Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06763-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de febrero de 2025
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06763 00
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06763 00
Demandante: Luz Celly Suárez Franco
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por
desconocimiento del precedente. Reparación directa. Caducidad
del medio de control por responsabilidad del Estado por delitos de
lesa humanidad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Luz Celly Suárez Franco, por intermedio de apoderada judicial, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la
reparación integral, los cuales considera conculcados por el Tribunal Administrativo del
Cauca con la expedición de la sentencia núm. 164 del 1.° de agosto de 2024, que
confirmó el fallo núm. 085 del 28 de junio de 2022, emitido por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Popayán, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 19001 33 33 009
2017 00337 00.
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Demandante: Luz Celly Suárez Franco
Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia y ordenarle al mencionado tribunal proferir una decisión de reemplazo,
teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente, los instrumentos de
derechos humanos y el corpus juris de lesa humanidad y sus efectos en la caducidad
de las acciones administrativas.
1.1.2. Los hechos
De acuerdo con el escrito de tutela, se tienen como elementos fácticos relevantes, los
siguientes:
i) La señora Luz Celly Suárez Franco y otros instauraron demanda de reparación
directa contra la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional), por la falta de
acción de la entidad frente a los hechos sucedidos entre el 11 y el 12 de abril de 2001,
en la zona del alto Naya (departamento del Cauca), cuando un grupo paramilitar que
había empezado operaciones en la zona un mes antes, interrogó, torturó y asesinó a
varios residentes, incluido el señor Daniel Suarez Franco, quien falleció el día 10 de
abril de 2001 a causa de las heridas infringidas con arma blanca.
Sobre el particular, aclaró que el Ejército Nacional tenía conocimiento del peligro que
corrían los habitantes, pues, tanto la Defensoría del Pueblo como diversas
organizaciones de Derechos Humanos habían alertado tempranamente a las
autoridades sobre una posible incursión paramilitar en el territorio y, aun así, no hubo
respuesta por parte de dicha fuerza.
ii) El asesinato del señor Daniel Suárez Franco (q. e. p. d.) significó para su núcleo
familiar una pérdida importante, no solo desde el punto de vista económico, sino
también moral y social.
iii) El 11 de abril de 2003, la Defensoría del Pueblo en Santander de Quilichao
(Cauca) declaró ante la prensa que la población local había solicitado protección a las
autoridades de manera reiterada en diciembre de 2000 mediante organizaciones
defensoras de Derechos Humanos, las cuales hicieron denuncias previas sobre la
presencia de paramilitares en la zona y que, pese a las advertencias, el Ejército
Nacional no se hizo presente para repeler el ataque.
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Por el contrario, se evidencia que estos custodiaron la entrada de los grupos
paramilitares a la región del Naya, pues el área de incursión de los hombres armados
se encuentra a 20 minutos de la base militar que estableció la Tercera Brigada del
Batallón Pichincha, en el municipio de Timba (Cauca), y no fueron adoptadas
oportunamente las medidas necesarias para evitar el desenlace, facilitando con su
omisión la movilización que arrasó con la zona.
iv) El Juzgado Noveno Administrativo de Popayán, mediante la sentencia del 28 de
junio de 2022, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa conforme a reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado proferida el 29 de enero de 2020.
v) El 1.° de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó el fallo
de primer grado, arguyendo que, en vista de que los demandantes iniciaron los trámites
para la declaración de hechos victimizantes en distintas fechas —que varían entre el
1.° de febrero de 2002 y el 27 de octubre de 2024—, resulta razonable concluir que
fue a partir del inicio de las respectivas peticiones de ingreso al Registro Único de
Víctimas que ellos tuvieron conciencia de las gestiones administrativas y judiciales que
podrían instaurar en procura de resarcir los perjuicios sufridos.
Por lo tanto, estimó que la parte actora tenía la oportunidad de iniciar su reclamación
judicial hasta el 28 de octubre de 2016; empero, el término fue ampliamente superado,
pues la conciliación prejudicial se interpuso hasta el 2 de febrero de 2017, lo cual
demuestra la existencia del fenómeno de caducidad.
De igual modo, indicó que existe un tercer momento que amplía el plazo a partir del
cual se podría contabilizar el término de caducidad en el sub lite y que ofrece un
escenario más beneficioso para los demandantes, esto es, la ejecutoria de la sentencia
SU-254 de 2013, ocurrida el 22 de mayo de 2013. Por ende, tomada esa fecha, el
plazo máximo de presentación del medio de control fenecía el 23 de mayo de 2015, lo
cual, confrontando con la actuación de la conciliación prejudicial sucedida el 2 de
febrero de 2017, confirman el vencimiento del referido término perentorio.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela, defecto invocado
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La apoderada de la señora Luz Celly Suárez Franco indicó que la sentencia
cuestionada incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente, bajo las
siguientes consideraciones:
i) Con fundamento en las definiciones de delito de lesa humanidad y su
característica de imprescriptible, es dable concluir que el asesinato del señor Daniel
Suárez Franco a manos de grupos paramilitares en abril de 2001, en la Región del
Naya (departamento del Cauca), y el posterior desplazamiento de su familia por causa
de la violencia en la zona, tienen dicha connotación: tal como se desprende de las
pruebas allegadas, pues se trató de un ataque sistemático y fue perpetrado contra la
población civil. Por lo tanto, en su caso particular, al tratarse de un delito de esa
naturaleza, debió aplicarse directamente el artículo 25-1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
ii) Ahora, si bien es cierto que la nueva postura del Consejo de Estado, fijada en
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, consiste en que el término de
caducidad es el señalado por el legislador y debe contarse a partir de la fecha en que
los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado (salvo en el
caso de la desaparición forzada, que cuenta con una regulación legal expresa), y que
dicha jurisprudencia no establece un término de caducidad diferenciada para los
delitos de lesa humanidad, también lo es que el medio de control fue presentado con
anterioridad a la adopción de la nueva postura jurisprudencial.
Por lo tanto, en el caso sub examine, la aplicación retroactiva de la referida providencia
carece de justificación, lo que lleva a impedir a los allí demandantes a obtener un
pronunciamiento de fondo acerca de sus pretensiones. Dicho de otro modo, adujo que
los cambios jurisprudenciales, aunque no son ilegítimos, no pueden aplicarse de dicha
manera cuando atentan contra las garantías procesales, como sucedió en este caso.
iii) De otro parte, precisó que la caducidad de la acción administrativa debe
estudiarse a la luz del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos
y no necesariamente en virtud de la prescripción de la acción penal, por lo que no se
entiende por qué tanto en la primera como en la segunda instancia se insiste en que
el término de caducidad de la acción de reparación directa solo puede extenderse
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cuando se trata de la participación directa de los miembros del Estado en los hechos
constitutivos del delito de lesa humanidad y/o cuando, mediante un proceso penal o
de otra naturaleza, los demandantes sean informados sobre la participación de
agentes del Estado en dicho delito.
iv) Por otra parte, indicó que el legislador no ha incorporado ninguna regla para fijar
el cómputo de la caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad; ausencia
que es resaltada por la primera y la segunda instancia. Sin embargo, nada obsta para
que el juez de lo contencioso-administrativo inaplique la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y, en su lugar, aplique directamente el
artículo 25-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello en aras de
asegurar la protección y el respeto de los derechos fundamentales de las víctimas, la
cual encuentra sustento en la cláusula general de responsabilidad del Estado (artículo
90 Constitucional) y en el bloque de constitucionalidad (artículo 93 Constitucional), que
insta al juez administrativo a asumir un papel activo en la armonización del derecho
interno con arreglo a los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
v) Los efectos jurídicos de un crimen de lesa humanidad no se circunscriben a la
imprescriptibilidad de las acciones penales, sino que alcanzan también la caducidad
de las acciones civiles.
vi) El tribunal no debió aplicar la sentencia SU 254 de 2013 de la Corte
Constitucional, puesto que dicha providencia no se ocupó de valorar los efectos de la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad sobre la caducidad de las
acciones administrativas, que es justamente el problema jurídico del caso concreto.
Además, como se señaló anteriormente, la decisión de segunda instancia no se
preocupó siquiera por incluir la noción de este tipo de delitos como factor relevante en
el planteamiento del problema jurídico e ignoró, además, la muerte del señor Daniel
Suarez Franco.
vii) Se debió aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de Órdenes Guerra y otros vs. Chile del 29 de noviembre de 2018,
el cual resulta vinculante para el juez administrativo en virtud del bloque de
constitucionalidad del artículo 93 superior.
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viii) Así mismo, adujo que debieron tenerse en cuenta diversas decisiones internas,
tales como: los autos del 17 de septiembre de 2013 y 30 de marzo de 2017, proferidos
por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, bajo los radicados 25000
23 26 000 2012 00537 01 (45092) y 25000 23 41 000 2014 01449 01; la sentencia del 6
de mayo de 2015, de la Subsección C de la referida Sección Tercera, con el radicado
54001 23 31 000 1995 09295 01 (31326); el auto del 11 de mayo de 2017, emitido por
la Subsección A, en el expediente 25000 23 36 000 2016 01314 01(58217); y la
sentencia de la Corte Constitucional T-352 de 2016.
1.3. Actuación procesal
Mediante auto del 13 de diciembre de 2024, el despacho ponente admitió la demanda
de tutela de la referencia y ordenó notificar personalmente, como accionados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cauca y al Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Popayán. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con
interés en las resultas del proceso, de los señores Bernardo Suárez, Daniel Stiven
Suárez Dizu, Juan Carlos Suárez Franco, María Ludivia Franco de Suárez y a la
Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional).
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. La señora María Ludivia Franco de Suárez, Juan Carlos Suárez; Jong Jairo
Suárez Franco; Luz Dary Suárez Franco, Daniel Stiven Suárez Dizu, Campo Elías
Suárez Franco y Martha Cecilia Suárez Franco, allegaron memoriales en los que
coadyuvaron las pretensiones de la demanda de tutela de la referencia. 1
1.4.2. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional2 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, dado que el asunto no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, en tanto que la parte actora pretende discutir asuntos que ya
fueron definidos por los jueces ordinarios, como si se tratara de una tercera instancia.
Así mismo, explicó que, contrario a lo manifestado por la parte actora, no es cierto que
antes del 2016 la jurisprudencia fuera pacífica en cuanto a la imprescriptibilidad de los
1 Índices 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ibidem.
2 Índice 19, ibidem.
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delitos de lesa humanidad en materia de lo contencioso-administrativa, pues a partir
del 10 de febrero de 2016,3 el Consejo de Estado ya había dicho lo contrario.
1.4.3. El Tribunal Administrativo del Cauca,4 a través del magistrado Marino Coral
Argoty, solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de
que el juicio llevado por él partió del análisis sistemático e íntegro de todas las piezas
procesales entregadas al plenario frente a las subreglas jurisprudenciales aplicables,
las cuales indicaban que el fenómeno extintivo había operado en contra de las
pretensiones de los demandantes, quienes no sustentaron ni demostraron condiciones
de exclusión socio-económicas que pudieran afectar las circunstancias bajo las cuales
pudieran haber obtenido información suficiente para la defensa de sus derechos. Así
pues, conforme a lo expuesto, en suma con los demás elementos que componen tanto
la sentencia como el expediente del asunto, se puede evidenciar que la Sala de
Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca ha actuado conforme a lo previsto en
el ordenamiento jurídico, profiriendo una sentencia motivada bajo el amparo del
ordenamiento legal.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 1.° de agosto de 2024,
3 Citó la sentencia del 10 de febrero de 2016, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
bajo el radicado 05001 23 33 000 2015 00934 01, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón.
4 Índice 20 del aplicativo SAMAI.
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proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el medio de control de
reparación directa con radicación 19001 33 33 009 2017 00337 00.
En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la buena
fe y a la reparación integral, como consecuencia del incumplimiento de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional5 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,6 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
5 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
6 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,7 unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20148 se acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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2.5.1. Criterios para determinar la existencia del desconocimiento del
precedente jurisprudencial
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente,9 vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a
tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente16; b) que se trate de un problema
jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del
asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o planteen un punto
de derecho semejante al que se debe resolver con posterioridad.10
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o magistrado
a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que
hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o
por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona
con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.11
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los
funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
9 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
11 Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
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Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.12 Sin embargo,
en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios
hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.13
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención
a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las siguientes reglas:
«(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no
pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido
(principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria,
mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales
consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas
por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».14
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en
virtud del respeto a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.15
De otra parte, en la sentencia SU 332 de 2019,16 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las Altas Cortes y para el efecto señaló:
12 Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
13 Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
16 Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña), T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
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Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el
vertical, para lo cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere
el fallo que se tiene como referente. En esa medida, el precedente horizontal
hace referencia al respeto que un juez debe tener sobre sus propias
decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía, mientras que, el
vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las instancias
superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la jurisprudencia.
16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana
de los altos tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y
unificador que busca realizar los principios de primacía de la Constitución,
igualdad, confianza legítima y debido proceso. Adicionalmente, se considera
indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del sistema.
2.5.2. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
En la sentencia del 29 de enero de 2020,17 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado.
La Sala de decisión procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en materia
penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra daba lugar a interferir
en el cómputo del término de caducidad para demandar en reparación directa frente a
tales conductas.
Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna, en materia de
imprescriptibilidad penal y caducidad en el medio de control reparación directa, advirtió
que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se
mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que en materia
de reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente con
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29
de enero de 2020, consejera
ponente Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
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elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.
Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política.
De esta forma, señaló la corporación i) que, en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el término
para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que
el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.
2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto.
En primer lugar, se debe indicar que la acción de tutela de la referencia cumple con
todos y cada uno de los requisitos generales de procedencia, a saber:
i) Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que, contra la
providencia de segunda instancia, objeto de la acción de tutela, no proceden otros
medios ordinarios de defensa ni las causales especiales para la instauración de los
recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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ii) Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan
coherencia lógica y temporal.
iii) La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, en
tanto que la providencia censurada se profirió en segunda instancia en el medio de
control de reparación directa.
iv) El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia en conexidad con los derechos a la verdad, justicia y reparación integral como
consecuencia del incumplimiento de los precedentes jurisprudenciales del Consejo de
Estado y la Corte Interamericana de DDHH, lo cual permite evidenciar una posible
restricción desproporcionada respecto de esta garantías, aspecto que es suficiente
para considerar que se cumple con este presupuesto.
v) Se presentó con inmediatez pues la sentencia de segunda instancia del 11 de
agosto de 2024 quedó ejecutoriada el 23 de agosto siguiente18 y la acción de tutela se
instauró el 9 de diciembre de 2024.19 Por lo tanto, se satisfacen los parámetros fijados
por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no
debe sobrepasar los seis meses.
En segundo lugar, una vez definido lo anterior, en el sub lite, pretende la accionante la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la reparación
integral, como consecuencia del incumplimiento de los precedentes jurisprudenciales
del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de DDHH sobre la imprescriptibilidad
de los delitos y acciones administrativas derivadas de los delitos de lesa humanidad,
por parte del Tribunal Administrativo del Cauca, con la expedición de la sentencia del
1.° de agosto de 2024, en la que se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa que instauró, junto con otras personas, con motivo del asesinato del
señor Daniel Franco Suárez (q. e. p. d.) a manos de grupos paramilitares.
18 Índice 17 de Samai. Documento «22RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_18122024z(.zip)».
19 Índice 2, ibidem.
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Al respecto, alega el accionante que el referido tribunal aplicó la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que no estaba vigente para el momento en que
interpuso la demanda y, por ende, en el asunto no debía contabilizarse la caducidad
con fundamento en las pautas que se trazaron en el citado pronunciamiento, toda vez
que dicha corporación, de forma reiterada ha señalado que los cambios
jurisprudenciales no pueden ser retroactivos cuando atentan contra las garantías
procesales de los usuarios de la administración de justicia.
Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Tribunal
Administrativo del Cauca, para analizar el ejercicio oportuno de la acción, en efecto,
trajo a colación la pluricitada sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y
concluyó que, con base en dicho pronunciamiento, el punto de partida para contar el
término para el ejercicio válido del medio de control en asuntos de lesa humanidad es
aquel en el cual las víctimas tuvieron serias posibilidades materiales de ejercer el
derecho de acción, supuesto que no comporta conocer a ciencia cierta los autores del
hecho generador del daño para poder acceder a la justicia.
En ese sentido, el tribunal precisó que los accionantes tuvieron tres momentos a partir
de los cuales tomaron conciencia sobre lo sucedido con el señor Daniel Suárez Franco
(q. e. p. d.), a saber: el primero, el día en que lo asesinaron en el 2001; el segundo, a
partir de que iniciaron los trámites en el Registro Único de Víctimas, lo cual sucedió en
distintas fechas, comprendidas entre el 1.° de febrero de 2002 y el 27 de octubre de
2014; y, el tercero, y más favorable para ellos, a partir de la ejecutoria de la Sentencia
SU-254 de 2013, ocurrida el 22 de mayo de ese año. No obstante, en ninguno de los
casos, la actora y los coadyuvantes acudieron a la jurisdicción dentro de los 2 años
siguientes.
Al respecto, se debe precisar que, si bien en anteriores oportunidades esta Subsección
ha tenido en cuenta la fecha de presentación de la demanda para examinar la
aplicabilidad del precedente judicial fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020 por
la Sección Tercera de esta corporación, el criterio actual de la Sala es el definido en el
fallo del 23 de mayo de 2024, emitido dentro del expediente de tutela 11001 03 15 000
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2023 07406 01,20 en el cual se estableció lo siguiente:
«En las providencias citadas se consideró que ante la falta de modulación de los
efectos en el tiempo de la sentencia de unificación de 20 de enero de 2019, (sic)
se debía acoger la posición mayoritaria vigente para la época, según la cual la
acción para reclamar la reparación de daños derivados de delitos de lesa
humanidad es imprescriptible.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta la que (sic) en la sentencia T-044 de 14
de febrero de 2022, (sic) La Corte Constitucional analizó un caso en el que se
cuestionó la aplicación de los efectos en el tiempo de la referida sentencia de
unificación, que permite replantearse la decisión de dar por demostrado el
desconocimiento del precedente. Al respecto señaló:
«78. Efectos temporales de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, para
los efectos del presente proceso. En el fallo de unificación nada se dijo sobre los
efectos temporales de la decisión. (…)
79. Ante el silencio en el que incurrió el Consejo de Estado, la Sala considera que,
para los efectos del presente caso, el fallo de unificación tiene efectos
retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque darle efectos
retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie
proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
regla general es que los cambios en el precedente judicial tienen efectos generales
e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del Consejo
de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben ser
declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque,
esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección
Tercera. A continuación, la Sala se referirá a cada uno de estos argumentos:
80. La jurisprudencia [contencioso-administrativa] y ordinaria coinciden en que, por
regla general, no es posible otorgar efectos retroactivos a las sentencias (primer
argumento). Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que “la
retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad
e igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por
las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos”. Así, salvo en material
penal, está proscrito el carácter retroactivo del precedente. Lo anterior, sin perjuicio
de la competencia excepcional que les asiste a los jueces de disponer
expresamente lo contrario, siempre que la ley los habilite para tales fines, como
ocurre con las sentencias proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en desarrollo del control abstracto de constitucionalidad, cuyos efectos pueden ser
modulados retroactivamente, en ejercicio de la potestad que establece el artículo
45 de la Ley 270 del año 1996.
(…)
82. En la Sentencia SU-406 del año 2016, la Corte se refirió explícitamente al
cambio del precedente jurisprudencial y su aplicación en el tiempo. En esta
decisión, luego de precisar que “el cambio de una determinada posición
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida
bajo el radicado 11001 03 15 000 2023 07406 01, con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa
Nieves
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jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica una modificación en la
interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada
disposición”, esta Corporación señaló que los nuevos precedentes deben aplicarse
de forma “general e inmediata”; en otras palabras, retrospectivamente. Con todo,
en la misma decisión esta Corporación aclaró que, “no obstante que la aplicación
general e inmediata de un nuevo precedente fijado por un órgano de cierre de la
jurisdicción vincula a la administración de justicia como una garantía del principio
de igualdad, tal regla general no puede pasar por alto el contenido material de la
misma igualdad al que se hizo referencia anteriormente, y que conduce a que cada
situación sea observada a la luz de las circunstancias particulares”.
83. Se trata, entonces, de una regla, en virtud de la cual el cambio de precedente
debe aplicarse de forma inmediata –retrospectivamente–, que impone a los jueces
el deber de valorar las circunstancias particulares de cada caso en el que
pretenden aplicar el cambio jurisprudencial, sobre todo cuando la modificación
supone imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias, así
como también cuando esta tiene incidencia directa en los términos procesales,
notificaciones que se están surtiendo o términos que ya habrían empezado a
correr, entre otros eventos en los que se ha creado para las partes y terceros una
expectativa de actuar de una determinada manera o de no hacerlo. (…)
7.8.2.5. En este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen con la
confianza legítima de que serán aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales
vigentes, que luego serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del
nuevo precedente, sin consideración alguna a esta circunstancia, podría derivar en
el desconocimiento de derechos fundamentales. Esto, en el supuesto de que en
aplicación del cambio jurisprudencial, no se den consecuencias jurídicas a
actuaciones iniciadas bajo el precedente anterior, o que, se atribuyan
consecuencias jurídicas desfavorables en razón a reglas que en su momento no
existían y por tanto no se pudieron evitar.
84. La línea de argumentación transcrita tiene como fundamento los principios de
legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva.
Además, como se dijo en la Sentencia SU-406 de 2016, así como el artículo 624
del CGP establece reglas para aplicar los cambios legislativos y reconoce eventos
en los que no es posible aplicar dichos cambios, aún ante el silencio del legislador;
resulta razonable que, igualmente, los jueces tengan el deber de valorar si la
aplicación de la nueva regla sacrifica intensamente las garantías procesales y
sustanciales, aun ante el silencio en el que incurrió quien determinó el cambio de
jurisprudencia. Así, ante una sentencia de unificación con efectos retrospectivos –
generales e inmediatos–, bien porque así se dispuso en el fallo o en virtud de la
regla sobre los efectos del cambio de jurisprudencia, el cumplimiento del deber de
valorar los parámetros vigentes debe hacerse compatible con los principios
constitucionales, incluso, si ello supone interpretar tales reglas de otra manera o,
incluso, no aplicarlas.
85. Según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, el silencio en el que
se incurre al cambiar las reglas jurisprudenciales supone que el cambio tiene
efectos retrospectivos –generales e inmediatos–, pues los efectos prospectivos del
cambio en el precedente judicial han sido declarados explícitamente (tercer
argumento). En efecto, las cinco secciones de la referida Corporación han optado
por aplicar retrospectivamente los cambios jurisprudenciales y, excepcionalmente,
lo han hecho de forma prospectiva, caso en el cual se hace explícitamente. En este
último caso, algunas de las secciones acuden formalmente a la doctrina
denominada como “precedente anunciado”.
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(…)
89. Nótese que las secciones del Consejo de Estado han optado por hacer explícita
su intención de darle efectos prospectivos a sus decisiones de unificación.
Igualmente, esta Sala considera necesario resaltar que la Sección Tercera,
particularmente, ha optado por guardar silencio cuando considera que las
decisiones unificadoras deben tener efectos retrospectivos –generales e
inmediatos– . De allí que, en criterio de la Corte, el silencio en el que se incurrió al
dictar la sentencia de 29 de enero de 2020, deba ser asumido según la referida
práctica jurisprudencial, sobre todo si se tiene en cuenta lo dicho sobre la regla
fijada en la Sentencia SU-406 de 2016 (supra fj. 83).
90. La mayoría de la Sala Plena de la Sección Tercera consideró que la sentencia
de unificación tiene efectos retrospectivos (cuarto argumento). Pese a que en la
parte motiva del fallo se guardó silencio sobre sus efectos temporales, lo cierto es
que uno de los salvamentos de voto permite suponer cuál fue la tesis mayoritaria
de la Sección Tercera. En efecto, en el salvamento de voto que presentó la
magistrada María Adriana Marín, se lee la siguiente argumentación:
(…) 7. Por lo anterior, no comparto que hoy se aplique de forma retroactiva o
ultractiva la regla unificada, en relación con el conocimiento del daño o la
posibilidad de reclamar, siempre que se hubieran expuesto las razones que los
llevaron a no presentar la demanda dentro del término de caducidad de la acción.
Considero que la decisión de la Sala debió adoptarse como jurisprudencia
anunciada, con efectos hacia el futuro y permitiendo que se reiniciaran los
cómputos de caducidad como lo hizo la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional para los casos de desplazamiento forzado. En otros términos,
brindar un plazo razonable a las víctimas para que pudieran presentar las
correspondientes demandas, una vez conocido el cambio jurisprudencial, más aún
si la posición unificada tiene como propósito fijar una regla que tiende a ser
restrictiva en el acceso a la administración de justicia, puesto que tiende a
privilegiar la seguridad jurídica por encima de otros principios o valores
constitucionales.
Lo anterior, toda vez que una decisión sorpresiva que busca aplicar de forma
exegética la norma de caducidad y, por tanto, restringe su flexibilidad, solo podía
ser aplicada, sin lesionar el derecho de acceso a la administración de justicia,
otorgando un plazo razonable para que las víctimas comprendan las implicaciones
de la unificación.
[…]
92. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, pero no por las razones expuestas por el juez de tutela de segunda
instancia. El ad quem concluyó que “se incurrió en desconocimiento del precedente
alegado, no solo porque se aplicó una postura jurisprudencial que afectó un
presupuesto procesal como el de la caducidad del medio de control que no puede
ni debe verse afectado con los cambios repentinos de la jurisprudencia”
(negrillas propias) y, con fundamento en eso, dejó sin efectos la decisión tutelada.
La Sala se aparta de esa decisión, debido a que el Tribunal Administrativo de
Casanare, como se explicó en esta providencia, no desconoció el precedente
judicial. Además, porque, como se dijo previamente, la sentencia de unificación
aplica desde el momento en el que fue proferida, esto es, a los casos que se
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encontraban en curso y a los iniciados luego de la sentencia de unificación –efectos
retrospectivos–, mas no solo a los procesos iniciados con posterioridad al fallo de
unificación –efectos prospectivos–, como parece haberlo considerado el juez de
tutela ad quem.
93. Sin embargo, más allá de la razonabilidad de los argumentos expuestos por
los magistrados que fungieron como jueces de tutela, tales reflexiones no dan
cuenta de la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Sus consideraciones jurídicas, de un lado, ya habían sido expuestas en los
salvamentos de voto del fallo de unificación y, del otro, no tuvieron acogida en la
mayoría de sus colegas de la Sala Plena de la Sección Tercera. Una cosa es que
los funcionarios mantengan sus disidencias con la decisión mayoritaria e, incluso,
que persistan en que su tesis sea derrotada en los procesos en los que son
ponentes, y otra, diferente, que califiquen la decisión tutelada, en la cual se plasma
el criterio mayoritario de la Sección Tercera, como violatoria del precedente judicial,
pues, es la posición de la mayoría y no la disidente la que constituye precedente
para los efectos del caso en particular, ya que los salvamentos de voto no tienen
fuerza vinculante, claro está, siempre que la misma Corporación,
mayoritariamente, no altere las reglas que ha unificado.
[…]
Aunado a lo anterior, en esa oportunidad, la Subsección consideró que los efectos en
el tiempo de las sentencias de unificación, por regla general, deben darse de forma
inmediata y retrospectiva, salvo que se establezca expresamente un efecto distinto,
bien sea prospectivo o retroactivo, lo cual debe advertirse en el texto de la providencia;
por consiguiente, resulta dable la aplicación de forma inmediata del criterio que se fija
en el fallo unificador.
Por su parte, la Sala también señaló que era indispensable atender las directrices que
la Corte Constitucional traza en la Sentencia SU-406 de 2016, en los casos en que se
produce un cambio de la línea jurisprudencial. Al respecto se pronunció así:
«Sin embargo, se precisa que la Corte Constitucional hizo énfasis en que el cambio
de línea jurisprudencial no se puede aplicar sin tener en cuenta las consideraciones
expuestas en la sentencia de unificación SU 406 de 2016, en la que se señaló que
para efectos de proteger a las partes es necesario realizar un análisis concreto, en
el que se determine si los efectos en el tiempo perjudican de forma
desproporcionada a los ciudadanos, puesto que esta situación puede considerarse
contraria al derecho fundamental al debido proceso. En efecto, en el mencionado
pronunciamiento señaló lo siguiente:
[…]
En este orden de ideas, resulta admisible que, en aquellos casos en que los sujetos
procesales actuaron al amparo del precedente vigente, y con la confianza legítima
de que surtirían los efectos en él previsto, no se apliquen los cambios que deriven
en una afectación de sus derechos fundamentales.
7.8.2.7. La conclusión presentada comparte, en cierto sentido, la posición
sostenida por el Consejo de Estado -Sección Tercera- en relación con el derecho
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de acceso a la administración de justicia en los casos en que un órgano de cierre
ha modificado el criterio sobre la acción idónea para reclamar un derecho. Al
respecto, dicha Corporación definió que “es claro que luego de presentada la
demanda no es razonable ni proporcionado que se sorprenda al demandante con
un intempestivo cambio de criterio”.
[…]
7.8.2.9. Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien la regla
general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido
vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones,
la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios
concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la
jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir
su decisión, debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de
jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos
fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales,
legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de
conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la
jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir
el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta
procesal de las partes»21.
En tal sentido, la Sala estima que para la fecha en que se emitió la providencia del 1.°
de agosto de 2024, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la
caducidad del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, que se halla
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y, por tanto, puede
concluirse prima facie que el Tribunal Administrativo del Cauca estaba en la obligación
de aplicarla dado su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
y en la Sentencia C-836 de 2001.
Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las pretensiones se relacionan con
la reparación de los perjuicios por el homicidio del señor Daniel Suárez Franco (q. e.
p. d.), a manos de grupos paramilitares, lo cual causó perjuicios tanto materiales como
morales a la señora a la señora Luz Celly Suárez Franco y los coadyuvantes
mencionados en el índice 1.4.1 ut supra, el Tribunal Administrativo del Cauca examinó
cada caso concreto para establecer la presentación dentro del término legal del medio
de control de reparación directa, concluyendo que ya había operado la caducidad de
21 «Corte Constitucional, sentencia SU 406 de 4 de agosto de 2016, magistrado ponente: Luis Guillermo
Guerrero Pérez».
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la acción, dado que se demostró los accionantes en el proceso ordinario ya había
adelantado acciones administrativas por circunstancias similares.22
Igualmente, argumentó que ni la accionante ni las demás partes probaron
circunstancia alguna que les impidiera acudir en forma oportuna a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, por tanto, no era posible aplicar la excepción a la
caducidad contemplada en las reglas de unificación del Consejo de Estado, pues la
demanda daba cuenta que en los años 2002 al 2014 ya habían incoado solicitudes a
la administración sobre los hechos derivados de la muerte del señor Daniel Suárez
Franco (q. e. p. d.)
Bajo dichos derroteros, la Sala considera que, no están llamadas a prosperar las
causales de procedibilidad del defecto por desconocimiento del precedente judicial
alegado por la parte actora.
Así las cosas, la Sala estima que la actuación del Tribunal Administrativo del Cauca,
en la sentencia del 1.° de agosto de 2024 no está incursa en una vía de hecho que
vulnere los derechos fundamentales de la parte actora y de los terceros vinculados con
interés directo, pues resolvió el asunto que se sometió a su examen con fundamento
en la normativa y la jurisprudencia relacionada con el fenómeno jurídico de la
caducidad, y en ejercicio de las facultades de autonomía e independencia judicial de
las que está investido el juez de la causa, para decidir los asuntos que se someten a
su arbitrio.
3. Conclusión
22 Cfr. Sentencia impugnada, página 21. «Las constancias procesales indican que existe un segundo
momento en el que los demandantes tomaron conciencia de las herramientas legales de las que
disponían para buscar amparo en las instituciones públicas destinadas a tratar el fenómeno del
desplazamiento y atender a las víctimas del conflicto armado interno, esto es, la solicitud de su inclusión
en el Registro Único de Víctimas de la UARIV, con miras a dejar constancia de su condición y postular
para recibir los beneficios socio-económicos de los programas y políticas públicas dispuestos por el
ejecutivo. Es así como está comprobado que los demandantes iniciaron los trámites con su declaración
de hechos victimizantes en distintas fechas que varían desde el 1 de febrero de 2002, hasta el 27 de
octubre de 2014 y teniendo en cuenta que, según las constancias oficiales, algunos de los actores
recibieron indemnizaciones a manera de compensación y subsidios por conceptos de atención
humanitaria, resulta razonable declarar que fue a partir del inicio de las respectivas peticiones de ingreso
al RUV, que ellos tuvieron conciencia de las gestiones administrativas y judiciales que podrían instaurar
en procura de resarcir los perjuicios sufridos».
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Demandante: Luz Celly Suárez Franco
Con sustento en los anteriores argumentos la Sala denegará el amparo de los
derechos fundamentales de la señora Luz Celly Suárez Franco.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo de los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la reparación
integral de la señora Luz Celly Suárez Franco y de los terceros con interés directo en
las resultas del proceso.
Segundo. En caso de no impugnarse la anterior decisión, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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