Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06803-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06803-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06803-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
31 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06803-00
Accionante: Juan José Rodríguez Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-06803-00
Accionante: Juan José Rodríguez Flórez
Accionados: Consejo de Estado – Sección Quinta y Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Requisitos de procedencia
– Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Juan José
Rodríguez Flórez en contra del Consejo de Estado Sección Quinta y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela1.
Juan José Rodríguez Flórez presentó escrito en procura del amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, garantía que consideró vulnerada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con
ocasión del contenido de las providencias de fecha 22 de agosto de 2024 y el 14 de
junio de 2024, respectivamente, en el curso del medio de control de nulidad electoral,
identificado bajo el radicado núm. 76001-23-33-000-2023-00922-00/01.
1 Documento incorporado en el índice 2 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. B014C3C62370913D D7ADCB5F25F49CD2 7963558D4A0EC7D5
93FF42A48FEFBB19.
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1.2. Hechos probados en el proceso ordinario2.
De lo narrado en el escrito de tutela y las pruebas incorporadas en el plenario, la Sala
resume los siguientes:
1.2.1. El actor indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral en contra de la elección del señor Alejandro Antonio Cadavid Pinilla,
como alcalde municipal de Calima El Darién, Valle del Cauca, para el período 2024 –
2027, pues, en su sentir, se configuró una doble militancia, al contar con el aval de los
partidos políticos “de la U” y del partido “ASI”.
1.2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conoció del proceso en primera
instancia y, mediante sentencia del 14 de junio de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, bajo el argumento de que las pruebas aportadas no demostraron actos de
doble militancia del demandado Alejandro Antonio Cadavid Pinilla, tendientes a apoyar
o favorecer a un partido distinto al que se presentó en la contienda electoral para el
período constitucional 2024 – 2027.
1.2.3. Inconforme, la parte demandante recurrió el proveído, el cual fue resuelto por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia de fecha 22 de agosto de 2024,
por medio de la cual confirmó la decisión del a quo.
1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela.
La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar su derecho fundamental al
debido proceso; ii) dejar sin efectos las sentencias proferidas en ambas instancias por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Quinta;
iii) ordenar a la autoridad judicial que se declare la nulidad electoral del señor Alejandro
Antonio Cadavid Pinilla como alcalde municipal de Calima El Darién, Valle del Cauca,
para el período constitucional 2024 – 2027.
Como sustento de lo anterior el accionante manifestó, en síntesis, que la autoridad
contra la que se dirige la tutela omitió analizar los pronunciamientos efectuados por la
Procuraduría que hizo parte del aludido proceso de nulidad electoral, pues junto con
2 Ibidem. / Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en Samai, en el siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001233300020230092
2011100103.
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el acervo probatorio, demostraban la doble militancia en la que incurrió el señor
Cadavid Pinilla, al realizar alianzas políticas con los candidatos del partido liberal, al
Concejo municipal de Calima El Darién para el período constitucional 2024 – 2027.
Asimismo, consideró que incurrieron en un defecto fáctico, pues no valoraron de
manera adecuada las pruebas incorporadas al expediente, consistentes en fotos,
piezas publicitarias, pasacalles y mensajes en las redes sociales que daban cuenta de
las alianzas creadas.
Por lo anterior, consideró que, al no tener en cuenta estas pruebas, su actuación fue
manifiestamente contraria a la Constitución Política.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones.
1.4.1. El magistrado ponente, en providencia del 12 de diciembre de 20243, dispuso:
i) admitir la acción; ii) oficiar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Consejo
de Estado, Sección Quinta, para que, quien tenga a su disposición el expediente del
proceso de nulidad electoral con radicado número 76001-23-33-000-2023- 00922-01,
informara al Despacho los nombres y las direcciones de los sujetos que integran las
partes demandante, demandada y terceros dentro del referido trámite; iii) vincular
como terceros con interés a Alejandro Antonio Cadavid Pinilla y a quienes hicieron
parte o intervinieron en el medio de control de nulidad electoral bajo el radicado núm.
76001-23-33-000- 2023-00922-01; iv) oficiar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al Consejo de Estado, Sección Quinta, para que remitieran el expediente de
nulidad electoral identificada bajo el radicado núm. 76001-23-33-000- 2023-00922-01;
v) notificar a las partes; vi) tener como pruebas las aportadas con la demanda de tutela
y; vii) suspender los términos de la acción constitucional.
1.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 remitió la información
solicitada en el auto admisorio, así como el enlace web del expediente digital. Sin
embargo, guardó silencio frente a los hechos de la solicitud de amparo.
3 Documento incorporado en el índice 4 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. D41646FCC1772CE0 CFE139C2010247FC 4AE1E2973E922045
D821EDBB968781E0.
4 Documento incorporado en el índice 8 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. FAA70FB3AAF439D6 0D8723F8DC880ED0 C04724F81C532539
EC2B6AF1CB05DB95.
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1.4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado5 envió el expediente digital del
proceso ordinario, así como las partes que intervinieron en dicho trámite.
Manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-590 de 2005, el
escrito de tutela carece de relevancia constitucional, pues, el accionante, con su
argumentación, pretendió convertir el presente mecanismo constitucional en un
escenario para confrontar un asunto que fue decidido por su juez natural, circunstancia
que comporta una discrepancia frente a la autonomía judicial, en la medida en que la
providencia censurada se adoptó con fundamento en lo objetado en el recurso de
alzada y en las pruebas allegadas y decretadas en la oportunidad correspondiente.
En ese orden, concluyó que la verdadera pretensión del tutelante es plantear una
discusión que no traspasa el límite de la correcta interpretación o aplicación de una
norma de rango legal, situación que, escapa de la órbita de competencia del juez
constitucional y a las excepciones desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el respecto del principio superior de cosa juzgada.
Por último, consideró que el asunto careció de subsidiariedad, pues, pese a que el
accionante afirmó que la sentencia no tuvo en cuenta unas pruebas documentales y
mensajes de datos a efectos de demostrar la doble militancia en la modalidad de
apoyo, lo cierto es que, no acudió a la solicitud de adición o aclaración de la providencia
proferida en segunda instancia, mecanismos idóneos para plantear la inconformidad
traída a sede de tutela.
Corolario de lo expuesto, solicitó negar la solicitud de amparo.
1.4.4. Pedro Felipe Gutiérrez Sierra6 – en calidad de vinculado – manifestó que, a
partir de los argumentos expuestos en el escrito introductorio, lo que busca el actor es
debatir nuevamente lo resuelto en el proceso ordinario, pues sostuvo que se configuró
un defecto fáctico, al considerar que la autoridad judicial efectuó un estudio errado del
5 Documento incorporado en el índice 9 y 12 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. 61CE788762EA616B D52D80A995B8F79E D5774FE439E1AD74
55685C94D46B9367 / A4218321979178E5 C735FB48EB000E18 88AC095648C652AD
0127617299174942.
6 Documento incorporado en el índice 11 y 14 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. FCC67FFCD01413FF 3ECDB31FE12507A5 348BFC42BCF36D56
C8C59D99831E62B7 / 62825DFD2338C530 646F5026C8AFC65A 3A7D7AB27E2562D7
06CF253E912B2538.
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material probatorio, sin hacer alguna mención respecto de cuál fue el yerro en concreto
en el que incurrió el juez natural.
Con base en lo anterior, consideró que el actor no acreditó los requisitos necesarios
para tramitar la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que solicitó declarar
la improcedencia de la acción.
1.4.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 sostuvo que el presente asunto
versa sobre las decisiones proferidas por la autoridad judicial en el marco de su
autonomía e independencia judicial, situación que dista de la competencia de la
entidad; por tanto, no tiene injerencia alguna y, en consecuencia, solicitó declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.4.6. Solis Ovidio Guzmán Burbano, en calidad de Procurador 18 Judicial II para
asuntos Administrativos8, señaló que, desde el inicio de la controversia electoral que
hoy se retoma, se ha resaltado que el Ministerio Público, como sujeto procesal
especial, no tiene un interés de parte, y que sus intervenciones estarán siempre
encaminadas por mandato constitucional en la defensa del patrimonio público, los
derechos fundamentales y por la prevalencia del ordenamiento jurídico.
Enfatizó en que, en el litigio, no existió una falta de material probatorio como se adujo,
sino que no existió un verdadero interés judicial de realizar una mejor experticia
probatoria de las referidas redes sociales, reiterando que el mismo Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desatendió la petición del Ministerio Público, tanto
en la audiencia inicial, como en los alegatos de conclusión, en el sentido de que en
forma oficiosa se decretara la práctica de una inspección o constatación en las redes
sociales y particularmente en la cuenta de Facebook de la señora Celina Díaz, para
confirmar o desvirtuar lo aseverado por la parte demandante. Petición probatoria que
se reiteró en el recurso de apelación dado que, se ventilaban intereses generales que
superan el interés de parte, lo cual finalmente no fue atendido.
7 Documento incorporado en el índice 15 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. C9D9A5A8AE126E38 5315301D7F6F27F5 677E7D79199A200F
A65BFA999286AF82.
8 Documento incorporado en el índice 16 del expediente digital de tutela en Samai, identificado con
certificado núm. 7190BF0E0BA54CA0 8E9FBE10A9414C48 AC799A68C362BB21
9D7E38B2E8F468A4.
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Agregó que, dada la naturaleza pública del proceso de nulidad electoral y los intereses
comunitarios que ello implica, permiten contar con un operador judicial proactivo en
materia probatoria, en pro de verificar si estaban dadas las condiciones de una
eventual doble militancia. Esas circunstancias son, en últimas, las que podrían haber
incidido en una eventual vulneración del debido proceso aducido por el hoy accionante,
por lo que solicitó amparar el derecho deprecado, en el sentido de ordenar a la parte
accionada, proferir una nueva decisión, en consideración del material probatorio que
no se tuvo en cuenta en anterior oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Juan
José Rodríguez Flórez, dado que fungió como demandante en el trámite del medio de
control de nulidad electoral, adelantado bajo el radicado núm. 76001-23-33-000-2023-
00922-00/01, por ende, es el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados.
2.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
razón a que actuaron como jueces en el trámite del medio de control de nulidad
electoral referido, y fue su actuación a la que el actor atribuyó la vulneración de las
garantías constitucionales invocadas.
2.3. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
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sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
2.3.1. Relevancia constitucional.
En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que
el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la
controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia
constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto11.
En la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire
en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan
en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión
judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo
constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b)
defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante
en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento
en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una
decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h)
violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.
10 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
2.4. Caso concreto.
2.4.1. En el presente caso el accionante considera que la parte accionada incurrió en
un defecto fáctico, pues no efectuó un adecuado análisis probatorio al acervo aportado
en el trámite del proceso de nulidad electoral, tramitado bajo el radicado núm. 76001-
23-33-000-2023-00922-00/01, pues, a su juicio, dejó de lado material gráfico que daba
cuenta de las alianzas creadas, y daban fe de la doble militancia en la que incurrió el
señor Alejandro Antonio Cadavid Pinilla, quien fue elegido como alcalde del municipio
de Calima El Darién, Valle del Cauca, en calidad de candidato avalado por el partido
de la “U” y que también contó con el aval del partido “ASI”, para la campaña electoral
correspondiente al periodo constitucional 2024-2027.
2.4.2. Ahora bien, de la lectura de los argumentos expuestos en la sentencia de
segunda instancia –la cual puso fin a la actuación ordinaria y sobre la que se centrará
el análisis de la Sala–, se tiene que, como primera medida, el actor en la presente
acción constitucional concurrió a la segunda instancia en calidad de coadyuvante del
recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. Sumado a ello, en su escrito
de adhesión, adjuntó material consistente en imágenes y enlaces que no fueron
solicitados dentro de las oportunidades procesales contenidas en el artículo 212 del
CPACA. En atención a ello, la autoridad judicial se abstuvo de valorarlas, al tratarse
de probanzas extemporáneas.
La misma suerte corrieron otros reparos expuestos en la apelación adhesiva, puesto
que el análisis de la primera instancia se limitó al preciso argumento esgrimido por el
actor en su demanda, relacionado con el hecho de que “el señor Alejandro Antonio
Cadavid se comportó en conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo, al
momento de realizar alianza política con la señora Celina Diaz para el concejo de
Calima El Darién y el señor Rafael Rodríguez para la asamblea departamental del
Valle del Cauca quienes pertenecen al partido centro democrático”.
Así, en el escrito inicial no se encontró crítica alguna frente a un apoyo distinto de los
dos candidatos referenciados. A su vez, se solicitó e incorporó con la demanda, para
efectos de demostrar el elemento objetivo de la doble militancia, entre otras, dos
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capturas de pantalla del perfil de Facebook de la candidata Celina Díaz, las cuales no
coinciden con las arrimadas en el escrito de la apelación adhesiva.
Por lo expuesto, la Corporación consideró que no se ajustaba al debido proceso que,
el apelante adhesivo en segunda instancia, pretendiera ampliar los argumentos
dispuestos en su censura inicial, en punto de relacionar otros candidatos a los que el
demandado, a juicio de aquel, brindó apoyo durante el período de campaña electoral.
Por otro lado, la autoridad judicial sostuvo que, a partir del acervo probatorio aludido
por el Ministerio Público y la parte actora, este no tiene la virtualidad de demostrar el
ejercicio por parte del demandado de una manifestación concreta y específica dirigida
a apoyar la aspiración de Celina Díaz (candidata al concejo del municipio referido) y
Rafael Rodríguez (candidato a la Asamblea del Valle del Cauca).
En ese orden, lo que advirtió fue que “el respaldo ofrecido se efectuó por parte de
Celina Díaz, quien, sin asomo de dudas, invitó al electorado de Calima El Darién a
acompañar la candidatura de Alejandro Antonio Cadavid Pinilla. Lo anterior, sin que se
observe de la probanza valorada, que el sujeto activo, frente al cual se alega la
supuesta doble militancia, haya expresado un acto positivo, concreto e inequívoco de
apoyo a aquella. En otros términos, no se puede estructurar la causal alegada con
sustento en el respaldo o acompañamiento que recibió Cadavid Pinilla de parte de la
candidata al concejo Celina Díaz, pues, aquella prohibición se estructura,
específicamente, respecto del apoyo ofrecido y no sobre el obtenido.”
2.4.3. Visto lo anterior, la Sala concluye que lo que la accionante pretende es imponer
su interpretación de la normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada, sin que
haya demostrado la violación de los derechos fundamentales para los que pidió su
protección.
Por otro lado, es importante precisar que la inconformidad con lo decidido en las
providencias no habilita al juez constitucional a estudiar los cargos y pruebas que las
autoridades judiciales contra las que se dirige la acción consideraron o no al resolver
el asunto. En este sentido, compete al interesado demostrar, según los requisitos
enunciados por la jurisprudencia constitucional, que la actuación de aquellas en el
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proceso ordinario fue consecuencia de una afectación al debido proceso, situación que
en este caso no se configura.
2.4.4. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada
por la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
del proceso primigenio, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio
desarrollados en el marco de esta actuación, sin esbozar las razones concretas por
las cuales los derechos fundamentales deprecados fueron vulnerados con las
providencias atacadas, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
las decisiones se sustentan en el principio de autonomía judicial. Así las cosas, la Sala
concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, aspecto que la torna en improcedente.
2.4.5. Además, es preciso recordar que este mecanismo fue concebido con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como
si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
Por último, es de indicar que el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez
y no de corrección de la decisión cuestionada12, lo que se opone a que use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario13.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
12 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
13 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Juan
José Rodríguez Flórez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que la parte actora
incumplió el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
LMMT
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