Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06767-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06767-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06767-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
11 de abril de 2025
Radicado: 11001031500020240676701
Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-06767-01
Accionante: Darly Edilia Rodríguez Minota
Accionados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco del IX Curso de
Formación Judicial. Requisito procedencia de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la actora en contra de la sentencia del 6
de febrero de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo no por superar el requisito de
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Darly Edilia Rodríguez Minota promovió acción de tutela en la que solicitó la protección
de sus derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, a la igualdad y al debido
proceso, que consideró vulnerados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la
Unión Temporal Formación Judicial 2019 con ocasión de la Resolución No. EJR24-
1234 del 5 de noviembre de 2024, a través de la cual, se resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio del mismo
año, y le asignó un puntaje 792 en la subfase general realizada en el marco del IX
Curso de Formación Judicial dentro de la convocatoria 27.
2. Hechos
La accionante superó las pruebas de la convocatoria 27 adelantada para proveer
cargos de funcionarios en la Rama Judicial e hizo parte del IX Curso de Formación
Judicial regulado en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019. En consecuencia, la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla expidió la Resolución EJR24-298 del 21 de junio
de 2024 “por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial”, y asignó a la actora una calificación insuficiente
para continuar a la subfase especializada. Contra esta decisión la señora Rodríguez
Minota interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido en forma favorable a través
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de la Resolución EJR24-905 del 5 de noviembre de 2024 y aumentó el puntaje de
calificación a 792, sin embargo, este aún la ubicó en la categoría de “reprobado”.
3. Pretensiones y argumentos
3.1. En la solicitud de tutela, la parte actora solicitó al juez constitucional:
“PRIMERA. CON CARÁCTER URGENTE, conforme al artículo 7 del Decreto
2591 de 1991, con la admisión de la presente acción de tutela se ordene a la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que de inmediato se habilite la inclusión
de mi representada en la subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial Inicial en las mismas condiciones que los discentes cuya nota de la
subfase general fue aprobatoria.
SEGUNDA. Se declare la vulneración de los derechos fundamentales de
acceso a los cargos públicos, igualdad y debido proceso de la aquí tutelante y,
por consiguiente, que mientras surte su trámite el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, la tutelante deberá poder seguir cursando la
subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en las mismas
condiciones que los discentes cuya nota de la subfase general fue aprobatoria.
TERCERA. Se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 que de inmediato pongan a disposición de
la tutelante los videos que contienen sus registros de la presentación de la
Evaluación desarrollada en las jornadas del 19 de mayo y 02 de junio de 2024”
3.2. Como fundamentos de la acción de tutela, expuso los siguientes:
3.2.1. Con el propósito de garantizar la protección de sus derechos fundamentales, la
señora Rodríguez Minota interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la anulación de los actos que
le impidieron continuar en el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial. No
obstante, consideró que este mecanismo constitucional resulta procedente, dado que
no busca obtener una solución paralela al proceso ordinario, sino evitar la
materialización de un perjuicio irremediable que identificó como una imposibilidad de
hacer parte de la subfase especializada del curso de formación. Además, a su juicio,
“no tendría oportunidad alguna de ejercer sus derechos fundamentales en ningún
escenario, y cualquier actuación del juez de lo Contencioso Administrativo sería inane
para conjurar la grave afectación causada”.
3.2.2. Explicó que el perjuicio que pretende evitar presenta las siguientes
características: i) es inminente, dado que la actora fue excluida del curso de formación
judicial sin una calificación fiable, verídica y objetiva. Además, aunque en el proceso
ordinario solicitó el decreto de medidas cautelares de urgencia, estas no habían sido
decididas para el momento en que acudió a la acción de tutela; ii) es grave, debido a
las irregularidades que se presentaron en el desarrollo del curso de formación, a la
falta de motivación del acto que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra
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de la Resolución EJR24-298 de 2024, así como, a la falta de idoneidad de la Unión
Temporal Formación Judicial 2019 para el diseño, estructuración y operación del
proceso; iii) es urgente e impostergable, ya que requiere que se adopten medidas
inmediatas para evitar su consumación, pues el proceso contencioso administrativo no
tiene la misma eficacia y rapidez. Destacó que actuó con diligencia, puesto que el acto
que resolvió la reposición se notificó el 8 de noviembre de 2024 y la demanda ordinaria
se radicó el 20 de noviembre siguiente; no obstante, la subfase especializada continuó,
lo que derivó en la consecuente lesión a sus garantías fundamentales.
3.2.3. En cuanto a las irregularidades que, según afirmó, se presentaron en el
desarrollo del IX Curso de Formación Judicial, señaló que la metodología
implementada generó una “fatiga mental” para los discentes, pues en solo dos (2)
jornadas se evaluaron ocho (8) módulos a través de un examen que se compuso de
336 preguntas. Además, los participantes no han podido acceder a las grabaciones de
las jornadas de evaluación, a pesar de que constituyen el único soporte para la
calificación.
Agregó que, debido al sistema de calificación adoptado, la lista de elegibles resultará
insuficiente para cubrir la totalidad de las plazas vacantes. Por ello advirtió que “de no
ajustar la metodología del IX Curso y de su evaluación, el propósito constitucional de
nombrar jueces mediante un proceso de selección objetiva se termina incumpliendo”.
A su juicio, esto desconoce la naturaleza formativa del proceso, contraviene los
estándares internacionales en materia de acceso a cargos públicos y vulnera el
derecho fundamental a la igualdad.
3.2.4. Consideró que resulta contrario a la igualdad de trato el hecho que, en cursos
de formación anteriores la calificación aprobatoria haya sido alcanzada casi por la
totalidad de los discentes, y que se haya excluido del curso de formación actual a
quienes superaron el anterior. En ese sentido, argumentó que “alguien que apenas
haya obtenido el mínimo puntaje aprobatorio en el referido curso, 800 puntos,
fácilmente será desplazado de las primeras posiciones por aquellos discentes que
homologaron o se exoneraron del curso de formación judicial, en los cuales la
calificación media estuvo sobre los 900 puntos”. Por tanto, sostuvo que quienes
aprobaron el anterior tienen una ventaja frente a quienes ingresaron por primera vez
al Curso de Formación Judicial, lo que supone un trato favorable, irrazonable y
desproporcionado. Además, en su criterio, esta situación no busca un fin constitucional
legítimo, sino que vulnera el principio de igualdad de oportunidades.
Agregó que, el derecho a la igualdad también se vio afectado por la modificación
discrecional en la calificación de algunos ítems por parte de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla en el acto que resolvió el recurso de reposición que interpuso en contra
de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.
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3.2.5. En su concepto, dada la posición de dominio de las entidades accionadas en el
IX Curso de Formación Judicial, tenían el deber de demostrar que sus actuaciones se
ajustan al principio de la buena fe, con el propósito de no ubicar a los discentes en una
situación de indefensión. Sin embargo, considera que las actuaciones de la Escuela
Judicial y de la Unión Temporal Formación Judicial 2019 se apartaron de las subreglas
establecidas en la decisión SU-067 de 2022.
Asimismo, expuso que se vulneró su derecho al debido proceso por la falta de entrega
de toda la información necesaria para impugnar los actos de calificación, bajo el
argumento de protección por reserva. También mencionó la falta de idoneidad del
operador técnico y el desconocimiento de los lineamientos del Acuerdo Pedagógico
que reglamentó todo el procedimiento, especialmente lo atinente a los encuentros
sincrónicos y el método de calificación. Finalmente alegó que la resolución que resolvió
el recurso de reposición en contra de la calificación inicial adolece de falta de
motivación.
4. Trámite en primera instancia
4.1. Mediante auto del 13 de noviembre de 20241 la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y negó la medida provisional, así como el decreto
de las pruebas solicitadas por la parte actora.
4.2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla2 solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela, dado que la accionante promovió previamente una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
propósito de atacar la legalidad de los actos administrativos de calificación de la
subfase general. En ese sentido, sostuvo que la solicitud de amparo constitucional no
cumple con el requisito de subsidiariedad.
Asimismo, señaló que no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni la
vulneración de sus derechos fundamentales, toda vez que interpuso recurso de
reposición en contra de la resolución que definió el puntaje de calificación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial, y los motivos de inconformidad que lo
fundamentaron se decidieron con atención a las normas y regulaciones aplicables a la
materia.
4.3. La Unión Temporal Formación Judicial 20193 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Para sustentar su postura, argumentó que no ha
1 Índice 0005 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, certificado
15A96375611C388A B03E2289B0294B61 C1197B1CB98EFE22 82AD054D88019638
2Índice 0009 del expediente de tutela de primera instancia en Samai, certificado 4BA2BFD6CDA15A57
16607751A9EE9CF6 AE6AC8FEEFCB0071 63B50510C46FA4F8.
3 Índice 0010 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, certificado
A65D4415936D05E6 35B5965F46CB27D4 0605E352ADABC697 ED051527AC60E018
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transgredido los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela, dado que
su actuación se ha enmarcado en la legalidad y en las atribuciones establecidas para
el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial. Adicionalmente, preciso que carece
de competencia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones, en tanto estas
buscan la inclusión de la accionante en la subfase especializada, aspectos sobre los
cuales no tiene injerencia, pues su rol se limita a actuar como aliado estratégico de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, sin potestades administrativas para modificar
las calificaciones de los discentes.
Por otro lado, sostuvo que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad por dos razones: i) la actora dispone del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, como
mecanismo idóneo para impugnar los actos administrativos que establecieron el
puntaje de calificación que reprocha en esta sede y ii) en lo concerniente a la
pretensión de entrega del material audiovisual, manifestó que la acción de tutela
resulta improcedente en la medida de conformidad con el numeral 4.2.1. del
documento maestro, la tutelante, como interesada, debe presentar una solicitud formal
al respecto, requisito que no ha cumplido hasta la fecha.
4.4. La Unidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia4 en calidad de integrante
de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, presentó informe en el que solicitó que
se desestimen las pretensiones de la solicitud de amparo. A este respecto, indicó que
la accionante no acreditó la existencia de un hecho vulnerador ni de un perjuicio
irremediable, y que las actuaciones de la unión temporal se han ceñido a las
disposiciones constitucionales y normativas aplicables al desarrollo del IX Curso de
Formación Judicial.
5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia el 6
de febrero de 20255 que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional
dado que no superó el requisito de subsidiariedad.
Como fundamento de su decisión, el a quo constitucional se remitió a la decisión SU-
067 de 2022 en la que la Corte Constitucional estableció que el proceso judicial que
se surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural
para la reivindicación de los derechos fundamentales que se consideran lesionados
por actos administrativos expedidos en el marco del concurso de méritos de la
convocatoria 27. A partir de este contexto, precisó que la accionante cuestionó la
legalidad de los actos que asignaron la calificación de la subfase general del IX Curso
de Formación Judicial, y además, que promovió una demanda de nulidad y
4 Índice 0011 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, certificado
70CFDF72779DEF0D 6EA3399E80195A2A 09DC7E75980F4221 B7AD4CF8BA3EFD8C
5 Índice 0013 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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restablecimiento del derecho en la que solicitó su anulación, y que cursa en la
actualidad en el Juzgado Diecisiete Administrativo dl Circuito de Bogotá; trámite en el
que además, solicitó una medida cautelar de urgencia.
Por lo anterior, advirtió que la acción de tutela no cumplió con el requisito de
subsidiariedad en atención a que se encuentra en trámite la demanda ordinaria, que
resulta eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, y también para
prevenir la ocurrencia del perjuicio irremediable cuya existencia denunció, pues puede
solicitar el decreto de medidas cautelares en cualquier estado del proceso. Además,
puso de presente que la Sección Primera de la Corporación ya había declarado la
improcedencia del amparo en casos similares al de la accionante, tal como se advierte
en la sentencia del 12 de diciembre de 2024 dictada en dentro de la acción de tutela
identificada con el radicado 11001 03-15-000-2024-06331-00, y en el fallo del 14 de
octubre de 2021 proferido en el asunto identificado con el número 11001-03-15-000
2021-06518-00.
7. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación6 y solicitó se revoque el fallo de
primera instancia, para que, en su lugar, se ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla disponer su inclusión en la subfase especializa del IX Curso de Formación
Judicial; así como poner a su disposición el material fílmico que contiene los registros
de la presentación de la evaluación desarrollada en las jornadas del 19 de mayo y del
02 de junio de 2024.
Para sustentar su posición expuso los siguientes argumentos:
7.1. Aplicación incorrecta el precedente jurisprudencial
Afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado fundamentó la decisión en dos
(2) fallos de tutela que no eran aplicables a su caso.
Por un lado, sostuvo que la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida en el
marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-0002024-06331-00 analizó un
caso que presenta diferencias relevantes. En ese proceso la parte accionante no
promovió ninguna demanda ordinaria, mientras la señora Rodríguez Minota sí
demandó la legalidad de los actos de calificación mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. En este sentido, acotó que los dos asuntos no
podían resolverse bajo la misma regla.
6 Índice 0017 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, certificado
A499A479402E2EE6 1F77568CC86B75DD 46A00AB1DEFC1CE3 C42069AEFC217E6C.
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Por otro, argumentó que el contexto fáctico que respaldó la decisión del 14 de octubre
de 2021 adoptada en el radicado 11001-03-15-000 2021-06518-00 era diferente al
suyo. Esto, debido a que, aunque en dicho caso se estudió la posible vulneración de
los derechos fundamentales por la exclusión de un concurso de méritos de la Rama
Judicial, la parte actora [de ese asunto] se encontraba inscrita para el cargo de oficial
mayor y/o sustanciador de juzgados municipales, mientras que la señora Rodríguez
Minota lo estaba en el cargo de magistrada, y fue excluida, no del concurso, sino del
curso de formación. Por tanto, indicó que, pesar de la similitud en la afectación de
derechos fundamentales, existen diferencias en los cargos y las circunstancias de la
exclusión. Esto, en su criterio, imposibilita aplicar la misma subregla para decidir
ambos asuntos.
7.2. Ineficacia del medio de control para la protección de los derechos fundamentales
de la accionante
Indicó que en fallo de tutela del 28 de febrero de 2022 [no identificó el radicado] la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que, cuando se trata de
concursos de méritos, los medios de defensa previstos en la jurisdicción contenciosa
administrativa no siempre resultan eficaces para garantizar la protección de los
derechos fundamentales. Esto, por cuanto la orden que eventualmente se imparta a
título de restablecimiento del derecho no guardaría relación con el acceso a cargos
públicos, sino que se trataría una compensación económica.
Acotó que junto con cincuenta y seis (56) personas presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que se cuestionó la legalidad de los actos que, para
cada uno de ellos, establecieron la calificación de la subfase general. El asunto
correspondió por reparto al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá,
sin embargo, su titular manifestó impedimento. Destacó que han transcurrido tres (3)
meses sin que se dado trámite alguno al proceso.
Expuso que el 6 de febrero de 2025 radicó ante la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa una solicitud de vigilancia administrativa, lo que demuestra
la debida diligencia y respeto por las competencias del juez natural “pero la situación
de amenaza de los derechos fundamentales de Darly Edilia continúa, pues la subfase
especializada avanza, lo que le cercena su derecho a acceder al cargo de magistrada
de la República”.
De igual forma, señaló que en la demanda ordinaria se presentó petición de decreto
de medidas cautelares de urgencia. Sin embargo, esto no ha resultado eficaz debido
al tiempo que ha transcurrido desde que fue radicada sin que se haya adoptado la
decisión respectiva. Por consiguiente, consideró que el mecanismo ordinario no es
idóneo, en su caso particular, para la protección de los derechos fundamentales.
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Agregó que el desarrollo de la subfase especializada inició en noviembre de 2024 y
culminó el 9 de marzo de 2025, razón por la cual la vulneración de sus derechos
fundamentales persiste, a pesar de la solicitud de medidas cautelares de urgencia
presentada conjuntamente con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
7.3. Finalidad del amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable
Sostuvo que este mecanismo constitucional de tutela fue invocado con carácter
transitorio y no busca obtener una decisión paralela a la del juez ordinario. Su
procedencia de fundamentó en la necesidad de evitar la ocurrencia del perjuicio
irremediable que consiste en la imposibilidad para la actora de continuar como discente
en el IX Curso de Formación Judicial. Además, reiteró que cumple con las
características de ser inminente, grave, urgente e impostergable.
7.4. Efectividad del derecho de acceso a cargos públicos, a la igualdad y al debido
proceso, cuando el concurso de méritos se encuentra aún en desarrollo
Argumentó que la pretensión principal de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho no se orienta a obtener la compensación por el costo de no poder ser
nombrada funcionaria de la Rama Judicial, sino garantizar a la accionante su
participación en la subfase especializada, dado que el IX Curso de Formación Judicial
aún está en trámite. En tal sentido, planteó que el juez constitucional “deberá ponderar,
si ante la falta de respuesta del juez de lo contencioso administrativo, procede ordenar
el amparo transitorio para que mi mandante continúe la fase especializada del curso-
concurso”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Darly
Edilia Rodríguez Minota, pues conforme a las pruebas aportadas con el escrito de
tutela, participó como discente en el IX Curso de Formación Judicial e interpuso
recurso de reposición en contra de la Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de
2024 “por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial”, con el fin de que se modificara el puntaje que le
fue asignado.
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2.3. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dado que fue la autoridad que profirió los actos
administrativos que asignaron el puntaje de calificación, así como la que resolvió el
recurso de reposición, y es la autoridad que recibió la petición de corrección y
aclaración.
De la misma manera, la Unión Temporal Formación Judicial 2019 está legitimada por
pasiva para comparecer a este trámite, pues, por un lado, la accionante dirigió sus
pretensiones en su contra, por otro, dentro de sus funciones como aliado de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, participó en el desarrollo del IX Curso de Formación
judicial como apoyo del desarrollo de la modalidad virtual y presencial.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para revocar el fallo de primera instancia.
4. Subsidiariedad
Al respecto, resulta importante destacar que este requisito está definido expresamente
en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de
tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el
artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 19917.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial8.
7“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
8 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
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La Corte Constitucional9 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
En la decisión SU-067 de 2022 dicha Corporación estudió la procedencia de la acción
de tutela promovida con ocasión de la convocatoria 27 para proveer cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, y precisó, que, el mecanismo no es en principio el
adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales que se
consideran lesionados por la expedición de un acto administrativo, pues “el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos
procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos”10, además,
las medidas cautelares previstas en tal estatuto “permitirían prevenir la consumación
de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de los
aludidos medios de control en este campo”.
No obstante, la Corte recordó tres excepciones a la regla general de improcedencia de
la solicitud de amparo en materia de concursos de méritos, de la siguiente forma:
“96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones
a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico
de los concursos de mérito11. Los actos administrativos que se dicten en el curso
de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando
se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii)
configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo. A
continuación, se explican estas hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial.
En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»12. Habida cuenta de esta circunstancia, la acción
9 Sentencia C-590 de 2005.
10 Sentencias T-505 de 2017, T-146 de 2019, T-270 de 2012.
11 Tras analizar la línea jurisprudencial existente en la materia, la Corte manifestó lo siguiente en la
Sentencia T-049 de 2019: «[L]a Corte Constitucional recalcó en la sentencia T-315 de 1998, reiterada
en los fallos T-1198 de 2001, T-599 de 2002, T-602 de 2011 y T-682 de 2016, que la acción de amparo,
en principio, no procede para controvertir los actos administrativos que reglamentan o ejecutan un
proceso de concurso de méritos, salvo en los siguientes casos:- Cuando la persona afectada no tenga
mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está
legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es
eminentemente constitucional.- Cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción».
12 Sentencia T-314 de 1998.
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de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de
trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera que
tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo»13.
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda
excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra estos
actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la consolidación de un
perjuicio irremediable14. Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las
circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no
producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los
derechos fundamentales de la persona que interpone la acción»15.
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad reconocida
por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan
ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las
sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la
convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la
aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»”16
5. Caso concreto
La Subsección anuncia que el presente asunto no cumplió con el requisito de
subsidiariedad y, por ende, confirmará el fallo de primer grado por las razones que se
exponen a continuación:
5.1. Del estudio de los documentos aportados con el escrito de tutela17, se acredita lo
siguiente:
• A través de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de la calificación de la subfase
13 Sentencia T-292 de 2017.
14 Sentencias T-227 de 2019, T-049 de 2019, T-438 de 2018, T-160 de 2018, T-610 de 2017 y T-551 de
2017.
15 Sentencia T-049 de 2019.
16 En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de
sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos
fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en
su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de
la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal
motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.
17 Índice 0003 del aplicativo Samai del expediente de tutela de primera instancia, que pueden ser
consultados en el link de one drive incluido en el título “XIV. ANEXOS”.
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general del IX Curso de Formación Judicial, en la que Darly Edilia Rodríguez
Minota obtuvo 782,940 puntos, que la ubicó en estado “reprobado”.
• La accionante interpuso recurso de reposición, con el fin de que se modificara
la calificación. Asimismo, solicitó que se le diera acceso al material fílmico que
contiene del desarrollo de las pruebas que presentó.
• Con la Resolución EJR24-1234 del 5 de noviembre de 2024, la mencionada
entidad resolvió el recurso y modificó la calificación de la subfase general de la
accionante para asignar 792 puntos, con estado “reprobado”. En relación con el
acceso a las grabaciones, la Escuela Judicial indicó:
“No hay lugar a subsanar las jornadas de exhibición de la evaluación de
la subfase general, teniendo en cuenta que estas cumplieron con las
reglas jurisprudenciales para la publicación de resultados, pues (i) no
hubo limitación al acceso a la exhibición ya que esta se realizó a través
del campus virtual, donde se permitió el acceso a las pruebas y aciertos
a todos los discentes que reprobaron la subfase general; (ii) a los
discentes se les concedió un término de exhibición semejante al término
que tuvieron para desarrollar la prueba, y (iii) máxime cuando, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los
videos de proctoring son para los procesos de fraude en la evaluación,
más no, para rebatir la calificación, como sucede en el caso en concreto”.
5.2. A partir de lo anterior, la Subsección advierte la existencia de un acto
administrativo definitivo que estableció la calificación de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial y otorgó a la actora 792 puntos, lo que resulta insuficiente
para continuar con la subfase especializada, y en este orden, cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 13818 de la Ley
1437 de 2011 para cuestionar la legalidad de la decisión, como mecanismo de defensa
judicial idóneo, en el que además, puede solicitar el decreto de medidas cautelares en
los términos de los artículos 229 y siguientes de la misma norma, incluidas aquellas
con carácter de urgencia.
En efecto, los argumentos y pruebas que fundamentaron la solicitud de amparo
constitucional demuestran que la señora Rodríguez Minota, a través de apoderado,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se identificó con el
18 ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
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número de radicado 11001-33-35-017-2024-00393-00, y fue asignada por reparto al
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá.
La consulta en el aplicativo Samai19 da cuenta que i) la demanda se radicó el 21 de
noviembre de 2024; ii) el 15 de enero de 2025, la titular del mencionado despacho
manifestó su impedimento para conocer del asunto, bajo el argumento de que participó
en la convocatoria 27; ii) el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá,
a quien se remitió el expediente como consecuencia de la manifestación de
impedimento, dictó auto del 20 de marzo de 2025 en el que la declaró infundada y
ordenó la devolución de las diligencias al juzgado de origen; iii) la devolución se realizó
mediante actuación secretarial registrada el 28 de marzo de 2025.
5.3. En suma, según los lineamientos previstos en la sentencia SU-067 de 2022 de la
Corte Constitucional, la Sala comparte la tesis del a quo constitucional para declarar
la improcedencia de la solicitud de amparo, pues la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de
los derechos fundamentales de la accionante. En efecto, la pretensión de la solicitante
es cuestionar la legalidad de los actos que le asignaron un puntaje insuficiente para
continuar como discente en el IX Curso de Formación Judicial y buscar que se
garantice su participación en la subfase especializada. Estos aspectos, no son del
resorte del juez de tutela sino del juez de lo contencioso administrativo debido a su
misma naturaleza.
Ahora, contrario a las razones que expuso la parte actora en el escrito de impugnación,
la Subsección estima que el proceso ordinario sí resulta eficaz para el fin que persigue.
Además de poner la situación ante el conocimiento y juicio del juez natural, brinda la
posibilidad de solicitar que se decrete como medida cautelar que se permita la
continuidad de la accionante en el curso de formación, como en efecto ocurrió.
Adicionalmente, para ese momento, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
de Bogotá declaró infundado el impedimento que manifestó la titular del Juzgado
Diecisiete Administrativo del mismo circuito, y en ese orden, esta última autoridad
adoptará la decisión pertinente sobre la admisión de la demanda y el decreto de la
medida cautelar.
En virtud de lo anterior, para la Sala no se encuentra probada la posible materialización
de un perjuicio irremediable en razón del tiempo que ha ocupado el trámite del proceso.
Esto, por cuanto, entre la fecha en que se presentó el escrito de demanda y la decisión
sobre el impedimento transcurrieron cuatro (4) meses, que no pueden entenderse
como irrazonable; además, aunque la decisión sobre la medida cautelar no se adoptó
en forma inmediata, esto no soporta la intervención urgente del juez constitucional,
19 El expediente digital puede ser consultado en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333501720240039
3001100133
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pues corresponde a un tiempo del trámite normal que se deriva de la alta carga que
afrontan los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá.
Por otro lado, la interesada no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable.
Esto, dado que la exclusión del curso de formación no afecta su situación laboral
actual, además, el posible nombramiento como funcionaria de la Rama Judicial no
obedece únicamente a la subfase general, pues aún debería superar la subfase
especializada, y en tal sentido, el nombramiento al que alude se erige como una mera
expectativa.
Aunado a lo anterior, de las pruebas que el extremo activo aportó como sustento del
amparo no se evidencia la existencia de una situación que pruebe una condición de
debilidad manifiesta o que merezca una protección especial que impida tener por
superado el requisito de subsidiariedad.
5.4. Frente al cargo relativo a la indebida aplicación del precedente jurisprudencial por
parte el a quo constitucional, la Sala pone de presente que el fallo de primera instancia
se fundamentó en los parámetros de unificación que sobre la materia estableció la SU-
067 de 2022, decisión que a su vez soportó los fallos20 cuya aplicación consideró
irregular. De ahí, que no se observe ninguna irregularidad en relación con las reglas
de improcedencia que fueron citadas para decidir el presente asunto.
Sin perjuicio de lo anterior, contrario a lo considerado por la parte actora en el escrito
de impugnación, los fallos de tutela citados como sustento adicional de la decisión que
declaró improcedencia la solicitud de amparo sí encuentran relación con su caso
particular. Conviene precisar que, tanto en esos casos, como en el presente asunto,
se analizó la posible vulneración de derechos fundamentales con ocasión de actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos, para concluir que,
acorde a la posición unificada de la Corte Constitucional los mecanismos ordinarios
previstos en la jurisdicción contenciosa administrativa resultan idóneos y eficaces.
Así las cosas, no se demostró la indebida aplicación del precedente jurisprudencial en
este asunto.
5.5. Finalmente, en lo atinente al acceso al material fílmico que contiene las
grabaciones de las pruebas presentadas por la accionante, se observa que en la
Resolución EJR24-1234 del 5 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el acto que publicó los resultados de la subfase general,
20
Proferidos el 12 de diciembre de 2024 en el radicado 11001 03-15-0002024-06331; y el 14 de octubre de 2021 en el radicado
11001-03-15-000 2021-06518-00, por la Sección Primera del Consejo de Estado.
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la Escuela Judicial explicó los motivos por los cuales estimó que no era procedente su
entrega.
No obstante, al revisar el escrito de la demanda21 de nulidad y restablecimiento del
derecho se observa que la actora solicitó el decreto, entre otras, de las siguientes
pruebas:
“Se solicita a la autoridad jurisdiccional que oficie a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y a la Unión Temporal, Formación Judicial 2019, para que alleguen con
destino al presente proceso:
[…]
Videos que registran la presentación de las pruebas evaluativas del 19 de mayo y
02 de junio de cada uno de los demandantes”.
En consecuencia, se advierte que la pretensión de entrega de la prueba fílmica ya hace
parte de la órbita del juez ordinario, quien adoptará la decisión respectiva en el
momento procesal oportuno, y en tal sentido, no se torna necesaria la intervención del
juez de tutela.
5.6. De este modo, y como lo advirtió el fallo impugnado, el asunto no superó el
requisito de subsidiariedad, en este orden, se confirmará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
21 Índice 0002 en Samai expediente digital identificado con el número de radicado 11001-33-35-017-
2024-00393-00, que puede ser consultado en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333501720240039
3001100133
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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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