Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06831-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06831-00
Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06831-00
Demandante: LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMÍREZ Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL
TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO – Acreditados los supuestos
jurisprudenciales de procedencia, es el amparo / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO
FÁCTICO – Defectuosa valoración del material probatorio allegado al proceso/ DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Lilia Clemencia Solano
Ramírez contra el Juzgado 35 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 10 de diciembre de 20241, las señoras Lilia Clemencia Solano Ramírez y Lilia
María Rodríguez Albarracín interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 35
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque
consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio. Formularon las siguientes
pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las siguientes:
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Se advierte que el 22 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y otro
Sanción impuesta a través de auto del 16 de octubre de 2024 a las suscritas
LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMÍREZ y (LILIA MARÍA RODRÍGUEZ
ALBARRACÍN, confirmada a través de auto del 28 de octubre de 2024,
consistente en multa de un (01) S.M.M. L.V., para cada una
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes
de inaplicación de la sanción, que fueran oportunamente presentadas por parte
de la Unidad para las Víctimas, considerando los argumentos expuestos
reiteradamente por las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así
como las subreglas contenidas en la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206
de 2017 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargado de la ejecución de las
sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión a la orden
judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a
la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato.
2. Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
hechos jurídicamente relevantes:
3. En la demanda se narró que la señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante
interpuso acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de petición,
a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, por no haberle entregado una
fecha, plazo o turno para el pago de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, que fue reconocida mediante la Resolución
04102029-2068262 del 9 de abril de 2024.
4. En sentencia del 9 de septiembre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín amparó el derecho fundamental de petición de la señora Peñalosa
Bustamante y le ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que le informara «en los casos en que sean
priorizadas, la definición de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo
de la indemnización (…) y los plazos aproximados y orden en el que, de no ser
priorizados, las personas accederán a esta medida». Inconforme con la anterior
decisión, la parte demandada la impugnó.
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5. En sentencia del 26 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en providencia del 13 de junio de 2024, modificó la decisión de primera
instancia, en el sentido de que la UARIV le debía contestar de fondo la petición
presentada por la allí accionante, en la que se debía aclarar el «plazo aproximado
y orden» en los que accederá a la referida indemnización administrativa.
6. El 2 de octubre de 2024, el accionante presentó incidente de desacato por el
incumplimiento de las órdenes impartidas en el proceso de tutela. El 3 de octubre
de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de Medellín requirió a la UARIV para que
informara las razones por las cuales no había dado cumplimiento a lo ordenado en
sede de tutela. El 4 de octubre siguiente, la UARIV, indicó que la entidad tenía
imposibilidad de dar fecha cierta para pagar la indemnización administrativa, toda
vez que debía respetar el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019
y el debido proceso administrativo, asimismo, que en la vigencia 2025 aplicaría el
método técnico de priorización.
7. El Juzgado 35 Administrativo de Medellín, mediante auto del 8 de octubre de
2024, dio apertura al incidente de desacato en contra de la señora Lilia María
Rodríguez Albarracín, directora de reparación de la UARIV y la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez, directora de la UARIV. El 10 de octubre siguiente, la
UARIV rindió el respectivo informe de cumplimiento de la sentencia.
8. Mediante auto del 16 de octubre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín sancionó por desacato a las señoras Lilia María Rodríguez Albarracín y
Lilia Clemencia Solano Ramírez con multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a cargo de cada una de las sancionadas.
9. En providencia del 28 de octubre 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la sanción impuesta a las accionantes, al considerar que las dificultades
internas de la entidad no justifican desacatar la orden de un juez en sede de tutela,
máxime cuando la orden es proporcional y consiste en la definición de un plazo
aproximado, y no una fecha exacta, además de una orden de entrega de las
indemnizaciones a las víctimas. Y no acreditó que hubiera respondido de fondo la
petición, ni mucho menos que esa información se le hubiera notificado a la
peticionaria.
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10. Mediante auto del 29 de octubre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín, previo a dar apertura al incidente de desacato, requirió a la directora de
reparación y a la directora general de la UARIV con el fin de que acreditara si había
dado cumplimiento o no al fallo de tutela.
11. En memorial del 30 de octubre de 2024, la UARIV solicitó inaplicación de la
sanción porque no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
accionante.
12. Mediante auto del 5 de noviembre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín dio apertura al segundo incidente de desacato en contra de las aquí
accionantes. Al día siguiente, la UARIV rindió el respectivo informe de cumplimiento.
13. En providencia del 12 de noviembre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín saneó el incidente de desacato y ordenó notificar al señor Jesús Leandro
Tarazona Moncada, como director de reparación de la UARIV y a la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez, directora general de la UARIV.
14. Mediante auto del 19 de noviembre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín sancionó al señor Jesús Leandro Tarazona Moncada y a la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez, con multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a cargo de cada una de los sancionados.
15. Mediante auto del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la providencia del
19 de noviembre de 2024.
16. Mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín dio apertura al incidente de desacato contra el director de reparación de la
UARIV y la directora general de la UARIV. En providencia del 6 de diciembre de
2024, el referido Juzgado sancionó nuevamente a los señores Jesús Leandro
Tarazona Moncada y Lilia Clemencia Solano Ramírez, con multa de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a cargo de cada una de los sancionados.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 15 de enero de 2025,
confirmó la sanción por desacato.
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18. Las accionantes consideran que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido
en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional. Asimismo, en defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, al
valorarlo de manera arbitraria, irracional y caprichosa, pues como tuvo por no
probado el hecho del cumplimiento de la sentencia, desconoció lo dispuesto en la
Resolución 01049 de 2019, aunado al hecho de que no tuvo en cuenta las reiteradas
explicaciones manifestadas en distintas oportunidades. Finalmente, señalaron que
las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en violación directa de la
Constitución, al afirmar que hubo un desconocimiento abierto de lo previsto en el
Auto 206 de 2017 y el procedimiento establecido para el reconocimiento de la
indemnización administrativa.
Trámite impartido e intervenciones
19. Mediante auto del 13 de diciembre de 2024, se admitió la demanda de tutela
contra el Juzgado 35 Administrativo de Medellín y a los magistrados que integran
el Tribunal Administrativo de Antioquia, como parte demandada, y ordenó la
vinculación de la señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante como tercera con
interés. Asimismo, negó la medida provisional solicitada.
20. El Juzgado 35 Administrativo de Medellín manifestó que no existe vulneración
alguna por parte de ese Despacho, puesto que las decisiones que causan malestar
a los accionantes dan cuenta del incumplimiento de la orden proferida en el trámite
de tutela.
21. Señaló que ya se tramitó una acción de tutela por similares hechos, en los cuales
las funcionarias sancionadas de la UARIV se manifiestan inconformes con la
imposición de las multas, radicado 11001-03-15-000-2023-07502-01, en la cual se
ampararon los derechos fundamentales y se dejaron sin efectos las providencias
por las cuales se confirmó, en grado jurisdiccional de consulta, las sanciones de
multa por desacato impuestas a las señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana
Alfaro Yara.
22. La señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante expuso que han sido
invisibilizados sus derechos fundamentales como sujeto de especial protección
constitucional, pues es madre cabeza de hogar con una hija menor de dos años.
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Asimismo, indicó que no basta con que se les informe a las víctimas que su
indemnización se realizará dentro del término de la vigencia de la ley.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
23. En primer lugar, la Sala deberá analizar si en el caso concreto la solicitud de
amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela. Solo en el evento de
cumplirse, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de
establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 35 Administrativo
de Medellín vulneraron o no los derechos fundamentales de las señoras Lilia María
Rodríguez Albarracín y Lilia Clemencia Solano Ramírez.
Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
24. De la inmediatez: en primer lugar, la Sala observa que este requisito se
encuentra satisfecho, toda vez que la providencia cuestionada, esto es, la que se
profirió el 28 de octubre de 2024, fue notificada en esa misma fecha, mientras que
la solicitud de amparo fue radicada el 10 de diciembre de 2024, esto es, dentro de
los 6 meses siguientes a su notificación, término que resulta razonable.
25. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito está acreditado porque se agotaron los recursos disponibles en el
proceso de tutela y en el trámite del incidente de desacato, pues, precisamente, lo
que se está discutiendo es la inaplicación de una sanción proferida en el marco de
un incidente de desacato que ya surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
26. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante, con argumentos que
se dirigen a cuestionar la razonabilidad del juicio realizado en el proceso ordinario,
alegó que, con la providencia del 28 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio.
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27. De igual forma, se observa que se cumplió con el requisito de carga
argumentativa en la sustentación de los defectos atribuidos a la sentencia, sin que
la Sala considere que se esté utilizando este mecanismo de protección
constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario, en virtud de las
razones que sustentan el supuesto desconocimiento del precedente judicial.
28. Ciertamente, la solicitud de amparo sostiene que la providencia que resolvió el
grado jurisdiccional de consulta incurrió en defecto fáctico, sustantivo por
desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución, en
consideración a que (i) desconoció el precedente establecido en la sentencia SU-
034 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, y (ii) valoraron defectuosamente
el material probatorio, al no tener en cuenta lo previsto por la Resolución 01049 de
2019 y los informes allegados, en los cuales constaba que no resultaba procedente
fijar una fecha cierta de pago de la indemnización.
29. No se advierte que la parte actora hubiera planteado argumentos nuevos
y no se solicitaron nuevas pruebas, pues los motivos de reproche contra las
providencias que la sancionaron y en el escrito de tutela, son consistentes en afirmar
que le es imposible dar cumplimiento material a la orden de tutela, toda vez que, de
conformidad con el procedimiento administrativo contemplado en la Resolución
1049 de 2019, al aplicar el método de priorización diseñado por la UARIV, el
accionante en el proceso de tutela objeto de desacato no obtuvo el puntaje
necesario para ser incluida dentro del universo de víctimas priorizadas que
accedieron a la indemnización administrativa con los recursos asignados, en la
disponibilidad presupuestal del año 2024.
Caso concreto y solución del problema jurídico2
30. En el caso bajo estudio, las señoras Lilia Clemencia Solano Ramírez y Lilia
María Rodríguez Albarracín incurrieron en defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, al imponerle la sanción por
desacato por incumplimiento al fallo de tutela del 26 de septiembre de 20243.
2 Por tratarse de asuntos con circunstancias fácticas y jurídicas similares, la Sala incorporará a este
fallo las consideraciones expuestas en las sentencias del 20 de mayo de 2022, expediente 2022-
02006-00, y del 31 de mayo de 2023, expediente 2023-00973-00, ambos con ponencia del
magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
3
La Sala advierte que el estudio de fondo se limitará a las providencias del 16 de octubre y del 28
de octubre de 2024, proferidas por el Juzgado 35 Administrativo de Medellín y el Tribunal
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31. En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional analizó la validez de
las providencias mediante las cuales el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios negó
el levantamiento de las sanciones por desacato impuesta a la antigua directora
general y a otras funcionarias de la UARIV por no entregar la indemnización
administrativa reclamada por tres víctimas de desplazamiento forzado en los
términos fijados en los fallos de tutela que ordenaron el pago de dicha medida de
reparación.
32. En aquella oportunidad, la autoridad jurisdiccional accionada se rehusó a
inaplicar las sanciones impuestas, por cuanto la entidad no había demostrado el
pago a los interesados tal y como había sido dispuesto en las sentencias de tutela
que ampararon los derechos por ellos invocados.
33. Por su parte, la UARIV explicó que no era posible realizar el desembolso
inmediato de los respectivos recursos, por cuanto era necesario establecer los
criterios de priorización que resultaran aplicables en cada caso y agotar el
procedimiento previsto legalmente para el efecto, debido a que la política de
reparación integral a las víctimas del conflicto del conflicto se ejecuta de acuerdo
con los principios de igualdad, gradualidad y progresividad en vista de la masiva
cantidad de afectados por la violencia y las limitaciones presupuestales.
34. La Sala Plena de la Corte analizó específicamente los requisitos para enervar
providencias que ponen fin a los incidentes de desacato y estudió la jurisprudencia,
con especial énfasis en su naturaleza y finalidad «que no es otra que propiciar el
cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela como medio para asegurar el
restablecimiento de los derechos amparados». Sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, por cuanto omitieron la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela -por estar inmersa en un estado de cosas
inconstitucional-, y se debía atender a las facultades del juez para modular las
órdenes impartidas en la sentencia -pago de la indemnización administrativa- en
consideración al contexto y los informes allegados por la UARIV.
Administrativo de Antioquia. Lo anterior, por cuanto fueron las únicas providencias en contra de las
cuales la parte actora cuestionó en la demanda de tutela.
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35. La Corte concluyó que se trataba de órdenes complejas y, por tanto, el
precedente constitucional habilitaba al juez del desacato para modular la orden de
pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), con el propósito
de hacer posible y real su cumplimiento, pues la entidad obligada se allanó a su
cumplimiento, pero que debía contrastarse con la problemática estructura asociada
al estado de cosas inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento
forzado.
36. Adicionalmente, precisó que la omisión en el estudio de la responsabilidad
subjetiva condujo al desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
finalidad del incidente de desacato, pues pasaron por alto que el no pago inmediato
de las medidas de reparación no era imputable a la negligencia de las funcionarias,
sino a la situación coyuntural ocasionada por la violación masiva de derechos en el
marco del conflicto, y esa omisión condujo a una desnaturalización de las sanciones
de arresto y multa como mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda
en los fallos de tutela.
37. A partir de lo anterior, concluyó:
Al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe
tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de
su destinatario. Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un
estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer
efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la
ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado,
(ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados
son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del
cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela.
No obstante lo anterior, se precisó que la alternativa de acción adoptada por la
UARIV (consistente en la asignación de un turno para la entrega efectiva de la
indemnización) está inserta en una estructura general de cumplimiento, por
tratarse de un estado de cosas inconstitucional, en este caso, en materia de
atención a víctimas de desplazamiento forzado. Se subrayó que la Corte
Constitucional no puede promover ni aceptar el uso estratégico del incidente de
desacato, de modo que se convierta en un mecanismo que les permita a los
accionados dilatar el cumplimiento de las órdenes de tutela en procesos que no
estén dentro de un escenario como el que aquí se observa, esto es, un estado
de cosas inconstitucional.
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A partir de los anteriores hallazgos, se concluyó que deben tutelarse los
derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso invocados por la
actora y, como consecuencia de ello, se debe dejar sin efectos aquellas
providencias que negaron el levantamiento de las sanciones por desacato
impuestas a las funcionarias de la UARIV, para proceder a levantarlas, de
conformidad con el precedente fijado por la Corte Constitucional en la materia.
38. En el presente asunto, con base en los lineamientos establecidos por la Corte
Constitucional en el Auto 206 de 2017, la UARIV profirió la Resolución 01049 del 25
de marzo de 2019, por la cual se estableció el procedimiento para acceder al
componente de indemnización administrativa y se fijaron los parámetros de
aplicación del método técnico de priorización para su desembolso. Allí se dispuso
que las víctimas se encuentran en situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredita tener una edad igual o superior a los 68 años, o
tener enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, o tener
una discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos
pertinentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la
Superintendencia Nacional de Salud.
39. Asimismo, se estableció que los formularios de solicitud de indemnización
administrativa debían ser clasificados en dos grupos (prioritarios y generales), y
para la materialización de la medida se tendría en cuenta la disponibilidad
presupuestal que tuviera la UARIV.
40. Se dispuso, además, que en los casos no priorizados el orden para la entrega
se define a través de la aplicación del método técnico de priorización y este se
realiza siempre que haya disponibilidad presupuestal.
41. Pues bien, se tiene que la señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante promovió
incidente de desacato contra la UARIV por el supuesto incumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 26 de septiembre de
2024. Mediante auto del 8 de octubre de 2024, el Juzgado 35 Administrativo de
Medellín abrió el correspondiente trámite incidental y requirió a la directora técnica
de reparaciones de la UARIV y a la directora general de la UARIV, con el fin de que
rindiera informe de cumplimiento del fallo de tutela.
42. La UARIV, a través de representante judicial, manifestó que a la accionante se
le reconoció el derecho a recibir la indemnización mediante la Resolución
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04102029-2069262 del 9 de abril de 2024, y si bien a la accionante se le había
realizado el estudio técnico de priorización, no salió favorecida para la entrega de la
indemnización administrativa a la que tenía derecho. Además, señaló que aplicaría
el método técnico de priorización durante la vigencia del 2025 y que, en ningún caso,
el resultado obtenido en una vigencia sería acumulado para el siguiente año.
43. El Juzgado 35 Administrativo de Medellín, en providencia del 16 de octubre de
2024, sancionó a las señoras Lilia Clemencia Solano Ramírez y Lilia María
Rodríguez Albarracín con multa por valor de un (1) smlmv, por cuanto no se acreditó
el cumplimiento de la orden de tutela del 26 de septiembre de 2024, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
La UNIDAD DE VÍCTIMAS se pronunció dentro del término otorgado en los
requerimientos efectuados, reiterando la imposibilidad de dar cumplimiento a la
orden emitida, toda vez que el pago de la medida de indemnización
administrativa está supeditada al resultado del método de priorización de la
anualidad, cuyo resultado para los accionantes en la vigencia 2024 no fue
positivo, pues ninguno superó el puntaje requerido, por lo cual, no es
procedente la entrega de la indemnización, y en ese sentido, deberá esperar
el resultado de la aplicación del método técnico de priorización para la siguiente
vigencia.
Ha de concluirse entonces que se encuentra demostrado el incumplimiento al
fallo de tutela y que no existen motivos razonables para abstenerse de
sancionar por desacato al responsable de cumplir la orden dada en la sentencia
y a su superior jerárquico.
44. La anterior providencia surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el que, mediante auto del 28 de octubre de 2024,
contrario a las reglas establecidas por la Corte Constitucional, confirmó la sanción.
Para tal efecto, argumentó que si bien la entidad insistió en las gestiones internas
que ha llevado a cabo para acatar las órdenes y que se encuentra justificada
legalmente para abstenerse de señalar una fecha cierta en la cual se haría efectiva
la indemnización administrativa.
45. Entonces, como no acreditó el cumplimiento material de orden, en criterio del
Tribunal las dificultades internas no justifican desacatar la orden de un juez en sede
de tutela, máxime cuando «la orden es proporcional y consiste en la definición de
un plazo aproximado, y no una fecha exacta, además de una orden de entrega de
las indemnizaciones a las víctimas. Pese a lo anterior, la UARIV no acreditó que
hubiera respondido de fondo la petición, ni tampoco que la información se le hubiera
notificado a la peticionaria».
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46. Así las cosas, expuso que como la entidad accionada no aportó información que
acreditara el cumplimiento del fallo de tutela y, adicionalmente, como se notificó en
debida forma, confirmó la sanción por desacato y exhortó a las sancionadas para
que cumplieran de forma inmediata lo ordenado en los fallos de tutela.
47. Visto lo anterior, las aquí accionantes le comunicaron en múltiples ocasiones a
las autoridades judiciales demandadas la imposibilidad material de cumplir con la
orden proferida en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-035-2024-00261-
00, debido al agotamiento del procedimiento administrativo establecido en la
Resolución 01049 de 2019 y a la imposibilidad de asignar una fecha de entrega,
pues se agotaron los recursos dispuestos para cubrir el componente de
indemnización administrativa para la vigencia del año 2024.
48. En ese contexto, se advierte que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el precedente sentado en la sentencia SU-034 de 2018, al no tener
en cuenta que los pronunciamientos de los jueces de tutela deben respetar los
procedimientos establecidos por las entidades que hacen parte del sistema integral
de reparación y que al imponer las sanciones en desarrollo del trámite incidental de
desacato al juez constitucional le corresponde valorar la responsabilidad subjetiva
de la parte obligada a acatar la orden.
49. Igualmente, la Sala considera que también incurrieron las autoridades
demandadas en el defecto fáctico alegado, puesto que, mediante la Resolución
04102029-2069262 del 9 de abril de 2024, la UARIV le reconoció el derecho a la
medida de indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado a la
señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante.
50. Asimismo, en el trámite incidental, la parte demandante informó que la UARIV
aplicó el método técnico de priorización en 2024 y le comunicó al accionante que no
obtuvo el puntaje mínimo para acceder a la medida, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal para la vigencia 2024, pero que procedería a aplicar
nuevamente el método en la vigencia de 2025, con el fin de verificar si se cumplían
los requisitos para ordenar el pago de la medida indemnizatoria.
51. También le explicó que, si llegara a contar con uno de los tres criterios de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, podría adjuntar en cualquier tiempo la
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certificación y los documentos necesarios que acrediten esa circunstancia para
priorizar la entrega de la medida.
52. En virtud de lo anterior, le indicó que era imposible brindarle una fecha de pago
específica a la señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante, pues por su puntaje no
se ubicó dentro del universo de víctimas que accederán a la indemnización
administrativa, conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para
el año 2024.
53. Así las cosas, se puede observar que al confirmar la sanción impuesta a la
accionante en el incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Antioquia no
valoró adecuadamente el material probatorio que obraba en el expediente, pues del
mismo resulta posible concluir que la asignación de fechas para el pago de la
indemnización administrativa dentro de determinada vigencia fiscal, está
determinada por dos factores, que no dependen de la voluntad de las señoras Lilia
Clemencia Solano Ramírez y Lilia María Rodríguez Albarracín, esto es, la
disponibilidad de recursos, pues la misma está ligada al presupuesto que le asigne
cada año a la UARIV y, de otra parte, el puntaje obtenido a partir del método de
priorización, el cual se establece a partir de unos criterios objetivos definidos por la
entidad para clasificar a la población desplazada de acuerdo a su nivel de
vulnerabilidad.
54. Entonces, si la señora Yirley Patricia Peñalosa Bustamante no se encuentra
dentro de la población priorizada y se agotan los recursos destinados para el pago
de las indemnizaciones, debía ser reclasificada a partir del método de priorización,
no por la omisión en el cumplimiento del fallo de tutela por parte de las señoras
Solano Ramírez y Rodríguez Albarracín, sino por cuanto el puntaje obtenido por la
solicitante no es acumulable entre vigencias fiscales anuales.
55. Por todo lo anterior, la Sala, concederá la protección de los derechos
fundamentales de las señoras Lilia Clemencia Solano Ramírez y Lilia María
Rodríguez Albarracín al encontrar acreditado que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por desconocer el precedente fijado
en la sentencia SU-034 de 2018, y en defecto fáctico, al incurrir en una valoración
inadecuada del material probatorio que obra en el proceso. Lo anterior, tal como lo
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ha considerado esta Subsección4, no es impedimento para que se recuerde el deber
que tiene el Estado de cumplir con el compromiso de reparar a las víctimas del
conflicto armado. En esas condiciones, se dejará sin efectos el auto del 28 de
octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso
con radicado 05001-33-33-035-2024-00261-02, para que resuelva nuevamente el
grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con las consideraciones expuestas
en esta providencia.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales de las señoras Lilia María
Rodríguez Albarracín y Lilia Clemencia Solano Ramírez, por lo razonado en la parte
motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto del
28 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el
incidente de desacato con radicado 05001-33-33-035-2024-00261-02, y (ii) se
ordena a dicha autoridad judicial que, en el término de diez (10) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, profiera la correspondiente
decisión de reemplazo, en los términos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
4 Sentencia del 31 de marzo de 2023, expediente 2023-00973-00, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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