Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06788-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06788-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06788-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
24 de enero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06788-00
Demandante: YESID MAURICIO SUAN PÁEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE DECLARÓ LA
RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDADA, PERO NO SE
RECONOCIERON PERJUICIOS. SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el proceso
de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo
que confirmó la decisión que declaró probada la responsabilidad de la demandada, pero no
reconoció perjuicios, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico. La Sala declarará
improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
cuanto el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia adicional.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor Yesid
Mauricio Suan Páez en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, consagrados en
los artículos 29 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia de 10 de octubre de 2024, proferida por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 10 de diciembre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06788-00
Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
Acción de tutela
1) En agosto de 2019, el tractocamión, identificado con la placa TMP-377, propiedad del
señor Yesid Mauricio Suan Páez fue reportado en el RUNT, por no cumplir con los
requisitos de matrícula inicial.
2) Como consecuencia de ese reporte, el vehículo permaneció detenido hasta el 11 de
septiembre de 2020 cuando, en cumplimiento de una orden de tutela, el Ministerio de
Transporte normalizó la matrícula del tractocamión sin requisitos adicionales.
3) El señor Yesid Mauricio Suan Páez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, con el fin
de que se le declarara responsable por los perjuicios materiales causados durante el
tiempo en que se vio obligado a dejar de utilizar el tractocamión, como consecuencia del
registro en el sistema RUNT por presuntamente no reunir los requisitos para la matricula.
4) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá2 quien, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2022,
declaró probada la responsabilidad de la demandada; sin embargo, denegó el
reconocimiento de perjuicios materiales, en consideración a que no se probó su
causación pues, el dictamen pericial no estaba respaldado por las facturas completas de
todos los gastos y por otros documentos que demostraran los daños.
5) La parte demandante presentó recurso de apelación, en el cual manifestó que el
dictamen pericial aportado con la demanda demostraba los perjuicios causados por el
reporte en el RUNT del tractocamión, lo cual imposibilitó su circulación; además, sostuvo
que si el vehículo reportaba un ingreso mensual era obvio que si no podía circular
implicaba que su propietario dejó de percibir ese valor.
6) El recurso fue desatado por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en providencia del 10 de octubre de 20243, en la cual
confirmó la sentencia de primera instancia, por cuanto el dictamen pericial no tenía la
validez y pertinencia suficiente para -por sí solo- acreditar las erogaciones solicitadas,
por lo cual era necesario que el demandante aportara los documentos pertinentes y
conducentes que dieran cuenta de los gastos en los que incurrió con ocasión del hecho
dañoso y los ingresos que se dejaron de percibir.
2 Proceso con radicación no. 11001-33-43-062-2021-00231-00/01.
3 Decisión que fue notificada el 11 de octubre de 2024.
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
Acción de tutela
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia
con ocasión del fallo proferido el 10 de octubre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió
en un defecto fáctico.
De conformidad con lo dispuesto en la sentencia T-396 de 2019, el juez no puede
imponer al demandante una carga probatoria desproporcionada y, por tanto, exigirle
demostrar que no obtuvo ingresos por la inactividad del vehículo.
El daño incluye cualquier disminución, pérdida o afectación de derechos económicos y
debe ser reparado en proporción al perjuicio probado.
En el proceso se probó que la inmovilización del vehículo, durante dos años, generó una
pérdida económica que afectó el derecho al mínimo vital.
El juez no debe desestimar las conclusiones de una prueba técnica como la pericial solo
por falta de pruebas documentales adicionales, especialmente cuando el daño se
demostró razonablemente mediante otros medios probatorios.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Solicito se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la justicia y mínimo vital, y se ordene la revisión y modificación del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección "A," para que se reconozcan y reparen los perjuicios sufridos.
2. Solicito que el juez constitucional ordene la valoración integral de las pruebas
aportadas, teniendo en cuenta el dictamen pericial y las demás pruebas
indirectas, aplicando un criterio razonable y proporcional al tipo de prueba
exigible en estos casos.
3. Que, en consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que reconozca los daños por lucro cesante y daño emergente,
conforme a la prueba aportada en el proceso, ajustando la liquidación a los
perjuicios comprobados en relación con la actividad de transporte desarrollada
con el vehículo de placas TMP-377.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
Acción de tutela
4. Actuación procesal
Mediante auto de 13 de diciembre de 2024 se admitió el proceso de acción de tutela y
se ordenó la notificación del presidente y los magistrados integrantes de la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del titular del
Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del ministro de
Transporte, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, debido a que sus fundamentos coinciden con los
del recurso de apelación, argumentos que fueron analizados en el fallo cuestionado.
En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la decisión de negar los perjuicios materiales
se fundamentó en la valoración del dictamen pericial y las demás pruebas del expediente,
que no demostraban su causación.
La titular del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, pues, el fallo estuvo
debidamente motivado y se profirió con base en el acervo probatorio que reposaba en el
expediente, lo cual llevó a concluir que no había lugar a acceder al reconocimiento de
perjuicios, en atención a que la parte actora no logró acreditar su causación.
El Ministerio de Transporte afirmó que en el proceso ordinario quedó claro que las
pruebas aportadas al expediente no resultaron suficientes para que se condenara a la
demandada a pagar los perjuicios materiales solicitados.
No es cierto que se haya omitido una valoración integral de las pruebas y que se haya
exigido un estándar probatorio desproporcionado e irrazonable, puesto que la decisión
del tribunal tuvo como fundamento el recaudo probatorio y un juicioso análisis jurídico
apegado a la Constitución y la ley.
De igual manera, señaló que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto lo que pretende el demandante es convertir la acción de tutela en una tercera
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
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instancia para volver a discutir un aspecto probatorio que fue resuelto en el proceso
ordinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales del debido proceso, mínimo vital y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del fallo
proferido el 10 de octubre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
las razones que procederán a exponerse:
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
Acción de tutela
1) El demandante afirmó que el tribunal no debía desestimar las conclusiones de una
prueba técnica como la pericial solo por falta de pruebas documentales adicionales,
especialmente cuando, mediante otros medios probatorios, se probó que la
inmovilización del vehículo, durante dos años, generó una pérdida económica que afectó
el derecho al mínimo vital.
2) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala advierte
que es claro que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia de primera instancia y
que estaban dirigidos a que se reconocieran los perjuicios materiales solicitados, en tanto
que se encontraba debidamente probada la inmovilización del vehículo y la consecuente
generación de perjuicios materiales que debían ser reparados por el Estado.
3) En efecto, en el recurso de apelación presentado en contra del fallo del 21 de
noviembre de 2022 que declaró probada la responsabilidad de la demandada, pero no
accedió al reconocimiento de perjuicios, el demandante indicó, en los mismos términos
que ahora plantea, que había lugar a revocar la decisión, debido a que la sentencia de
primera instancia no tuvo en cuenta que la prueba pericial era una prueba independiente,
por lo cual no era de recibo que se afectara la credibilidad de las conclusiones del
dictamen por no estar sustentada en pruebas documentales.
4) Insistió en que, con otros medios probatorios allegados al proceso, se encontraba
debidamente acreditado que como el demandante no pudo ejercer su profesión por la
inmovilización del vehículo dejó de percibir su ingreso mensual, lo cual le generó una
pérdida económica que debía ser indemnizada.
5) Por su parte, en la sentencia del 10 de octubre de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión, por cuanto el
dictamen pericial, por sí solo, no demostraba los pagos efectuados por el demandante,
en la medida que la prueba conducente para acreditar esas erogaciones era la factura
de venta que se expide de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario;
además, manifestó que tampoco se aportó el contrato de transporte celebrado sobre el
vehículo MSK-784 ni se demostró la relación con el hecho dañoso, pues, aquel no fue
objeto de reporte o limitación alguna por parte del Ministerio de Transporte. Al respecto,
indicó:
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“3 22. La sala comparte el criterio del juez de primera instancia, al considerar
que en el caso el dictamen pericial de parte, por sí solo, no demuestra los
pagos efectuados por el demandante, pues la prueba conducente para
demostrar esas erogaciones es la factura de venta que se expide de
conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario.
(…).
25. Aunque el demandante allegó las facturas n°. FE-1509 del 16 de junio
de 2020 y FE-1537 del 18 de junio de 2020, por los conceptos de
amortiguador de cabina y kit central, esos documentos no señalan como
adquiriente al demandante sino al señor Steve Mauricio Suan Páez, por
tanto, no dan certeza de que esos pagos hayan sido realizados por el aquí
demandante ni tampoco que se hubiesen destinado al mantenimiento del
tractocamión con placa TMP-377.
26. De igual manera, a pesar de que en el expediente obran los recibos de
caja expedidos por la señora Johana Murcia Polania, por concepto de
honorarios profesionales, esos documentos no se acompañan de la
factura emitida por la profesional con el lleno de los requisitos de ley ni del
contrato de prestación de servicios o alguna otra prueba que demuestre que
la referida abogada asumió la representación del demandante en el trámite
de tutela, por lo que no cumple los parámetros exigidos por la jurisprudencia
para demostrar ese pago.
27. De acuerdo con lo expuesto, la parte demandante únicamente demostró
el pago de las baterías y el aceite, por valor de $1.603.773 y $650.211,
respectivamente, pues solo se aportaron las facturas comerciales que
dan cuenta de esos gastos. Sin que el dictamen pericial tenga la validez y
pertinencia para acreditar las demás erogaciones solicitadas. Como lo
concluyó la sentencia de primera instancia, para acreditar los perjuicios
materiales en modalidad de daño emergente, el demandante debió aportar los
documentos pertinentes y conducentes que dieran cuenta de los gastos en los
que incurrió con ocasión del hecho dañoso.
(…).
31. Además, a juicio de la sala, los gastos de mantenimiento del vehículo
tractocamión deben ser asumidos por el propietario, más aún cuando no
se logró establecer que los mismos hayan sido consecuencia directa de
la imposibilidad de movilizar el vehículo y no del deterioro natural de sus
elementos.
32. Por otra parte, el dictamen pericial tampoco es eficaz para demostrar
la causación del lucro cesante solicitado. Lo anterior, porque el perito no
aportó el contrato suscrito entre el demandante y la compañía Soluciones
Logísticas Botero Soto sobre los tractocamiones de placa TMP-377 y
MSK-784, que fundamentaron la conclusión del auxiliar de la justicia
sobre ese perjuicio material, elemento esencial para la valoración de esa
prueba.
33. Ciertamente, al proceso únicamente se allegó la certificación del
promedio mensual recibido por los contratos de transporte del
tractocamión de placa TMP-377 desde el 01 de octubre de 2018 hasta el
30 de septiembre de 2019. Sin embargo, no se aportó la copia del contrato
que diera cuenta del plazo de ejecución de ese convenio, por lo que no hay
certeza de que durante el tiempo en que el tractocamión dejó de circular (desde
el 05 de octubre de 2019 hasta el 11 de septiembre de 2020) hubiera producido
esas ganancias.
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
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34. De igual manera, tampoco se aportó el contrato de transporte
celebrado sobre el vehículo MSK-784 ni se demostró la relación con el
hecho dañoso, pues aquel no fue objeto de reporte o limitación alguna
por parte del Ministerio de Transporte.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados en la
providencia que resolvió el recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir
la discusión relacionada con la procedencia o no del reconocimiento de los perjuicios
materiales solicitados con la demanda, los cuales presuntamente se encontraban
debidamente acreditados con las pruebas allegadas al proceso, en especial, con el
dictamen pericial que demostraba las pérdidas económicas ocasionadas por la
inmovilización del vehículo, así:
“1. Derecho al debido proceso (Artículo 29 de la Constitución): La exigencia
de pruebas documentales de cada gasto y el desconocimiento de la
prueba pericial y demás medios probatorios vulnera mi derecho al debido
proceso. La Sentencia T-232 de 2021 establece que el juez no debe exigir al
demandante probar un hecho negativo ni imponer estándares probatorios
irrazonables que obstaculicen el acceso a la justicia.
(…).
3. Derecho al mínimo vital (Artículo 48 de la Constitución): La inmovilización
del vehículo, mi principal fuente de ingresos, afectó significativamente mi
sustento y calidad de vida, impactando directamente mi derecho al
mínimo vital. La Sentencia T-134 de 2019 de la Corte Constitucional destaca
que cualquier afectación a los ingresos de una persona que comprometa su
subsistencia debe ser compensada de manera justa.
(…).
1. Sobre la imposibilidad de exigir pruebas de hechos negativos: La Sentencia
T-396 de 2019 subraya que el juez no puede imponer al demandante una
carga probatoria desproporcionada. En este caso, la decisión del tribunal
de segunda instancia me exigió demostrar que no obtuve ingresos por la
inactividad del vehículo, lo cual constituye una prueba negativa que,
según la Sentencia T-568 de 2022, es irrazonable e imposible de cumplir,
vulnerando así el debido proceso.
(…).
4. Obligación de valorar todas las pruebas en su conjunto: La Sentencia T-
089 de 1999 y la Sentencia T-232 de 2021 aclaran que el juez no debe
desestimar las conclusiones de una prueba técnica como la pericial solo
por falta de pruebas documentales adicionales, especialmente cuando el
daño se demuestra razonablemente mediante otros medios probatorios.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas
de la Sala).
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
Acción de tutela
7) Así pues, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo del 10 de octubre de 2024 y se dirigieron
de manera exclusiva a que se accediera al reconocimiento de los perjuicios materiales
solicitados en la demanda, por cuanto se encontraban debidamente sustentados en las
pruebas allegadas al proceso.
8) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada
en la providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a confirmar la decisión que
no accedió al reconocimiento de los perjuicios materiales, en consideración a que el
demandante no allegó los documentos pertinentes para acreditar la causación del daño
emergente y del lucro cesante; indicó que el dictamen pericial, por sí solo, no era
suficiente para demostrar que la inmovilización del vehículo generó una pérdida
económica y que la misma haya sido consecuencia de una actuación atribuible a la
entidad demandada, porque tampoco se demostró que durante ese tiempo el vehículo
haya sido objeto de reporte o limitación alguna.
9) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate probatorio que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones hasta aquí
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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Demandante: Yesid Mauricio Suan Páez
Acción de tutela
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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