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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06767-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06767-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-06767-00 Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06767-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06767-00
Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06767-00
Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Unión Temporal
Formación Judicial 20191

Tema: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad cuando el asunto en controversia se encuentra en
trámite y conocimiento por el juez natural de la causa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela presentada
en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019.

I. LA SOLICITUD

La ciudadana Darly Edilia Rodríguez Minota, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, con el fin de que se le amparen
sus derechos fundamentales al “acceso a cargos públicos, a la igualdad y al
debido proceso”, que presuntamente le han sido objeto de vulneración por
parte de las accionadas, razón por la cual pretende:

“(…) PRIMERA. CON CARÁCTER URGENTE, conforme al artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991, con la admisión de la presente acción de tutela se
ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que de inmediato se habilite
la inclusión de mi representada en la subfase especializada del IX Curso de
Formación Judicial Inicial en las mismas condiciones que los discentes cuya
nota de la subfase general fue aprobatoria.

1
Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y eDistribution S.A.S.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06767-00
Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota

SEGUNDA. Se declare la vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a los cargos públicos, igualdad y debido proceso de la aquí tutelante
y, por consiguiente, que mientras surte su trámite el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, la tutelante deberá poder seguir
cursando la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial,
en las mismas condiciones que los discentes cuya nota de la subfase general
fue aprobatoria.

TERCERA. Se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 que de inmediato pongan a disposición de
la tutelante los videos que contienen sus registros de la presentación de la
Evaluación desarrollada en las jornadas del 19 de mayo y 02 de junio de
2024(…)”.

Manifiesta la parte accionante que se presentó en el concurso de méritos
convocado por el Acuerdo PCSJA 18-11077 (Convocatoria 27) del Consejo
Superior de la Judicatura para la selección de jueces y magistrados de la
República de Colombia, en el cual superó las Fases I2 y II3; sin embargo,
reprobó la subfase general del IX Curso de Formación Judicial (Fase III).

Indica que, mediante la Resolución N° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la
Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla' publicó los resultados de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en la que se establece que
obtuvo un puntaje reprobatorio equivalente a 782,940.

Menciona que, solicitó la exhibición de la evaluación de acuerdo con los
términos de la convocatoria, donde los discentes pudieron revisar 336 ítems
que componían la evaluación de los 8 módulos correspondientes a la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial. Afirma que, con base en esas
observaciones, interpuso recurso de reposición contra la resolución de
resultados.

Señala que objetó 66 ítems que clasifica así: “(…) (i) 2 por error ortográfico
relevante; (ii) 3 por plagio retaso o mosaico -La pregunta presenta información
incompleta y/o presentada de forma incoherente-; (iii) 4 información
incompleta y/o presentada de forma incoherente; (iv) 5 opción de respuesta
errada; (v) 7 de alerta de doble clave o sinonimia; (vi) 9 tomada de lecturas
no obligatorias según el syllabus; y 37 deficiencias técnicas en su elaboración
y/o presentación (…)”

2
Prueba de aptitudes y conocimientos.
3
Verificación de requisitos mínimos.

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Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota

Indica que forma parte del grupo de 56 profesionales que constituyen la parte
actora en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
número único de radicación 2024-00393-00. En este contexto, destaca que:
“(…) Un 69,64% de los 56 demandantes coincidió en sus recursos
administrativos en que 32 de las preguntas contenidas en las jornadas del 19
de mayo y 2 de junio de 2024 presentaron errores en su formulación. Los
yerros se tipificaban por diversas causas: (i) contenían respuestas con
posibilidad de respuesta multiclave o, (ii) contradicción con la metodología de
evaluación acordada, (iii) versaban sobre aspectos de recuperación textual de
palabras -es decir, implicaban recordar la literalidad de los materiales de
estudio y escribir en la respuesta las palabras que correspondieran al texto
literal de la fuente relevante-, entre otros.(…)”

Relata que mediante la Resolución Nro. EJR24-1234 de 5 de noviembre de
2024, notificada por correo electrónico el 8 de noviembre de 2024, se resolvió
el recurso de reposición en el sentido de aumentar su puntaje en 9.06; sin
embargo, se mantuvo la calificación reprobatoria (puntaje inicial: 782.940;
puntaje actual: 792).

Expone diferentes observaciones a la resolución que resolvió el recurso de
reposición, y reitera que forma parte de un grupo de 56 discentes que
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de calificación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, la cual fue asignada el 21
de noviembre de 2024 al Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, con número
único de radicación 2024-00393-00.

Resalta que, si bien la acción de tutela no puede reemplazar los mecanismos
dispuestos por el derecho ordinario para resolver litigios, en este caso
considera que la tutela es un mecanismo transitorio excepcional, ya que “(…)
las dinámicas propias de la Jurisdicción Contenciosa implican unos tiempos que
van en detrimento de los derechos fundamentales de mi poderdante. El 20 de
noviembre de 2024 quedó radicada la demanda y hasta el momento no ha
habido pronunciamiento alguno ni sobre su admisión, ni tampoco sobre la
medida provisional solicitada. (…)”

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Por auto de 13 de diciembre de 20244, el despacho sustanciador resolvió:
i) negar la medida provisional solicitada por el accionante; ii) admitir la acción

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Ver índice SAMAI nro. 5.

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de tutela; iii) negar el decreto de pruebas solicitadas; iv) notificar a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y;
vi) tener como pruebas los documentos aportados con la solicitud de amparo.

2.2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla5 presentó informe en el que
alegó la improcedencia de la acción constitucional, al estimar que: “(…) (1.1)
los actores accedieron a otros recursos o medios idóneos de defensa judiciales.
Adicionalmente, (1.2) no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable
y, en todo caso, 3) no se advierte la vulneración de ningún derecho
fundamental. (…)”

Resaltó que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad, dado que: “(…) A) los accionante accedieron al mecanismo
judicial idóneo y eficaz para velar por la defensa de los derechos que estiman
comprometidos y que B) no existe la amenaza de un perjuicio irremediable;
esto es, que no se concreta el supuesto necesario para interponer la tutela
como mecanismo transitorio. (…)”

Señaló que, en relación con el proceso de selección y convocatoria al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
reglamentado por el Acuerdo PCSJA18-11077, la acción de tutela no es
procedente, dado que la entidad ya fue notificada sobre la demanda de nulidad
y restablecimiento de derecho presentada por la accionante, en la cual se
solicitó una medida cautelar de urgencia.

Manifestó que las solicitudes en el proceso ordinario y en la acción de tutela
son idénticas, por lo que la parte demandante no puede solicitar, a través de
la tutela, órdenes que ya están siendo tramitadas en la vía jurisdiccional.

Destacó que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como un nuevo
recurso frente a las resoluciones que resolvieron sus recursos de reposición,
lo que contraviene la naturaleza de dicho mecanismo constitucional e implica
despojar al juez de lo contencioso administrativo de sus competencias,
especialmente considerando que en la respectiva resolución se abordaron los
motivos de inconformidad con el cuestionario aplicado durante las jornadas de
evaluación de la subfase general. En dicha resolución “(…) se argumentó el
contexto de las preguntas, los elementos psicométricos, la coherencia y
cohesión de los ítems, lo relativo a los componentes de formación integral, a
las fuentes de cada una de estas preguntas y la conclusión de la elaboración

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Ver índice SAMAI nro. 9.

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de cada ítem, concluyendo con la retroalimentación de cada opción de
respuesta, en aras de valorar integralmente su solicitud. (…)”

Precisó, con relación un perjuicio irremediable, que en el presente caso no se
configura por las siguientes razones: “(…) 1) presentaron recurso de reposición
contra el acto administrativo que definió los puntajes de la prueba de la
Subfase General del curso–concurso. 2) Sus recursos fue atendido y resuelto
de conformidad con la ley, el Acuerdo de Convocatoria y el Acuerdo
Pedagógico. 3) En la resolución se resolvieron los motivos de inconformidad
con respecto al cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación de la
subfase general, entre ellos, los motivos de inconformidad frente a las
preguntas relacionadas en el recurso. Así pues, 4) no se advierte una
vulneración a ningún derecho fundamental, por lo que no sería plausible
considerar la existencia de un perjuicio irremediable, cuando se ha actuado de
conformidad a derecho, teniendo en cuenta sus derechos y garantías, en
atención a la ley y los acuerdos referidos, que gozan de legalidad y son
vinculantes tato para los discentes como para la Administración. (…)”

Adujo que no se ha amenazado ningún derecho fundamental del accionante,
en la medida en que se ha actuado bajo los parámetros del debido proceso, lo
que se evidencia en la actuación administrativa, en la que se ha dado
cumplimiento a los acuerdos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, este último, aclarado mediante
el Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre de 2019.

Agregó que se ha seguido el cronograma de la Fase III definido por el Consejo
Superior de la Judicatura y que el acto de publicación de notas y los actos que
resolvieron los recursos de reposición fueron debidamente notificados a los
interesados, garantizándoles así el derecho de defensa y contradicción.

2.3. La Unión Temporal de Formación Judicial 20196 presentó informe en
el que sostiene que no ha vulnerado los derechos constitucionales del
accionante, ya que ha actuado de acuerdo con lo establecido en la ley y dentro
de las atribuciones previstas para el desarrollo de las etapas del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de la República.

Señaló que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, ya que la Unión
Temporal no es la entidad competente para resolver de fondo las peticiones
de los discentes. En este sentido, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es
la única entidad con la facultad de tramitar dichas solicitudes. Indicó que debe

6
Ver índice SAMAI nro. 10.

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ser desvinculada del presente trámite, puesto que actúa exclusivamente como
aliada estratégica de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, careciendo de potestades
administrativas para modificar el estado de los discentes.

Manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que tiene a su disposición diferentes medios de control en la
jurisdicción contenciosa administrativa que puede utilizar para impugnar los
actos administrativos que considera no ajustados al marco legal.

Indicó que, verificada la plataforma de tickets, se evidencia que la accionante
no requirió los videos que pretende solicitar mediante la presente acción de
tutela, incumpliendo así con el proceso adecuado para solicitar el material
audiovisual requerido antes de interponer la acción de tutela en referencia por
la presunta violación a sus derechos.

2.4 La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)7
presentó informe en el que se opone a las pretensiones de la presente acción,
argumentando que no ha vulnerado ningún derecho fundamental. Afirma que
sus actuaciones se han regido dentro del marco de los acuerdos PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019, y PCSJA19-11405 de 2019, así como de los comunicados posteriores
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales establecen las
reglas de la convocatoria y del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Asegura
que se incumple el requisito de subsidiariedad, en razón a que existen otros
mecanismos judiciales para la protección de los derechos supuestamente
vulnerados, además de no existir un perjuicio irremediable que permita su
interposición.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

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Ver índice SAMAI nro. 11.

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3.2. Cuestión Previa

La Unión Temporal de Formación Judicial 2019 solicitó su desvinculación del
presente trámite por falta de legitimación por pasiva, solicitud que no es
procedente como quiera que su vinculación se dio como parte accionada, en
atención a que la actora dirigió sus pretensiones contra dicha autoridad al ser
la encargada de realizar el diseño, la estructuración académica y el desarrollo
en modalidad virtual y presencial del IX Curso de Formación Judicial Inicial
para los aspirantes a magistrados y jueces de la República, abarcando todas
las especialidades y jurisdicciones, trámite que es objeto de reparo dentro del
presente medio constitucional.

3.3. Hechos relevantes

3.3.1. La accionante se presentó en el concurso de méritos convocado por el
Acuerdo PCSJA 18-11077 (Convocatoria 27) del Consejo Superior de la
Judicatura, en el cual superó las Fases I y II.

3.3.2. Mediante la Resolución nro. EJR24-2988, expedida el 21 de junio de
2024 por la Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo
Superior de la Judicatura, se publicaron los resultados de la subfase general
del IX Curso de Formación Judicial Inicial (Fase III). En este curso, la
accionante obtuvo un puntaje reprobatorio de 782.940, lo que le impidió
avanzar a la siguiente fase del proceso de selección.

3.3.3. Contra la decisión anterior, se interpuso recurso de reposición el 26 de
julio de 2024, al estimar que se incurrió en irregularidades en la prueba de
conocimientos realizada, así como el incumplimiento del marco normativo
establecido para el curso de formación judicial. Además, se señalaron la
aplicación de criterios y métodos de evaluación que consideran se apartan del
modelo pedagógico definido para esta convocatoria, recurso que se resolvió
mediante Resolución EJR24-1234.

3.3.4. El accionante junto con otro grupo de discentes presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos administrativos de calificación de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, proceso que fue asignado al Juzgado 17
Administrativo de Bogotá y que se tramita bajo el radicado número 2024-
00393-00.

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Corregida por medio de la Resolución EJR24-317 de 28 de junio de 2024.

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Dentro de la citada demanda se solicitó la siguiente medida cautelar de
urgencia:

“[…] Solicito al despacho judicial que se decrete la medida cautelar de urgencia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 del CPACA, y que, en
consecuencia, se ordene lo siguiente:

Primero. Ordenar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, la habilitación del Campus Virtual del IX Curso para
que los demandantes a quienes se les confirmó su nota reprobatoria puedan
cursar la subfase especializada en las mismas condiciones que los discentes cuya
nota fue aprobatoria.

Segundo. Ordenar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 que, de manera inmediata, pongan a
disposición de los discentes que represento los videos que registran su grabación
de las sesiones de la mañana y la tarde de las jornadas de evaluación de 19 de
mayo y 02 de junio de 2024.

Las solicitudes de cautela se sustentan de conformidad con los requisitos
formales indicados en los artículos 229 y siguientes del C.P.A.C.A. aplicables al
caso, así:

7.1. Tipo de medida. Se trata de medidas de urgencia, como lo dispone el artículo
234 del CPACA. Las solicitudes de cautela son de tipo preventivo. Respecto de
la primera, existe apremio, por cuanto la subfase especializada del IX Curso dará
inicio el 16 de noviembre de 2024. Es decir, a tan solo un día, luego de que uno
de los actos demandados cobre firmeza. Si se impide a los demandantes
comenzar la fase especializada ya se estarían materializando los efectos
vulneratorios de una evaluación que desconoció las normas que le servían de
fundamento. Respecto de la segunda solicitud, es indispensable para que los
discentes que represento puedan ejercer sus derechos fundamentales de
defensa, contradicción y debido proceso. De igual forma, se requiere con
urgencia, por cuanto los aplicativos de Proctoring como Klarway, solo almacenan
los videos de la Evaluación durante un tiempo limitado. En este caso, la primera
sesión de Evaluación, 19 de mayo, está próxima a cumplir 6 meses desde su
aplicación. […]”

4.1. Análisis de la Sala

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela sólo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,

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salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable9.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de
tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo es
procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii) si
existe otro medio, la intervención del juez constitucional es necesaria para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que, la acción
procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en que los mecanismos
de defensa judicial no resulten idóneos o eficaces para lograr la protección de
los derechos presuntamente vulnerados, evento en el que procede de manera
definitiva10.

Para decidir lo pertinente, es preciso advertir que sobre la Convocatoria nro.
27 y la procedencia de la acción de tutela para cuestionar los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la misma, la Corte Constitucional
en sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022, indicó lo siguiente:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio,
el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo.
Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los
medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales
para demandar el control judicial de los actos administrativos.

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario
natural para la reivindicación de los derechos fundamentales
conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden reclamar no solo
el control de legalidad correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares
que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la

9
“Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018

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consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial,
corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los
concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez
de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones
de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es
improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos
por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso
de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo
dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011». La posibilidad de emplear las
medidas cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión», demuestra que tales acciones «constituyen
verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos
administrativos».

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el
campo específico de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se
dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados
por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i)
inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y
iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en
el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial.
En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran». Habida cuenta de esta circunstancia, la acción
de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de
trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera que
tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo».

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable. Este supuesto de hecho se presenta

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cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible
afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción».

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que
presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar
que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales».

[…]”

De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela es improcedente para reclamar
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con
ocasión de una decisión de la administración en el trámite de un concurso de
méritos, excepto si: i) no existe otro mecanismo judicial que permita
demandar la protección de la garantía constitucional fundamental infringida;
ii) se configura un perjuicio irremediable o iii) se trata de un asunto cuyo
problema constitucional desborda el marco de competencia del juez
administrativo. Sin embargo, prevé una excepción a dicha regla y son los actos
de trámite, siempre y cuando la actuación de la que hace parte este no haya
concluido.

En el caso concreto, la accionante interpuso la presente acción de tutela con
el objetivo de que se le amparen sus derechos fundamentales de acceso a
cargos públicos, igualdad y debido proceso, los cuales considera vulnerados
con ocasión de la expedición de los actos administrativos que publicaron los
resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en
el cual obtuvo un puntaje reprobatorio de 782.940, lo que le impidió avanzar
a la siguiente fase del proceso de selección.

Específicamente, controvierte la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
mediante la cual se publicó los resultados de la subfase general del IX Curso
de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria nro. 27, que se adelantó con
fundamento en el Acuerdo nro. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, así
como la Resolución EJR24-1234 de 5 de noviembre de 2024, que resolvió el

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recurso de reposición interpuesto por la parte actora, actos expedidos por la
Escuela Judicial Lara Bonilla, pues, a su juicio, se presentaron irregularidades
en el proceso metodológico del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

Ahora bien, señala la parte actora y confirma las entidades demandadas que
la accionante junto con otros discentes promovieron el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los
actos administrativos censurados en el presente trámite constitucional,
proceso que fue asignado por reparto y está siendo objeto de estudio por el
Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, trámite en el que además se solicitó
medida cautelar de urgencia.

Alega la parte actora, que promueve la presente acción constitucional como
un mecanismo transitorio por estar en presencia de un perjuicio irremediable
que cumple con las características de inminente, urgente, grave e
impostergable, en la medida en que se le excluye de continuar en la subfase
especializada del curso-concurso por una nota reprobatoria en la evaluación
de la subfase general que ha tenido múltiples yerros, la cual tiene
consecuencias inmediatas y graves sobre sus derechos fundamentales, pues
le arrebata toda posibilidad de ser magistrada de la República producto de la
convocatoria.

Pues bien, revisado el expediente, la Sala estima que la presente solicitud de
amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad, en la medida en
que actualmente está en trámite el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo judicial que previó el ordenamiento
jurídico para controvertir la legalidad de los actos administrativos censurados,
el cual es idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales
que la parte actora estima infringidos y que corresponde conocer al juez
natural de la causa.

Sobre este asunto, la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades para
señalar que cuando se discute la calificación de la evaluación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial el mecanismo idóneo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Específicamente,
ha indicado11:

“[…] Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial y el
contenido de las preguntas antes mencionadas, el actor cuenta con el medio de

11
Consejo de Estado. Sección Primera, Sentencia de 12 de diciembre de 2024, rad. 11001-
03-15-0002024-06331-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa judicial
idóneo para el asunto y en el cual puede solicitar las medidas cautelares
dispuestas en el CPACA, las cuales “permitirán prevenir la consumación de un
daño definitivo mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2002.

Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela
para discutir decisiones administrativas particulares emitidas en
concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que excluye del
proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de 202112,
señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por
desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales invocados, al expedir las
resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de mayo de 2021, CSJBOR21-
801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-0265 de 17 de agosto de 2021, por
medio de las cuales se dispuso su exclusión del proceso de
selección en el marco del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

[…]

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso concluir que los
actos administrativos acusados por esta vía constitucional son susceptibles
de control jurisdiccional y, en ese sentido, la accionante dispone del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual puede discutir la legalidad de los actos
administrativos en cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido esta Sección,
«con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable
el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces
ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados
en casos como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada normativa además
de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos,
contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar,
entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia, como

12
Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 14 de octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único
de radicación 11001-03-15-000 2021-06518-00(AC)

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la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo o
del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su
nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite
ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro que,
contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa de que dispone
para controvertir los actos administrativos acusados por vía judicial resulta
ser idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales que
estima vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine no se
demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que este debe
suponer una hipotética afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la parte actora, y en ese sentido se justifica la
intervención del juez de tutela en forma transitoria para adoptar medidas
urgentes e impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para discutir la legalidad de los actos administrativos que acusa por
vía constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la presente
acción de tutela ante la inobservancia del requisito de la subsidiariedad
[…]”.

Ahora bien, respecto a que se configura el perjuicio irremediable, en razón a
que con las decisiones censuradas se le excluye de continuar en la subfase
especializada del curso-concurso y, por tanto, le quita la posibilidad de ser
magistrada de la República producto de la convocatoria, es necesario indicar
que el medio de control que promovió la parte actora ante lo contencioso
administrativo tiene mecanismos de defensa adicionales para evitar la
ocurrencia del citado perjuicio por medio de las medidas cautelares,
instrumento procesal que es idóneo y eficaz para que el juez de la causa
analice los argumentos expuestos por la actora y determine su existencia, y si
en efecto se requiere decretar de manera provisional las medidas solicitadas
mientras dura el proceso con el fin de garantizar el derecho que es
controvertido dentro del trámite judicial.

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En ese orden de ideas, en razón a que la parte actora promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como que solicitó la
medida cautelar de urgencia que tiene como fin las mismas pretensiones de la
presente acción de tutela, no es posible la intervención del juez constitucional,
como quiera que está en trámite el mecanismo judicial previsto por el
legislador para además de controvertir la legalidad de los actos acusados,
salvaguardar los derechos fundamentales que estima la parte actora se le han
vulnerado. Descender en el estudio de la presente acción, implicaría invadir
las competencias del juez de lo contencioso administrativo, más aún cuando
los argumentos del escrito de tutela están dirigidos a señalar las razones por
las cuales, a su juicio, se presentan irregularidades en el proceso metodológico
del IX Curso de Formación Judicial Inicial, mismos argumentos que soportan
el medio de control impetrado.

Por último, cabe señalar que de lo expuesto en el libelo introductorio no es
posible establecer que la parte actora esté en una situación de debilidad
manifiesta o extrema vulnerabilidad que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inminentes para la protección de sus derechos
fundamentales y, por tanto, que habilite la intervención del juez constitucional.

Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas anteriormente,
la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva presentada por la Unión Temporal de Formación Judicial
2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada
por la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

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CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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