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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06833-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06833-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Desvincular de la acción de tutela a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Fiduprevisora SA Compañía de Seguros, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el acápite de cuestión previa de este fallo. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por David Rivera Otálvaro y otros, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06833-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06833-00
Demandante: David Rivera Otálvaro y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06833-00
Demandante DAVID RIVERA OTÁLVARO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Presupuestos de
procedibilidad. Defectos: fáctico y desconocimiento del precedente
judicial. Medio de control de reparación directa. Lesiones derivadas
de accidente en vía pública. La prueba del nexo causal.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por David Rivera Otálvaro y otros, de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de diciembre de 20241, David Rivera Otálvaro (lesionado), Silvio Hernán Rivera
Toro, Fernanda Otálvaro Echavarría, Diego Fernando Calambas Otálvaro, Víctor
Andrés Rivera Andrade, Janier Otálvaro Echavarría y Julián Nupan Otálvaro
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y
el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali. Consideran que esa
autoridad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia al proferir la sentencia del 5 de junio de 2024 que decidió
la segunda instancia en el medio de control de reparación directa nro. 76001-33-33-
010-2015-00305-01. En la providencia se revocó la decisión de condena de primera
instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
«1. Declarar vulnerados nuestro derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, vulnerados por el Tribunal accionado.
2. Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia No. 108, dentro del proceso de
reparación directa con número de radicado 76001-33-33-010-2015-00305-01, en el cual
fungimos como demandantes; por medio de la cual, la corporación revoca la decisión
tomada por el Ad Quo en sentencia No. 101 del veintinueve (29) de mayo de dos mil
veintitrés (2023), y en su lugar, niega las pretensiones de la demanda.
3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA proferir un nuevo
fallo idóneo y justo, realizando de manera adecuada la debida valoración de las pruebas
obrantes en el proceso y apegado a la realidad fáctica y jurídica del caso en concreto.»
(Sic para toda la cita)

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índices 1 y 2).
2
Página 2 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06833-00
Demandante: David Rivera Otálvaro y otros

2.1. Los hoy accionantes interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el Distrito Especial de Santiago de Cali para que
se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial con ocasión de
las lesiones padecidas por el señor David Rivera Otálvaro el 8 de abril de 2015,
cuando perdió el control de su motocicleta al caer en un hueco en la calle 25
con carrera 96 del municipio de Santiago de Cali.
En la demanda se indicó que el accidente fue atendido por un agente de
tránsito que, dentro de las observaciones del informe, indicó como posible
causa del accidente el código 306 que corresponde a huecos en la vía.
La Previsora SA Compañía de Seguros fue llamada en garantía al proceso por
la parte demandada.
2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Cali que, en sentencia del 29 de mayo
de 2023, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial del Distrito
Especial de Santiago de Cali, por los perjuicios causados a los demandantes
con ocasión de las lesiones padecidas por David Rivera Otálvaro.
Consecuencia de la anterior declaración, condenó a la demandada al pago del
daño moral a favor de los demandantes y del daño a la salud solo respecto de
la víctima directa.

Como fundamento de su decisión, el juez argumentó que los medios de prueba
aportados al expediente, como el informe de accidente de tránsito, el croquis
del siniestro y el oficio del 13 de junio de 2017 que evidenció la falta de
mantenimiento de la vía, así como los accidentes ocurridos en ese mismo
sector en el año 2015, daban cuenta de que la causa adecuada del daño fue
la existencia de una anomalía sobre la vía.

2.3. El apoderado del Distrito de Cali apeló la sentencia de primera instancia. Dijo
que no se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron las lesiones del señor Rivera Otálvaro. En línea con lo anterior,
advirtió que no se acreditó el nexo causal, pues no se aportaron testimonios
directos de los hechos y las demás pruebas no prueban la responsabilidad de
la demandada en los hechos.

2.4. En sentencia del 5 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, argumentó que la parte demandante no
acreditó que el mal estado de la vía fuera la causa del accidente vial y de las
lesiones que sufrió el señor Rivera Otálvaro.

La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 11 de junio de 20243.

3. Fundamentos de la acción

3.1. En el escrito de tutela se indicó que la petición de amparo cumplía con todos
los requisitos generales de procedibilidad. La parte actora dijo que la
relevancia constitucional resulta de la necesidad de analizar la vulneración de
su derecho al debido proceso; que se agotaron todos los medios de defensa
judicial a disposición de los interesados y que la tutela se interpuso en un plazo
razonable computado desde la notificación de la providencia acusada.

3
Expediente digitalizado el medio de control de reparación directa nro. 76001-33-33-010-2015-00305-01. Archivo
denominado «63ConstanciaEjecutoriaSegundaInstancia»

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06833-00
Demandante: David Rivera Otálvaro y otros

3.2. En relación con el fondo del asunto, los accionantes argumentaron que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al emitir la sentencia del 5 de junio
de 2024, incurrió en defecto fáctico por omisión e indebida valoración
probatoria y en desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al juicio probatorio de la sentencia acusada, la parte actora alegó
que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas que daban cuenta de que el
accidente que sufrió era atribuible al Distrito Especial de Cali por la falta de
mantenimiento de la vía en la que ocurrieron los hechos. En su consideración,
el juez ad quem brindó una «pobre valoración a los elementos probatorios que se
encuentran en el plenario, de los cuales se puede inferir con claridad la responsabilidad
patrimonial del Estado».

Advirtió que la declaración de que no existen elementos de prueba que
permitan establecer la responsabilidad de la demandada carece de sustento
porque el acervo probatorio aportado por la actora acredita «la omisión del buen
estado de la vía en donde ocurrió el accidente». A ese respecto, en el escrito de
tutela, se lee:
«(…) el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA al revocar la sentencia de
primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, incurre en un defecto fáctico, ya
que valora de manera caprichosa y arbitraria las pruebas presentadas dentro del proceso,
considerando que la existencia de un hueco en la vía no es prueba inequívoca de la causalidad
entre el daño y la falla en el servicio, sin brindarle la valoración adecuada a las pruebas en
conjunto.»

De otra parte, destacó que no existen elementos de juicio que posibiliten
atribuir el accidente al hecho exclusivo de la víctima o de un tercero o a un
evento de fuerza mayor o caso fortuito que exonere la responsabilidad del
Estado.

3.3. Relativo al cargo por desconocimiento del precedente judicial, señalaron que
en algunos casos la Sección Tercera del Consejo de Estado4 ha considerado
que el informe del accidente de tránsito y su respectivo croquis son elementos
de juicio suficientes para establecer que la causa del daño es la existencia de
una anomalía sobre la vía.

Además, recordaron la jurisprudencia contenciosa5 que ha considerado como
falla en el servicio atribuible a la entidad a cargo del mantenimiento y
señalización, cuando las carreteras tienen hundimientos u otro tipo de
obstáculos que impidan el normal tráfico vehicular, sin que se advierta sobre
el peligro que estos conllevan a través de las señales de tránsito pertinentes.
Destacó que corresponde a las autoridades construir carreteras seguras y
adecuadas para los requerimientos del tráfico, así como mantenerlas en buen
estado.

Advirtieron que ante un hueco de gran magnitud en la vía es importante
cerrarla o por lo menos señalizar para advertir a los conductores la proximidad
de un hundimiento brusco en la superficie que puede causar daños6.

De acuerdo con lo anterior, concluyeron:
«Bajo esa perspectiva, es evidente que el Distrito Especial de Santiago de Cali, incumplió su
obligación de mantenimiento, conservación y señalización de la vía que estaba a su cargo,
toda vez que no adoptó las medidas necesarias para tapar o, por lo menos, señalizar los

4
«CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-31-000-2011-00391-01(50791)»
5
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 14 de junio de 2018, Exp.
46.668; del 26 de noviembre de 2018, Exp. 41.940; del 3 de octubre de 2016, Exp 38.160 y del 23 de abril de 2018, Exp.
56.978»

3
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06833-00
Demandante: David Rivera Otálvaro y otros

huecos que estaban sobre ésta, pues el escenario de los hechos no contaba con señales de
tránsito que pudieran advertir del peligro que significaba dicha imperfección en la vía, lo cual,
contribuyó de manera determinante para que se produjera el daño al señor David Rivera
Otálvaro y a todo su núcleo familiar.
Así las cosas, es claro que el daño antijurídico causado es imputable al Distrito Especial de
Cali, de conformidad con el régimen de la falla del servicio, por cuanto se demostró que tenía
a su cargo la conservación y mantenimiento de la vía donde ocurrió en accidente de tránsito
alegado y porque no cumplió con su deber de garantizar el tránsito adecuado y seguro en esa
carretera, pues, como se probó con el informe de accidente y el croquis, la mencionada vía
tenía huecos y no contaba con señalización alguna que advirtiera a los transeúntes y peatones
sobre el peligro que representaba dicha situación. (…)
Por consiguiente, la corporación de segunda instancia, desconoce el precedente judicial
y opta por imponer una tarifa legal debido a que dentro del proceso no existe una
declaración de testigo directo o el testimonio técnico del agente de tránsito que levantó el
IPAT, sin tener en cuenta que el informe realizado por el agente es claro, y además, al
valorar en conjunto las demás pruebas obrantes en el proceso, se constata lo allí
relacionado, es decir, el mal estado de la vía, derivado de la omisión estatal; lo que
conlleva a atribuirle dicha responsabilidad al ente territorial demandado en el proceso de
reparación directa.»

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 18 de diciembre de 2024, el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que acreditara a través de un mecanismo válido la voluntad
de las personas que se relacionaron en el escrito de tutela de ser tenidos como
parte activa en el proceso constitucional.

4.2. Cumplido el anterior requerimiento, en auto del 22 de enero de 2025, el
despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por David Rivera
Otálvaro, Silvio Hernán Rivera Toro, Fernanda Otálvaro Echavarría, Diego
Fernando Calambas Otálvaro, Víctor Andrés Rivera Andrade, Janier Otálvaro
Echavarría y Julián Nupan Otálvaro contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo de Cali.

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Distrito Especial de
Santiago de Cali y a la Previsora S.A. dada su calidad de sujetos procesales
en el medio de control de reparación directa nro. 76001-33-33-010-2015-
00305-00/01. También se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

Finalmente, ofició al Juzgado Décimo Administrativo de Cali para que allegara
la copia digitalizada del expediente objeto de análisis.

4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del ponente de
la sentencia acusada, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Considera que la parte actora toma la tutela como una tercera instancia para
continuar el debate sobre aspectos probatorios del proceso que fueron ya
estudiados y definidos por los jueces naturales de la causa.

Manifestó que la decisión de negar las pretensiones de la demanda no emanó
de un juicio probatorio arbitrario o caprichoso, sino de la insuficiencia de los
medios de convicción para acreditar el nexo causal. A ese respecto, precisó
que el informe policial de tránsito no acreditaba el nexo causal porque el
documento, aunque formula una hipótesis del accidente, no establece las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrió, por lo que, estima
que, la información contenida en este documento es insuficiente para
establecer su causa. Destacó que el croquis anexo al informe no discriminó la
posición final del vehículo ni la existencia de marcas en la vía que permitieran
establecer la velocidad del automotor.

4
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06833-00
Demandante: David Rivera Otálvaro y otros

4.4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali, por conducto de la
titular del despacho, destacó que el escrito de tutela no contiene reproches
contra la sentencia ordinaria de primera instancia. En todo caso, indicó que el
fallo de su despacho respetó las garantías procesales de las partes y, expuso,
en la parte considerativa los fundamentos fácticos y jurídicos que
fundamentaron la decisión.

Adicional a lo anterior, relacionó el enlace web para acceder al expediente
digitalizado del proceso de reparación directa sub examine.

4.5. La Previsora SA Compañía de Seguros, por conducto de apoderada judicial,
recordó que la póliza de seguro por la que había sido llamada en garantía a
este proceso no estaba vigente para el momento en que ocurrió el hecho
dañoso que se discute en la demanda. Por lo anterior, destacó que, en
audiencia inicial del 30 de mayo de 2017, el juez de la causa resolvió
desvincularla del proceso, situación que evidencia que carece de interés en el
proceso constitucional.

En todo caso, expuso que estaba de acuerdo con los argumentos del tribunal
que llevaron a negar las pretensiones de la demanda, los cuales atienden a
las pruebas del proceso y al marco jurisprudencial aplicable. Dijo que la parte
actora no cumplió con la carga de probar el nexo causal, que es uno de los
elementos principales para declarar la responsabilidad del Estado, por lo que
la consecuencia lógica era que se negaran sus pretensiones.

4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por conducto de la
jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se la desvinculara de esta
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Recordó que
la comunicación a esa agencia ordenada por el artículo 610 del Código
General del Proceso es de carácter informativo, más no vinculante. En
consecuencia, informó que no intervendría en esta acción de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8

7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.

5
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y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Cuestión previa: de las solicitudes de desvinculación

La Previsora SA Compañía de Seguros y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado solicitaron ser desvinculadas de esta acción de tutela debido a que no
les asiste interés en las resultas del proceso. La primera indicó que había sido
excluida del proceso ordinario sub examine en audiencia inicial y la segunda
manifestó que su intervención en los procesos constitucionales estaba sometida a
su discrecionalidad según los parámetros establecidos en esa entidad, pero que el
presente asunto no le genera interés por lo que solicitó su desvinculación.

La Sala corroboró que, en el trámite de la primera instancia del proceso ordinario
nro. 2015-00305-00, la jueza Décima Administrativa de Cali, en audiencia inicial del
30 de mayo de 201711, excluyó del litigio a la Fiduprevisora SA Compañía de
Seguros y notificó la decisión en estrados sin obtener oposición al respecto.

En cuanto a la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, es cierto que su
intervención en los procesos judiciales es excepcional y obedece a criterios de
discrecionalidad de acuerdo con los artículos 610 y ss. del Código General del
Proceso y con los artículos 2.2.3.2.1.1. y ss. del Decreto 1069 de 201512, por lo que
una vez manifestado su desinterés en el presente trámite de tutela no existe motivo
para mantenerla como sujeto procesal.

De acuerdo con lo anterior, se accederá a la solicitud de desvinculación presentada
por las anteriores entidades considerando que no les asiste interés en las resultas
de este proceso constitucional en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

4. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una acción de tutela contra una providencia judicial, debe la Sala,
en primera medida, corroborar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad. De superarse este primer análisis, pasará a determinar si la
sentencia del 5 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial.

9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
11
Expediente digital del medio de control de reparación directa nro. 76001-33-33-010-2015-00305-01. Archivo denominado
«14ActaAudienciainicial».
12
ARTÍCULO 2.2.3.2.1.1 Intervención discrecional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá intervenir en los procesos que se tramiten en cualquier
jurisdicción, siempre que en ellos se controviertan intereses litigiosos de la Nación y el asunto cumpla con los criterios
establecidos por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

6
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5. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

(i) La acción de tutela se presentó en un término razonable, dado que fue radicada
el 11 de diciembre de 202413 y la sentencia que resolvió el proceso de reparación
directa analizado se notificó a través de mensaje de datos remitido al buzón de
notificaciones de las partes el 11 de junio de 202414; (ii) comporta relevancia
constitucional en tanto acusa la configuración de defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial en una sentencia ordinaria de segunda instancia; (iii) en el
escrito de tutela se hizo una narración clara de los hechos y de las pretensiones de
amparo; (iv) el caso supera el requisito de subsidiariedad, porque contra la
providencia acusada no proceden recursos ordinarios y los alegatos de la acción de
tutela no se acompasan con las causales de procedibilidad de los recursos
extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia; y (v) no se discute
una sentencia de tutela.

Relativo a la relevancia constitucional, conviene agregar que la sentencia de primera
instancia declaró la responsabilidad del Distrito Especial de Cali por las lesiones que
sufrió el señor David Rivera Otálvaro, por lo que fue la entidad demandada quien
recurrió el fallo condenatorio. Luego, no es posible afirmar que la acción de tutela
sea una reiteración de los argumentos del recurso de apelación.

6. Defecto fáctico: su alcance y análisis en el caso particular

6.1. La Corte Constitucional ha indicado que la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es «estrictamente excepcional»10 a fin de
proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial,
así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. Así entonces, el estudio de
la petición de amparo se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es
pacífico11 que el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural
de la causa está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad, propio
del sistema de libre valoración acogido en el Código General del Proceso 12.

Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, pues no
equivale a arbitrariedad o capricho; implica que la intromisión del juez de tutela
en la valoración probatoria del fallador natural se restringe a los eventos en los
cuales la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta13. La acción de
tutela no se puede convertir en una instancia revisora de la actividad probatoria
del juez ni un escenario para imponer una tesis alternativa de valoración
probatoria. Esto, en procura de garantizar la independencia judicial, cuyo
alcance adquiere significado en actos propios e intrínsecos del juez de la
causa, como la valoración de la prueba.

Para dilucidar los escenarios donde el juez constitucional está habilitado para
estudiar la valoración probatoria del fallador ordinario, resultan ilustrativas las
sentencias SU 129 de 2021 y T 018 de 2023, en las que la Corte Constitucional
estableció los parámetros para identificar si la valoración probatoria supera los
límites de lo racional frente a la calidad de las pruebas y de su valoración14.
Algunos de los eventos identificados por la jurisprudencia, son: (i) cuando la
conclusión extraída de las pruebas es por completo equivocada (arbitraria) y
esa desproporción puede identificarse por cualquier «persona de juicio
medio»; (ii) cuando las pruebas no se valoraron en integridad; (iii) cuando la
conclusión probatoria se fundamenta en pruebas impertinentes,
inconducentes o ilícitas; (iv) cuando los enunciados y conclusiones probatorias
carecen de fundamento objetivo y la decisión se cimienta en la voluntad o

13
Óp. Cit nro. 1.
14
Índice 15, Samai para tribunales administrativos proceso nro. 76147333300220160039901

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capricho del juez; y (vii) cuando se niega, por capricho o arbitrariedad, el
decreto o práctica de una prueba relevante para resolver el asunto debatido.

Por el contrario, cuando la decisión judicial se fundamenta en la valoración
racional y razonable de los medios de prueba, en el marco de discrecionalidad
propio del sistema de libre valoración, no es dable al juez constitucional dejar
sin efectos la decisión judicial, aunque considere que debió darse una
apreciación diferente de los medios de prueba15.

Al respecto, en la sentencia T 217 de 2010, la Corte Constitucional indicó:
“Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica,
y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela
la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima” (Destaca la Sala) 15.

Bajo la anterior premisa, la jurisprudencia constitucional ha indicado que, en
razón a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico
debe ser de carácter «extremadamente reducido», dado que es en el juicio de
valoración probatoria donde adquieren mayor trascendencia estos principios16.

6.2. En el caso particular, los accionantes argumentaron que la sentencia del 5 de
junio de 2024 incurrió en defecto fáctico porque valoró indebidamente las
pruebas del proceso que acreditaban el nexo causal y la imputación del daño
alegado a la entidad demandada. En particular, indicó que la autoridad judicial
accionada hizo una valoración ligera de las pruebas del proceso, pues, a su
juicio, en el acervo probatorio se acreditó con suficiencia que el accidente fue
consecuencia del mal estado de la vía, cuyo mantenimiento y reparación
correspondía al Distrito Especial de Cali.

Insisten en que se acreditó con suficiencia la omisión del ente territorial relativo
al deber de mantenimiento de la vía, lo que da cuenta de la responsabilidad
del Estado, pues la existencia del hueco en la vía es prueba de causalidad y
de la falla en el servicio.

6.3. En este punto se estima pertinente relacionar la valoración probatoria expuesta
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia acusada para
determinar si incurrió en el alegado defecto fáctico. En cuanto a la existencia
y aptitud de los medios de prueba aportados al proceso para acreditar el nexo
causal, en la sentencia acusada se indicó:
«44. Establecido el daño antijurídico sufrido por el señor David Rivera Otálvaro, la Sala
realizará el respectivo juicio de imputación, a fin de determinar si las lesiones padecidas por
la victima directa resultan atribuibles al Distrito Especial de Santiago de Cali.
45. La Sala reitera que la falla en el servicio, cuando se presentan daños causados en las
carreteras del país por grietas, huecos, hundimientos u otro tipo de obstáculos al tráfico
vehicular, debe entenderse como el desconocimiento de los deberes de la administración
consistentes en la obligación de implementar las señales preventivas, vigilar la realización de
las obras públicas, controlar el tránsito en calles y carreteras y prevenir los riesgos que con
ellos se generan.
46. La Sala resalta que el debate gira entorno a determinar la relación causal entre la falla del
servicio por la falta de mantenimiento y señalización de una vía a cargo del Distrito Especial
de Santiago de Cali y las lesiones sufridas por el señor David Rivera Otálvaro.

15
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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47. Es por ello que, al cotejar las pruebas válidamente recaudadas en el proceso, no se
evidencia que el daño o lesiones padecidas por el señor Rivera Otálvaro fueron como causa
o con ocasión al hueco en la vía de la calle 25 con carrera 95 de esta ciudad, como pasa a
ilustrarse:
1. La historia clínica aportada al proceso sólo da cuenta de los daños y lesiones que padece la victima
directa, como ya se estableció, pero con ella no se evidencia que dichos daños fueron consecuencia
del presunto mal estado de la malla vial.
2. Si bien los Oficios Rad. 201741510300062431 del 14 de junio de 2017 17 y 201741520100260561
del 21 de junio de 201718 evidencian la falla del servicio de la demandada en el mantenimiento y
señalización de la vía de la calle 25 con carrera 95 para el año 2015, los mismos no prueban que
por esa omisión se hubiese causado un daño al demandante principal.
3. El a-quo sustentó el nexo causal del daño sufrido por el señor Rivera Otálvaro y la falla del servicio
del Distrito de Santiago de Cali en el mantenimiento y señalización de las vías solo con el “informe
policial de accidentes de tránsito 7600100”, el cual concluyo como hipótesis del accidente “306:
hueco en la vía”.
48. Para Sala el informe citado no prueba dicho nexo causal, por no determinar el tiempo,
modo y lugar en que ocurrió el accidente donde se lesionó el señor David Rivera Otálvaro.
49. Sobre el particular el Consejo de Estado precisó 19:.
“La Sala, después de analizar los medios de convicción que, en debida forma, se recaudaron en el
proceso, concluye que, en el caso objeto de estudio, si bien se probó que Diana Carolina Duque Acosta
sufrió unas lesiones consistentes en un trauma craneoencefálico leve y un esguince en el tobillo
izquierdo, el 31 de enero de 2009, como consecuencia del volcamiento del vehículo en que se
transportaba, lo cierto es que se desconoce por completo cuál fue la causa del accidente de tránsito en
mención, por las siguientes razones: i) el informe suscrito por el agente de tránsito Luis Garay no
proporciona claridad en relación con la escena del accidente y ii) la Subsección no cuenta con otro
elemento probatorio que le permita establecer las condiciones en las que resultó lesionada la víctima.
(…) Así las cosas, ante la escasa información suministrada en el plano dibujado por el agente Luis Garay
sería necesario acudir a la valoración de otros medios de convicción; sin embargo, no existe en el
proceso otro elemento probatorio que permita confrontar el contenido del informe ni verificar cuál fue la
causa eficiente del daño por el que aquí se demanda.” (…)» (Subraya y negrita de la Sala)

En relación con el contenido del informe policial de accidentes de tránsito y de
su peso de convicción para acreditar el nexo causal, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca argumentó:
«50. En ese entendido se observa que en el “informe policial de accidentes de tránsito
7600100”, el cual fue elaborado por el agente de la secretaría de tránsito de Cali, Diego
Fernando Becerra, solo se refirió a indicar que el 08 de abril de 2015, se presentó un accidente
en la calle 25 con carrera 95 de esta ciudad, el cual fue descrito como “volcamiento”; la vía en
que sucedió, se determinó como “Recta, un sentido, 2 calzadas, 3 o más carriles, Estado: con
huecos, con iluminación artificial, seca, señales verticales: ningún reductor de velocidad (…)”;
el vehículo afectado fue una “motocicleta de placas (…)” que conducía el señor David Rivera
Otálvaro y frente a la hipótesis del accidente se dijo que correspondía a “306: hueco en la vía”.
51. Sin embargo, la información descrita es insuficiente para determinar las circunstancias que
rodearon el momento de los hechos, por cuanto el croquis que acompañó el informe no
discriminó la posición final del vehículo dado que no se evidencia dónde quedó la motocicleta
que conducía el actor, como tampoco si existen o no marcas de frenado en la vía para poder
dilucidar a qué velocidad se conducía el automotor.
52. Sumado a lo expuesto no obra en el plenario la declaración de un testigo directo o el
testimonio técnico del agente de tránsito que levantó el IPAT, “que permita confrontar el
contenido del informe ni verificar cuál fue la causa eficiente del daño por el que aquí se
demanda”20

17
«Índice 3 de SAMAI documento denominado “7_expedientedigi_76001333301020150030_20240521094118 (Folio 1 del
Documento 05. Respuesta Distrito de Cali de la Carpeta 03. Pruebas) “Oficio Rad. 201741510300062431 del 14 de junio
de 2017, suscrito por el Subsecretario de Apoyo Técnico de la Secretaria de Tránsito y Transportes del Municipio de
Santiago de Cali, señalando que para el 08 de abril de 2015 o fecha solicitada, no se adelantó mantenimiento alguno
respecto a la Vía Calle 25 con Carrera 95”.»
18
«Ibídem - (Folio 1 del Documento 04. Respuesta Distrito de Cali de la Carpeta 03. Pruebas). Oficio Rad.
201741520100260561 del 21 de junio de 2017, suscrito por el estadístico de la Secretaria de Tránsito y Transporte
Municipal de Santiago de Cali, donde informa que para el periodo 2015, en el sector de la Calle 25 con Carrera 94 del
Municipio de Santiago de Cali, se presentaron 3 siniestros con lesionados durante los meses de abril (1), mayo (1) y
diciembre (1), solo daños 7 distribuidos así: (4) en el mes de marzo, (2) en junio y (1) en el mes de noviembre, para un
total de 10 accidentes»
19
«Providencia del ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020), Radicación número:76001-23-31-000-2011-00352 01(55980)
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico»
20
Ibídem

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53. Las anteriores insuficiencias impiden que la Sala cuente con los elementos probatorios
necesarios para establecer que el defecto en la vía fue la causa del accidente que sufrió el
señor David Rivera Otálvaro, aspecto de gran relevancia para establecer el nexo causal entre
el daño sufrido por la víctima y la actuación de la administración.
54. En tal virtud, la Sala concluye que no hay elementos que permitan realizar un juicio de
responsabilidad a la entidad demandada por inexistencia del nexo de causalidad, razón por la
que se revocará la sentencia de primera instancia, considerando que la existencia de un hueco
en la vía no es prueba inequívoca de la causalidad entre el daño y la falla en el servicio.»

6.4. Como se ve, el argumento probatorio en el que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca fundamenta la decisión de negar las pretensiones de la
demanda de reparación directa es la falta de acreditación del elemento del
nexo causal. Es decir que la autoridad accionada considera que los medios de
prueba aportados al proceso no permiten establecer con suficiencia que la
causa de las lesiones que padeció David Rivera Otálvaro el 8 de abril de 2025
ocurrió porque impactó con un hundimiento o hueco en la vía en la que se
transportaba.

Entonces, se debe precisar que la insuficiencia probatoria no radica en la
acreditación del daño ni en el estado de la vía, pues en la sentencia se
consideró que esos supuestos de hecho estaban suficientemente probados.
Respecto del estado de la vía por la que transitaba el señor Rivera Otálvaro
cuando ocurrieron los hechos, en el párrafo 47 numeral 2° de la sentencia
acusada (Supra 6.3.), se indicó que la omisión en el mantenimiento y la
señalización de la vía se acreditó con los oficios 201741510300062431 del 14
de junio y 201741520100260561 del 21 de junio de 2017, emitidos por la
Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Cali; pero la autoridad
judicial precisó que estos documentos no acreditaban que esa omisión hubiera
sido la causa del daño.

6.5. De acuerdo con lo anterior, se descartan todos los argumentos de la tutela en
los que se alegó que la autoridad judicial accionada no tomó en consideración
los medios de prueba que acreditaban la falla en el servicio, pues se trata de
una declaración que la autoridad judicial hizo en la sentencia y que es
favorable a las pretensiones de la parte demandante, por lo que la discusión
supera esa cuestión. Lo que se observa es que hay un desacuerdo respecto
de si la prueba de la falla en el servicio es suficiente para declarar la
responsabilidad del Estado y frente a la valoración probatoria de los elementos
con aptitud de acreditar el nexo causal.

Respecto de la primera cuestión, la Sala advierte que en la sentencia del 5 de
junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expuso de manera
clara y motivada que para declarar la responsabilidad de la entidad
demandada por las lesiones que sufrió el señor Rivera Otálvaro no era
suficiente probar el daño y la falta de mantenimiento de la vía, sino que,
además, debía acreditarse la relación causal entre uno y otro. Entonces, es
claro que debía acreditarse que las lesiones padecidas por el actor fueron
consecuencia del hundimiento en la vía por la que se transportaba en moto el
día de los hechos.

A ese respecto, en la sentencia acusada se indicó que el único medio de
prueba que se aportó en la demanda con aptitud de pertinencia para establecer
la causa de las lesiones fue el informe policial de accidentes de tránsito nro.
7600100 y el tribunal procedió con su valoración para definir su peso de
convicción y si era suficiente para sustentar la tesis fáctica de la demanda.
El Tribunal accionado estudió el contenido del informe y concluyó que la
información allí consignada no permitía establecer con claridad y suficiencia
las circunstancias que rodearon la ocurrencia de los hechos. Destacó falencias

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del informe y de su croquis anexo que hacían perder calidad al medio de
prueba respecto de las circunstancias de modo del accidente, en especial, la
omisión relativa a indicar la posición final de la motocicleta y de la víctima y si
había o no huellas de frenado. Luego, dijo que la solo hipótesis en el informe
de que la causa eran los huecos en la vía no era suficiente para declarar
probado el nexo, sino que era necesario que la información contenida en el
medio de prueba apoyara esa posibilidad, lo que el tribunal estima no ocurrió
porque el medio de prueba no daba claridad sobre las circunstancias de modo
en la que ocurrió el hecho.
Así las cosas, observa la Sala que la determinación sobre el peso de
convicción del informe de tránsito para establecer la causa del daño no derivó
del capricho del juez o de juicio fáctico arbitrario o irracional, sino del análisis
motivado del contenido del medio de prueba del proceso, por lo que no es
posible derivar un defecto fáctico de ese juicio de valoración probatoria.
Recuérdese que la competencia del juez constitucional es restringida respecto
del juicio de valoración probatoria desplegada por el juez natural y
especializado de la causa, por lo que solo podrá intervenir cuando está ante
un error «ostensible, flagrante y manifiesto». Solo en ese escenario excepcional
cede la autonomía del juez natural en el ejercicio de formación de su
convicción sobre los medios de prueba, para que intervenga el juez
constitucional en procura de la garantía de los derechos fundamentales en
riesgo; sin embargo, la parte motiva de la sentencia acusada no da cuenta de
un error fáctico en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional y
la solo disparidad de criterio en cuanto al peso de convicción de un medio de
prueba no habilita la intervención del juez constitucional, por lo que no hay
lugar a declarar el defecto fáctico invocado en el escrito de tutela.
A ese respecto, conviene recordar lo indicado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-048 de 202221:
«6.5. No obstante lo anterior, las diferencias en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues precisamente la práctica judicial demanda que los jueces adopten
posturas en circunstancias en las que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos,
diversas pero razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se
presume de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente22.
6.6. Finalmente, esta Corporación precisó que la intervención del juez de tutela ante una
posible valoración defectuosa del material probatorio se permite cuando el error, tal como se
indicó anteriormente, es ostensible, flagrante, manifiesto y es determinante en la decisión
adoptada, “pues es este el único evento que desborda el marco de autonomía de los jueces
para formarse libremente su convencimiento” 23. En este supuesto, la configuración del defecto
requiere que la providencia judicial se adopte sin “respaldo probatorio o que haya dejado de
valorar una prueba que resultaba determinante para la solución del problema jurídico sometido
a su consideración.”24»

7. Desconocimiento del precedente judicial: alcance del defecto y su
análisis en el caso particular
7.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

21
Magistrada ponente: Cristina Pardo Schlensinger
22
«Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa), en la que la Sala Primera de Revisión
consideró que “las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante
un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios. En esa labor, el juez natural no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se
presumen de buena fe, al igual que se presume la corrección de sus conclusiones sobre los hechos”»
23
«Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa).»
24
Ibídem.

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La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 25.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical
como el horizontal. El segundo, refiere a las reglas de decisión fijadas por
autoridad judicial de igual jerarquía. El vertical, por su parte, atiende a los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional26.

7.2. La Sala advierte que el defecto por desconocimiento del precedente judicial se
fundamentó en dos cargos. El primero refiere a que la decisión acusada no
atendió a la jurisprudencia de la Sección Tercera de Consejo de Estado sobre
la aptitud del informe policial de accidentes de tránsito y del croquis para
acreditar el nexo causal en un accidente de tránsito. El segundo refiere al
desconocimiento del precedente contencioso que establece cómo se
materializa la falla en el servicio en casos de accidentes de tránsito por falta
de mantenimiento y de señalización de las vías.

Frente al primer argumento, la parte actora relacionó la sentencia del 19 de
marzo de 2021 (rad. 50791), proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en donde el informe policial de accidente de
tránsito fue relevante para acreditar el nexo causal en un accidente de tránsito.
Analizada esta providencia, se evidencia que en ese caso, la alta Corporación
estimó que la información contenida en el informe de tránsito y su croquis,
analizada en conjunto con otros medios de prueba del proceso como la
providencia penal del 10 de febrero de 2006 y el informe ejecutivo de la Policía
Nacional, eran suficientes para establecer que la causa del accidente fue la
existencia de una anomalía en la vía que causó la pérdida de control del
vehículo. En la parte considerativa de la sentencia que se invocó como
precedente, se lee:
«De los elementos de prueba allegados al proceso encuentra la Subsección demostrada la
existencia de la anomalía que causó la pérdida de control del vehículo y que, posteriormente,
generó su volcamiento. Así mismo, del dibujo del croquis se aprecia que el automotor iba por
su carril cuando se encontró la mencionada irregularidad, lo cual produjo que rodara
“aproximadamente 42 metros de la calzada con una huella de arrastre de 100 metros” (fls.
191-194 c. 1). Por lo anterior, no se comparte la tesis planteada por el extremo pasivo en
cuanto a la inexistencia de material probatorio que evidencie que había un hueco sobre la vía.
Por el contrario, existen suficientes medios de prueba que demuestran que el automotor perdió
control cuando tocó la irregularidad, tal como se puede constatar del informe ejecutivo de la

25
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
26
Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.

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Policía Nacional, el informe de accidente de tránsito 000264 y la providencia de 10 de febrero
de 2006» (Subraya la Sala)

De lo anterior, destaca la Sala que la discusión no se centra en la idoneidad
del medio de prueba (informe de accidentes de tránsito) para acreditar el nexo
causal, pues en el sistema actual existe, por regla general, libertad probatoria
para acreditar los supuestos de hecho de la demanda. En realidad, la discusión
se centra en la utilidad y calidad de la información contenida en el medio de
prueba para establecer si por si mismo o en conjunto con el acervo probatorio
acredita el hecho en discusión. Ya el contenido del los medios de prueba y su
suficiencia, utilidad y calidad es una cuestión que corresponde analizar al juez
en cada caso y es así como, para el caso particular, el tribunal al analizar el
informe de tránsito nro. 7600100 y su croquis estimó que la información allí
contenida no permitía tener por probado el nexo causal, tal conclusión no
contraría la sentencia acusada dado que la valoración de las pruebas varía
caso a caso.

Los demás precedentes27 que se acusaron desconocidos referían a la
responsabilidad del Estado por falla en el servicio cuando las carreteras del
país presentan huecos, hundimientos u otros obstáculos que afectan el tráfico
vehicular sin que la entidad responsable advierta el riesgo mediante
señalización adecuada o realice el mantenimiento respectivo. Sin embargo,
como antes se indicó, la razón por la que se negaron las pretensiones de la
demanda atiende a la falta de acreditación del nexo causal que refiere más a
un juicio de imputación fáctica y no jurídica. Recuérdese que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia acusada, reconoció lo
siguiente:
«45. La Sala reitera que la falla en el servicio, cuando se presentan daños causados en las
carreteras del país por grietas, huecos, hundimientos u otro tipo de obstáculos al tráfico
vehicular, debe entenderse como el desconocimiento de los deberes de la administración
consistentes en la obligación de implementar las señales preventivas, vigilar la realización de
las obras públicas, controlar el tránsito en calles y carreteras y prevenir los riesgos que con
ellos se generan (…) el debate gira entorno a determinar la relación causal entre la falla del
servicio por la falta de mantenimiento y señalización de una vía a cargo del Distrito Especial
de Santiago de Cali y las lesiones sufridas por el señor David Rivera Otálvaro»

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el contenido de la sentencia
acusada está acorde con la jurisprudencia y reglas de decisión que fueron
relacionadas por la parte accionante, luego no se materializa el
desconocimiento del precedente judicial invocado en la tutela.

8. Conclusión

La Sala negará las pretensiones de la acción de tutela promovida por David Rivera
Otálvaro y otros debido a que no se encontró acreditado el defecto fáctico, pues las
conclusiones probatorias expuestas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la sentencia acusada derivan de la valoración razonable y debidamente
motivada de los medios de prueba aportados al proceso. Tampoco se evidenció la
concreción del desconocimiento del precedente judicial, pues la ratio de la sentencia
del 5 de junio de 2024 no contraría las providencias invocadas en la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 14 de junio de 2018, Exp.
46.668; del 26 de noviembre de 2018, Exp. 41.940; del 3 de octubre de 2016, Exp 38.160 y del 23 de abril de 2018, Exp.
56.978.

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Demandante: David Rivera Otálvaro y otros

FALLA

1. Desvincular de la acción de tutela a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y a la Fiduprevisora SA Compañía de Seguros, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en el acápite de cuestión previa de este fallo.

2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por David Rivera
Otálvaro y otros, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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