Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06785-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06785-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06785-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
Demandada: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “12ED_Caratula(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, porque, a su juicio: i) el Tribunal
Administrativo, al proferir el auto de 7 de junio de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir el
auto de 8 de noviembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 110013342056202200550-01; y iii) el Tribunal Superior, al
proferir el auto de 29 de julio de 2022, en el proceso laboral identificado con el
número único de radicación 110013105026201800054-01: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] Presté mis servicios personales en CAPRECOM (ahora
liquidado) desde el 16 de junio de 2011 y hasta el 30 de marzo de 2016. La
vinculación que sostuve con CAPRECOM se desarrolló a través de la suscripción
de sucesivos contratos de prestación de servicios profesionales. […]”.
4. Manifestó que, presentó demanda laboral contra La Nación – Ministerio de
Salud y Protección Social y CAPRECOM, de la cual conoció el Juzgado Veintiséis
Laboral del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia de 6 de mayo de 2021,
declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes del 28 de marzo de
2012 al 31 de marzo de 2016; e impuso a cargo de CAPRECOM el pago a favor del
demandante, de las acreencias laborales no prescritas y los aportes a la seguridad
social causados en vigencia de la relación laboral.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
5. Indicó que, los demandados interpusieron recurso de apelación, frente al
cual, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
auto de 29 de julio de 2022, resolvió:
“[…] 1. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la sentencia
proferida por la Juez Veintiséis (26) Laboral del Circuito de Bogotá el 6 de mayo de
2021, inclusive.
2. DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA para conocer el
presente proceso.
3. REMITIR el expediente al reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de
Bogotá para lo de su cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este proveído. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Revisado su contenido la Sala advierte que la jurisdicción ordinaria laboral no
es competente para conocer el asunto, según lo definió la Corte Constitucional en
reciente jurisprudencia, en la cual concluyó que asuntos como el presente (ver
demanda archivo 001 del expediente digital, trámite de primera instancia) escapan
de la órbita de la competencia residual contenida en el artículo 2 numeral 5 del
CPTSS2, en tanto se discute “la existencia de una relación laboral, presuntamente
encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de
servicios con el Estado”. Para la Corte, dichas controversias deben ser zanjadas en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la luz del artículo 104 numeral 2 del
CPACA3, pues versa sobre contratos en los que es parte una entidad pública.
En el auto A-492 de 202134, la referida Corporación determinó que cuando se
discute la existencia o el reconocimiento de un vínculo laboral y el consecuente pago
de acreencias laborales, es necesario determinar si el contrato que unió al
demandante con la entidad pública tiene una naturaleza distinta al que se suscribió
y es de tipo laboral, labor que sólo puede adelantar el juez de lo contencioso
administrativo, quien además es el llamado a determinar si la labor contratada podía
o no cumplirse con personal de planta, o si requería de conocimientos
especializados5, pues una evaluación preliminar para determinar si las funciones
desempeñadas por los demandantes en este tipo de procesos se ajustan o no a las
2
“ARTICULO 20. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de
seguridad social conoce de:
(…)
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral
que no correspondan a otra autoridad”.
3 ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los
particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
(…).
2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una
entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.
4 Reiterado en auto A-684 de 2021.
5 Ver artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con el con personal de planta o requieran conocimientos especializados”.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
de un empleado público conllevaría a desatar la controversia de fondo antes de
tramitar el proceso, con lo cual “se correría el riesgo de exponer al actor
equivocadamente ante una jurisdicción que no tiene competencia (...), con la
consecuente pérdida de oportunidad para adelantar el trámite judicial de su
reclamación”, como ha ocurrido en casos sometidos a la jurisdicción ordinaria en los
que se ha absuelto a las entidades públicas por no encontrar probada la calidad de
trabajadores oficiales en los demandantes. […]”.
6. Adujo que, el proceso le correspondió al Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto de 7 de marzo de 2023,
resolvió inadmitir la demanda.
7. Sostuvo que, el Juzgado mencionado supra, mediante auto de 8 de
noviembre de 2023, resolvió:
“[…] 1. Rechazar la demanda de la referencia. […]”.
7.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En auto Interlocutorio del 7 de marzo de 2023 (archivo 026), se inadmitió la
demanda para que la parte demandante subsanara los siguientes puntos […]”
[…]
“[…] Mediante correo electrónico de fecha 24 de agosto de 2023 el demandante
allegó subsanación de la demanda, en dicho memorial reiteró varios argumentos ya
resueltos en auto de fecha 10 de agosto de 2023. […]”.
[…]
“[…] En el término de ley concedido para corregir los defectos expuestos, la parte
demandante allegó escritos en los cuales grosso modo reiteró su tesis de falta de
jurisdicción de este Juzgado para conocer el proceso.
Como no se corrigieron los defectos de la demanda expuestos en el auto del 7 de
marzo de 2023 por el cual se inadmitió la demanda, al tenor de lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 169 del CPACA, se impone su rechazo. […]”.
8. Advirtió que, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 7 de junio de 2024, resolvió:
“[…] Primero.- Confirmar el auto proferido el 8 de noviembre de 2023 por el Juzgado
Cincuenta y Seis (56) Administrativo de Bogotá, por las razones expuestas en la
presente decisión. […]”.
8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
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Actor: Hersain Barrera Vargas
“[…] Así las cosas, en relación con los defectos relativos a la adecuación de la
demanda y el poder, formulación de pretensiones de nulidad, individualización de los
actos administrativos, especificar el medio de control, determinar con precisión y
claridad lo que pretende y exponer los cargos en los que sustenta sus pretensiones,
la Sala considera que le asiste razón al a quo al concluir que no fueron subsanados
en debida forma, sin que sea de recibo afirmar que estas exigencias se erigen en un
defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, habida cuenta de que los
requisitos de presentación de la demanda no han sido tergiversados o adicionados
por el juez de instancia, sino que se hacen exigibles en razón de las disposiciones
analizadas en el acápite que precede, en un momento procesal en el cual no es viable
que las formalidades sean ponderadas con los derechos sustanciales que por regla
general deben ser decididos con el fondo del asunto o, en otras etapas procesales
distintas de la que actualmente atraviesa el proceso de la referencia.
En el presente caso ha quedado establecido que no se formuló pretensión de nulidad
contra ningún acto administrativo, no se indicó el medio de control, no se aportaron
los actos administrativos (en caso de que haya habido algún pronunciamiento por
parte de la entidad) y tampoco se hizo alusión alguna sobre un acto ficto o presunto,
lo que desnaturaliza las normas que contemplan los requisitos para la presentación
de la demanda, así como lo referente a los medios de control, por lo que mal haría el
juez de primera instancia en pasarlos por alto cuando se trata de requisitos esenciales
expresamente regulados en normas de orden público, que dicho sea de paso, son
notoriamente diferentes de los requeridos en la jurisdicción ordinaria para la
presentación de una demanda laboral.
Es de recordar, que esta jurisdicción es rogada, por lo cual, el juzgador tan solo se
limita a lo pedido expresamente en la demanda, tanto en las pretensiones como en el
concepto de violación y las causales de nulidad señaladas en la misma, y es por eso
que no puede entrar a hacer condenas de oficio, ni entender de manera implícita qué
fue lo pretendido, razón suficiente para desestimar los argumentos expuestos por el
apelante y confirmar la decisión adoptada por el a quo. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
artículo 29º de la Constitución Política de Colombia.
SEGUNDA: Dejar sin efecto el auto del 29 de julio de 2022 proferido por Sala (sic)
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Y en este sentido disponer que el Tribunal
demandado continúe con el conocimiento del proceso en segunda instancia.
En consecuencia, dejar también sin efecto y valor los autos proferidos por el Juzgado
12 Administrativo del Circuito de Bogotá que inadmitió y rechazó la demanda.
TERCERA: De manera subsidiaria a la pretensión segunda. Dejar sin efecto el auto
del 11 de junio de 2022 proferido por Sala (sic) Laboral del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En este evento, dejará sin efecto la decisión de rechazo de la demanda, y ordenará
al Tribunal y Juzgado administrativo accionados continuar con el conocimiento del
proceso. […]”.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
10. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente6:
“[…] La parte accionante no discute que el juez solicitó ajustar la demanda al medio
de control de la nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que se discute es que
haya asumido la competencia de un caso expresamente excluido de la jurisdicción
contenciosa (No 4 del Art. 105 del CPACA).
Adicionalmente, se discute que tanto el juzgado como el Tribunal Administrativo no
dieron aplicación a lo preceptuado en el Art. 138 el cual expresamente estatuye que
la nulidad por la declaración de falta de jurisdicción y competencia “La nulidad solo
comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada
por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su
validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla,
y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.”
Contrariando esta perentoria orden, el juzgado administrativo inadmitió la demanda,
aún cuando esta ya había sido admitida, notificada y contestada en el proceso
laboral. […]”.
[…]
“[…] Porque dentro de un proceso donde se pide la aplicación del principio de la
realidad sobre las formas no se discute la legalidad o ilegalidad del contrato de
prestación de servicios. En realidad, se trata de definir si concurrieron los tres
elementos característicos para declarar la existencia de una relación laboral. Esto ha
sido competencia del juez laboral para los casos donde la demandada es una
empresa industrial y Comercial del Estado. Este argumento es importante porque -
como lo señaló la Corte Constitucional– la jurisdicción contenciosa tendría
competencia para dirimir una controversia de índole contractual con una empresa
industrial y comercial del Estado, pero, en criterio de la parte accionante, no lo es
cuando lo que se persigue en el proceso es declarar la existencia de la relación
laboral. […]”.
[…]
“[…] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el principio de
confianza legítima es una proyección del principio de buena fe, en virtud del cual el
administrado confía en que una determinada disposición se mantendrá. El
administrado no puede ser sorprendido con la eliminación súbita de condiciones
favorables que le ha creado la misma administración. […]”.
[…]
“[…] Para el año 2018 no había dudas de que cuando se iba a solicitar la declaratoria
de existencia de un contrato de trabajo por quien consideraba haber ostentado la
calidad de trabajador oficial el competente para conocer la controversia era el juez
laboral. La jurisdicción de lo contencioso administrativo tenía un criterio uniforme de
no ser competente para conocer de reclamaciones formuladas por quienes
invocaban la condición de trabajadores oficiales. Solicitarle al demandante (en el año
2023) que su demanda se adecúe a un medio de control propio de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, es, imponerle una carga desproporcionada que no
tiene como cumplir. Ello atenta contra el principio de confianza legitima, pues
confiadamente el demandante no tenía por qué prever que las reglas del juego
cambiarían en el 2023. Es cerrarle las puertas a la definición de la controversia
promovida 5 años atrás […]”.
6 Transcripción literal del texto.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
Actuación
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de diciembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y al Juez Cincuenta y
Seis Administrativo del Circuito de Bogotá; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo, al Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, a la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social, al Patrimonio Autónomo de Remanentes de
la Caja de Previsión Social de Comunicaciones y a la Fiduciaria La Previsora S.A.7,
concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Considero que la acción de tutela En este caso es del todo improcedente, toda
vez que la parte accionante ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales
que tenía a su disposición en la situación planteada, y teniendo en cuenta el carácter
residual de la misma, no puede utilizarse como una tercera instancia como se
pretende en verdad en el presente asunto y de allí su improcedencia.
6. Además, la parte actora cuestiona una sentencia de segunda instancia con los
argumentos expuestos como si pretendiera impugnar la misma (recurso de
apelación), y desconoce que la acción constitucional ya fue definida por esta
jurisdicción. […]”.
13. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señaló
que:
“[…] una vez revisado el aplicativo de consulta de procesos de la rama judicial, se
evidencia que dentro del proceso bajo el radicado 11001310502620180005401,
instaurado por HERSAIN BARRERA VARGAS contra LA NACIÓN- MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, el cual fue asignado por reparto a este Despacho,
se profirió auto del 30 de junio de 2022, mediante el que se ordenó pasar el expediente
al despacho del Honorable Magistrado Manuel Serrano Baquero, en atención a que
el proyecto de decisión presentado por este despacho, no fue aceptado por los
restantes Magistrados que integran la Sala de Decisión.
7Como administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
Con posterioridad, la Sala remitió el mencionado expediente a la jurisdicción
Contencioso Administrativa […]”.
14. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá allegó
copia digital del expediente del proceso laboral identificado con el número único de
radicación 110013105026201800054-01.
15. El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá allegó
copia digital del expediente proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013342056202200550-01.
16. El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones y la Fiduciaria La Previsora S.A. guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20219 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 10, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
los requisitos generales de procedencia de inmediatez y de relevancia
constitucional.
20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
22. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de inmediatez y de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela
28. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199116 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la
sentencia SU-961 de 199917 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
29. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito
general de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
17 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición
de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además,
teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial
adoptada en un proceso jurisdiccional […]18.
30. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.
31. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 19:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200820, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
32. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201421, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.
19 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21 Ut supra página 6.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [22]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [23].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [24].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [25].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
[22] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[23] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[24] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[25] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: Hersain Barrera Vargas
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [26]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [27].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [28]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
33. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado29:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”30
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
[26] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[27] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[28] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
29 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
30 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”31
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
34. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
35. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202232 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
31 Ibidem.
32
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
38. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
33 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
39. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
40. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional35 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
34 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
42. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, porque, a su juicio: i) el Tribunal
Administrativo, al proferir el auto de 7 de junio de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir el
auto de 8 de noviembre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 110013342056202200550-01; y iii) el Tribunal Superior, al
proferir el auto de 29 de julio de 2022, en el proceso laboral identificado con el
número único de radicación 110013105026201800054-01: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra
43. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
44. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
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Actor: Hersain Barrera Vargas
45.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013342056202200550-01.
45.2. Copia digital del proceso adelantado en el proceso laboral identificado con el
número único de radicación 110013105026201800054-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
46. En el expediente del proceso laboral identificado con el número único de
radicación 110013105026201800054-01 está acreditado que i) la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el auto el 29 de julio de
2022, notificado el mismo día; y ii) el actor presentó la acción de tutela el 10 de
diciembre de 2024, es decir que, desde el 29 de julio de 2022 a la fecha de
presentación de la acción de tutela, el actor presentó la acción de tutela por fuera
del plazo razonable.
47. La Sala advierte que, si bien el actor presentó recurso de reposición contra el
auto de 29 de julio de 2022, este fue resuelto el 30 de noviembre de 2022 en el
sentido de “[…] RECHAZAR por improcedente […]”, frente a lo cual: i) esta Sala
precisa que “[…] el ejercicio improcedente de medios de impugnación contra una
providencia que se estima atentatoria de derechos fundamentales, no está llamado
a tenerse en cuenta como factor suspensivo para el inicio del término prudencial
que la jurisprudencia constitucional ha construido para acudir a los jueces de tutela
[…]”36; y ii) si en gracia de discusión esta fuera la providencia a partir de la cual se
contabilizara el requisito de inmediatez, en todo caso no se cumpliría con dicho
requisito general de procedencia, en la medida en que esta se notificó el 30 de
noviembre de 2022 y el actor presentó la acción de tutela el 10 de diciembre de
2024.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia
de 31 de julio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00581-01, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de septiembre de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03024-00 (AC),
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
48. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
49. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201737, reiteró la importancia del requisito general de procedencia de inmediatez
en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este
caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla
general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que
consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses
después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de
tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia
que no se observa en el presente caso.
50. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito general de
procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable,
teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de
los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
51. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente38:
37 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
38 Transcripción literal del texto.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
“[…] La parte accionante no discute que el juez solicitó ajustar la demanda al medio
de control de la nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que se discute es que
haya asumido la competencia de un caso expresamente excluido de la jurisdicción
contenciosa (No 4 del Art. 105 del CPACA).
Adicionalmente, se discute que tanto el juzgado como el Tribunal Administrativo no
dieron aplicación a lo preceptuado en el Art. 138 el cual expresamente estatuye que
la nulidad por la declaración de falta de jurisdicción y competencia “La nulidad solo
comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada
por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su
validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla,
y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.”
Contrariando esta perentoria orden, el juzgado administrativo inadmitió la demanda,
aún cuando esta ya había sido admitida, notificada y contestada en el proceso
laboral. […]”.
[…]
“[…] Porque dentro de un proceso donde se pide la aplicación del principio de la
realidad sobre las formas no se discute la legalidad o ilegalidad del contrato de
prestación de servicios. En realidad, se trata de definir si concurrieron los tres
elementos característicos para declarar la existencia de una relación laboral. Esto ha
sido competencia del juez laboral para los casos donde la demandada es una
empresa industrial y Comercial del Estado. Este argumento es importante porque -
como lo señaló la Corte Constitucional– la jurisdicción contenciosa tendría
competencia para dirimir una controversia de índole contractual con una empresa
industrial y comercial del Estado, pero, en criterio de la parte accionante, no lo es
cuando lo que se persigue en el proceso es declarar la existencia de la relación
laboral. […]”.
[…]
“[…] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el principio de
confianza legítima es una proyección del principio de buena fe, en virtud del cual el
administrado confía en que una determinada disposición se mantendrá. El
administrado no puede ser sorprendido con la eliminación súbita de condiciones
favorables que le ha creado la misma administración. […]”.
[…]
“[…] Para el año 2018 no había dudas de que cuando se iba a solicitar la declaratoria
de existencia de un contrato de trabajo por quien consideraba haber ostentado la
calidad de trabajador oficial el competente para conocer la controversia era el juez
laboral. La jurisdicción de lo contencioso administrativo tenía un criterio uniforme de
no ser competente para conocer de reclamaciones formuladas por quienes
invocaban la condición de trabajadores oficiales. Solicitarle al demandante (en el año
2023) que su demanda se adecúe a un medio de control propio de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, es, imponerle una carga desproporcionada que no
tiene como cumplir. Ello atenta contra el principio de confianza legitima, pues
confiadamente el demandante no tenía por qué prever que las reglas del juego
cambiarían en el 2023. Es cerrarle las puertas a la definición de la controversia
promovida 5 años atrás […]”.
52. Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
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Núm. único de radicación: 110010315000202406785-00
Actor: Hersain Barrera Vargas
Cundinamarca y el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá
y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia
que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto
verificar si la entidad judicial accionada incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.
53. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
54. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
55. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
56. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza
puramente legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
57. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
58. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, enunciados por el
actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad
y restablecimiento de derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de
las formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir
las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna
causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata
de amparar los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional.
59. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal, no es
una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.
60. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal.
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Actor: Hersain Barrera Vargas
Conclusiones de la Sala
61. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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