Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06750-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06750-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06750-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06750-00
Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06750-00
Demandante: YHON MARIO BLANCO URIBE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Contra providencia que resolvió recurso de insistencia. Información
reservada. Defecto sustantivo y subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yhon Mario Blanco Uribe contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 9 de diciembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la información pública y de petición.
A juicio del demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 3 de diciembre de 2024, con la que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca resolvió el recurso de insistencia 76001-23-33-000-2024-00802-00, en el sentido
de declarar bien denegada la información requerida el 15 de noviembre de 2024.
2. Pretensiones
El tutelante formuló las siguientes pretensiones:
PETICION PRIMER[A]: Con fundamento en lo anteriormente expuesto, [s]olicitamos al HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO que se tutelen mis derechos fundamentales invocados como amenazados,
violados y/o vulnerados por parte de lo accionados y denunciados al derecho de petición, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, a la información pública, control social y participación
ciudadana. Se ordene realizar una VERSIÓN PUBLICA (DIGITALIZADA) DE LA TOTALIDAD DE LAS
HOJAS DE VIDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (AGENTES DE POLICÍA) PERTENECIENTES A
LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (DITRA) QUE LABORAN EN EL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE CALI Y SE OMITAN DE ESTAS LOS DATOS
SENSIBLES Y PRIVADOS.
PETICION SEGUNDA: Solicitamos al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, DEJAR SIN EFECTOS
la providencia emitida el 03 (tres) de diciembre del 2024 de radicado 76001-23-33-000- 2024-00802-00
proferida por los magistrados JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ, EDUARDO ANTONIO LUBO
BARROS, OMAR EDGAR BORJA SOTO, mediante la cual se negó el recurso de insistencia, Peticiones
para Fiscalía y Procuraduría.
TERCERO: Mediante esta denuncia y queja disciplinaria solicito con mucho respeto, avocar e instruir
esta denuncia y queja, y de considerarlo, sin perjuicio a la investigación ordinaria, de resultar servidores
públicos involucrados, suspender de los cargos a los presuntos trasgresores, y judicializarlos, incluidos
sus comandantes, supervisores o en todo caso, responsables superiores inmediatos, etc., e imputarles
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06750-00
Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
a título de dolo a las presuntas transgresiones a la ley penal y de la constitución; así como solicitar
medida de aseguramiento intramural, y acusar, etc., a los presuntos responsables por el despacho
indiciados, arraigados e individualizados como persona de interés penal, según la calificación típico
jurídica, y por otro lado investigar y sancionar de ser el caso por medio de la ley 1952 del 2019.
Peticiones para la Comisión de Disciplina Judicial.
CUARTO: Mediante esta queja disciplinaria en contra de los magistrados EDUARDO ANTONIO LUBO
BARROS, JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ, OMAR EDGAR BORJA SOTO solicito con mucho
respeto, avocar e instruir esta denuncia y queja, y de considerarlo, sin perjuicio a la investigación
respectiva a su competencia, aplicar a los presuntos trasgresores, las sanciones correspondientes a las
presuntas faltas.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
El 15 de noviembre de 2024 el demandante, en condición de integrante de la Veeduría
ciudadana Veemovilidad2, pidió al director general de la Policía Nacional y al comandante
de la Policía Metropolitana de Cali, que (i) le informaran los nombres y grados de los
miembros de la Dirección de Tránsito y Transporte de esa institución que laboraban en el
«convenio interadministrativo suscrito con la ciudad de Santiago de Cali» y (ii) le remitieran las
hojas de vida de esos uniformados.
En la solicitud señaló que la Ley 850 de 2003 lo facultaba para formular ese tipo de
peticiones, toda vez que estaban dirigidas a ejercer vigilancia a la gestión pública y
garantizar el interés general. Además, indicó que la información solicitada (i) era pública,
conforme a las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y al artículo 251 del Código de
Procedimiento Civil; (ii) no estaba sujeta a reserva alguna por no involucrar datos sensibles
y (iii) sobre ella debía aplicarse el principio de máxima divulgación.
A través del Oficio GS-2024-183318/SETRA-MECAL 13.0 del 20 de noviembre de 2024,
el jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali señaló
que no era dable entregarle los datos solicitados, por cuanto contenían datos personales,
por ende, su acceso era reservado, tal como lo establecía el artículo 24 de la Ley 1755 de
2015.
3.2 Recurso de insistencia
El 21 de noviembre de 2024 el tutelante solicitó que se enviaran al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca las diligencias relacionadas con la petición que formuló el 15 de
noviembre de ese año, con el fin de que tramitara recurso de insistencia, pues, a su juicio,
la información allí solicitada era pública por no involucrar datos sensibles, en consecuencia,
no se requería autorización del titular para suministrársela. Indicó que si bien las historias
clínicas y hojas de vida pueden contener información privada, allí también obraban datos
públicos, a los cuales puede acceder cualquier persona.
El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali allegó
al recurso de insistencia el Oficio GS-2024-188563/SETRA-38.10 del 29 de noviembre de
20243, en el que relacionó los grados y nombres de los policías que pertenecían a esa
dependencia y «labora[ban] en el convenio interadministrativo». Allí se sostuvo que no era
posible suministrar las hojas de vida de dichos servidores porque contenían datos
reservados y sobre ese aspecto se pronunciaría el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
2 Cuya constitución fue aceptada por la Personería de Bucaramanga, con Resolución 166 del 10 de octubre de 2023,
y su objeto consiste en «ejercer control social a la gestión de las diferentes entidades de la Nación».
3 Comunicado al peticionario mediante correo electrónico enviado a las cuentas virtuales
blancouribeyhonuribe@gmail.com y veeduriaveemovilidadcolombia@gmail.com.
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Con providencia del 3 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
resolvió el recurso de insistencia y declaró bien denegadas la petición relacionada con las
hojas de vida de los policías de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía
Metropolitana de Cali que laboran en el marco del convenio interadministrativo suscrito con
esa ciudad, dado que si bien en esos documentos obraban datos públicos, el peticionario
no discriminó los que necesitaba, omisión impedía «realizar el análisis de reserva de la
información».
Que aunque el artículo 24 de la Ley 755 de 2015 preveía que los documentos relacionados
con la intimidad personal eran reservados, entre otros, en ellos era posible que hubiere
información pública, escenario en el cual debía analizarse cada dato para determinar si era
reservado o no, tal como lo había señalado la jurisprudencia constitucional4, sin embargo,
como el actor no señaló qué datos requería de las hojas de vida de los policías de la
Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali que laboran en el
marco del convenio interadministrativo, no era dable analizar si eran públicos o no.
4. Fundamentos de la tutela
La parte demandante adujo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias y la decisión judicial censurada desconoció
el ordenamiento jurídico superior:
Que la autoridad accionada debió ordenar la entrega de las hojas de vida de los miembros
de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali que laboran
en esa ciudad, toda vez que no se requerían datos sensibles (como la orientación sexual
o religiosa de los uniformados ni su origen social) y los que allí reposaban eran públicos,
por ende, susceptibles de ser entregados a cualquier persona sobre todo cuando, dice,
aquellos debían tener un alto grado «de tolerancia a la crítica», pero como ello no aconteció,
se desconoció el principio de máxima divulgación previsto en el artículo 2º de la Ley 1712
de 2014 y sus derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo.
Señaló que el Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6 precisaron que si bien hay
documentos reservados en los que están consignados tantos datos públicos como
privados, en ese escenario la autoridad debía determinar la naturaleza de cada uno y
entregar los públicos, premisa que no atendió la autoridad accionada.
Que la negativa de entregarle los datos que requirió comportaba «faltas disciplinarias y
presuntas conductas punibles» y podría configurar un daño antijurídico pasible de
indemnización, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, motivo por el
cual se debía «avocar e instruir esta denuncia y queja, y de considerarlo, sin perjuicio a
la investigación respectiva a su competencia, aplicar a los presuntos trasgresores, las
sanciones correspondientes a las presuntas faltas».
5. Trámite procesal
Por auto del 11 de diciembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés a los directores general de Policía Nacional y de la Policía
Metropolitana de Santiago de Cali.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 13 de
diciembre de 2024.
4 Corte Constitucional C-951 de 2014.
5 Sección cuarta, sentencia del 31 de octubre de 2024, expediente 68001-23-33-000-2024-00608-01.
6 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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6. Intervenciones
El Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional adujo que esa institución carece de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que no emitió la providencia cuestionada y no tenía la posibilidad de emitir sentencias
de reemplazo, ya que ello es una potestad exclusiva de los jueces de la República,
condición que no tenían sus miembros
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio, pese a que, como se
vio fue debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional7 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 3 de diciembre de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desató el recurso de
insistencia 76001-23-33-000-2024-00802-00, en el sentido de declarar bien denegada la
solicitud de entrega de las hojas de vida requeridas por el demandante el 15 de noviembre
de 2024.
No obstante, la vinculación de los directores general de Policía Nacional y de la Policía
Metropolitana de Santiago de Cali no fue como parte demandada, sino en calidad de
terceros con interés, porque esa institución fue parte demandada en el trámite
contencioso-administrativo en el que se dictó la providencia que aquí se reprocha,
situación que justifica su comparecencia en este trámite constitucional e impide
desvincularlos.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
demandante con el fin de (i) dejar sin efectos la sentencia del 3 de diciembre de 2024,
con la que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió el recurso de insistencia
76001-23-33-000-2024-00802-00; y (ii) adelantar las actuaciones disciplinarias y penales
contra la autoridad accionada.
La Sala anticipa que (ii) accederá al amparo solicitado, toda vez que la determinación
judicial censurada adolece de defecto sustantivo por no atender las normas que regulan
la naturaleza de la información pública, las exigencias allí previstas para justificar la
negativa de entregar los datos reservados y la sentencia de constitucionalidad C-951 de
2014; y (ii) declarará improcedente la tutela en lo relacionado con las actuaciones
disciplinarias y penales pedidas por el demandante.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad, (iii) verificación del
7 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad y, finalmente, (iv) analizará el
caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela « solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable10. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
5.1 Actuaciones disciplinarias y penales
Al analizar si la acción de tutela colma las exigencias generales de procedibilidad frente
a las pretensiones relacionadas con las actuaciones disciplinarias y penales que el actor
pide adelantar contra las autoridades accionadas, se advierte que no satisface el requisito
de subsidiariedad, toda vez que el ordenamiento jurídico prevé otros instrumentos para
que se surtan diligencias de esa naturaleza, como lo es la denuncia, la querella y la queja,
de conformidad con los artículos 6911 de la Ley 906 de 2004 y 8612 del Código General
Disciplinario, las cuales puede formular el demandante.
Además, debe advertirse que el amparo constitucional está instituido con la finalidad de
proteger derechos fundamentales y no como un instrumento punitivo, máxime cuando
para ello el ordenamiento jurídico contempla las instancias señaladas en el párrafo
anterior.
8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.
11 «La denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la
identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los
hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos
en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica
responsabilidad penal […]».
12 «La acción disciplinaria se iniciara y adelantara de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro
medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en
los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de
la Ley 24 de 1992 […]».
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Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
5.2 Contra providencia judicial
La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por Yhon Mario Blanco
Uribe cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que se
discute la presunta afectación del derecho fundamental de acceso a la información
pública, derivada de la presunta indebida aplicación del ordenamiento jurídico por parte
de la autoridad accionada al negar la entrega de las hojas de vida solicitadas por el
demandante.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por el accionante es constitucional y
no legal o económica, toda vez que concierne al presunto desconocimiento de la potestad
que tienen las personas de ejercer control a las actividades realizadas por los servidores
públicos en ejercicio de sus cargos, prerrogativa que se funda en el derecho de acceso a
la información pública, que es propia de la democracia participativa, y que está protegida
por los artículos 1513 y 7414 de la Constitución Política, 19 (numeral 215) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 (numeral 116) de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Además, no se evidencia que la tutela se utilice como
un instrumento para reiterar argumentos, ya que la providencia cuestionada se emitió en
un trámite de única instancia, conforme al artículo 2617 de la Ley 1755 de 2015, por ende,
no era pasible de ser controvertida por el actor dentro del expediente 76001-23-33-000-
2024-00802-00.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la
verificación del recurso de insistencia 76001-23-33-000-2024-00802-00, el correo
electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 5 de
diciembre de 2024, por los que se entiende notificada el 9 del mismo mes y año, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 20518 del CPACA, y la tutela fue presentada el
11 siguiente (2 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo adecuado para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, como el recurso de insistencia es un asunto de única instancia, conforme al
artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, como se advirtió en precedencia, el tutelante no
contaba con recurso judicial alguno al interior del trámite 76001-23-33-000-2024-
00802-00 para controvertir la sentencia reprochada.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de sus garantías superiores.
Además, si bien en el escrito de tutela no se invocó alguna causal específica de
procedibilidad de la tutela contra providencias, se constata, en virtud del principio de
13 «Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]».
14 «Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley
[…]».
15 «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
16 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
[…]».
17 «Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si
se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata
de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición
formulada […]».
18«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
6
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oficiosidad19, que los argumentos expuestos por el actor comportan defecto sustantivo,
por cuanto alude desconocimiento del artículo 2º de la Ley 1712 de 2014, que contempla
el principio de máxima divulgación, y de la sentencia de constitucionalidad C-951 de 2014.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el tutelante ataca una
providencia emitida en un recurso de insistencia.
6. Análisis del caso concreto
El demandante sostiene que la providencia censurada inobservó el principio de máxima
divulgación de que trata el artículo 2º de la Ley 1712 de 2014, según el cual son
susceptibles de entrega los datos públicos que reposen en documentos reservados, tal
como también lo ha señalado la Corte Constitucional20.
De las pruebas allegadas a este trámite constitucional, se evidencia que el 15 de
noviembre de 2024 el tutelante le pidió a la Policía Nacional que le informara los nombres
y grados de los uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte que laboraban en el
«convenio interadministrativo suscrito con la ciudad de Santiago de Cali», y le entregaran sus
hojas de vida.
Con Oficio GS-2024-188563/SETRA-38.10 del 29 de noviembre de 2024, el jefe de la
Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali le informó al
peticionario los nombres y los grados de los policías que requirió y le comunicó que no era
dable suministrarle sus hojas de vida, porque era información reservada.
El demandante promovió recurso de insistencia 76001-23-33-000-2024-00802-00, con el
fin de que se ordenara entregarle las hojas de vida de los mencionados uniformados y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con providencia del 3 de diciembre de 2024
declaró bien denegados los documentos, al estimar que si bien la jurisprudencia
constitucional21 señaló que son públicos algunos datos que reposan en documentos
reservados y, por ende, susceptibles de divulgación, el demandante no indicó cuáles
requería, lo que impedía analizar su naturaleza.
Con el propósito de determinar si la providencia censurada incurre en defecto sustantivo,
resulta oportuno advertir que los artículos 15 y 74 de la Constitución Política establecen
que a toda persona le asiste la prerrogativa de recibir información « veraz e imparcial» y de
«acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley», en su orden. Este
último precepto también está contemplado en los artículos 19 (numeral 2 22) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 (numeral 123) de la Convención
Americana de Derechos Humanos (tratados aprobados por Colombia, mediante las
Leyes 74 de 196824 y 16 de 197225, respectivamente).
19 Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de
tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante
de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En
esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las pretensiones
[...].Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la
demanda».
20 Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
21 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
22 «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
23 «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
[…]».
24 «Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos
Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”».
25 «Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969».
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Demandante: Yhon Mario Blanco Uribe
El acceso a la información pública involucra aspectos propios de la democracia
participativa, pues permite que las personas ejerzan control ciudadano a las actividades
que adelantan las autoridades y conozcan los resultados obtenidos por ellas. Cabe
advertir que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1712 de 2014 « […] toda información en
posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado[26] es pública […]», con las excepciones
previstas en el ordenamiento jurídico, como la relacionada con la salud pública y la
seguridad nacional (artículo 19 ibidem).
Ahora bien, la Corte Constitucional27 ha indicado que la limitación al acceso a la
información pública es válida, siempre que se pretenda proteger «bienes
constitucionalmente valiosos, [por lo que debe] estar en armonía con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad», premisa que ha ocasionado tensión entre ese derecho
fundamental y otros, como el de la privacidad, lo que ha obligado al Congreso de la
República a clasificar los datos en aras determinar cuáles conciernen al ámbito privado
del individuo y cuáles pueden ser conocidos por las demás personas.
Dentro de dicha clasificación se encuentra la realizada en la Ley 1266 de 2008 28, en
cuyos artículos 3º y 5º se definieron los datos personales y los sensibles así: el dato
personal es «cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables» y el dato sensible es el «que afecta la intimidad del
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los relativos a la salud».
La jurisprudencia constitucional29 también ha contribuido a fijar criterios que faciliten la
delimitación entre los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de
privacidad, como el de la clasificación de la información, la cual puede ser pública,
semiprivada, privada y reservada.
La información pública hace referencia a la que por mandato del ordenamiento jurídico
no está sujeta a reserva alguna, como los documentos a los que puede acceder cualquier
individuo (providencias judiciales, estado civil, escrituras públicas, etc.).
La información semiprivada alude a los datos que están sujetos a una mínima formalidad
para acceder a ellos (como los relativos al comportamiento financiero de las personas).
La información privada comprende aquella que está relacionada con el ámbito personal
y solo puede obtenerse por orden judicial, condición que tienen los libros de los
comerciantes, datos obtenidos en una inspección judicial, entre otros documentos.
Por último, la información reservada hace referencia a los datos que « por su estrecha
relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra
reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial
en el cumplimiento de sus funciones. Como por ejemplo, “los datos sobre la preferencia sexual
de las personas, su credo ideológico o político, su información genética, sus hábitos”30»31. Es de
anotar que la autoridad que invoque el carácter de reservada de la información debe
justificar su negativa de entregarla en la necesidad de proteger otros bienes32.
En lo concerniente a la información que obra en las hojas de vidas, el artículo 24 de la
Ley 1755 de 2015 prevé que es reservada la relacionada con la privacidad e intimidad
personal, norma sobre la cual la cual Corte Constitucional33 precisó que «no todos los
datos que reposan en las hojas de vida […] están cobijados por la reserva, sino solamente
aquellos que tocan con el ámbito privado e íntimo de las personas, que se ha considerado
26
Condición de tienen todas las entidades públicas y demás personas señaladas en el artículo 5º ibidem.
27 Sentencia C-540 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
28 «Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales»
29 Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2018, M. P. Carlos Bernal Pulido.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-602 de 2016.
31 Corte Constitucional, sentencia T-114 de 2018, M. P. Carlos Bernal Pulido.
32 Corte constitucional, sentencia C-540 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
33 Sentencia C-951 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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como datos sensibles. Por el contrario, no estarán sujetos a reserva aquellos datos que tengan
relevancia pública y no encajen en la categoría de datos personales sensibles».
En ese orden de ideas, como es posible que en un documento reservado se consigne
información pública, la jurisprudencia constitucional34 ha señalado que en esos casos la
autoridad debe analizar los datos y determinar si son sensibles o no, y en caso afirmativo,
justificar en debida forma esa inferencia, lo que podría conllevar a publicarla de manera
parcial, conforme al artículo 2135 de la Ley 1712 de 2014.
Es de anotar que el deber de justificar la negativa de entregar información está previsto
en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, que señala que «[l]e corresponde al sujeto obligado
aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe
permanecer reservada o confidencial», premisa de la que se colige que la autoridad que se
rehúse a suministrar algún dato solicitado está en la obligación de expresar las razones
por las que no es público, tal como también lo ha indicado la Corte Constitucional36, pues
con ello se garantiza (i) el principio de máxima divulgación de que trata el artículo 2º37 de
la Ley 1712 de 2014, en virtud del cual toda información pública debe ser publicitada en
aras de que sea conocida; y (ii) que los solicitantes diluciden que esa negativa no
involucra arbitrariedad administrativa por ser racional y proporcional.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala encuentra que en la providencia
cuestionada se concluyó que en las hojas de vida pedidas por el actor podrían
consignarse tanto información sensible como pública y esta era susceptible de
divulgación, conforme a la jurisprudencia constitucional38, sin embargo, señaló que como
el tutelante no especificó cuáles datos requería, no era dable analizar su naturaleza.
En atención a lo anterior, se evidencia que la autoridad judicial accionada advirtió de
manera acertada el criterio jurisprudencial según el cual debe analizarse la naturaleza de
cada uno de los datos que reposan en las hojas de vida, para determinar si son sensibles
o públicos (los cuales son susceptibles de divulgación).
No obstante, la Sala estima que el argumento en virtud del cual se desestimó el recurso de
insistencia (omisión del peticionario de indicar cuáles datos requería de las hojas de vida),
desconoce el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, que indica que es la autoridad la
encargada de justificar suficientemente la negativa de entregar información (así no sea
discriminada por el peticionario), pues no advirtió que en virtud de dicha norma y de la
sentencia de constitucionalidad C-951 de 2014, esa carga debió cumplirla la Seccional de
Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali (y no el actor), lo cual, dicho sea
de paso, no hizo, pues no estudió la naturaleza de los datos allí consignados para
establecer cuáles eran sensibles y cuáles públicos.
Asimismo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca impuso un requisito al peticionario
que no está contemplado en el sistema normativo para que proceda el análisis de la
naturaleza de los datos que reposan en documentos reservados, a saber, especificar
cuáles requiere, lo que además de desconocer la precitada norma y la aludida sentencia
de constitucionalidad, contraría el principio de la hermenéutica jurídica según el cual
«donde el legislador no distingue, no es dable hacerlo al intérprete».
Así las cosas, en la providencia cuestionada se relevó injustificadamente a la autoridad
administrativa de su obligación de cumplir una carga argumentativa que permitiera
34 Corte Constitucional, sentencia T-254 de 2024, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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«En aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por
una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva
únicamente de la parte indispensable. La información pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá
ser entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento público […]».
36 Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 2022, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
37 «Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o
limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley».
38 Corte Constitucional, sentencia T-254 de 2024, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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advertir que la negativa de suministrar las hojas de vida pedidas por el actor no era
arbitraria a caprichosa, presupuesto que, se insiste, no cumplió la Seccional de Tránsito
y Transporte de la Policía Metropolitana de Cali en los Oficios GS-2024-183318/SETRA-
MECAL 13.0 del 20 de noviembre de 2024 y GS-2024-188563/SETRA-38.10 del 29 del
mismo mes y año, pues en ellos no se estudió la naturaleza de los datos que obraban en
dichos documentos.
En virtud de lo anterior, la Sala constata que le asiste razón al demandante al señalar que
la providencia cuestionada desconoció el principio de máxima divulgación de que trata el
artículo 2º de la Ley 1712 de 2014 (lo que comporta defecto sustantivo), pues con un
argumento carente de sustento jurídico contrarió el mandato según el cual toda información
pública, así repose en documentos reservados (como la hoja de vida), debe ser
publicitada en aras de que sea conocida39 para que se ejerza control a la actividad
administrativa.
Asimismo, se constata que la providencia cuestionada también adolece de defecto
sustantivo por desatender la sentencia de constitucionalidad C-951 de 2014, en la que se
indicó que la autoridad (y no el peticionario) debe cumplir una carga argumentativa
suficiente cuando se niega alguna información, «pues impide que tal decisión sea meramente
discrecional y arbitraria», regla en virtud de la cual el tribunal demandado debió advertir
que la negativa de entregarle al actor las hojas de vida que reclamó no se justificó en
debida forma, pues debía analizarse cada dato que allí se registra (que corresponde a
los del formato registrado en el Sistema de Información de Gestión Pública [SIGEP]) para
determinar su naturaleza.
Así las cosas, la Sala (i) amparará el derecho fundamental de acceso a la información
pública del accionante, (ii) dejará sin efectos la providencia cuestionada y (iii) le ordenará
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia en la que resuelva el recurso
de insistencia 76001-23-33-000-2024-00802-00 en atención a las consideraciones aquí
expuestas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación de los directores general de Policía Nacional
y de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali de este trámite constitucional,
conforme a la motivación.
2. Amparar el derecho fundamental de acceso a la información pública del señor Yhon
Mario Blanco Uribe. En consecuencia, se dispone:
3. Dejar sin efectos la providencia del 3 de diciembre de 2024, con la que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desató el recurso de insistencia 76001-23-33-000-
2024-00802-00.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los 15 días
siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una sentencia de reemplazo en
la que resuelva nuevamente el precitado recurso de insistencia, de conformidad con
las consideraciones expuestas en esta providencia.
5. Declarar improcedente la acción de tutela frente a las demás pretensiones del
tutelante, de acuerdo a la motivación.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 2022, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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6. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
8. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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