Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06784-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06784-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de febrero de 2025
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela. Subtema: Mora judicial / Requisitos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por José de Jesús
Mercado Herrera en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
José de Jesús Mercado Herrera1, obrando en nombre propio, solicitó el amparo de
su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, debido a la mora en resolver la liquidación del crédito
presentada por el accionante, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 08001-23-33-000-2013-00621-00.
2. Hechos
2.1. José de Jesús Mercado Herrera, por conducto de apoderado judicial, solicitó
ante el Tribunal Administrativo del Atlántico librar mandamiento de pago por la vía
ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Para tal efecto, invocó
como título de recaudo ejecutivo la sentencia emitida, el 7 de noviembre de 2019,
por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-23-33-000-2013-00621-01,
mediante la cual revocó la proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y
dispuso:
“(…) [R]econocer y pagar la pensión de jubilación al señor José de Jesús
Mercado Herrera de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, a partir del
22 de abril de 2005 (con la correspondiente mesada 14), pero con efectos
fiscales desde el 12 de junio de 2010, con el 75% del promedio de lo cotizado
durante los últimos 10 años de servicios (21 de abril de 1995 a 21 de abril de
2005), conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En el IBL
pensional se deberán incluir los factores sobre los cuales se hayan efectuado
1 Archivo electrónico identificado con certificado A17AE8675847E7AB 181190D4427BA89B
B7B2D0FD3E13D318 F627D90A94770236, ubicado en el índice 2 del Samai.
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y
1158 de 1994 con ingreso base de cotización (IBC) como quedó indicado en
la parte motiva”2.
2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de auto del 18 de abril de 2022,
con base en la información suministrada por la contadora adscrita al Tribunal, libró
mandamiento de pago por la suma de $1.024.371.902,32, a favor del ejecutante
Jesús Mercado Herrera y en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.
2.3. Posteriormente, la citada autoridad judicial profirió sentencia el 28 de mayo de
2024, en la que declaró probada la excepción de pago parcial y ordenó seguir
adelante con la ejecución contra la UGPP respecto del saldo que se encuentra
insoluto debido a la condena impuesta en la sentencia de 7 de noviembre de 2019
por la Sección Segunda del Consejo de Estado. La citada providencia se notificó el
9 de julio de 2024.
2.4. El señor Mercado Herrera, el 11 de julio de 2024, presentó ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico, solicitud de liquidación del crédito en la que indicó que
la ejecutada aún le adeudaba un valor insoluto de $806.944.695.
2.5. De manera subsiguiente, la UGPP presentó recurso de apelación en contra de
la sentencia del 28 de mayo de 2024.
2.6. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 22 de
julio de 2024, concedió, en efecto devolutivo, el recurso interpuesto por la parte
ejecutada y para tal efecto lo remitió al Consejo de Estado.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. José de Jesús Mercado Herrera solicitó al juez constitucional el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, que se ordene al
Tribunal Administrativo del Atlántico que resuelva sobre la liquidación del crédito
presentada el 11 de julio de 2024.
3.2. El accionante adujo, en síntesis, que la conducta de la autoridad judicial
demandada atenta contra sus garantías fundamentales, ya que no se avanza
efectivamente en el trámite y se desborda el plazo razonable para recibir respuesta
dentro de un proceso judicial de manera injustificada, a pesar de que este no reviste
complejidad alguna.
3.3. Aunado a lo anterior, el solicitante del amparo indicó que presentó memoriales
de impulso en las siguientes fechas: “25.07.24, 23.08.24, 05.09.24, 20.09.24,
04.10.24, 01.11.24, 15.11.24 y 27.11.24”3 y que, a pesar de ello, no se ha emitido
respuesta.
4. Trámite de tutela e intervenciones
2 Archivo electrónico identificado con certificado 19C50E9328C2C8F3 75947854A3489DFC
FF5246D5B3174057 9723A55613518766, ubicado en el índice 11 del Samai.
3
Archivo electrónico identificado con certificado A17AE8675847E7AB 181190D4427BA89B
B7B2D0FD3E13D318 F627D90A94770236, ubicado en el índice 2 del Samai.
2
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 12 de diciembre de 2024 4,
admitió la acción, vinculó como terceros con interés a quienes hubieren participado
en el trámite adelantado en el expediente radicado bajo el núm. 25000-23-42-000-
2018-00671-01, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
4.1. La UGPP contestó la demanda y solicitó decretar la improcedencia de la acción,
en la medida en que no se cumple con los presupuestos jurisprudenciales para
amparar la mora judicial, toda vez que la parte actora utiliza la solicitud de amparo
como una instancia adicional del trámite ordinario.
Por otra parte, solicitó que, en caso de no acceder a la anterior petición, fuera
desvinculada del trámite constitucional, porque, al carecer de funciones judiciales,
no se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la magistrada titular del
Despacho al que correspondió el trámite del proceso ejecutivo, contestó la acción
de tutela y solicitó que fueran negadas las súplicas de la demanda.
Expuso que en el asunto objeto de amparo, se ha surtido el trámite normal acorde
con las normas procedimentales aplicables al proceso ejecutivo. Al punto, indicó
que, el 7 de octubre de 2024, profirió providencia mediante la cual se dispuso: i)
reiterar y ampliar las medidas cautelares decretadas, y ii) remitir el expediente a la
contadora adscrita a este Tribunal, para que apoye con la liquidación del crédito.
Sostuvo que, en razón de lo anterior, el expediente fue remitido a la contadora
adscrita a ese Tribunal, el 29 de octubre 2024, para que apoyara al despacho con
la liquidación del correspondiente crédito, sin que hasta la fecha haya sido devuelto.
Manifestó que, dado el cúmulo de trabajo que afrontan los dos contadores, con los
que cuenta esa jurisdicción en el Atlántico, para atender a 15 jueces y 9 despachos
de magistrados, el término que ha transcurrido entre la remisión del expediente a
esa dependencia y la fecha de presentación de la vigilancia no amerita un
requerimiento preventivo de este despacho, pues no es constitutivo de mora o
retardo injustificado, al tenor de la jurisprudencia constitucional.
Adicionalmente, afirmó que se trata de una situación conocida por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico, que llevó incluso a la expedición de la
Circular de 25 de julio de 2024.
Por otra parte, explicó que a pesar de que el accionante aduce que han transcurrido
más de cuatro meses sin que se haya resuelto su solicitud, lo cierto es que no tuvo
en cuenta que, con posterioridad a la radicación de la liquidación, se han surtido
etapas legales obligatorias y emitido decisiones necesarias, lo que pone de presente
la proactividad del despacho en la toma de decisiones.
4 Archivo electrónico identificado con certificado 7D322779D765E271 5FBDC8DAF909910D
EE98A9AF99B043F1 176F577C4D06C10D, ubicado en el índice 4 del aplicativo Samai.
3
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
En ese orden, indicó que, “con posterioridad al 11 de julio de 2024, se expidieron
las siguientes decisiones: i) auto de fecha 22 de julio de 2024, a través del cual se
concedió, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación formulado por la ejecutada
contra la sentencia emitida en este asunto, ii) auto de fecha 23 de septiembre de
2024, mediante el cual se dispuso correr traslado a la parte ejecutada de la
liquidación del crédito propuesta por la ejecutante, y, iii) auto de 7 de octubre de
2024, mediante la cual se emitió un pronunciamiento en punto a las solicitudes
formuladas precisamente por la parte ejecutante, a través de la cual reiteró las
medidas de embargo y la ampliación de las medidas cautelares”5.
La autoridad cuestionada puso de presente que, por hechos similares el aquí
accionante ha iniciado tres vigilancias administrativas6, sobre las cuales el Consejo
Superior de la Judicatura del Atlántico ha negado su apertura y lo ha instado para
que haga buen uso de ese mecanismo.
Por último, refirió que, junto con la presente acción de tutela, el accionante radicó
una nueva solicitud de vigilancia administrativa por los mismos hechos y
pretensiones, la cual se tramita ante el Consejo Seccional de la Judicatura, bajo el
número radicado 08001-11-01-001-2023 04323-00
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley10.
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de las garantías constitucionales que afirma son
vulneradas, en su condición de parte demandante dentro del proceso ejecutivo con
radicado núm. 08001-23-33-000-2013-00621-00.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el Tribunal
Administrativo del Atlántico es la autoridad judicial a quien se le atribuyó la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, en relación con el
trámite del proceso ejecutivo que tiene a su cargo.
5 Archivo electrónico identificado con certificado D2DB8BA41A96FEF6 8DC587CFDB2F1F98
4E4CA558A0A2777A 6C47568DE1FDE5E6, ubicado en el índice 9 del aplicativo Samai.
6 Los radicados de las vigilancias administrativas son 08001-11-01-001-2023 03623-00, 08001-11-
01-001-2023 03722-00 y 08001-11-01-001-2024-01147-00.
4
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
Por otra parte, la Sala pone de presente que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-,
alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en consideración que
no es la autoridad competente para atender las pretensiones del demandante. Al
respecto, esta judicatura aclara que su vinculación, en calidad de tercera, obedece
a que funge como parte ejecutada en el proceso ejecutivo que se cuestiona, por lo
que su comparecencia se hace necesaria en aras de garantizar su derecho de
defensa y contradicción. Por lo tanto, la solicitud de desvinculación será negada.
2.2. El requisito de subsidiaridad también está acreditado, en la medida en que el
objeto de la controversia se centra en la presentación de un memorial de
actualización de la liquidación del crédito y de impulso procesal, situación que,
conforme a lo señalado en el escrito de tutela, podría constituir una situación de
tardanza desproporcionada —mora judicial—, al no haber un pronunciamiento de
fondo frente a aquellas actuaciones. En ese orden, resulta factible colegir que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para pretender el resguardo de las
garantías constitucionales, por cuanto no se advierte la existencia de otro medio de
defensa judicial eficaz para la protección de tales derechos.
2.3. Por último, el requisito de inmediatez también se encuentra satisfecho, en
razón a que la mora en el cumplimiento de los plazos procesales constituye una
conducta prolongada en el tiempo.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si, el Tribunal Administrativo del Atlántico, con
ocasión del proceso ejecutivo con radicado núm. 08001-23-33-000-2013-00621-00,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Mercado Herrera, al no
haberse pronunciado de fondo sobre el memorial de actualización de la liquidación
del crédito, presentado el 11 de julio de 2024.
4. Solución al problema jurídico
4.1. El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin
dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228
ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270
de 1996, “[l]a administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión
de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables”7 y que cuando
los jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los
requerimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede
comportar una eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión
de proferir una determinada providencia.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
5
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo
en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la
Constitución, [p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo
origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus
deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable”8. Por esta razón, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por
negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de proferir las
providencias —caso en el cual la mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el
represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los términos procesales,
caso en el que la mora es justificada y no vulnera los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia9.
Así, para calificar la mora como injustificada, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se debe valorar en el caso concreto si: “(i) [esta] es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial” 10.
5. Caso concreto
Conforme a los requisitos antes señalados, le corresponde a la Sala verificar si el
Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en mora judicial, con o sin justificación
y, a partir de ello, establecer si hubo una vulneración del derecho al debido proceso
de quien reclama su amparo.
5.1. En cuanto a la actualización de la liquidación del crédito, efectuada como
consecuencia de un proceso ejecutivo, el artículo 446 del CGP, por remisión del
artículo 306 de la Ley 1437 de 201111, dispone que su trámite seguirá las mismas
reglas previstas para la liquidación del crédito presentada por las partes12, después
de que estuviera ejecutoriado el auto que ordenó seguir adelante la ejecución o
notificada la sentencia que resolviera sobre las excepciones13. Estas son:
“(…) 2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la
forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del
cual s[o]lo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para
cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
12 CGP. “Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Para la liquidación del crédito y las costas,
se observarán las siguientes reglas: […] 4. De la misma manera se procederá cuando se trate de
actualizar la liquidación en los casos previstos en la ley, para lo cual se tomará como base la
liquidación que esté en firme”.
13 Ibid. “Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:
1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que
resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de
las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses
causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional
de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los
documentos que la sustenten, si fueren necesarios. […]”.
6
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la
liquidación objetada.
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación
por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de
oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido,
no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al
ejecutante en la parte que no es objeto de apelación”14.
Al respecto, se observa que las normas citadas no prevén un término para que el
juez de conocimiento se pronuncie del escrito de actualización de liquidación del
crédito. Sin embargo, el artículo 120 del CGP, codificación a la que los artículos 306
y 242 de la Ley 1437 de 2011 remiten de manera expresa, establece los plazos para
que las autoridades judiciales dicten las providencias judiciales por fuera de
audiencia, que, en caso de autos, será de 10 días contados desde que el expediente
pase al despacho15.
Luego de revisar el aplicativo Samai, el expediente aportado por la accionada y el
informe rendido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se constatan las
siguientes incidencias procesales: el 11 de julio de 2021, José de Jesús Mercado
Herrera presentó una solicitud de actualización del crédito. Posteriormente, una vez
surtido el traslado del escrito, la parte ejecutada presentó objeción a la liquidación
el 27 de septiembre del mismo año. Concluidos estos trámites, el expediente
regresó al despacho el 30 de septiembre de 2024, sin que hasta la fecha se haya
resuelto de fondo la solicitud de liquidación. Ante la ausencia de evidencia de que
la autoridad accionada haya decidido sobre la liquidación deprecada, la Sala
advierte que se cumple el primer requisito jurisprudencial, dado el incumplimiento
del plazo establecido en la norma para resolver las cuestiones objeto de la
controversia constitucional.
5.2. En relación con la justificación de la mora, el Tribunal Administrativo del
Atlántico aseveró que remitió el expediente el 29 de octubre de 2024 a la contadora
adscrita, “a quien le corresponde brindar apoyo para la realización de la liquidación
del crédito, lleve a cabo su labor, en un tiempo razonable dado el volumen de trabajo
que manejan, que es de público conocimiento, luego de lo cual se emitirá un
pronunciamiento respecto de la liquidación aportada por la parte actora, y de las
observaciones (sic) formuladas por la ejecutada”16. Puso de presente, igualmente,
sobre la situación de cúmulo de trabajo que afrontan los dos contadores en la
medida en que tienen que atender a los 15 jueces del distrito judicial y a los 9
despachos de los magistrados del tribunal
Por otro lado, el Tribunal reconoció que no ha dado respuesta a la liquidación
presentada en el sub lite; sin embargo, sí se ha pronunciado de fondo sobre otras
situaciones y solicitudes, promovidas al interior del proceso ejecutivo. Al respecto,
cabe precisar que la Corte Constitucional ha reconocido que la congestión judicial y
el volumen de trabajo son motivos razonables que explican el fenómeno de la mora
14 Estas reglas están dispuestas en el artículo 446 del CGP.
15 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2021.
Expediente número de radicado: 11001-03-15-000-2021-00489-00.
16 Archivo electrónico identificado con certificado D2DB8BA41A96FEF6 8DC587CFDB2F1F98
4E4CA558A0A2777A 6C47568DE1FDE5E6, ubicado en el índice 9 del aplicativo Samai.
7
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
judicial, “que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos”17. En este sentido, la razón aducida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico expone la existencia de un motivo razonable
para no obtener un pronunciamiento instantáneo o reciente. En otras palabras, la
circunstancia descrita es una justificación válida que sustenta el tiempo que ha
tomado la resolución del asunto en el proceso ejecutivo, y que, por ende, no da lugar
a configurar el segundo requisito previsto para que la mora judicial sea calificada
como injustificada.
5.3. Por último, en cuanto al tercer requisito relacionado con que la tardanza sea
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad
judicial, huelga decir que el Tribunal Administrativo del Atlántico allegó los soportes
que acreditan, en primer lugar, que el 22 de julio de 2024, corrió traslado del escrito
que contenía la actualización de la liquidación del crédito. Luego, profirió auto el 7
de octubre de 202418, mediante la cual se emitió un pronunciamiento referente a las
solicitudes formuladas por la parte ejecutante, a través de la cual reiteró las medidas
de embargo y la ampliación de las medidas cautelares; finalmente, en aplicación al
principio de celeridad ordenó remitir el expediente a la contadora adscrita al Tribunal
para lo de su cargo. Cuestiones que, a juicio de la Sala, se estiman suficientes para
dar cuenta de que el trámite está en curso y que, en la medida de sus capacidades
operativas, el juez natural ha adelantado gestiones tendientes a dar solución a las
actuaciones objeto de amparo.
Aunque la autoridad judicial accionada no se ha pronunciado respecto de la
actualización de la liquidación del crédito, sí ha dado trámite a otras solicitudes
promovidas por la parte ejecutante. Muestra de ello son los autos proferidos el 22
de julio, 7 de octubre y 18 de noviembre de 202419, que definieron unos
requerimientos cuyo objeto consistía en impugnar la providencia que ordenó
continuar con la ejecución y la reiteración de unas medidas cautelares. Así las
cosas, la tardanza en obtener una respuesta de fondo sobre la liquidación del
crédito, no es imputable a la omisión o negligencia del Tribunal en el cumplimiento
de sus funciones.
En mérito de lo expuesto, la Sala encuentra que el retardo en el que ha incurrido el
Tribunal Administrativo del Atlántico está justificado en la medida en que no obedece
a una conducta negligente o arbitraria en el cumplimiento de los términos judiciales
o de sus funciones como fallador. Por el contrario, esta se da como resultado de las
situaciones descritas anteriormente, que se desenvuelven en un escenario de
congestión judicial. De este modo, los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia del señor Mercado Herrera no se
encuentran vulnerados por el mencionado despacho judicial.
En conclusión, para la Sala, dentro de la actuación judicial examinada, no fueron
17 Corte Constitucional, sentencia T-052 de 2018.
18 Archivo electrónico identificado con certificado D2DB8BA41A96FEF6 DFAFC769C0033CF0
47E362B981ADC5DC AB7CF61D25A18BD0 6DA0B63D28963F9E, ubicado en el índice 11 del
aplicativo Samai. Doc. 102. ReiteraOficiosDeEmbargoAmpliaMedida
19 Archivo electrónico identificado con certificado D2DB8BA41A96FEF6 DFAFC769C0033CF0
47E362B981ADC5DC AB7CF61D25A18BD0 6DA0B63D28963F9E, ubicado en el índice 11 del
aplicativo Samai. Doc. 114. ObedYCumpConfirmaAuto.
8
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06784-00
Demandante: José de Jesús Mercado Herrera
desconocidos los derechos fundamentales invocados por la parte actora, ni ningún
otro, por lo tanto, procederá a negar el amparo deprecado.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado por el señor José de Jesús Mercado
Herrera en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones anotadas
en precedencia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, allá Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.