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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06766-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06766-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo invocado por el señor Carlos Orlando Caro Sánchez, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06766-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

6 de febrero de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06766-00
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06766-00
Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en proceso de reparación
directa. Ausencia de defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada por el señor Carlos Orlando Caro
Sánchez en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

El accionante presentó como pretensiones, las siguientes:

PRIMERO: Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, […] defensa y
acceso a la administración de justicia, por el defecto fáctico consistente en la parcializada
e indebida valoración probatoria trasgredidos por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C-, proferir
una sentencia de reemplazo, haciendo una correcta valoración probatoria que avala la
existencia de la industria de lavado de zanahoria y papa, en especial, inspección judicial,
el dictamen pericial y los documentos que respaldan la puesta en funcionamiento de
dicho negocio, confirmando la sentencia de primera instancia.

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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Presentó demanda de reparación directa en contra del Consorcio Solarte Solarte S.
A. (CSS Constructores S. A.) y del Instituto Nacional de Concesiones INCO (hoy Agencia

Nacional de Infraestructura), para que se les declarara administrativa y
extracontractualmente responsables por los daños y perjuicios causados al ocupar de
manera permanente un predio de su propiedad, dada la construcción de la doble
calzada en la concesión Briceño – Tunja – Sogamoso.

ii) Con la referida obra se destruyó un nacimiento de agua y se obstruyó en su totalidad
el acceso a la vía principal del predio, lo que le impidió continuar con el uso y goce de
su propiedad y con el negocio que tenía de lavadero de zanahoria y de papa, además
de afectar su subsistencia.

iii) Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Despacho n°. 004, concedió las pretensiones de la demanda, y condenó
solidariamente al extremo demandado a pagar, en concreto, el valor correspondiente
a la franja de terreno ocupado, avaluada en $22.377.550; y, en abstracto, a título de
daño emergente, el valor de la afectación a la infraestructura del negocio de lavado de
tubérculos, y en la modalidad de lucro cesante, lo dejado de percibir en el negocio, por
el término de seis meses.

iv) El Tribunal arribó a dicha determinación, luego de un análisis probatorio congruente,
a partir del cual encontró demostrada la existencia de su negocio de lavadero de
zanahoria; que con la construcción de la doble calzada se vio afectado un nacimiento
de agua y un reservorio; que tenía los permisos correspondientes para desarrollar su
negocio; y que el Consorcio Solarte Solarte tomó una mayor proporción del predio de
la que fue la acordada.

v) A través de sentencia del 22 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de
declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Agencia Nacional de

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Infraestructura por los perjuicios causados y, en consecuencia, la condenó a pagar, en
la modalidad de perjuicios materiales por daño emergente, el valor de la franja de
terreno sujeto a ocupación permanente, valorado en la suma de $34.346.637; ordenó
que la titularidad del predio, en concordancia con el área de ocupación delimitada en
la inspección judicial del 3 de febrero de 2015, pasaría a nombre del Invías, siendo la
sentencia el título traslaticio de dominio; y negó las demás pretensiones de la
demanda.

vi) El juez de segunda instancia negó las pretensiones de reconocimiento del daño
emergente y lucro cesante por la imposibilidad con la que quedó para continuar
desarrollando su negocio de lavado de zanahoria, en especial, cuando la obra de la
doble calzada se terminó hasta el 2017 y durante dicho lapso no fue posible ingresar
al predio ni llevar a cabo dicha actividad.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

En sentir de la accionante, el fallo del juzgador de segunda instancia incurrió en un
«defecto fáctico», por indebida valoración de las pruebas obrantes en el plenario, con
las cuales demostró los perjuicios materiales reclamados en la modalidad de daño
emergente y lucro cesante, por afectación de su negocio de lavado de tubérculos.
Argumentó lo siguiente:

i) Lo concluido por el Consejo de Estado es parcializado y no obedece a una valoración
de la totalidad del acervo probatorio, pues si se revisa en detalle el expediente, se
encuentra:

a) Que las Resoluciones 359 del 27 de mayo de 2007 y 69 del 15 de marzo de 2011,
expedidas por Corpochivor, le otorgaron permiso de vertimientos para desarrollar la
actividad de industrias de lavado de zanahoria y papa en el predio San Martín.

b) Que en el registro mercantil expedido en el año 2011 se evidencia que el lavadero
de zanahoria y papa funcionaba desde el año 2009, situación distinta es la fecha en
que se emitió dicho documento, circunstancia que da cuenta del error en que incurrió
el fallador de segunda instancia.

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c) Que la Inspección judicial y el dictamen pericial acreditan la existencia de un
lavadero de zanahoria, y que con las obras adelantadas para la construcción de la
doble calzada se afectó el nacimiento de agua y el reservorio, lo cual le impidió
continuar desarrollando su negocio de lavado de zanahoria y papa, pues para
mantenerlo activo tendría que construir un pozo profundo. Con esta prueba el juez de
primera instancia halló demostrado que en el predio 070-81626 se encontraba la
infraestructura del negocio del lavado de zanahoria (máquinas, tanques, etc.), y que el
consorcio Solarte y Solarte había tomado una mayor extensión del predio San Martín
a lo ofertado para doble calzada y encontró un vallado que impedía de manera directa
el ingreso al referido bien inmueble.

El juzgador de segunda instancia tan solo se centró en valorar los documentos del
Consorcio Solarte Solarte que datan del año 2009 y que se limitan a la verificación de
la ficha predial, esto es, al contenido de la ficha técnica del predio elaborada por
Camacol, y, en las demás, generó confusión cuando en unos apartes señala que no
se prueba la existencia de dicho negocio en el predio San Martín y en otras, hace
referencia a que sí existe, pero no en el año 2006 a 2009 y subsiguientes; que el predio
San Martín donde está la lavadora de zanahoria no es el afectado, cuando más
adelante afirma que sí, que ese es el predio, pero que los permisos se concedieron
para otro predio; y que no existe un nacimiento de agua, citando el concepto técnico
emitido por Corpochivor en el año 2006, cuando, contrariamente, en este sí se señala
su existencia. El fallador de segunda instancia señaló de manera equivocada que el
Tribunal dio por sentado la existencia del negocio de zanahoria con dicho informe; lo
cual no es cierto, si se tiene en cuenta que en dicho informe se hace referencia a la
existencia del nacimiento de agua en su predio y que los vecinos lo estaban afectando
con su negocio de zanahoria.

Es de advertir que el concepto técnico emitido el 2 de mayo de 2006, por el ingeniero
sanitario contratista de Corporchivor, se derivó de una queja que presentó porque los
hermanos Sánchez Garay ―quienes también tenían un negocio de zanahoria―,
estaban generando afectación en el nacimiento de agua de su predio. Allí se hizo la
siguiente recomendación: «Se recomienda que se ordene la suspensión inmediata del
vertimiento líquido que causa afectación al reservorio y nacimiento en el predio de

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Demandante: Carlos Orlando Caro Sánchez

Orlando Caro S., producido por el lavadero de zanahoria a cargo de Virgilio Sánchez
Garay [...] y José Patrocinio Sánchez Garay [...], en concordancia con lo establecido
en el literal a, del artículo 91 del Decreto 1594/84.». Es decir, se ordenó a los hermanos
Sánchez Garay la suspensión inmediata del vertimiento líquido que causa afectación
al reservorio y nacimiento en el predio de Orlando Caro S.

En lo referente a Camacol, se advierte que la ficha técnica expedida por dicha empresa
certificó que su predio tenía 3.500 metros cuadrados, lo cual no es real, porque según
la inspección judicial, se pudo constatar que el remanente del predio que le quedó
comprende un área de 736,28 metros cuadrados y que el área del lote efectivamente
ocupado fue de 1.482,20 metros cuadrados (datos tomados de la sentencia de primera
instancia en el numeral 3.3.3.3.), sumadas las dos, da un total de 2.218,58 metros
cuadrados, lo que conlleva a que la ficha Camacol estaba equivocada y por lo mismo,
no podía ser tenida en cuenta.

d) Que las fotografías aportadas con la demanda evidencian que, en el desarrollo de
la obra, a medida que iban cavando, seguía saliendo agua, lo que determina la
existencia de su nacimiento y que, con ello, se afectó el uso de la máquina lavadora
de zanahoria, ya que esta requiere de agua para funcionar y así lo concluyó el a quo,
por lo que se puede apreciar que sí existió un daño por concepto de lucro cesante.

e) Que aportó pruebas documentales con las que se demostró que antes de llevar a
cabo el trámite de enajenación voluntaria, solicitó el Consorcio Solarte Solarte que se
reconsidera la oferta de compra, comoquiera que allí desarrollaba el negocio de lavado
de zanahoria, es decir, se hizo referencia a dicho negocio, a fin de que se mejorara la
oferta por el daño que le causaba. El predio afectado con la construcción de la doble
calzada se denomina San Martín y las negociaciones surgidas con el consorcio Solarte
Solarte se llevaron a cabo aproximadamente en el año 2010. En ese sentido, se
contradijo el Consejo de Estado.

ii) No está solicitando realizar una nueva valoración probatoria, sino poniendo en
evidencia que en la sentencia de segunda instancia se hizo un valoración parcializada
de las pruebas, al desconocer: a) la actividad que desarrollaba y que contaba con los
permisos correspondientes para ello, b) que las demandadas sabían de la existencia

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de dicho negocio, c) que conforme se analizó en la sentencia de primera instancia,
afectaron su negocio, pues al destruirse el nacimiento de agua quedó si un afluente
hídrico para desarrollar la actividad, y d) que durante el tiempo de construcción no
pudo desarrollar su actividad con la máquina lavadora de zanahoria; lo que evidencia
unos daños y dan lugar a un reconocimiento de perjuicios materiales por daño
emergente y lucro cesante.

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 13 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar del proveído a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, como demandados, y al CSS Constructores S. A., al Instituto Nacional de
Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), y al Consorcio Solarte y Q. B.
E. Seguros S. A., como terceros interesados en las resultas del proceso, remitiéndoles

copia de la solicitud de tutela para que, dentro del término de tres días, y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe; y se requirió al Tribunal
Administrativo de Boyacá para que enviara copia digital del expediente de reparación
directa con radicado 15001 23 33 000 2012 00010 00 [01].

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C., solicitó denegar las
pretensiones, en atención a los siguientes argumentos:

i) No se advierte el defecto fáctico invocado ya que, precisamente, lo que hizo la
segunda instancia en sede de apelación fue valorar integralmente las pruebas, cotejar
lo expuesto en la inspección judicial con las pruebas documentales tales como la ficha
predial, el informe técnico de la visita de Corpochivor, los formularios de industria y
comercio, entre otros; parangón que dejaba en entredicho que el negocio de lavado
de zanahoria y papa estuviera ubicado en la faja ocupada, pues aludían a un predio
vecino. Esto, aunado a que las demandadas ya le habían pagado al demandante las
mejoras existentes en el predio ―cualesquiera que estas fueran― y que, lo que
quedaba pendiente de pago era la faja de terreno ocupada.

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ii) Se duele el accionante de que no se hubiera valorado el dictamen pericial, sin
embargo, al no haberse demostrado la pre existencia de un negocio de zanahoria y
papa, como tampoco que de haber existido no hubiera quedado comprendido dentro
de las mejoras que le pagó la concesionaria vial encargada de la gestión predial, la
Sala quedaba relevada de valorar la prueba sobre la cuantificación de un perjuicio que
no se demostró. En definitiva, si las pruebas no daban cuenta de la existencia del
perjuicio, mal podía la Sala avanzar hacia el análisis del dictamen pericial que
cuantificaba un perjuicio improbado.

iii) La acción de tutela presentada busca reabrir un debate judicial que se encuentra
más que agotado, pues lo cierto es que el asunto se falló en derecho y de acuerdo con
la valoración integral de las pruebas aportadas al plenario. Que el accionante no
comparta la valoración efectuada en sede de apelación no implica que las pruebas se
hayan valorado indebidamente. De igual modo, que la segunda instancia haya tomado
distancia de la valoración que le dio el a quo a la inspección judicial practicada ex post
a los hechos, no configura el mencionado defecto, pues en el fallo de apelación se
ofrecen con claridad y completitud todos los argumentos que soportan las conclusiones
a que se llegó en torno al perjuicio derivado del supuesto negocio de lavado de
tubérculos.

1.3.2. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, declarar su desvinculación, y
manifestó atenerse a la probado, dado lo siguiente:

i) La función de la ANI es la de administrar los contratos de concesión que se
encuentren a su cargo y de estructurar los proyectos de infraestructura, y no la de
emitir juicios de valor ni juzgar las decisiones proferidas por el Consejo de Estado.

ii) No obstante, una vez revisados los hechos se advierte que el accionante tuvo la
oportunidad procesal de oponerse a la decisión de la inspección judicial a través de
los recursos que la misma ley otorga a los sujetos procesales y demás que manifiesta
en los hechos de demanda. A su vez, se evidencia que la Aseguradora Zurich
Colombia Seguros S. A. realizó depósito judicial por valor de $43.346.637, con miras a

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cumplir lo ordenado en sentencia de primera y segunda instancia, esto, en virtud de la
relación contractual con la ANI.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la
misma Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 22 de mayo de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa
y el acceso a la administración de justicia del accionante, por configuración de un
defecto fáctico.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedencia del
amparo, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las
siguientes: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental absoluto, iii) defecto fáctico,
iv) defecto material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión sin motivación, vii)
desconocimiento del precedente, y viii) violación directa de la Constitución. La Corte
hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar
plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de reparación directa con radicado 15001-23-33-004-2012-00010-00 y
15001-23-33-000-2012-00010-01, la Sala establece lo siguiente:

i) El 17 de julio de 2012, el señor Carlos Orlando Caro Sánchez presentó demanda de
reparación directa en contra del Consorcio Solarte Solarte S. A. (CSS Constructores S.

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A.) y del Instituto Nacional de Concesiones INCO (hoy Agencia Nacional de
Infraestructura), con las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Se declare que CSS CONSTRUCTORES S.A Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES (INCO), ahora AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA es administrativa y
extracontractualmente responsable por la ocupación permanente por obra pública
causada al predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 070- 81626 Y
Cédula Catastral 000-01-0001-1266-000; el cual, al momento de construirse la doble
calzada, dentro de la concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, se destruyó un nacimiento de
agua y se afectó en forma total el negocio de lavadero de zanahoria de mi poderdante,
además del uso y goce del mencionado predio.

SEGUNDA: Condenar a CSS CONSTRUCTORES S.A Y AL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES (INCO), ahora AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a cancelar por
concepto de perjuicios las siguientes sumas de dinero:

PERJUICIOS MATERIALES:

DAÑO EMERGENTE: Entendido por el terreno adicional tomado por los demandados, el
cual no estaba incluido dentro del acuerdo de venta realizado con ocasión a la
construcción de la doble calzada, toda vez que el verdadera ente soucitado para la
construcción de la doble calzada fue de un 32%, pero realmente se utilizó más de
dicho porcentaje, por cuanto a mi prohijado se le dejó tan sólo un 17.14%, daño que
se encuentra estimado en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS ($35.639.223,00).

Así mismo, se debe tener en cuenta por el reservorio, se fijó el precio, teniendo en
cuenta solamente un metro de profundidad; sin embargo, la profundidad del mismo,
era de 6 M.

Por lo anterior, si según el avalúo de CAMACOL, el valor del metro cúbico era de
CINCUENTA MIL PESOS ($50.000,00); el pozo tenía realmente una profundidad de 6
metros (medida que se encuentra demostrada con el video que se adjunta a esta
demanda), adicionalmente el pozo tenía 409.4 metros cúbicos por seis de
profundidad, lo que equivale a 2.456.4 metros cúbicos desprendiéndose que
solamente pagaron un metro de profundidad por 409.4 metros cúbicos, que calculado
con el escrito de CAMACOL, asciende a la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA MIL PESOS ($20.470.000.,00), lo que quiere decir que cinco (5) metros serían
CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA ML PESOS (102.350.000), quedando
pendiente por pagar este último monto.

LUCRO CESANTE: El Lucro cesante, se define como: "La ganancia o provecho que deja
de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido
imperfectamente o retardado su cumplimiento.", es decir, toda manifestación
relacionada con la carencia o disminución de productividad, ganancia, utilidad o
rendimiento que se deriva del hecho. […]. Así las cosas, se tiene que la liquidación
de perjurcios materiales debe realizarse tomando como base la suma de
CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS
($413.424.000,00), valor contentivo del lucro cesante.

PERJUICIOS MORALES:

Para mi mandante CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ, el equivalente a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, derivada de la impotencia de ver como

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se acabó su Empresa, la cual se encuentra vigente, en el sentido de que todavía paga
impuestos, pero no puede hacer uso de ella, debido a la perturbación ocasionada por
la construcción del vallado lateral que impide el acceso al predio y por la destrucción
del nacimiento de agua que surtía de este líquido al predio de mi poderdante, en
especial en lo relacionado con el desarrollo de su industria, lo cual se encuentra
demostrado con el permiso de vertimientos y con el documento expedido por
CORPOCHIVOR en que señala que efectivamente existía un nacimiento de agua.

TERCERA: Que al momento del fallo se actualicen los valores solicitados, aplicando el
incremento anual del IPC, así como las fórmulas matemáticas aceptadas por el H.
Consejo de Estado.

CUARTA: Que se de estricto cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos
176 a 178 del C. C. A.

QUINTA: Que se condene en costas a la Entidad demandada.

ii) El 22 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho n°.
004, emitió sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

PRIMERO.Declarar no probadas las excepciones propuestas por las entidades
demandadas.

SEGUNDO. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, por los perjuicios
causados al señor CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Condenar en concreto al CONSORCIO SOLARTE SOLARTE y solidariamente a la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, a pagar, por perjuicios materiales a título de
daño emergente, al señor CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ, por concepto de valor del
terreno de su propiedad, ocupado permanentemente, la suma de VEINTIDOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($22.377.550), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. Condenar en abstracto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y AL
CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, a pagar al señor CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ, los
perjuicios materiales, a título de daño emergente, el valor de la infraestructura del
negocio de lavado de zanahoria, esto es, los tanques de tratamiento del agua de su
propiedad y las instalaciones encontradas en la inspección judicial, debiéndose liquidar
el valor de tales bienes mediante prueba pericial al interior del incidente de perjuicios
que se promueva dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, de
acuerdo con los parámetros señalados en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. Condenar en abstracto a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y AL
CONSORCIO SOLARTE SOLARTE a pagar al señor CARLOS ORLANDO CARO SÁNCHEZ los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en cuantía equivalente a lo
dejado de percibir en el negocio de lavado y zanahoria y papa, con ocasión de la
ejecución de la obra de la doble calzada BIS, por el término de seis (6) meses contados
a partir del veintitrés (23) de agosto de dos mil diez (2010). Dicha suma deberá ser
actualizada aplicando al efecto el índice de precios al consumidor, a la fecha de la
providencia que resuelva el respectivo incidente. Lo anterior de acuerdo con el valor que
se determine en el incidente de perjuicios que se promueva dentro de los 60 días

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siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, de acuerdo con los parámetros señalados
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. La Compañía QEB SEGUROS S.A. deberá asumir la parte correspondiente de la
condena impuesta a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, de acuerdo a la
póliza de responsabilidad civil extracontractual […] hasta el monto de los amparos y
valores asegurados.

iii) El 22 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
modificó la sentencia de primera instancia, en el siguiente sentido:

[...]

SEGUNDO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
veintidós (22) de septiembre de dos mil diez y seis (2016), que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda para, en su lugar:

DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI por los perjuicios causados al señor CARLOS
ORLANDO CARO SÁNCHEZ, por las razones expuestas en la parte motiva.

CONDÉNASE a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI a pagar, por concepto
de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente al señor CARLOS
ORLANDO CARO SÁNCHEZ, por concepto del valor del terreno de su propiedad ocupado
permanentemente la suma de pesos TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE Y LEGAL
COLOMBIANA ($ 34.346.637,oo).

ORDÉNASE a la Compañía QEB SEGUROS S.A. a asumir la parte correspondiente a la
condena impuesta a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, de acuerdo a la
póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100001155, cuya continuación
fue la póliza No. 000701155413, hasta el monto de los amparos y valores asegurados.

TERCERO. ORDÉNASE en aplicación de lo previsto en el artículo 191 del CPACA, que la
titularidad del predio denominado «San Martín» ubicado en la vereda «Puente de
Boyacá» del municipio de Ventaquemada, identificado con matrícula inmobiliaria n°. 070-
81626, en una cabida superficiaria de mil cuatrocientos ochenta y dos puntos treinta
metros cuadrados (1.482.30 mts.2), en concordancia con el área de ocupación
delimitada en la inspección judicial del tres (3) de febrero de dos mil quince (2015),
pasará a nombre del INVÍAS, a cuyo efecto la presente sentencia obra como título
traslaticio de dominio.

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: APLÍCASE lo previsto en el artículo 191 del CPACA.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela

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i) En el caso se cumple con el requisito de «relevancia constitucional» para cuestionar
el defecto fáctico invocado, pues de acuerdo con lo alegado por el accionante, la litis
fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio, evento que de encontrarse acreditado
conduciría a considerar lesivos sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

ii) De igual forma, «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que lo que se
cuestiona es una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada
dentro de un proceso de reparación directa, y de los hechos narrados no se evidencia
que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de unificación de
jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.

iii) También «satisface el requisito de inmediatez», toda vez que la providencia objeto
de censura data del 22 de mayo de 2024 y fue notificada personalmente el 26 de junio
de 2024, a través de correo electrónico, mientras que la presente acción de tutela fue
remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 26 de
noviembre siguiente, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta
corporación3 como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.

iv) Asimismo, se encuentra que en el asunto «no se cuestiona una irregularidad
procesal», sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis
probatorio; dentro del libelo «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y el
defecto que considera configurado; y «no se cuestiona una sentencia de tutela», sino
la proferida dentro de un proceso de reparación directa.

2.6. Sobre la causal de procedibilidad invocada

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

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Se cuestiona en el caso la existencia de un «defecto fáctico»4 en su dimensión positiva,
por indebida valoración del acervo probatorio obrante dentro del proceso de reparación
directa, con fundamento en el cual se pretendió demostrar la existencia de los
perjuicios materiales reclamados, en sus modalidades de daño emergente y lucro
cesante, por afectación total del negocio de lavado de tubérculos (zanahoria y papa),
con la ocupación permanente del inmueble causado por la construcción de la doble
calzada en la concesión Briceño – Tunja – Sogamoso.

De manera particular, se señala que en el caso se realizó una valoración parcializada
de pruebas como: i) las resoluciones de Corpochivor que otorgaron permiso de
vertimientos; ii) el registro mercantil del año 2011, de la que se evidencia que el
lavadero de zanahoria y papa funcionaba desde el año 2009; iii) la inspección y
dictamen pericial, que acreditaron la existencia de un lavadero de zanahoria en el
predio de su propiedad, iv) las fotografías aportadas con la demanda, que evidencian
el nacimiento de agua; y v) la solicitud de reconsideración de la oferta de compra del
predio, por afectación desarrollada en el negocio de lavado de zanahoria.

Pues bien, una vez analizada la decisión objeto de censura, la Sala no advierte
configurado el defecto fáctico endilgado, según se pasa a explicar:

En el análisis de perjuicios reclamados, la Subsección accionada concluyó que en el
caso solo se encontraron demostrados los ocasionados como consecuencia de la
ocupación material de la faja de terreno, inclusive, en una extensión mayor al área
inicialmente negociada entre las partes5; y no así lo relacionado con el valor de la

4 De conformidad con la jurisprudencia constitucional, véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632

de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de
2009, T-538 de 1994, T-576 de 1993, entre otras, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece
de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede
presentarse: Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha
debido admitir ni valorar.
5 Toda vez que en diligencia de inspección judicial llevada a cabo el día 3 de febrero de 2015, en asocio

de topógrafos, se pudo establecer en grado de certeza que, efectivamente, el predio «San Martín» fue

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infraestructura del negocio de lavado de zanahoria ―tanques de tratamiento de agua
e instalaciones―; y el lucro cesante correspondiente a lo dejado de percibir por el
negocio de lavado de zanahoria y papa.

Para arribar a dicha conclusión trajo a colación los documentos allegados por el
demandante, entre estos, el informe técnico de visita ocular del 2 de mayo de 2006,
practicada por un ingeniero sanitario y ambiental contratista de CORPOCHIVOR, en el
que, en el punto de VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS afirmó «la descarga de los vertimientos
líquidos generados por el lavado de zanahoria ejercido a título de Patrocinio Sánchez
Garay y Virgilio Sánchez Garay genera afectación al nacimiento y reservorio ubicado
en el lote de Orlando Caro Sánchez como se muestra en el siguiente gráfico: ¨[...]. 7.
CONCEPTO TÉCNICO. 7.1 Se recomienda que se ordene la suspensión inmediata del

vertimiento líquido que causa afectación al reservorio y nacimiento en el predio de
Orlando Caro S., producido por el lavadero de zanahoria a cargo de Virgilio Sánchez
Garay [...] y José Patrocinio Sánchez Garay [...], en concordancia con lo establecido
en el literal a) del artículo 91 del Decreto 1594/84».

Indicó que la contundencia que el Tribunal dio al informe técnico de Corpochivor, para
dar por sentada la preexistencia del negocio de lavado de zanahoria y papa, perdía
consistencia a la luz de un análisis integral de las pruebas, ya que lo que se desprendía
de estas es que lo que allí se estableció fue que en el predio vecino al del demandante
existía un lavadero de zanahoria y papa a cargo de unos señores de apellido Garay,
quienes, con su actividad, estaban generando escorrentías que perjudicaban el predio
del señor Caro Sánchez. Esto, aunado a que, tal como lo dijo el Consorcio, la única
prueba documental que pudiera dar cuenta de la actividad invocada por la parte actora
resultó ser la Resolución 359 del 25 de mayo de 2007, expedida por Corpochivor,
mediante la cual se otorgó permiso para vertimientos de las industrias de lavado de
zanahoria y papa; y que, no obstante, la simple expedición de un acto administrativo
que confería un permiso de vertimientos no demostraba eficazmente la existencia del
negocio alegado, en un ámbito en el que, al igual que sucede con el daño, el perjuicio
debe revestirse de certidumbre.

afectado con la ocupación, en un área mayor a la negociada ―que era 1127,45 mts2―, equivalente a
1482.30 mt2, de los 3500 mts2 que tenía el globo completo.

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Asimismo, anotó que las Resoluciones 359 de mayo 27 de 2007 y 69 del 15 de marzo
de 2011, por las que Corpochivor le otorgó al demandante el permiso de vertimientos
y prórroga, no eran coincidentes en la descripción contenida en los insumos técnicos
levantados, previo al inicio de la gestión de adquisición predial; a lo que se sumaba
que en las referidas resoluciones se aludía a industrias de lavado de zanahoria y papa,
ubicadas en los predios San Martín y Villa Rosita, este último, que no corresponde con
el denominado fundo del accionante.

En definitiva, señaló que los contenidos de las pruebas aportadas por el demandante
eran palmariamente opuestos a los de los documentos levantados por las demandadas
con ocasión de la gestión predial que devino en opción de compra contenida en Oficio
BTS-0531 del 14 de abril de 2010, pues en ellos ―como se demostraba, verbigracia,
con la ficha predial, el avalúo, el contrato de compraventa de mejoras y el acta de
entrega y recibo del predio y sus mejoras―, no se hacía referencia a nacimiento de
agua alguno, sino a dos reservorios, como tampoco a infraestructura o industria para
lavado de zanahoria y papa, ya que lo que se consignó en ellos fue que el predio rural
n°. F013 tenía por uso actual agricultura y ganadería y dos reservorios en tierra de
profundidad de 1 mt. cada uno. En concreto, respecto de las mejoras se aludió a la
existencia de cercados.

Por otro lado, advirtió que según obraba en el documento del 4 de abril de 2011
expedido por la mencionada Tesorería Municipal de Ventaquemada, la industria o
establecimiento de lavado de Zanahoria «San Martín», representado legalmente por
Carlos Orlando Caro Sánchez, fue registrado bajo el n°. 433 el 2 de enero de 2007,
ante la Tesorería Municipal de Ventaquemada, para iniciar actividades a partir del 2 de
enero de 2009, con inscripción vigente y a paz y salvo para el año gravable 2009, y
que no se indicaba que dicho negocio o establecimiento tuviera por sede el predio
«San Martín» de propiedad del actor, lo cual explicaba, de alguna manera, por qué
cuando se visitó dicho predio ―con ocasión de la gestión predial adelantada por el
Concesionario―, tal industria no fue percibida por quienes levantaron la ficha predial,
el inventario y avalúo, infraestructura o industria alguna.

Asimismo, que el memorial dirigido por el actor al señor Luis Héctor Solarte Solarte,
como representante del Consorcio demandado, el 30 de junio del año 2010,

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acompañado con la demanda dice: «1) Quiero aclarar que el reservorio que allí se
habla de 409,14 mts.3, corresponde a un nacimiento de agua, la misma que bombeo
para el funcionamiento del negocio de lavadora de zanahoria de mi propiedad, ubicado
en el lote que tengo en arriendo de propiedad de la señora Cecilia Mesa, predio este
que a propósito fue afectado por la Compañía Solarte Solarte y ahora entonces me
condenan ustedes a acabar mi negocio (...)». Es decir, que no había certeza ni claridad
acerca de la existencia de dicha industria en el predio San Martín, pues en dicho escrito
el actor manifestó que el negocio de lavadero de zanahoria se ubicaba en un predio
distinto; lo que llevaba a la misma intelección que el informe técnico de Corpochivor
del año 2007.

De esta forma, que vistas en contraste las Resoluciones números 359 de mayo 27 de
2007 y 69 del 15 de marzo de 2011, con el registro mercantil aludido, nada decía este
sobre la existencia de dos industrias, pues sólo se alude a una, que estando registrada
desde 2006, se nominaba «Lavadora de Zanahoria San Martín» y empezaba
operaciones para el 1° de enero de 2009, de modo tal que, la autorización de
vertimientos dada en 2007 no podía referirse a la industria que el actor dijo tener
plantada en su predio para el año 2010, o se refería a una explotación distinta, que
bien pudo ser llevada a cabo en los predios de la finca Villa Rosita que funcionaba,
según expresó el mismo actor, en el inmueble de doña Cecilia Mesa, también sometido
a intervención. Por tanto, unos y otros documentos no resultaban suficientes para
acreditar la existencia de la industria de lavado de zanahoria y papa que el demandante
manifestó tenía para el momento en que se produjo la ocupación permanente de la
faja.

Bajo tal derrotero, concluyó que a pesar de que en diferentes medios de prueba se
aludió a la existencia de un negocio de lavado de zanahoria y papa, no existía en el
plenario medio de convicción que acreditara que, para la época de los hechos, en el
predio del demandante funcionaba, efectivamente, un negocio de tal naturaleza.

En tal sentido, se encuentra que las consideraciones presentadas por el juzgador, para
efectos de dar solución a la litis, no se advierten irracionales y/o caprichosas, pues
además de que dejó en evidencia todo el acervo probatorio encontrado en el plenario,
procedió a su efectivo análisis, en tanto estableció el valor de cada una de las pruebas

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y explicó lo que de ellas pudo extraer, ámbito en el que el juez natural, a partir de las
reglas de la sana crítica, cuenta con mayor libertad de análisis para alcanzar la verdad
de los hechos que interesan al caso.

Y si bien, el accionante disiente del análisis probatorio efectuado, mal haría este juez
constitucional en imponerle al juez natural un determinado criterio valorativo, ya que,
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, ello invadiría el ámbito de sus
competencias.

Es de indicar que, en casos como el presente, en los que se invoca la existencia de un
defecto fáctico en su dimensión positiva, el juez de tutela está autorizado a analizar,
solamente, si la valoración que realizó el operador jurídico desconoció las reglas de la
sana crítica y/o persuasión racional, en las que, de acuerdo con la Corte Constitucional
«interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez», 6 puesto
que, «unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la
prueba (de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que
no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las
cosas»,7 lo cual no se advierte desconocido en el caso.

Y siendo así, lo que se extrae del asunto es que la parte actora está inconforme con la
lógica y estudio dado por el fallador y utiliza la acción de tutela para plantear un análisis
de la prueba que, en su juicio, es el que debe darse, lo cual está completamente
vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de amparo no es una
instancia adicional para requerir una nueva revisión de las pruebas obrantes en el juicio
ordinario.

De esta forma, no se encuentra que la subsección accionada haya incurrido en un
defecto fáctico que habilite la procedencia del amparo deprecado, por lo que lo
considera infundado.

6 Sentencia C-622 de 1998.
7 Ibídem

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3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configuró el
defecto fáctico endilgado y, en tal sentido, negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo invocado por el señor Carlos Orlando Caro Sánchez, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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