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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06819-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06819-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Carmen Lucía Rodríguez Díaz, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Secciones Tercera, Subsección “A” y Quinta, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06819-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06819-00
Demandante: Carmen Lucía Rodríguez Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06819-00
Demandante: CARMEN LUCÍA RODRÍGUEZ DÍAZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES TERCERA,
SUBSECCIÓN “A” Y QUINTA

Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Requisito objetivo de
inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Carmen Lucía Rodríguez Díaz, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Secciones Tercera,
Subsección “A” y Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de diciembre de 2024, la señora Carmen Lucía Rodríguez Díaz, quien actúa
por intermedio de apoderado judicial, presenta acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Secciones Tercera, Subsección “A” y Quinta, al considerar vulnerados
sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: REVOCAR las sentencias de tutela de primera y segunda instancia,
proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero (…), y la Sección Tercera, Subsección A,
con ponencia de la Consejera (…), en el trámite con radicado 11001-03-15-000-2023-
03311-00 y 11001-03-15-000-2023-03311-01. En su lugar, CONCEDER la protección
del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias del 10 de julio de 2020 y del 25 de
mayo de 2023, pronunciadas dentro del proceso disciplinario
110011102000201804837.

TERCERO: ORDENAR a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial (antes Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura De Bogotá) que dicte
una nueva decisión en el proceso disciplinario con radicado 110011102000201804837,
y en este sentido resuelva el recurso de apelación promovido por la accionante en
contra del fallo de primera instancia”.

2. Hechos

2.1. Relacionados con el proceso disciplinario con radicado No.
11001110200001804837

La accionante afirma que mientras se desempeñaba como Juez Sesenta y Siete
Civil Municipal de Bogotá fue objeto de investigación disciplinaria por la extinta1

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Demandante: Carmen Lucía Rodríguez Díaz

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
con ocasión de la compulsa de copias ordenada por el Juzgado Cuarenta y Tres
Civil del Circuito de Bogotá por la presunta mora en resolver una acción de tutela1.

Menciona que por sentencia de 10 de julio de 2020, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá la declaró disciplinariamente responsable y sancionó
con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión. Agrega que contra la
anterior decisión presentó solicitud de aclaración, la cual fue resuelta en
providencia de 14 de agosto de 2020, notificada el 8 de septiembre del mismo
año, en el sentido de rechazarla por cuanto no cumplía con los supuestos del
artículo 285 del Código General del Proceso.

Precisa que dentro del término de ejecutoria del proveído que resolvió la
aclaración de la sentencia, interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia. No obstante, sostiene que la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, omitió darle trámite y envió el expediente al superior funcional
en grado de consulta “como si (…) no hubiese presentado recurso alguno”.

2.2. Relacionados con la acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-
000-2023-03311-00/01

La actora presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de que
se protegieran sus derechos fundamentales que se vieron afectados, al no dar
trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de 10 de julio de
2020.

El proceso correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que mediante sentencia de 27 de julio de 2023 declaró improcedente la solicitud
de amparo, al evidenciar que la acción no cumplía los requisitos generales de
relevancia constitucional y subsidiariedad, en tanto la actora contaba con otro
mecanismo idóneo de defensa para solicitar la protección de sus derechos, como
era el recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, del
cual no hizo uso.

La demandante impugnó la anterior decisión y la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado profirió sentencia el 18 de septiembre de 2023, en la que
confirmó íntegramente el fallo del a quo.

3. Fundamentos de la acción

La accionante presenta la acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por la Sección Tercera
Subsección “A” del Consejo de Estado con la sentencia de 18 de septiembre de
2023 que confirmó la de 27 de julio de la misma anualidad de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, por desatender los presupuestos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

En primer lugar, hace referencia a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sentido de indicar que i) la
solicitud de amparo tiene relevancia constitucional por cuanto la discusión versa
sobre el alcance del derecho fundamental al debido proceso, ii) agotó todos los
medios de defensa judicial porque “solicitó a la autoridad jurisdiccional disciplinaria que
resolviera el recurso dejado de tramitar, a lo cual hizo caso omiso, pero decidió, por medio
1 Radicado No.11001-40-03-067-2018-00639-01.
2

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de oficio del 09 de mayo de 2024, ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias de
primera y segunda instancia, proferidas el 10 de julio de 2020 y 25 de mayo de 2023,
respectivamente, dentro del presente radicado 11001-11-02-000-2018-04837”. Así
mismo, indica que se cumple con iii) el requisito de inmediatez puesto que si bien
se tratan de fallos de tutela del año 2023, a lo que agrega que la vulneración se
consolidó con la decisión de 9 de mayo de 2024 de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, iv) identificó los hechos constitutivos de vulneración y v) no se
trata de una acción contra un fallo de la misma naturaleza, “comoquiera que el
reproche se encamina a irregularidades acaecidas en el trámite de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2023-03311-01”.

En relación con los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra
fallos de la misma naturaleza, sostiene que i) la solicitud presentada no comparte
identidad con la cuestionada, por lo que no se configura cosa juzgada y explicó
que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso por las “falsas
aseveraciones” de las autoridades judiciales accionadas, al afirmar que no se
interpuso recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia.

Menciona que ii) las decisiones acusadas son producto de una situación
fraudulenta por cuanto la “Sala Jurisdiccional de Disciplina” en la contestación del
proceso de tutela que se cuestiona, realizó afirmaciones que “no corresponden a la
verdad, incidiendo en los fallos adoptados en su momento por parte del Consejo de
Estado”, específicamente, al indicar que “la sancionada nunca interpuso el recurso de
apelación, de ahí que el expediente fuera enviado a esta superioridad para desatar el
grado jurisdiccional de consulta”.

Agrega que el fraudulento actuar de la “Sala Jurisdiccional Disciplinaria” se
evidencia con el auto de 9 de mayo de 2024, mediante el cual la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá reconoció que se presentó recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, pero de manera extemporánea,
cuando previamente se había negado la radicación del mismo.

Finalmente, indica que no existe otro mecanismo legal para la protección de sus
derechos, comoquiera que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no procede contra decisiones judiciales y la reparación directa no es el
mecanismo idóneo para solucionar el daño ocasionado.

4. Trámite procesal

Por auto del 12 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales
accionadas. Así mismo, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la
Comisión Seccional Disciplina Judicial de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, como terceros interesados en el resultado del proceso y se
vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 306788 a 306793
de 16 de diciembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

El magistrado integrante de la Subsección “A”, Sección Tercera, del Consejo de
Estado, rinde informe en el que indica que no intervino “en la aprobación de la

2 Índice 7 de Samai.
3

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Demandante: Carmen Lucía Rodríguez Díaz

providencia del 18 de septiembre de 2023. En consecuencia, me limitó a indicar
que respetaré y acataré lo que se resuelva en este caso”.

5.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

El magistrado ponente de la decisión disciplinaria rinde informe en el que solicita
que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional, toda vez que la
solicitud de amparo no cuenta con fundamentos suficientes que justifiquen su
procedencia.

Pone de presente que en junio de 2023 fue vinculado a la acción de tutela que
promovió la accionante en su contra para el amparo de los mismos derechos
fundamentales que invoca como vulnerados en el presente mecanismo, sin
embargo, sostiene que en esa oportunidad la actora planteó nuevas
inconformidades mencionando que: i) radicó solicitud de aclaración contra la
sentencia de 10 de julio de 2020, ii) que el recurso de apelación contra el fallo
disciplinario fue presentado dentro del término de ejecutoria, es decir, hasta el 11
de septiembre de 2020 y iii) que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá actuó de manera fraudulenta porque en la providencia de 9 de mayo de
2024 se afirmó que “sí se presentó recurso de apelación, pero de manera
extemporánea”.

Afirma que, contrario a lo señalado por la demandante en el escrito de tutela, el
despacho en la contestación del proceso constitucional con radicado No. 2023-
03311-00, manifestó que el fallo de 10 de julio de 2020 fue notificado al correo
institucional de la actora el 15 de julio del mismo año y que contra dicha decisión
la actora presentó recurso de apelación sin que indicara más detalles de este.

Explica que el 21 de julio de 2020, la demandante solicitó el envió del expediente
digital sin que interpusiera recurso alguno y que por auto del 14 de agosto de 2020
rechazó la solicitud de aclaración y ordenó la remisión del proceso a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura (hoy Comisión
Nacional de Disciplina Judicial) para su revisión, decisión que se notificó el 3 y 8
de septiembre de 2020.

Relata que el 10 de septiembre de 2020, se remitió el proceso disciplinario a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial quien en providencia de 25 de mayo de
2023, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la decisión de primera
instancia.

Expone que el 5 de mayo de 2024, la demandante por intermedio de apoderado
solicitó que se resolviera el recurso de apelación que presentó el 11 de septiembre
de 2020, para lo cual adjunto la constancia de envió a la cuenta de correo
electrónico csjsdtpd01bta@cendoj.ramajudicial.gov.co, por lo que “el escribiente
de Secretaría, remitió la trazabilidad del mencionado recurso, donde se corroboró
que el 11 de septiembre de 2020, el abogado (…) presentó el recurso de
apelación junto con el poder otorgado (…), el cual fue remitido el 21 de octubre de
2020 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la escribiente de ese
entonces”. Sin embargo, señala que el término para presentar el recurso de
apelación venció el 10 de septiembre de 2020, por lo que el mismo se presentó de
forma extemporánea.

Por último, explica que rechazó la solicitud de aclaración por cuanto también se
presentó de manera extemporánea y precisa que la acción de tutela solo procede
cuando se agotaron los recursos ordinarios de defensa que pudieran garantizar la
protección de los derechos fundamentales alegados como vulnerados.

4

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Demandante: Carmen Lucía Rodríguez Díaz

5.3. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

El magistrado ponente de la decisión dictada en el grado jurisdiccional de consulta
rinde informe en el que solicita que se declare la improcedencia de la acción de
tutela y, en subsidió, pide que se niegue el amparo invocado por cuanto no ha
vulnerado derechos fundamentales.

Destaca que la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de la inmediatez,
toda vez que ha transcurrido más de un año desde que se profirió el fallo de tutela
de segunda instancia -27 de julio de 2023-, y los asuntos planteados por la
accionante ya hicieron tránsito a cosa juzgada.

Menciona que tampoco se cumplen los presupuestos de procedencia establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, en relación con la
procedencia de la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza, puesto
que las providencias acusadas no presentan una situación de fraude o acto
arbitrario que vicie lo actuado o atente contra el ideal de justicia.

Finalmente, afirma que lo que la actora pretende es utilizar el mecanismo
constitucional como un instrumento de revisión de las decisiones con el objetivo de
imponer su “propia visión acerca de la solución que debió darse por esta
Superioridad y por el Consejo de Estado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia con la sentencia de 18 de septiembre de
2023, que confirmó la de 27 de julio de 2023 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la que se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la
demandante contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por carecer de los presupuestos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuando la Carta
Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que podría dar a
entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier tiempo, sin importar
la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único cierto es que se
trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.

5

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Demandante: Carmen Lucía Rodríguez Díaz

Sin embargo, la Corte Constitucional3 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un
término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el uso
de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 4

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar5, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20166, así:
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de
los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”7

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que
se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional9.

3 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
4 Ibídem.
5 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia

T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
7 Ibídem.
8 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
9 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6

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4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Carmen Lucía Rodríguez Díaz, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados con la sentencia del 18 de septiembre de 2023,
mediante la cual la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado confirmó
la de 27 de julio de 2023, por medio del cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplir los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiaridad, en el marco de una solicitud de la misma
naturaleza que adelantó contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, con el fin de que se declarara
la nulidad de las decisiones proferidas en el marco del proceso disciplinario que se
adelantó en su contra con radicado No. 11001110200001804837.

En el escrito de contestación de la acción constitucional, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial indicó que la solicitud de amparo incumple con el presupuesto de
inmediatez, porque fue promovida más un año después de la notificación de la
decisión objeto de reproche.

Conforme da cuenta el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI10, la sentencia de la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado de 18 de septiembre de
2023, que finalizó el proceso de tutela en el que dictaron las decisiones
cuestionadas, se notificó a las partes mediante correo electrónico enviado el 25 de
septiembre de 2023, fecha a partir de la cual se verificará el cumplimiento del
requisito de inmediatez.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de la
Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma disposición
establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en todo
momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo razonable,
pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.

Ahora, pese a que la accionante manifiesta que el presupuesto de la inmediatez se
encuentra cumplido, por cuanto en providencia de 9 de mayo de 2024 la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ordenó “ESTARSE A LO RESUELTO en
las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas el 10 de julio de 2020 y 25
de mayo de 2023, respectivamente, dentro del presente radicado 11001-11-02-000-
2018-04837”, lo cierto es que el debate propuesto no gira en torno a dicha decisión
judicial, que permita habilitar el mecanismo constitucional a partir de ese momento.

Por el contrario, la controversia se orienta a cuestionar el fallo de tutela de segunda
instancia proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en el
marco de la acción de tutela que promovió contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que como se dijo
en precedencia, data del 18 de septiembre de 2023.

En ese orden de ideas, se tiene que la providencia de 9 de mayo de 2024, emitida
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá se profirió dentro del
proceso disciplinario que se adelantó contra de la actora, el cual es diferente al que
se controvierte a través de este mecanismo constitucional, por lo que la verificación
de la oportunidad para la presentación de la tutela no se puede supeditar a la
mencionada providencia. Por tanto, no resulta viable analizar el requisito de la
10

https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333013201900193016800123 7

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inmediatez a partir de esa determinación, pues, se insiste se trata de un proceso
distinto.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 11 de diciembre de 202411,
transcurrió un (1) año, dos (2) meses y catorce (14) días entre el momento de la
notificación y el de la interposición de la acción constitucional, término que excede el
límite razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta
Corporación, como regla general, el cual ha sido acogido por la Corte Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes decisiones
ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante
12
y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha precisado “que (…) ha
entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez
13
sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la seguridad
jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que
también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios como el
de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener en
14
cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión
que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y
hacen que la violación sea siempre actual.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales y la actora no hizo
manifestación sobre la existencia de alguna que le hubiese imposibilitado ejercer la
acción de tutela dentro del término referido, por lo que, conforme con la
jurisprudencia antes citada, el requisito se encuentra incumplido.

En todo caso, en relación con la presentación de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha considerado que el mencionado término debe ser
entendido de manera estricta. En tal sentido, en la sentencia T-1140 de 2005,
consideró que “puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la
acción de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de
procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del
término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el
mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos de
terceros que se han generado por el paso del tiempo”.

Así las cosas, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito
de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.

11 Acta individual de reparto.
12 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06819-00
Demandante: Carmen Lucía Rodríguez Díaz

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Carmen Lucía Rodríguez Díaz, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Secciones Tercera, Subsección “A” y Quinta,
por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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