Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06818-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06818-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06818-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06818-00
Accionante: WILSON REYES ALDANA
Accionado: JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia /
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Requisito general de procedencia del
amparo constitucional que no se satisface cuando el accionante no cumple su carga
argumentativa, y utiliza la tutela como una instancia adicional para revisar la decisión con
fundamento en discrepancias de interpretación legal.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Wilson Reyes Aldana (en adelante, el accionante, el actor o el
demandante), de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 12 de diciembre de 2024, el demandante presentó acción de tutela 2 en contra
del Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá (en lo
sucedáneo, Juzgado 31) y la Sección Tercera – Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (TAC), con el fin de que le sea amparado su
derecho al debido proceso que, en su parecer, fue vulnerado las autoridades
judiciales accionadas de acuerdo con lo siguiente:
Hechos relevantes
2. El 7 de abril de 2015, el vehículo automotor tipo taxi de propiedad del actor fue
destruido en su totalidad por la caída de un árbol en el barrio Álamos Sur de la
ciudad de Bogotá. Por este suceso, el accionante formuló demanda de
1 Ingresada para fallo el 15 de enero de 2025.
2 Índice SAMAI, núm. 2. Archivo: “2ED_Demanda(.pdf)”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06818-00
Accionante: Wilson Reyes Aldana
Accionados: Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá
y Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
reparación directa en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de otras
autoridades para obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados a su
bien mueble.
3. La Procuraduría 191 Judicial I para Asuntos Administrativos, encargada de
conocer la solicitud de conciliación extrajudicial, encontró que la reclamación fue
oportunamente presentada. Así mismo, en la audiencia inicial, el Juzgado 31
decidió que no se había producido el fenómeno de la caducidad.
4. Empero, según la demanda de tutela, contradiciendo su propia manifestación y
contabilizando incorrectamente el término dispuesto en la ley, el Juzgado 31
declaró oficiosamente la caducidad de la acción contencioso administrativa, en
sentencia del 12 de octubre de 2023. Dicha decisión fue confirmada por el TAC,
mediante fallo del 27 de septiembre de 2024.
Pretensiones
5. El demandante solicita, por vía del amparo constitucional, lo siguiente [se
transcribe textualmente con posibles errores e imprecisiones]:
“1.- […] he sido vulnerado en los derechos fundamentales invocados, amén
de los que su Honorable Despacho avisore en este escrito y en demás
medios probatorios.
2.- Por lo anteriormente expuesto, ruego a su Señoría ordenar a las
entidades fallar de fondo mi grave situación en atención a la acción de
control de Reparación Directa impetrada y acceder a las pretensiones de la
demanda”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. Según el actor, las providencias censuradas contrariaron el principio de
seguridad jurídica porque desconocieron los pronunciamientos del Ministerio
Público en la etapa de conciliación extrajudicial, y del mismo Juzgado 31 en la
audiencia inicial, que concluyeron en la presentación oportuna de la demanda.
7. Por otra parte, contrario a lo sostenido en los fallos reprochados, en ningún
momento operó el fenómeno de caducidad. Según el demandante, debió
considerarse que el término de caducidad se reanudó a partir del vencimiento
de los tres meses siguientes al de la radicación de la solicitud de conciliación,
esto es, del 1 de julio del 2017. De esta forma, plantea que:
“… de los hechos ocurridos el 7 de abril de 2015, se presentó solicitud de
conciliación el 31 de marzo de 2017, diligencia que suspendió los términos para que
operara la caducidad de la acción, por tres meses, es decir, hasta el 30 de junio de
2017, reanudándose el término el 1 de julio de 2017 y hasta máximo el 9 de julio de
2017, fecha en que operaría el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. Pero
como la demanda fue presentada el 6 de julio de 2017, la caducidad declarada
nunca ocurrió y por tanto no debió haberse declarado, menos de manera oficiosa”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06818-00
Accionante: Wilson Reyes Aldana
Accionados: Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá
y Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
8. Agrega que, en su caso, están “plenamente demostrados los elementos
constitutivos para la declaratoria de la responsabilidad del Estado”, por lo tanto,
en lugar de declarar la caducidad de la acción, debía accederse a sus
pretensiones.
Trámite en primera instancia
9. En la admisión de la tutela, el Despacho sustanciador dispuso la notificación de
las accionadas, y la vinculación del Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante,
IDU), el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (Jardín Botánico), la
Empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. (EAB), la Secretaría Distrital de Ambiente
de Bogotá (Secretaría de Ambiente), la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Bogotá E.S.P. (EAAB o Acueducto), la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (el Distrito), y
a Allianz Seguros S.A. como terceros con interés en las resultas del proceso3.
Intervenciones
10. La EAAB respondió a la tutela4, manifestando que se oponía a las pretensiones
formuladas por el actor. Planteó que carecía de legitimación en causa por pasiva
en tanto no era la entidad llamada a pronunciarse sobre el proceder de los jueces
en el presente asunto. Así mismo, sostuvo que el amparo constitucional era
improcedente porque estos hechos ya fueron debatidos en el trámite de la
reparación directa, y que la decisión de caducidad de la acción fue acertada.
11. El Jardín Botánico5 expresó que el mecanismo constitucional no era procedente
porque, en el presente asunto, el actor no cumple con el requisito de
subsidiariedad en tanto no ha agotado los requisitos extraordinarios; y, en el
mismo sentido, advierte que el asunto no reviste relevancia constitucional
porque el accionante busca reabrir el debate resuelto en la instancia judicial
ordinaria.
12. La Secretaría de Ambiente6 contestó que no era responsable de la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por el actor durante este trámite, que
eventualmente recaerían en la Administración de Justicia, por ende, solicita ser
desvinculada del trámite de tutela. Como planteamientos subsidiarios, expone
que la acción es improcedente porque existen otros mecanismos judiciales para
la protección de los derechos suplicados en este plenario; y que las pretensiones
del accionante, en aquello que pueda corresponder a esta entidad, no están
llamadas a prosperar porque no ha vulnerado ningún derecho fundamental del
demandante.
3 Se advierte, además, que al presente trámite allegó contestación la Secretaría Distrital de
Educación (índice SAMAI núm. 13). Empero, comoquiera que esta entidad no fue vinculada
formalmente al proceso, su escrito no será tenido en consideración.
4 Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 10.
5 Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 11.
6 Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 12.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06818-00
Accionante: Wilson Reyes Aldana
Accionados: Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá
y Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
13. La UAESP también alegó que no tenía legitimación por pasiva dentro del
presente asunto. Adicionalmente, no se cumplen los requisitos de procedibilidad
propios de la acción de tutela contra providencias judiciales, ni está acreditada
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
14. El TAC solicitó7 declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que
lo planteado por el actor no tiene relevancia constitucional. No obstante, en
cuanto al fondo del asunto, aseveró que su decisión acató las reglas previstas
en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), según las cuales,
como juez de segunda instancia, tenía competencia para “abordar el análisis de
los aspectos íntimamente relacionados con el tema objeto de apelación, incluso
lo relativo a la caducidad del medio de control”, por lo que carecía de asidero la
imputación basada en el desconocimiento del principio de seguridad jurídica. Por
lo demás, expresó que la providencia no tenía error o defecto alguno, y que el
accionante “no señaló concretamente en qué consistió la supuesta vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso”, limitándose a “reiterar su
inconformidad con la decision que declaró probada la caducidad del medio de
control”.
15. El Juzgado 31, y los restantes terceros vinculados, no emitieron pronunciamiento
alguno.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
16. La Subsección considera que la acción de tutela es improcedente porque el
asunto carece de relevancia constitucional. En efecto: (i) el accionante no
cumple con la carga argumentativa mínima exigible a quien emplea este
mecanismo en contra de providencias judiciales; y (ii) se limita únicamente a
replantear los reproches ya definidos por los jueces naturales de la controversia,
en este caso, el Juzgado 31 y el TAC. De esta manera, no se cumple uno de los
requisitos generales trazados de forma pacífica y reiterada por la jurisprudencia
para que el medio de protección de garantías esenciales opere respecto de
decisiones jurisdiccionales.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad en las acciones
de tutela contra providencias judiciales
17. En la sentencia C-590 del 8 de junio de 20058, la Corte Constitucional
sistematizó las exigencias que la acción de tutela debe reunir cuando la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales provienen de una
providencia judicial, entre los requisitos generales de procedencia y las causales
específicas de procedibilidad, las primeras de carácter procesal y las segundas
7 Índice SAMAI reparación directa segunda instancia, núm. 27.
8 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de naturaleza sustantiva9. Dentro de las primeras, cabe acentuar en la exigencia
de la relevancia constitucional, que consiste en “que el asunto bajo estudio
involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”10, y busca que el juez de amparo no estudie “cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
18. Bajo ese derrotero, la jurisprudencia del pleno de esta Corporación11 comprende
que la relevancia constitucional posee dos elementos necesarios: Primero, se
exige que el actor satisfaga la carga argumentativa mínima de exponer fáctica y
jurídicamente, en términos precisos, comprensibles y suficientes, la vulneración
de garantías fundamentales o, en otros términos, es necesario que la
argumentación de una providencia judicial no sea formulada de manera
abstracta, confusa, exigua o limitada a la simple afirmación de errores en el
proceso. En palabras de la Corte Constitucional:
“A diferencia de los demás ámbitos de procedencia de la acción de tutela en los que
prevalece el presupuesto de la informalidad, en tratándose del ejercicio de la acción
de amparo contra providencias judiciales, este Tribunal tiene establecido que su
valoración no procede de forma abstracta o general, esto es, derivado de la simple
afirmación de que se ha presentado una irregularidad en el proceso. Por el contrario,
la Corte ha establecido que, en este evento, existe una carga argumentativa por
parte del interesado en la que debe exponer, a partir de parámetros constitucionales,
el motivo por el cual la decisión judicial no supera un juicio de validez y, en caso de
que el vicio haya sido planteado ante el juez natural, la razón por la cual el
argumento expuesto por dicha autoridad tampoco supera tal escenario. Solo así se
protegen elementos tan relevantes para el Estado Social de Derecho como son la
autonomía e independencia judicial.
De esta manera, a juicio de este Tribunal, salvo que la violación iusfundamental sea
evidente, el análisis por vía de tutela solo puede estructurarse si previamente se
precisan por el interesado las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación
del derecho y se logra establecer su nivel de influencia en la decisión cuestionada,
pues de esta forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible
actuar al juez constitucional, no solo en respeto de las esferas propias de los jueces
ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza a la
acción de amparo.
Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se pretenda promover la acción
de tutela sobre planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos, que
no permitan orientar la actividad excepcional que le corresponde cumplir en este
campo al juez constitucional. De igual manera, tampoco cabe el ejercicio de esta
acción para repetir los mismos argumentos expuestos ante el juez natural, salvo
que, como ya se dijo, se formulen razones específicas para cuestionar los fallos
9 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel
Cabo. Consideraciones 8 a 11.
10 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 del 14 de septiembre de 2017. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo.
11 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto
de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06818-00
Accionante: Wilson Reyes Aldana
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
adoptados, a partir de la construcción de un juicio de validez derivado de parámetros
constitucionales.”12.
19. Segundo, la vía de amparo constitucional no debe ser un recurso o instancia
adicional en la cual el juez natural de la causa sea suplantado en el análisis del
asunto sometido a su conocimiento13, bajo la comprensión de que este
instrumento especial está diseñado para proteger derechos fundamentales, y no
para reabrir la discusión fundamentada en los reproches del actor contra la
decisión judicial.
La tutela no cumple con la carga argumentativa
20. En el caso concreto, el demandante limita su reproche a afirmar que los
pronunciamientos que sancionaron la presentación inoportuna de la demanda
de reparación directa pugnan con el principio de seguridad jurídica porque,
anteriormente, el conciliador extrajudicial y el Juzgado 31, habían dictaminado
lo contrario. Planteado así el razonamiento, se advierte que es lacónico e
insuficiente y no cumple con la carga argumentativa exigida en esta clase de
asuntos dado que no concreta, a la luz de la técnica desarrollada para la tutela
contra providencias judiciales, cuáles son los vicios graves incurridos por las
autoridades accionadas y las razones que condujeron a su configuración.
21. Adicionalmente, contrastados el texto del libelo de la demanda de tutela con el
del recurso de apelación formulado en contra de la sentencia del Juzgado 3114,
fácilmente se advierte que las tesis para aseverar que no se produjo la
caducidad de la acción son idénticas en sus tres argumentos centrales: el
desconocimiento de la seguridad jurídica, el conteo propuesto para dar a
entender que su reclamación fue oportuna, y la demostración de los elementos
de la responsabilidad patrimonial para que se acceda a sus súplicas
indemnizatorias. Es decir, que la acción de tutela reitera los sustentos expuestos
ante los jueces administrativos desconociendo también, por esta razón, la carga
argumentativa.
La acción constitucional es utilizada como una nueva instancia
22. Además, la Subsección advierte la intención del actor en que el amparo
constitucional sirva como una instancia judicial adicional a las diseñadas por el
ordenamiento jurídico procesal, destinada a valorar nuevamente sus reproches
12 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-242 del 25 de abril de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13 Según la jurisprudencia, la relevancia constitucional busca “(i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573
del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 En: Índice SAMAI tutela primera instancia, núm. 8. - Archivo comprimido .zip
“13RECIBEPRUEBAS_OneDrive_2_16122024z(.zip)” – Archivo pdf. “55Recurso”, p. 4-14.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
contra las decisiones que le fueron adversas. Para motivar este aserto, es
importante recapitular, en lo pertinente, los puntos centrales que soportaron la
caducidad de la acción en el sub judice:
23. Para las dos instancias judiciales,15 el término bienal de caducidad de la
demanda formulada contra el Distrito, la Secretaría de Ambiente, la EAAB, la
EAB, la UAESP, el Jardín Botánico y el IDU, debía contabilizarse a partir del 8
de abril de 2015, un día después de que el actor tuvo conocimiento de la
ocurrencia del daño. Por ende, la posibilidad de presentar la reclamación
fenecía, sin suspensión mediante, el 8 de abril de 2017.
24. Al estudiar la suspensión del término por el trámite de conciliación extrajudicial,
ambas instancias encontraron que la solicitud para dicho trámite fue radicada el
31 de marzo de 2017 pero que ésta no incluyó al IDU. Un día después de la
diligencia adelantada ante el Ministerio Público el 26 de mayo de 2017, que
declaró fallida la etapa conciliatoria por falta de acuerdo, el actor solicitó la
citación de la entidad no convocada.
25. En ese contexto, las accionadas declararon la caducidad de la acción,
distinguiendo dos escenarios:
(i) Respecto al conjunto que reunía a la mayoría de las entidades
demandadas, la reclamación debió formularse hasta el 5 de junio de 2017,
esto es, agregando el tiempo que faltaba para la extinción de la acción a la
fecha de presentación de la solicitud a la fecha de reanudación del término
de caducidad por el no acuerdo conciliatorio. Por lo tanto, la demanda
presentada el 6 de julio de ese año, se formuló por fuera del término.
(ii) En relación con el IDU, para el momento en que el actor pidió su
convocatoria al trámite conciliatorio (27 de mayo de 2017), la acción ya había
caducado. Así las cosas, las diligencias adelantadas el 27 de junio y el 6 de
julio de 2017, no cambiaban el hecho de presentación inoportuna de la
demanda.
26. A lo anterior, cabe agregar que el TAC descartó la tesis de vulneración de la
seguridad jurídica bajo el argumento de que la segunda instancia sí tiene
competencia para estudiar y reformar lo decidido en la audiencia inicial16.
15 En: Expediente del proceso de reparación directa en Onedrive, archivos
“52SentenciaPrimeraInstancia.pdf” y “58Sentencia2Instancia.docx”.
16 Al respecto, el fallo de segunda instancia del TAC expresó, respecto de ese argumento de la
apelación, lo siguiente: “De entrada se destaca que, si bien es cierto que en la audiencia inicial el a
quo declaró no probada la excepción de caducidad propuesta por el IDU, esta Corporación en
segunda instancia tiene competencia para estudiar y reformar los puntos íntimamente relacionados
con el tema objeto de apelación, de ser ello indispensable, en los términos del artículo 328 del C.G.P.
Además, porque en la instancia de decisión del fondo se cuenta con mayores elementos de juicio
que en la etapa de audiencia inicial, elementos probatorios que permiten tener certeza de aspectos
inherentes a la controversia de este asunto, tales como su caducidad, de manera que este
argumento del recurrente según el cual es la etapa de fallo no es posible pronunciarse respecto de
las excepciones previas, no prospera.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06818-00
Accionante: Wilson Reyes Aldana
Accionados: Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá
y Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
27. Así, además de carecer de fundamentos claramente encaminados a la
protección de derechos fundamentales, esta tutela carece de relevancia
constitucional porque implica una instancia adicional con miras a obtener una
decisión judicial favorable a las posturas del actor, sin importar que ello desplace
e invada las competencias asignadas legalmente a los jueces naturales de la
causa quienes ya definieron el asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Wilson Reyes Aldana en contra del Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá, y de la Sección Tercera – Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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