Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06787-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06787-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06787-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06787-00
Accionante: Norma Ricaurte Olaya y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se niega el amparo solicitado al no configurarse ninguna causal
específica de procedibilidad de la acción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por los señores Norma Ricaurte Olaya actuando en nombre
propio y en representación de sus hijos: Jhon Jairo y Erica Fernanda Cruz Ricaurte,
su madre: Aminta Olaya Saldaña y sus hermanos: Bioledes Ricaurte Olaya, Lida
Ricaurte Olaya, Luz Marina Ricaurte Olaya, Laura Liliana Ricaurte Olaya, Juan José
Ricaurte Olaya, Humberto Ricaurte Olaya, Diógenes Ricaurte Olaya, Dairo Ricaurte
Olaya y Juan Carlos Ricaurte Olaya contra el Juzgado Segundo Administrativo de
Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, el trabajo, la igualdad, la dignidad el
mínimo vital, así como también a los principios de congruencia, confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial, ocurrida con ocasión de la
expedición de las providencias del 7 de septiembre de 2022 y el 6 de agosto de
2024 dentro del medio de control de reparación directa que se siguió bajo el
radicado 41001-33-33-002-2021-00032-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
La señora Norma Ricaurte Olaya fue condenada por el Juzgado Único Promiscuo
de Rivera a pena principal de 18 meses de prisión por el delito de hurto calificado,
decisión que fue apelada ante la Sala Tercera de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva y confirmada mediante sentencia del 18 de
diciembre de 2017.
La accionante alegó que, en el periodo comprendido entre el mes de abril de 2018
y el mes de febrero de 2019, se prolongó ilegalmente su detención, ya que en el
referido mes cumplió los requisitos legales para obtener la libertad condicional, pero
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le negó lo
requerido.
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Aunado a lo expuesto, sostuvo que el 12 de noviembre de 2018, cumplió la pena
impuesta de 18 meses y, solicitó la libertad por pena cumplida pero su solicitud fue
negada, concediéndosela solamente hasta el 12 de febrero de 2019.
Por lo anterior, la parte actora interpuso una demanda a través del medio de control
de reparación directa1 ante el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Neiva seguida bajo el radicado 41001-33-33-002-2021-00032-00, el cual, mediante
providencia del 7 de septiembre de 2022, negó lo pretendido.
La anterior decisión fue apelada por la parte accionante ante el Tribunal
Administrativo del Huila, que decidió revocar la decisión del a quo, para en su lugar
declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación
directa.
2.2. Fundamento jurídico
Pese a que la parte accionante no manifestó en qué defectos incurrieron las
autoridades accionadas al proferir las decisiones objeto de cuestionamiento en esta
sede, entiende la Sala que en primer lugar se alegó la configuración de un defecto
fáctico por una indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso, en
particular las relacionadas con el auto que negó la libertad condicional y
posteriormente, las asociadas a la negativa de concederle su libertad por pena
cumplida.
Adicional a lo anterior, estimó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
que presentó una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 89
Judicial I para Asuntos Administrativos con rad núm. 4493 de veintisiete (27) de
noviembre de dos mil veinte (2020), que, a juicio de la parte actora, interrumpió el
término de caducidad para presentar su demanda.
Por otro lado, de manera confusa y sin aterrizarlos a su caso concreto, consideró
como fundamentos de derecho aplicables a su asunto, con los que se podría
deducir que alegó un presunto defecto por violación directa de la Constitución,
los artículos 1, 29, 53 y 229 constitucionales, así como el artículo 8 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2.3 Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, el articulo XVIII de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos asociados a la dignidad humana, el derecho de defensa y
la prevalencia del derecho sustantivo.
Aparte del anterior listado normativo y jurisprudencial, le adicionó a su sustento
jurídico la Ley 1123 de 2007, el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011,
el artículo 11 del Código General del Proceso y algunas sentencias de esta
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corporación2 y de la Corte Constitucional3. Asimismo, citó una providencia del
Consejo Superior de la Judicatura4 frente al principio de congruencia, pero no indicó
como se enmarca su situación particular en las normas y jurisprudencia citadas.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO: Decretar la nulidad de las sentencias dictadas en primera
instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva -
Huila la sentencia proferida el siete (7) de septiembre de dos mil veintidós
(2022); donde declaró probadas las excepciones del daño antijurídico, falta
de causa para demandar, inexistencia de perjuicios y de nexo de causalidad,
propuesto por la Nación, y negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la de Sentencia de segunda instancia
dictada por el HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA Magistrado ponente: Enrique Dussán
Cabrera del seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió la sala
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia de fecha 7 de septiembre de 2022 proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda, revocando en su parte resolutiva y declaró
probado de oficio la caducidad de la acción de reparación directa.
TERCERA: Conceder las declaraciones y condenas solicitadas en la
demanda de reparación directa presentada el dos (02) de marzo de dos mil
veintiuno (2021) contra la Nación Colombiana – Rama Judicial – DEAJ, y
demás actuaciones surtidas de ser necesario y así lo considere pertinente
en esta tutela, y se nos conceda la protección a nuestros derechos aquí
solicitados, por medio de la demanda administrativa interpuesta.
CUARTA: INAPLICAR todas las normas que sean contrarias o
desfavorables en nuestros legítimos derechos fundamentales a la
CONFIANZA LEGÍTIMA o SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, DERECHO DE DEFENSA, DEBIDO PROCESO,
DERECHO AL TRABAJO, IGUALDAD ANTE LA LEY, EL PRINCIPIO DE LA
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, DIGNIDAD HUMANA, y al
MÍNIMO VITAL aplicando en su lugar las normas que nos sean más
FAVORABLES.».
2.4. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto5 del 12 de diciembre
de 2024, a través del cual se ordenó notificar al Juzgado Segundo Administrativo
de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila como accionados y a la Nación, la
Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicados núm. 44012-33-300-2013-00059-01(48762014),
septiembre 1 de 2016 y 11001-03-25-000-2012-00976-00 (28472012), octubre 19 de 2017.
3 Corte Constitucional, sentencias T-472 de 2009 y C-836 de 2001.
4 Consejo Superior de la Judicatura, radicado núm. 27001-11-02-000-2013-00245-02, octubre 7 de
2017.
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Seguridad de Neiva y el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Rivera – Huila
como terceros interesados en el resultado del proceso.
2.4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 solicitó negar el
amparo invocado teniendo en cuenta que no se presentó ninguna vulneración ius
fundamental por parte de las autoridades judiciales y adicionalmente, indicó que
esa entidad no estaba legitimada en la causa por pasiva.
2.4.2. El Juzgado Segundo7 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Neiva solicitó ser desvinculado de la acción constitucional argumentando que si
bien era cierto que dentro de sus funciones se encuentra la de controlar el
cumplimiento de la pena en ningún momento dio lugar a la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales de la accionante.
2.4.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva8
– Huila solicitó negar las pretensiones formuladas por la parte actora pues no
cumplió con la carga argumentativa mínima de señalar las pruebas que, a su juicio,
no valoró la autoridad judicial accionada, ni argumentó en que forma la falta de
valoración de los medios probatorios trajo como consecuencia la afectación de sus
derechos fundamentales, con la que los defectos alegados a las providencias no
tenían vocación de prosperidad.
2.4.4. El Tribunal Administrativo del Huila, a través del magistrado Enrique
Dussán Cabrera, indicó que no vulneró ni desconoció ningún derecho fundamental
de la accionante toda vez que la providencia objeto de censura estuvo debidamente
sustentada fáctica y jurídicamente.
2.4.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión de la expedición de la sentencia
del 6 de agosto de 2024 que revocó la decisión del 7 de septiembre de 2022
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva y declaró
probada de oficio la caducidad de la acción de reparación directa seguida bajo el
radicado 41001-33-33-002-2021-00032-00 [01], incurrió en las causales
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específicas de procedibilidad de defecto fáctico y de violación directa de la
Constitución Política.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro
de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia
de un presunto defecto fáctico y de violación directa de la Constitución y existe una
argumentación suficiente para considerar que no se trata de un debate meramente
legal, en tanto la declaración de oficio de la excepción de caducidad le impide
acceder a la administración de justicia.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional 9
ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa10, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva11, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
9 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456
de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
11 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de
tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»12.
3.5. La violación directa de la Constitución Política como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
«[…] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso
concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente
contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados
superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en
el proceso.
Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con
base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones
de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce
o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados13.»
3.6. Análisis de los defectos fáctico y de violación directa de la Constitución
en la sentencia del 6 de agosto de 2024:
En el caso concreto la parte accionante señaló que en la providencia objeto de la
acción de tutela se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que supuestamente
realizó una indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso, en particular
las relacionadas con el auto que negó la libertad condicional y posteriormente, las
asociadas a la negativa de concederle su libertad por pena cumplida.
Aunado a lo anterior, los accionantes estimaron que la autoridad judicial accionada
12 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
13 Corte Constitucional, sentencia T – 587 de 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto
Rojas Ríos.
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no tuvo tampoco en cuenta que presentó una solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría 89 Judicial I para Asuntos Administrativos con rad núm. 4493
de veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020), con la que supuestamente
interrumpieron el término de caducidad para presentar su demanda, razón por la
cual adujeron que estaba errada en su decisión.
Por otra parte, que se vulneró directamente la Constitución Política, para lo cual se
limitó a invocar una serie de disposiciones sin mayor explicación, así como una
serie de providencias.
Para el efecto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Atlántico realizó el
siguiente análisis, a partir de lo cual declaró configurada la excepción de caducidad
de la acción:
«…Como en este caso el presunto error judicial, recae en esta última
providencia – 25 de julio de 2018-, esta Corporación, acogiendo la postura del
Consejo de Estado antes señalada, abordará de oficio el estudio de la
caducidad del presente medio de control; no sin antes recordar que el máximo
órgano de esta jurisdicción en un caso similar al aquí analizado consideró: “Así
las cosas, lo primero que debe hacer la Sala es abordar el análisis de la
caducidad acción, advirtiendo que, si bien este aspecto no fue objeto de análisis
por parte del Tribunal de primera instancia y tampoco fue formulado como medio
exceptivo por parte de la demandada, lo cierto es que al momento de dictar
sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales de la
acción, entre ellos, la caducidad, aspecto que no puede ni debe entenderse
saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado
en el transcurso del proceso. Al respecto, en sentencia de unificación del 6 de
abril de 201814, la Sala Plena de esta Sección se pronunció en relación con la
posibilidad que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar
excepciones de oficio (transcripción literal): “Este entendimiento del principio de
congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un
aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos
los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera
expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego,
sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente
sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión
de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”.
Así pues, la providencia objeto de controversia -25 de julio de 2018- fue
notificada el 26 de julio de 2018, decisión que quedó ejecutoriada el 4 de
septiembre de 2018, pues en esta última fecha el Juzgado 2 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Neiva aceptó el desistimiento del recurso
presentado por el apoderado de la condenada contra la mencionada
providencia, advirtiendo sobre la firmeza de esta decisión.
Pues bien, el plazo de los dos años que tenía el demandante para interponer el
presente medio de control, empezó a contabilizarse desde el 4 de septiembre
de 2018 hasta el 5 de septiembre de 2020, la solicitud de conciliación
14 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, expediente número
46.005. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
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extrajudicial ante la Procuraduría 89 Judicial I para Asuntos Administrativos fue
interpuesta el 27 de noviembre de 202015 y la demanda la presentó el 2 de
marzo de 202116; de tal suerte que operó el fenómeno de la caducidad.
Así las cosas, esta Corporación declarará de oficio la caducidad de la acción,
por lo que revocará el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de
Neiva el 7 de septiembre de 2022».
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la autoridad judicial accionada
revocó la providencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva
proferida el 7 de septiembre de 2017, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda y declaró la caducidad de la acción de reparación directa presentada por
la señora Ricaurte Olaya.
A partir de la anterior transcripción, la Sala Advierte que el Tribunal Administrativo
del Huila, realizó un análisis integral del material probatorio aportado al proceso,
que le permitió concluir que operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción
de reparación directa presentada por la señora Norma Ricaurte Olaya, decisión que
se encuentra razonable, puesto que el cómputo se realizó a partir de la fecha de
ejecutoria de la providencia en la que se habría materializado el error judicial.
Es relevante poner de presente que en la providencia objeto de cuestionamiento,
contrario a lo afirmado en la acción de tutela, se tuvo en consideración la
presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la
Nación, lo que acaeció de forma posterior a la configuración del referido fenómeno.
Es necesario recordar que el examen que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez17, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional
cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
Por otra parte, no se observa que ninguna de las autoridades judiciales reprochadas
haya trasgredido el debido proceso de la accionante, ni ninguno de los derechos
fundamentales invocados inherentes a este, pues, por el contrario, se evidencia que
atendieron a todas sus solicitudes durante el curso del mismo.
Con respecto al posible defecto endilgado de violación directa de la Constitución,
la parte actora debe recordar que no basta con enlistar artículos constitucionales,
jurisprudencia y normativa, alegando una presunta vulneración ius fundamental si
lo anterior fundamentación no se relaciona con el asunto en concreto.
15 Archivo 005 onedrive.
16 Archivo 006 onedrive
17 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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Tampoco se advierte una aplicación contraevidente de la normativa que rige el
caso, ni que hubiera lugar a adoptar de oficio una excepción de inconstitucionalidad.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que procede a negar el
amparo, por los argumentos expuestos en la presente providencia.
Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, la Sala procederá
a negar el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Tribunal Administrativo del Huila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la pretensión de la acción de tutela formulada por la señora Norma
Ricaurte Olaya y otros, en contra del Tribunal Administrativo del Huila con ocasión
de la expedición de la providencia del 6 de agosto de 2024 que revocó la sentencia
del 7 de septiembre de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Neiva y declaró probada de oficio la caducidad de la acción de
reparación directa seguida bajo el radicado 41001-33-33-002-2021-00032-00 [01],
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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