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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06789-01

Fecha
14 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06789-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06789-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

14 de marzo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06789-01
Demandante: ABELARDO ZALABATA TORRES
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES
PÚBLICAS – FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades demandadas
vulneraron el derecho fundamental del debido proceso porque no activaron la jurisdicción
especial indígena en un proceso penal. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
que declaró la falta de legitimación en la causa del demandante.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 6 de febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en la que se decidió

“PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación elevada por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Abelardo Zalabata Torres para representar los derechos del Resguardo
Indígena Arhuaco Businchama” (archivo disponible en medio magnético índice
00030 aplicativo SAMAI, negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

El señor Abelardo Zalabata Torres presentó acción de tutela1 en contra de la
Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar para la protección del derecho fundamental del debido proceso
en conexidad con las garantías al auto gobierno y la jurisdicción especial indígena,

1 El escrito de tutela se presentó el 6 de diciembre de 2024 y se repartió al Juzgado 3 Civil del Circuito

de Ejecución de Sentencias de Bogotá DC, quien lo remitió por competencia a la Secretaría General
del Consejo de Estado por auto del 9 de diciembre de 2024 (índice 00002 en SAMAI).

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Demandante: Abelardo Zalabata Torres
Acción de tutela – Impugnación fallo

supuestamente vulnerado por las autoridades públicas demandadas con ocasión de
la actuación penal en la cual está siendo procesado el señor Nelson Villafaña Torres.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 22 de septiembre de 2023, D.P.N.2 fue trasladado a la unidad de urgencias
pediátricas del Hospital Camilo Villazón de Pueblo Bello (Cesar), luego de haber
sufrido la amputación traumática de una de sus extremidades.

2) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar procedió con el proceso
administrativo de restablecimiento de derechos del menor D.P.N. y la Fiscalía General
de la Nación inició una investigación penal del señor Nelson Villafaña Torres bajo el
código único de investigación no. 08001-60-01055-2023-05491-00.

3) El 28 de septiembre de 2023, el Juez Segundo Municipal con Función de Control
de Garantías de Valledupar (Cesar) instaló audiencia en la que se formuló imputación
al sindicado Nelson Villafaña Torres por la comisión del delito de tortura agravada en
concurso con lesiones personales agravadas y se le impuso una medida de
aseguramiento de detención preventiva, por lo cual se encuentra recluido en el
Complejo Penitenciario de Media Seguridad de Barranquilla (Atlántico).

4) El 6 de marzo de 2024, el Consejo Mamu del Pueblo Arhuaco de Gunchukwa
absolvió penalmente a Nelson Villafaña Torres.

5) El 11 de noviembre de 2024, el Consejo Mamu del Pueblo Arhuaco de Gunchukwa
– Resguardo Indígena Businchama elevó una petición ante la Fiscalía General de la
Nación en la que solicitó el traslado de la actuación penal contra Nelson Villafaña
Torres a la jurisdicción especial indígena.

6) Mediante Oficio no. 1238 del 21 de noviembre de 2024, el fiscal II Especializado de
Valledupar emitió respuesta en la cual indicó que (i) la solicitud se debió formular en

2 La Sala estima pertinente anonimizar los datos personales del menor de edad para la protección de

sus derechos a la intimidad y habeas data, por lo que se referirá a él con el indicativo “D.P.N.”.

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la audiencia de acusación que se llevó a cabo el 13 de marzo de 2024 y, (ii) en el
evento de que exista un conflicto de competencia entre las jurisdicciones, debe
prevalecer el conocimiento de la justicia ordinaria en virtud de los factores institucional
y objetivo.

2. Los fundamentos de la vulneración

El demandante adujo que las autoridades demandadas transgredieron las garantías
de auto gobierno y jurisdicción especial de la comunidad indígena porque el
conocimiento del proceso penal corresponde de manera privativa a las instancias del
Resguardo Indígena Arhuaco Businchama, quienes, en un ejercicio de autonomía
jurisdiccional, determinaron absolver al sindicado Nelson Villafaña Torres.

En su criterio, el fiscal II Especializado de Valledupar está desconociendo las
circunstancias verdaderas por las cuales resultó herido el niño D.P.N., las cuales
fueron verificadas por el Consejo Mamu del Pueblo Arhuaco de Gunchukwa –
Resguardo Indígena Businchama, luego, no se justifica la continuación de la
actuación penal ni la asignación de un hogar sustituto al menor.

Por otra parte, el demandante argumentó que se cumplen todos los presupuestos
señalados por la jurisprudencia constitucional para activar la jurisdicción especial
indígena porque (i) los hechos presuntamente punibles ocurrieron en el territorio de
resguardo, (ii) los sujetos involucrados, esto es, el sindicado Nelson Villafaña Torres y
el menor D.P.N., pertenecen a la comunidad indígena y, (iii) el cabildo de la
comunidad cuenta con instituciones y autoridades para el juzgamiento de conductas
socialmente nocivas por parte de sus miembros.

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“ORDENAR, TUTELAR nuestros derechos fundamentales constitucionales
entre ellos, nuestra jurisdicción especial y la de nuestros miembros, como
es la del menor ante el proceder médico y su tío al ser llevado a la justicia
ordinaria faltando a la verdad de los hechos, y en consecuencia, sírvase
ORDENAR de manera inmediata la NULIDAD de lo actuado por parte de la
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN en la llamada Noticia Criminal CUI
08001-60-01055-2023- 05491-00, la libertad inmediata de nuestro hermano
e hijo de nuestro pueblo indígena NELSON VILLAFAÑA TORRES

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Demandante: Abelardo Zalabata Torres
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identificado con cédula de ciudadanía número 5.139.909 de Pueblo Bello
(Cesar) al encontrarse privado de la libertad con medida de aseguramiento
desde el 25 de septiembre de 2023, el reintegro inmediato al hogar de
donde se encuentra nuestro hermanito e hijo de nuestro pueblo indígena
[D.P.N.] con Tarjeta de Identidad [...], se sirva ORDENAR las demás
actuaciones que conforme a lo sustentado deban adoptarse contra los
accionados a efecto de que hechos como los expuestos no se repitan con
ningún miembro de nuestro pueblo indígena” (mayúsculas del original -
archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del Historial de
Actuaciones en SAMAI).

4. Actuación en primer grado

Por auto del 13 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al presidente de la República, la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y
del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vinculó como terceros
interesados en el proceso a la Fiscalía 5 Especializada de Bogotá, los Juzgados 4
Penales del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bogotá y de
Valledupar, los Juzgados 3 Municipales de Control de Garantías de Bogotá y de
Valledupar, el Juzgado 2 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar, el Consejo de Mamus que conformaron la Comisión de Justicia del
Territorio Ancestral de la comunidad de Gunchukwa del resguardo Businchama, el
señor Nelson Villafaña Torres, la víctima y sus padres o quienes la representen y
requirió al demandante para que acredite su condición de autoridad de Cabildo
Gobernador del Resguardo Indígena Arhuaco Businchama (índice 00004 en SAMAI).

5. Intervención de las autoridades demandadas

1) El Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Bogotá informó que al revisar su
base de datos no encontró información acerca del proceso penal 08001-60-01055-
05491-00 ni el señor Nelson Villafaña Torres, no obstante, advirtió que el Juzgado 4
Penal del Circuito de Valledupar conoció en segunda instancia una acción de tutela
con radicación 20001-31-04-004-2024-00001-00 (índice 00009 en SAMAI).

2) El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva e indicó que la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo para solucionar conflictos entre jurisdicciones, dado
que la comunidad puede “solicitar la competencia en cualquier momento de la

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actuación penal, en caso de no ser concedida, será la Corte Constitucional la
encargada de dirimir el conflicto” (índice 00010 en SAMAI).

3) La Presidencia de la República solicitó su desvinculación del presente proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, que se declare su
improcedencia o se nieguen sus pretensiones por ausencia de un hecho vulnerador
atribuible a esta autoridad (índice 00015 en SAMAI).

4) La Fiscalía II Especializada de Valledupar informó que es la titular de la acción
penal con radicación 2023-05491-00, que por Oficio no. 1238 del 21 de noviembre de
2024 se dirigió al Consejo de Mamus de la comunidad para sentar su postura sobre el
asunto objeto de la litis y que el demandante está desconociendo los derechos de la
víctima, así mismo, manifestó que el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal
consagra la oportunidad para que las partes soliciten las nulidades, así como las
causales de incompetencia, por lo cual concluyó que “esta acción podría tener
vocación de prosperidad para subsanar lo echado de menos por la defensa en la
audiencia referida, salvo algún mejor criterio” (índice 00018 en SAMAI).

5) El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Valledupar solicitó negar la solicitud de amparo porque no ha vulnerado derecho
fundamental alguno (índice 00019 en SAMAI).

6. La sentencia de primera instancia

El 6 de febrero de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del demandante para
representar los derechos del Resguardo Indígena Arhuaco Businchama y desvinculó
del proceso al Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República
(índice 00030 en SAMAI).

La Corporación afirmó que la legitimación en la causa está intrínsecamente
relacionada con el cumplimiento de las exigencias generales de procedibilidad y
expuso que, según la sentencia T-372 de 2021 de la Corte Constitucional, existen
reglas especiales de legitimación cuando se pretende la protección de los derechos
de comunidades indígenas porque son sujetos colectivos titulares de derechos
fundamentales.

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Para el a quo, el demandante no estaba legitimado en la causa para solicitar el
amparo de los derechos del Resguardo Indígena Arhuaco Businchama porque (i)
guardó silencio ante el requerimiento que se profirió en el auto admisorio para que
acreditara su condición de autoridad de Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena
Arhuaco Businchama, de suerte que no existe prueba siquiera sumaria que permita
colegir que es una autoridad tradicional de la comunidad o un miembro de esta y, (ii)
no allegó un poder especial conferido por el señor Nelson Villafaña Torres ni
manifestó actuar en condición de agente oficioso.

7. La impugnación

La parte demandante instauró impugnación contra la sentencia de primera instancia,
la cual le fue concedida por auto de 20 de febrero de 2025 (índice 00043 en SAMAI).

Para sustentar el recurso, expuso que el presidente de la República y el Ministerio de
Justicia y del Derecho tienen un interés en la actuación porque les asiste la función
constitucional de garantizar la unidad nacional y los derechos de los pueblos
indígenas, luego, no debió desvinculárseles de la presente acción.

Según la sentencia T-642 de 2014, el fuero especial indígena procede cuando el
procesado es miembro de una comunidad indígena determinada (elemento personal),
la conducta reprochable sucedió en el territorio de la comunidad (elemento
geográfico), el pueblo indígena cuenta con instituciones competentes para resolver
conflictos internos (elemento institucional) y la ubicación cultural del interés o bien
jurídico que fue ofendido (elemento objetivo).

En el caso del señor Nelson Villafaña Torres, se reúnen los cuatro requisitos para dar
prevalencia a la jurisdicción especial indígena, por cuanto es integrante del Pueblo
Arhuaco Gunchukwa, los hechos por los cuales es procesado ocurrieron en el
territorio de resguardo y el Consejo de Mamu –la máxima y única autoridad del
pueblo– determinó que no es culpable de las lesiones que sufrió el menor D.P.N.

Por último, señaló que no tuvo conocimiento del auto admisorio de 13 de diciembre
de 2024, mencionó que la impugnación la “coadyuba [sic] el Doctor MILTON DE
JESUS FONTALVO SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía número

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72.043.764 expedida en Malambo (Atlántico), Abogado Titulado, Inscrito, en Ejercicio
como apoderado de NELSON VILLAFAÑA TORRES” y allegó copia de la Resolución
015 del 15 de abril de 2023, por la cual se posesiona al señor Abelardo Zalabata
Torres como Cabildo Gobernador y representante legal del Resguardo Indígena
Arhuaco Businchama (índice 00043 en SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: (i) finalidad de la acción de tutela y (ii) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Presidencia
de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para la protección del derecho fundamental del debido proceso en conexidad

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con las garantías al auto gobierno y la jurisdicción especial indígena, supuestamente
vulnerado por las autoridades demandadas con ocasión de la actuación penal en la
que está siendo procesado el señor Nelson Villafaña Torres.

En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
la falta de legitimación en la causa por activa del demandante y accedió a las
solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Presidencia de la República, debido a que el demandante no acreditó su condición
para representar al Resguardo Indígena Arhuaco Businchama ni al señor Nelson
Villafaña Torres.

En el escrito de impugnación se argumentó que sí se cumple con la legitimación en la
causa para promover la acción de tutela en representación del Resguardo Indígena
Arhuaco Businchama y el señor Nelson Villafaña Torres, asimismo, que el a quo no
debió desvincular al Presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del
Derecho.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

2.1 La legitimación en la causa por activa

1) De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, solamente el titular del derecho fundamental está habilitado
para solicitar el amparo constitucional.

2) En este sentido, la legitimación para controvertir una actuación judicial en sede de
tutela por violación al derecho fundamental del debido proceso recae sobre quienes
fungieron como partes dentro del proceso, por ser ellos los titulares individuales del
derecho cuya protección se reclama.

3) En la sentencia T-445 del 6 de diciembre de 2022, la Corte Constitucional revisó
una acción de tutela interpuesta por un líder de la comunidad indígena Yajotja de la
etnia Waüipijiwi para el amparo a sus derechos fundamentales por la demora en la
respuesta o negativa a reconocerlos como una comunidad autónoma y a otorgarles
un resguardo, al respecto, se precisó que las autoridades ancestrales o tradicionales

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de las respectivas comunidades están legitimadas en la causa para presentar
acciones de tutela cuando pretendan la protección de derechos de la comunidad:

“En el caso de tutelas incoadas para la protección de los derechos
fundamentales de comunidades indígenas, la jurisprudencia constitucional ha
dictaminado que ‘tanto los dirigentes como los miembros individuales de estas
colectividades se encuentran legitimados para presentar la acción de tutela con
el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad’.
Concretamente, la Corte ha sostenido que la legitimación por activa en los
procesos de tutela para la protección de derechos fundamentales de las
comunidades indígenas está en cabeza de: ‘(i) las autoridades ancestrales o
tradicionales de la respectiva comunidad; (ii) los miembros de la comunidad;
(iii) las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas, y (iv) la Defensoría del Pueblo’”3

4) No obstante, en el caso sub examine, la Sala advierte que la parte demandante
fundamentó la solicitud de amparo en una supuesta transgresión a las garantías del
debido proceso del señor Nelson Villafaña Torres en el proceso penal con radicación
08001-600-10-55-2023-05491-00, es decir, por la vulneración de un derecho
fundamental y subjetivo cuya titularidad ostenta el sindicado en su individualidad.

5) En efecto, el señor Abelardo Zalabata Torres carece de legitimación en la causa
por activa para controvertir la constitucionalidad de la acción penal que cursa contra
el señor Nelson Villafaña Torres, pues si bien invocó la condición de representante
del Resguardo Indígena Arhuaco Businchama, lo cierto es que ni él ni la comunidad
representada son partes o intervinientes en el proceso judicial sobre el cual se
depreca la vulneración.

6) Por lo tanto, para esta Sala es evidente que el demandante no se encuentra
legitimado en la causa para pretender que se ampare el debido proceso y que se deje
sin efectos una actuación penal de la cual, ciertamente, no formó parte; en donde los
interesados ni siquiera han propuesto un conflicto de competencias, y que de
presentarse el competente para dirimirlo sería la Corte Constitucional.

7) Además, como lo expuso el a quo, no se acreditó que el señor Nelson Villafaña
Torres le hubiese conferido poder al demandante para ejercer su representación
judicial ante los jueces de tutela ni manifestó actuar en condición de agente oficioso,
luego, no está habilitado para representar o agenciar derechos ajenos.

3 Corte Constitucional, sentencia T-445 de 2022.

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8) Por otra parte, si se aceptara que los derechos que se quieren proteger son los del
resguardo y la protección de la jurisdicción especial indígena, la Sala advierte que el
accionante como bien lo indicó la primera instancia no allegó en la etapa procesal
oportuna las pruebas que lo acreditaban como representante del Resguardo Indígena
Arhuaco Businchama, y el trámite de la impugnación no era la oportunidad procesal
para ello. Además, no demostró ser miembro de dicha comunidad.

9) Finalmente, la parte actora mencionó que la impugnación la “coadyuba [sic] el
Doctor MILTON DE JESUS FONTALVO SUAREZ identificado con cédula de
ciudadanía número 72.043.764 expedida en Malambo (Atlántico), Abogado Titulado,
Inscrito, en Ejercicio como apoderado de NELSON VILLAFAÑA TORRES”; sin
embargo, no obra ningún documento firmado por el abogado en ese sentido ni
ninguna solicitud de coadyuvancia, lo que aporta como respaldo a sus afirmaciones
es un poder firmado por el sindicado para que el referido abogado lo represente en el
proceso penal ordinario.

2.2 Las solicitudes de desvinculación

1) En segundo lugar, el demandante reprochó la decisión de la primera instancia
consistente en acceder a las solicitudes de desvinculación elevadas por la
Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

2) Al respecto, la Sala concuerda en que no existen motivos fácticos ni jurídicos para
que las referidas autoridades estén vinculadas como parte demandada a la acción de
tutela de la referencia, como lo señaló la primera instancia.

3) Pese a que fueron referidas como accionadas en el escrito de tutela, el
demandante fundamentó la vulneración por lo acontecido en un proceso penal del
cual no formaron parte, además, tampoco indicó una actuación que se adelante o se
deba adelantar ante estas autoridades y sobre la cual deprecar la vulneración al
debido proceso, ni tampoco formuló pretensiones en su contra.

5) Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la
falta de legitimación en la causa por activa y desvinculó a la Presidencia de la
República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por las razones hasta aquí
expuestas.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida el 6 de febrero de 2025 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítasele a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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