestra la conculcación de los derechos fundamentales
invocadas, pues la parte accionada ha actuado en lo de su competencia o
participación del desarrollo del objeto de la Unión Temporal Formación Judicial
2019. Tampoco se evidenció un perjuicio de carácter irremediable, tal como se
analizó en la sentencia T-554 de 2019 de la Corte Constitucional.
21. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no intervino8.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
2. Problema jurídico
23. En primer lugar, la Sala debe establecer si la acción de tutela es procedente
para cuestionar los actos administrativos proferidos dentro del curso-concurso de
formación judicial en la Convocatoria No. IX, puntualmente, precisar las hipótesis en
las que, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la acción de amparo supera
el requisito de subsidiariedad, toda vez que la entidad accionada sostiene que, en
el caso concreto, proceden los medios ordinarios de defensa, puesto que los
mismos, prevén medidas cautelares.
6
Ver índice 11 de Samai.
7
No hizo referencia específica a este punto.
8
Se notificó el 12 de diciembre de 2024, a los correos electrónicos
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
24. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Sala reiterará el
precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar actos administrativos dentro de cursos-concursos de formación judicial.
En caso de responder afirmativamente la primera cuestión, como segundo problema
jurídico debe examinarse si se presentaron las vulneraciones alegadas por el
accionante.
3. Procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos
dentro del IX curso concurso de formación judicial.
25. El artículo 86 superior señala que la acción de tutela es un medio judicial
subsidiario de protección de los derechos fundamentales, en esa medida no es
principal ni procede directamente ante cualquier amenaza o violación, toda vez que,
los medios ordinarios de defensa, también son instrumentos procesales idóneos
para la protección de las garantías constitucionales9.
26. En desarrollo de lo anterior el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, precisó que
la acción de tutela es improcedente cuando en la controversia puntual, sea posible
acudir a un medio de defensa judicial ordinario o extraordinario, el cual, en el caso
concreto sea idóneo y eficaz. En consecuencia, la acción de tutela es procedente
cuando no existe medio de defensa, o este, aplicado al caso concreto, es inidóneo
o ineficaz. Situación en la cual, de manera excepcional el juez de tutela desplaza al
juez ordinario y, en sede de tutela, puede resolver definitivamente la solicitud de
protección.
27. Una segunda hipótesis de procedencia se funda en el hecho que, en un caso
concreto puede existir un mecanismo de defensa judicial, ordinario o extraordinario,
y el mismo se idóneo y eficaz, pero se presenta un perjuicio irremediable sobre el
ejercicio de un derecho fundamental, lo cual, impide esperar el desarrollo y
conclusión de un procedimiento judicial ordinario. En esos eventos, conocidos como
la procedencia transitoria por presentarse un perjuicio irremediable, la Corte ha
indicado que, el juez de tutela puede proferir un fallo temporal que ampare los
derechos constitucionales invocados, y además imponer la obligación al actor para
que acuda al juez ordinario, y sea dicha autoridad judicial la que tome una
determinación definitiva.
28. En punto al IX curso concurso de formación judicial, la Corte Constitucional ha
indicado que, en principio resultan improcedentes las acciones de tutela que se
dirigen a cuestionar decisiones administrativas definitivas, pues las mismos cuentan
con los medios de defensa judicial previstos en la Ley 1437 de 2011, con su abanico
amplio de medidas provisionales. En efecto, en la SU-067 de 2022 se precisó:
“(…) el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los
actos administrativos.
9
“Ello significa que la totalidad de acciones y recursos del sistema jurídico, sean de naturaleza
administrativa o judicial, están dispuestos para asegurar la protección de los derechos
fundamentales” SU-067 de 2022
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que
ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación
de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la
idoneidad de los aludidos medios de control en este campo.”10
29. La SU-067 de 2022 reiteró el precedente constitucional conforme al cual, la
acción de tutela resulta improcedente contra los actos administrativos proferidos en
el marco de concursos de méritos, pues, insistió, los medios de defensa judicial en
cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa son mecanismos adecuados y
eficaces de protección. Situación diferente es de aquellos actos administrativos que,
por expresa definición del legislador no son objeto de control judicial. Es el caso de
los actos administrativos de trámite, los cuales, conforme la Ley 1437 de 2011 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado no son objeto de control judicial autónomo,
sino en el momento en que se controla el acto definitivo.
30. En la aludida sentencia, la Corte Constitucional resolvió varias acciones de
tutela en la que discentes del IX curso concurso de formación judicial atacaban un
acto de trámite el cual, por disposición legal del CPACA, no podía ser atacado
directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa. En la decisión de
unificación, la Sala Plena explicó que, en razón de la inexistencia de instrumentos
que permitan su control judicial, es posible emplear la acción de tutela como
mecanismo principal y definitivo de protección de los derechos fundamentales. Se
aclaró que, en todo caso, no todo acto administrativo de trámite es pasible de acción
de tutela, pues por su carácter, la procedencia general de la acción de tutela contra
actos administrativos de trámite implicaría obstruir el avance de la administración.
En esa medida, incluso la acción de tutela contra actos de trámite resulta
excepcional. Consideró la Sala Plena:
“En cualquier caso, esta facultad no ha de ser interpretada de modo que
obstruya el avance y la conclusión de las actuaciones administrativas, pues
«de ninguna manera se trata de extender la tutela a los actos de trámite o
preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo de ella, con el
propósito de impedir que la Administración cumpla con la obligación legal
que tiene de adelantar los trámites y actuaciones administrativas». De ahí
que esta corporación afirme que la acción de tutela instaurada contra actos
de trámite, aprobados con ocasión de un concurso de méritos, «solo procede
de manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de
definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación
administrativa»”.
La procedencia indiscriminada de la acción de tutela contra los actos
administrativos de trámite comprometería gravemente el desarrollo y la
culminación oportuna de las actuaciones administrativas.”
31. La Corte Constitucional verificó que en el caso concreto (cuatro tutelas
acumuladas), se estaba atacando un acto administrativo de trámite, puntualmente,
10
Cfr. SU-067 de 2022 (M.P. Paola Meneses Mosquera)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la Resolución CJR20-020211. Dicha resolución corrigió una actuación administrativa
“desde la citación a las pruebas de conocimiento generales y específicas, de
aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho”. En consecuencia,
dicha sentencia de unificación, en punto a la procedencia formal de la acción de
tutela se refiere a actos administrativos de trámite, dentro del curso-concurso de
formación judicial. En aquella tutela no se examinaron actos administrativos
definitivos de carácter particular, pues la providencia indicó que la acción de tutela
no es procedente para ese tipo de actuaciones.
32. Aclarada la situación del precedente constitucional invocado por el accionante,
puntualmente la hipótesis fáctica resuelta en la SU-067 de 2022, corresponde ahora
examinar el precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos concretos y definitivos producidos como parte de un
concurso de méritos para proveer cargos públicos.
33. En la sentencia T-425 de 201912, la Sala Primera de Revisión resolvió una
petición de amparo, relacionada con la determinación de una autoridad pública que
omitió conservar los puntajes de dos aspirantes en un concurso de méritos. En la
decisión, la Corte indicó que respecto del requisito de subsidiariedad, la acción de
tutela es improcedente, salvo que se acredite un perjuicio irremediable. Se concluyó
que en asuntos relativos a concursos de méritos los participantes pueden cuestionar
las actuaciones surtidas en el marco de la convocatoria en ejercicio de los medios
de control pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tanto,
la intervención del juez constitucional se restringe, de ser el caso, “a conjurar un
perjuicio irremediable.
34. Se indicó que, los accionantes podían debatir la pretensión formulada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y, en este escenario judicial, exigir el decreto
de medidas cautelares. Además, de los hechos que dieron lugar a la solicitud de
amparo no era posible inferir la configuración de un supuesto de perjuicio
irremediable, en relación con ninguno de los intereses y derechos fundamentales
cuya protección solicitaron.
35. Posteriormente, en la Sentencia T-081 de 202213, una sala de revisión de la
Corte resolvió una acción de tutela formulada por un aspirante en un concurso
público de méritos con el fin de proveer cargos de docentes en la planta pública del
sistema de educación. En aquella oportunidad la Corte reiteró la improcedencia de
la acción pues el juez administrativo cuenta con medidas cautelares en el seno de
los procesos contencioso administrativos. Excepciones a ello, es el evento en que
se discuten actos administrativos dentro de concursos públicos para cargos con un
período legal fijo. Esto pues, dado que el cargo tiene un periodo limitado, no resulta
razonable ni proporcionado exigir que un aspirante agote un proceso judicial que
11
Fundamento Jurídico No. 100: “Las acciones de tutela interpuestas por los demandantes se
enmarcan en el primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución CJR20-0202 es un
acto administrativo de trámite, motivo por el cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.”
12
M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
M.P. Alejandro Linares.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
concluirá cuando ya haya fenecido el periodo del cargo para el que aspira. Situación
diferente se da cuando el concurso público es para proveer un cargo que no tiene
periodo limitado, pues en atención a que no existe un límite temporal, el medio de
defensa judicial deviene en idóneo y eficaz. En la providencia que se menciona la
Corte tuvo oportunidad de precisar las reglas de procedencia excepcional:
“En conclusión, la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo
judicial dispuesto para resolver las controversias que se derivan del trámite
de los concursos de méritos, cuando ya se han dictado actos administrativos
susceptibles de control por parte del juez de lo contencioso administrativo,
en especial, cuando ya existe una lista de elegibles. Sin embargo, el juez de
tutela deberá valorar si, atendiendo a las circunstancias del caso concreto,
los medios de control ante la justicia administrativa son eficaces para
resolver el problema jurídico propuesto, atendiendo a las subreglas (…), esto
es, (i) si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo determinado por la
Constitución o por la ley; (ii) si se imponen trabas para nombrar en el cargo
a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iii) si el caso tiene una
marcada relevancia constitucional; y (iv) si resulta desproporcionado acudir
al mecanismo ordinario, en respuesta a las condiciones particulares del
accionante”.
5. Examen de procedibilidad formal en el caso concreto
36. En el caso concreto, la Sala debe determinar, en primer lugar, si la acción de
tutela es procedente conforme a lo anteriormente señalado.
37. Lo primero que corresponde concluir es que la SU-067 de 2022 no es
precedente para el caso concreto, pues como se dejó indicado en el acápite de
consideraciones, la providencia de unificación era procedente formalmente, pues se
resolvían varias acciones de tutelas acumuladas dirigidas contra un acto de trámite
dentro de IX curso-concurso de formación judicial, etapa de formación de la
Convocatoria No. 27. Como se precisó más arriba, el ataque de los actores en
aquella oportunidad se dirigía contra un acto administrativo que, por mandato legal
se encuentra explícitamente excluido del control judicial por parte del juez
administrativo.
38. Examinado desde el precedente proferido por la Corte Constitucional en casos
de acciones de tutela dirigidas contra actos particulares definitivos, ha de indicarse
que por regla general la acción de tutela es improcedente, salvo que se esté ante;
(i) un perjuicio irremediable; (ii) si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley; (iii) si se imponen trabas para nombrar
en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iv) si el caso tiene
una marcada relevancia constitucional; y (v) si resulta desproporcionado acudir al
mecanismo ordinario, en respuesta a las condiciones particulares del accionante.
39. Respecto de la primera hipótesis, en el caso concreto, esta subsección
considera que existe un medio de defensa judicial ordinaria idóneo y eficaz que
permite cuestionar los actos administrativos atacados por la parte actora, y en cuyo
marco se pueden ejercer medidas cautelares innominadas; (ii) Estos medios de
defensa son idóneos y eficaces, especialmente en atención a que, el cargo al que
aspira no tiene un periodo fijo, razón por la cual, incluso en la hipótesis en la que,
las autoridades judiciales tomen el tiempo previsto en los códigos procesales para
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
expedir los fallos ordinarios, y estos le den la razón, pues las decisiones judiciales
serán oportunas en atención a que el cargo público al que aspira, estará disponible.
40. En el escrito de tutela la parte accionante presenta argumentos de estricta
legalidad que pueden ser claramente discutidos a través del medio de control
ordinario. Los mismos se sintetizan en que la Resolución de 8 de noviembre de
2024, no resolvió todos los cargos planteados en el recurso de reposición. En criterio
de la parte actora, además la Escuela Judicial no ha evaluado a los discentes desde
la observancia del debido proceso administrativo, y no ha respetado la motivación
debida y suficiente en la toma de sus decisiones. Sumado a que se presenta una a)
ilegalidad en la ejecución de la tipología de pregunta denominada taller virtual; b)
cambio de evaluaciones parciales a evaluaciones acumuladas; c) las tipologías de
preguntas no cumplen con los parámetros psicométricos y el d) uso inadecuado de
la inteligencia artificial.
41. A criterio de esta Sala, todos los reclamos del accionante pueden ser
encaminados bajo la cuerda procesal correspondiente a los medios ordinarios de
defensa judicial (nulidad y restablecimiento del derecho), a lo cual se suma que no
es el primero en una lista de aspirantes, razón por la cual, no se configura ninguna
de las hipótesis que jurisprudencialmente habilitan a que el juez de tutela intervenga
en el marco de un proceso de concurso de méritos.
42. La Sala verifica que, en el expediente no se ofrecen razones que lleven a
concluir que es desproporcionado que el señor Pardo Marconi acuda al juez
administrativo para cuestionar las decisiones que estima se profirieron en contra del
ordenamiento jurídico superior. Ello pues no se ofrecen situaciones concretas de su
situación socioeconómica o de eventuales situaciones vulnerabilidades que hagan
procedente la flexibilización del requisito de subsidiariedad.
43. Finalmente, respecto a la eventual configuración de un perjuicio irremediable, el
artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. La jurisprudencia
ha definido el perjuicio irremediable como “el riesgo de consumación de un daño o
afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia”14.
44. Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar
el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el
perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad
de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que
implicaría, en consecuencia, un daño de intensidad sobre la persona afectada; (iii)
las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la
acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por
inoportuna15.
14
T-003 de 2022 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar)
15
SU-508 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06739-00
Accionante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
45. En el sub lite, no se configura un perjuicio irremediable, pues no se avizora un
hecho que afecte gravemente los derechos fundamentales de la parte actora. Más
allá que no continuará en la fase especializada, además de que no se verifica que
dicha situación afecte sus garantías constitucionales. Especialmente, dado que,
como ya se indicó, los reparos que presenta contra los actos administrativos
proferidos por la Escuela Judicial pueden ser tramitados por los medios defensa
ordinarios, en los que se pueden ejercer medidas cautelares.
46. Puesto que no se verifica alguna de las hipótesis de procedencia de la tutela
contra actos administrativos proferidos dentro de concursos públicos, se declarará
improcedente el medio de amparo por incumplir el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Edwin Rodrigo
Pardo Marconi en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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