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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06849-01

Fecha
2 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06849-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV) 12 Radicado: 11001-03-15-000-2024-06849-01 Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, y otros Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06849-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

2 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C, dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06849-01
Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y
Fluvial y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Error
judicial en proceso de liquidación
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unión de Trabajadores de la
Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, y otros en contra de la sentencia
proferida el 7 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. La Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, Luis
Guillermo Sánchez Quiroga, Oswaldo de Jesús Piedrahita Echeverri, Pedro Alfonso
Rincón Leguizamo, Héctor Alfredo Garzón Gaitán y Emeramo Barrero Parra
promovieron solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
consideraron vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 23 de agosto de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso
reparación directa identificado con el radicado 25000233600020150070502
(62053).

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

2.1. Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
en contra de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se declarara su

1 Ver índice 2 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06849-01
Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y
Fluvial, y otros

responsabilidad por las decisiones judiciales que adoptó en el proceso liquidatorio
de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.2 que conllevaron a que
las acreencias laborales de los afiliados al sindicato quedaran insolutas, a pesar de
tener prevalencia.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
con sentencia del 17 de mayo de 2019 negó las pretensiones de la demanda. En
contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con sentencia del 23 de
agosto de 2024 modificó lo resuelto por el a quo para, en su lugar, declarar de oficio
la caducidad del medio de control, respecto de los autos 546-022468 del 12 de
diciembre de 20013, 546-0228813 del 18 de diciembre de 20014, 440-20886 del 12
de diciembre de 20025, 440-002498 del 14 de febrero de 20036, y 400-002511 del
13 de marzo de 20127; y negar las pretensiones respecto del auto 400-010928 del
28 de agosto de 20128, así como de las decisiones que lo confirmaron en sede de
reposición.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en vías de hecho9, por las siguientes razones:

2.4.1. Se hizo un cambio arbitrario del alcance de la demanda, pues se limitó el litigio
a solo 8 autos proferidos en el proceso liquidatorio, sin tener en cuenta que aquel
debe ser comprendido como uno todo. Con ello se excluyó el estudio de varias
sentencias10 que fueron desatendidas por la demandada.

2.4.2. Excluyó otros autos del estudio de la apelación, bajo la tesis de que los mismos
desbordaban la causa petendi.

2 En adelante CIFM.
3 Desestimó las objeciones sobre los avalúos.
4 Desestimó otras objeciones propuestas por UNIMAR respecto de los avalúos.
5 La Superintendencia autorizó la ejecución del plan de pagos.
6 La Superintendencia resolvió los recursos de reposición presentados contra el Auto No. 440-
020886.
7 La Superintendencia resolvió los recursos contra los Autos 405-009066, 405-009367 y 405-010578,

mediante los cuales la Superintendencia había desestimado unas objeciones y acogido otras,
respecto de la rendición de cuentas de los años 2007, 2008 y 2009.
8 En el mismo la Superintendencia decidió: “DECLARAR TERMINADO el proceso liquidatorio de los

bienes que conformaban el patrimonio de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en
liquidación obligatoria”.
9 No refirió ninguna en específico.
10 Cita las sentencias C-543 de 2011, T-139 de 2001, SU-1023 de 2001 y T-847 de 2003 de la Corte

Constitucional, así como el fallo de 5 de mayo de 2005 del Consejo de Estado (no indica número de
radicado), “las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que ordenan la restauración de los
contratos de trabajo y el pago de salarios y prestaciones sociales causados como gastos de
administración”, y la sentencia 2012-201 del juzgado 39 administrativo de Bogotá (no indica datos
adicionales).

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Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y
Fluvial, y otros

2.4.3. Negó el acceso a la administración de justicia, al abstenerse de estudiar varios
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues excluyó diversos
asuntos trascendentales para acreditar el daño antijurídico causado a través de
varias decisiones de la Superintendencia de Sociedades, en el marco de la
liquidación.

2.4.4. Desconoció el principio de cosa juzgada respecto a la caducidad, al declararla
pese a de que en una decisión previa ya había sido descartada. Además, fijó una
regla de caducidad según la cual aquella ya no se determina por el tiempo para
acudir a demandar, sino por el contenido de la apelación.

2.4.5. El pronunciamiento judicial sobre asuntos como la conmutación pensional,
pretende instaurar una especie de caducidad respecto a la posibilidad de que se
cumplan las sentencias que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
profirieron al respecto.

2.4.6. En cuanto al auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012 se analizó solo el
cargo relativo a la violación del Decreto 254 de 2000. Además, omitió por completo
hacer alusión a la sentencia C-543 de 2001 y al fallo de 5 de mayo de 2005 del
Consejo de Estado y, por el contrario, mencionó la SU-123 de 2001 para sostener
que CIFM es una empresa privada, y que de ello derivó que el Estado no pudiera
responder subsidiariamente por el pago de su pasivo laboral insoluto.

2.4.7. Desatendió los artículos 8 y 9 del Decreto 2677 de 1971, que prohíben el cierre
de empresas con obligaciones pensionales pendientes de conmutar, y a partir de
una falsa motivación estableció una caducidad respecto a la exigencia de lo
dispuesto en la sentencia T-139 de 2001.

2.4.8. Avaló el cierre de facto de la CIFM, pues a pesar de que, en sede de tutela, un
juzgado ordenó a la Supersociedades conceder el recurso de apelación interpuesto
contra el auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012, se estimó que frente a esa
decisión no procedía recurso y por tanto quedó en firme.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA 2015-00705 del 23 de agosto de 2024,
Número Interno (62053), y en su defecto ORDENAR a la Sección Tercera – Subsección
C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, proferir nueva
sentencia donde se declare responsable a la Nación – Superintendencia de Sociedades
por los daños y perjuicios, patrimoniales y morales ocasionados por: a) la pérdida de
nuestros salarios y prestaciones sociales causados como gastos de administración: b)
la pérdida de nuestras acreencias clasificadas como créditos de primer grado en el Plan
de Pagos, c) la pérdida de la indemnización por despido injusto […]». (sic)

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1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C11 señaló que la decisión
acusada no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, y lo que se busca
es reabrir la discusión ya zanjada por el juez natural; no obstante, cuestionó la
pretensión de la parte de amparo dirigida a que fungiera como juez laboral o juez
de la liquidación, e hiciera un escrutinio sobre una extensa lista de asuntos que ha
ido alimentando conforme avanzaba el proceso ordinario. De ahí, la necesidad de
delimitar el alcance del litigio, que corresponde a uno de los reproches de la tutela.

5. Asimismo, destacó que no se desconoció la cosa juzgada al declarar la caducidad
respecto de algunos autos, pues ese es un presupuesto procesal que debía
verificarse antes de fallar.

6. La Superintendencia de Sociedades12 solicitó negar las pretensiones y rechazar
la solicitud de tutela por improcedente, debido a que se utilizó como una tercera
instancia para reabrir la discusión jurídica ya superada, además de desconocer las
normas procesales aplicables.

1.3 Sentencia de primera instancia13

7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 7 de
febrero de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no
superó los requisitos de la relevancia constitucional y subsidiariedad, en tanto la
verdadera intención de los demandantes fue convertirla en una instancia adicional,
al pretender reabrir una controversia que ya había sido resuelta por el juez natural.

1.4. Escrito de impugnación14

8. La parte demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en el escrito de tutela y la relevancia del reclamo
constitucional planteado.

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

11 Ver índice 8 de Samai.
12 Ver índice 9 de Samai.
13 Ver índice 14 de Samai.
14 Ver índice 18 de Samai.

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Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y
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2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200015 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201916, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado17 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 18. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo19 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

15 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
16 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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14. Ahora bien, la Corte Constitucional20 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos21, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales22.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por la Unión de
Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, y otros cumple con
el requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva - de la subsidiariedad

18. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

20 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

19. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia23, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

20. Una vez establecidas las actuaciones relevantes en el presente asunto, es
pertinente precisar que, aun cuando la parte actora alegó la configuración de «vías
de hecho» sin adecuar el reclamo a aquellas causales específicas de procedencia
establecidas por la jurisprudencia constitucional para cuestionar providencias
judiciales a través de la solicitud de tutela, esta Sala de decisión evidencia que la
inconformidad manifestada gira en torno a la incongruencia de la autoridad judicial
demandada al decidir el asunto, especialmente, en cuanto a que no se pronunció
sobre la totalidad de las actuaciones y pronunciamientos de la Superintendencia de
Sociedades, punto respecto del cual en el acápite denominado «MARCO DE
JUZGAMIENTO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA A
RESOLVER» de la providencia cuestionada se precisó:

«[…] El presente asunto amerita que se concrete el marco de juzgamiento de la
apelación, como quiera que el extremo activo ha venido utilizando cada etapa del
proceso para incorporar nuevos elementos de debate que no fueron ventilados desde un
comienzo.
[...]
Ilustrado lo anterior, la Sala denota que, en el presente asunto, ante las dificultades que
acusaba el escrito inicial de demanda para la concreción los reproches que se le
enrostraban a la Superintendencia a título de error jurisdiccional, en el auto admisorio se
le solicitó a la parte actora que concretara de forma específica cuáles eran los autos
expedidos por la Superintendencia de Sociedades tildados de error jurisdiccional; de ahí
que, en el escrito de demanda subsanada, respecto de ese punto la demandante acotó
el litigio de forma puntual a ocho (8) autos, a saber: i) No. 546-022468 del diciembre 12
de 2001; ii) No. 546-0228813 del 18 de diciembre de 2001; iii) No. No. 440-20886 del 12
de diciembre de 2002; iv) No. 440-002498 del 14 de febrero de 2003; v) No. 400-002511
del 13 de marzo de 2012; vi) No. 400-010928 del 28 de agosto de 2012; vii) No. 400-
06211 del 22 de noviembre de 2012 y, viii) No. 400-017782 del 18 de diciembre de 2012.

Entonces, desde un comienzo, el asunto quedó circunscrito exclusivamente a estos
autos, y la pretensión declarativa de la demanda se sujetó a solicitar que se declarara la
responsabilidad administrativa y patrimonial de la Superintendencia de Sociedades “por
las actuaciones y decisiones judiciales en el proceso liquidatorio”; de ahí que, los cargos
del recurso de apelación que aluden a los Autos Nos. 440-2620 del 15 de marzo de 2004

23 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.

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─argumento 2.4.1. de la apelación─; 440-21634 de diciembre de 2002, 440-13141 del 3
de agosto de 2002 y 440-014405 del 19 de septiembre de 2002 ─argumento 2.4.2. de la
apelación ─ desbordan la causa petendi y, por esta razón, no serán objeto de estudio en
la segunda instancia, sumado a que tales reproches vinieron a postularse en el recurso
de apelación que está concebido para redargüir la decisión de primera instancia, mas no
para adicionar cargos que no fueron propuestos desde un inicio.

Es, por esta misma razón, que no se atenderá el cargo conforme al cual el apelante
hecha de menos que la primera instancia no se haya pronunciado sobre los argumentos
esgrimidos en el oficio radicado el 8 de marzo de 2018 y allegado en la oportunidad para
alegar de conclusión, en el que hace referencia a una cantidad de autos adicionales,
actuaciones y oficios de los que no se dijo nada en la demanda, ni en el escrito de
subsanación y, pretendió introducirlos y amplificar la causa petendi en una oportunidad
que no ha sido concebida para tal fin. Por lo mismo, no debió sorprenderle al apelante
que el Tribunal no se hubiera referido a estos, porque lo censurable hubiera sido que se
pronunciase de asuntos que desbordaban el ámbito de la litis, tal como fue planteada
desde un comienzo.

Lo mismo sucede, prácticamente, con todos los argumentos que postuló la demandante
al momento de alegar de conclusión en segunda instancia, en los que alude a vías de
hecho por no haber tenido en cuenta los autos Nos. 440-002620 del 15 de marzo de
2004, 440-00028 del 4 de enero de 2006; 440-007660 del 21 de mayo de 2001, 022151
del 28 de noviembre de 2000, los Oficios Nos. 440-044163; 440- 044165;044823; 440-
20590; 44080934 de 2003.

También allí refiere, sin haberlo hecho en la apelación que era el momento procesal
oportuno para ello, que la decisión de primera instancia careció de motivación, que se
hizo una fijación parcial y superficial del litigio con la cual, valga decirlo, estuvo de
acuerdo en el momento en que se concretó y, que la sentencia no se pronunció sobre el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Relata igualmente, a
destiempo y por fuera de la oportunidad debida, que la sentencia de primera instancia
omitió valorar todas las actuaciones del proceso liquidatorio contenidas en los veinte (20)
Cds que allegó la Superintendencia y que se limitó a valorar las pruebas contenidas en
tres Cds que, a su juicio, eran ilegibles. Este cargo así planteado, por demás, desconoce
que fue la propia demandante quien aportó los tres Cds27 de los cuales el a quo extrajo
la información con la cual sustentó su decisión.

En ese orden de ideas, los cargos por la falta de estudio del defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia no hacen parte del objeto de la apelación porque la parte
demandante en el recurso vertical nada reprochó al respecto, como tampoco incumben
al objeto de la alzada todas aquellas actuaciones que se hubieran producido dentro del
trámite de liquidación y ajenas a los autos a que se contrajo la subsanación de la
demanda.

Así las cosas, el recurso de apelación se adstringe al análisis de los supuestos de error
judicial respecto de los autos enlistados en el escrito de subsanación de demanda que,
valga decir, sobre aquellos fue que, grosso modo, se pronunció la sentencia de primera
instancia y sobre los que se elevaron los cargos de la apelación que tuvieron como
propósito denotar que, a juicio del censor, los autos de la Superintendencia demandada
sí se profirieron de forma irregular, arbitraria y caprichosa. [...]». (sic)

21. Al respecto, es pertinente resaltar que los argumentos expuestos como vías de
hecho coinciden con aquellos expuestos en el proceso de reparación directa
cuestionado, tales como:

«[…] i) Se hizo un cambio arbitrario del alcance de la demanda, pues se limitó el litigio a

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Fluvial, y otros

sólo 8 autos proferidos en el proceso liquidatorio; ii) excluyó otros autos del estudio de
la apelación, bajo la tesis de que aquellos desbordaban la causa petendi; iii) se abstuvo
de estudiar varios de los argumentos expuestos en el recurso de apelación; iv)
desconoció el principio de cosa juzgada, respecto a la caducidad, y la declaró a pesar
de que en una decisión previa ya había sido descartada; v) el pronunciamiento judicial
sobre asuntos como la conmutación pensional; vi) en cuanto al auto 400-010928 del 28
de agosto de 2012, se analizó sólo el cargo relativo a la violación del Decreto 254 de
2000 y, sin decir por qué, se abstuvo de analizar los demás cargos de ilegalidad, entre
ellos el relativo a la aprobación de estados financieros falsos; vii) desatendió los artículos
8 y 9 del decreto 2677 de 1971, que prohíben el cierre de empresas con obligaciones
pensionales pendientes de conmutar; y, viii) se avaló el cierre de facto de la CIFM, pues
a pesar de que -en sede de tutela-un juzgado ordenó a la Supersociedades conceder el
recurso de apelación interpuesto contra el auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012,
la autoridad judicial demandada, estimó que frente a esa decisión no procedía recurso y
por ende quedó en firme. […]». (sic)

22. Los mencionados argumentos guardan relación directa con la falta de
congruencia que se le endilga al fallo cuestionado, de tal manera, aquellos podrían
ser objeto de análisis a través del recurso extraordinario de revisión, en los términos
de los artículos 248 y 250 de la Ley 1437 de 201124, que señalan:

Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación. […]

23.En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como mecanismo de defensa idóneo y eficaz, y la falta de
subsidiariedad en asuntos de contornos similares, la Corte Constitucional en
sentencia SU – 026 de 2021, sostuvo lo siguiente:

«[…] 5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre
la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del
juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el
extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y

24Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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Fluvial, y otros

de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos
pronunciamientos judiciales concurrentes”[42].

5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso
será eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando
el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido
de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales
de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”[43]

5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»

24. De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la sentencia
del 23 de agosto de 2024, hoy acusada, fue proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C y contra ella no procede recurso alguno; además,
como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con
los motivos en que la parte demandante sustenta su inconformidad, podría
configurarse una posible nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
de reparación directa adelantado.

25. Respecto a la falta de congruencia como causal de nulidad de la sentencia, en
providencia del 13 de octubre de 2020, la Sala 14 Especial de Decisión del Consejo
de Estado25, consideró:

«[…] Respecto al principio de congruencia, la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo ha desarrollado su contenido bajo los siguientes términos:

“(…) nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Motivo este que también se desprende del artículo 29 constitucional, cuya violación
puede originar la nulidad del fallo respectivo, cuando la transgresión, se repite, se
presente directamente en el fallo, como cuando no existe coherencia entre la parte
motiva y la resolutiva, por ejemplo.
(…)

25 CP Alberto Montaña Plata. Expediente 2019-00119-00.

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Fluvial, y otros

En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que tienen los
funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en
los siguientes términos: // Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art.
170], exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva
de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda,
como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome
la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se
incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer
un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho
reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una
de las pretensiones.”26

En concordancia, la falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de
nulidad de la sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado.
Es importante poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en
el artículo 170 del CCA y no de forma expresa en el CPACA.

Sin embargo, esa omisión no implica la inexistencia de este principio en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, principalmente, porque el artículo 30627 del CPACA,
establece que aquellos aspectos no desarrollados en ese código se regirían por el CGP.
De esta manera, el principio de congruencia se desprende del artículo 28128 del CGP y
del artículo 29 constitucional, que consagra el derecho fundamental al debido proceso29.

[…]

En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso30. Por
esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna
estructura la causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo

26 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.

Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor:
Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan
Ángel Palacio Hincapié.
27 Ley 1437 de 2011. “Artículo.306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en

este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
28 Ley 1564 de 2012. “Artículo 281 Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los

hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede
de lo probado se le reconocerá solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier
hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después
de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio
(…)”
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de mayo de

2019, Radicado 1998-00153-01.
30 Corte Constitucional, Sentencia T- 1274 de 2008.

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debatido y lo probado sea protuberante31, a tal punto que, no exista justificación objetiva
y relacionada con las materias medulares del proceso. […]». (sic)

26. Así, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los recursos de
manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo suplante los
mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, se
persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya negligencia en el
deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción de las garantías
otorgadas por la Constitución Política.

27. Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado, es necesario que supere los requisitos generales de procedencia
de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera debe concluirse
que el amparo de la referencia, resulta improcedente por desconocimiento del
principio de subsidiariedad, al tener en cuenta que la sentencia proferida el 23 de
agosto de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, puede
ser recurrida a través del recurso de extraordinario de revisión.

3. Conclusión

29. De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito
de procedencia general de la solicitud de tutela contra providencia judicial de la
subsidiariedad; razón por la cual, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de tutela presentada por la Unión de Trabajadores de la
Industria del Transporte Marítimo y Fluvial, y otros contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por la Unión de Trabajadores de la Industria del
Transporte Marítimo y Fluvial, y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con las precisas razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

Sentencia de 7 de abril de 2015, Radicado 2013-00358-00(REV)

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Demandante: Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y
Fluvial, y otros

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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