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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06869-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06869-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Tatiana Yanes Vargas, en lo que respecta a las pretensiones consistentes en que se conceda el recurso de apelación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Negar las pretensiones relacionadas con el amparo al derecho de petición, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06869-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06869-00
Demandante: Tatiana Yanes Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06869-00
Demandante TATIANA YANES VARGAS
Demandada PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Subsidiariedad. Derecho de petición. Cobro por
consumo no registrado del servicio de energía eléctrica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Tatiana Yanes Vargas, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de diciembre de 20241, la señora Tatiana Yanes Vargas instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra la Presidencia de la República y la
Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del
Territorio, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, las
Superintendencias Delegadas para Energía y Gas Combustible y para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, petición
e igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«PRIMERO pretendo con esta ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO DEFINITIVO excepcional Y
DE forma directa conforme al precedente de la cortes constitucional (…) CONFORME ARTICULO 85 DE
LA CONSTICION Y ordene al presidente de Colombia y a la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios a ejercer sus funciones de conformidad con el articulo 189 numeral 9, 10, 22. 365 al 370 de
la constitución Decreto 1369 del 2020 artículos 75, 79.1 y 159 de la ley 142 de 1994 para que ordene de
forma inmediata a la empresa Afinia que ustedes vigilan decrete la violación del derecho de petición
ordenando a la empresa Afinia , y darnos una respuestas de fondo. QUE Se concreta en el deber
de resolver la petición de forma: clara, esto es, que la misma sea inteligible y contenga argumentos de
fácil comprensión; precisa, es decir que la respuesta atienda a lo solicitado y se excluya toda información
impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; congruente, esto es que abarque la materia
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuencial, lo que significa que si la petición
es presentada dentro de un trámite procedimental del cual conoce la respectiva autoridad, ésta deberá
dar cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no
procedente. como lo ordena las sentencias (…) Si el señor juez constitucional se aparta de estos
precedente y la jurisprudencia de estas sentencias de tutela, carga argumentativa de transparencia y
suficiencia (La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener
en cuenta el precedente judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto
es, están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la autoridad
judicial, el deber de acatamiento del precedente judicial (…) de igual forma el juez constitucional, aplique
el principio de OFICIOSIDAD y de informalidad , integres el contradictorio , para dar una solución a la
totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo inescindible”, (…) es deber del juez
de tutela encontrar la verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta en conocimiento de la
jurisdicción constitucional y, de ser el caso, adoptar las decisiones (entre ellas, integrar en debida forma
el contradictorio) que sirvan para proferir una sentencia coherente con necesidad de la protección
inmediata de los derechos constitucionales. (…)

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Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06869-00
Demandante: Tatiana Yanes Vargas

Segundo que el juez constitucional ordene a la empresa Afinia a dar respuesta de fondo conforme
a los precedente de la cortes constitucional (…) y en su lugar conceder la acción de tutela ORDENANDO
TAMBIEN A LA EMPRESA QUE CONSEDAN LOS RECURSO DE REPOSICION Y EN SUSBSIDIO DE
APELACION
TERCERO y ordene al presidente y a la superintendencia a ejercer sus funciones constitucionales de
vigilancia y control y ordene a la empresa Afinia a la materialización de este derecho, petición
concediendo el recurso de apelación conforme el artículo 154 de la ley 142 de 1994 artículo 74 de la
ley 1437 del 2011 y las SENTENCIAS (…)
CUARTO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL APLIQUE EL principio DE OFICIOSIDAD y de
informalidad , debido que no resolvió, ni siquiera una pretensión todas las pretensiones , no integro el
contradictorio , para dar una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un
todo inescindible”, (Auto 067/20), T-466/99,señor juez de segunda instancia , en virtud del principio de
oficiosidad tiene la obligación de asumir un papel activo en la conducción del proceso, no solo para
interpretar la solicitud de amparo, sino para indagar por los elementos que requiera para adoptar una
decisión de fondo. (…)
QUINTO: que el juez constitucional conforme a artículo 4 de la constitución inaplique la parte final del
artículo 154 de la ley 142 de 1994 En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que
tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. En
este caso concreto , debido que la empresa no me puso en conocimiento el procedimiento administrativo
del cobro de la energía dejadas de facturar , donde yo mi cuenta fue cuando fueron suspenderme el
servicio, violado el debido proceso administrativo, defensa contradicción legalidad tipicidad y el núcleo
esencial del derecho de petición que no admites excepción , pues el artículo 23 de la constitución los
artículos 13,al 33 de la ley 1755 del 2015 , ley 1437 del 2011 , no existe obstáculo para que la empresa
Afinia de respuesta de fondo sobre todo lo pedido en mi derecho de petición no importa que sea negativa
o positiva pero tienen que darme respuesta. POR LO QUE SI ES PROCEDENTE QUE LA EMPRESA
CONCEDA LOS RECURSO DE APELACION COMO LO ORDENO LA SENTENCIA DE TUTELA T- T-
023/02 (…)
SEPTIMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13 DE LA CONSTITUCION el juez
constitucional aplique el principio de favorabilidad mas benéfica aplicando el articulo 74-1 de la ley 1437
del 2011, y el articulo 154 de la ley 142 de 1994 , e inaplique el artículo 159 de la ley 142 de 1994 y
ordene a la empresa concederme el recurso de apelación conforme a las sentencias 023/02,
SENTENCIA C243/13,C-007/17( EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN -NO EXIGE
FORMALIDADES MAS ALLÁ DE LAS ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN , C-263/96,C-558/01,
SU418/19, C-034/14,C-329/15 Decimo que el juez constitucional anule el cobro de la energía dejadas
de facturar, debido que la sentencia SU1010 DEL 2008 QUE FUE LA SENTENCIA QUE ESTABLECIO
SU COBRO DE FORMA CONDICIONADA QUE LA EMPRESA DEBE PRIEMO DEMOSTRAR QUE
HUBO UNA DESVIACION SIGNIFICATIVACONFORME A LA SENTENCIA SU-1010/08
OCTAVO QUE el juez constitucional conforme artículo 4 de la constitución aplique la excepción de
inconstitucionalidad en este caso concreto y deje sin efecto y sin valor el cobro de la energía dejadas
de facturar dándole cumplimiento a los artículos 13,23,29,30 93 de la constitución , principio de legalidad
tipicidad , ASI MISMO,INAPLIQUE EL ARTICULO 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y APLIQUE EL
ARTICULO 74-1 DE LA LEY 1437 DEL 2011, Y CONDEDA EL RECURSO DE APELACION ANTE LA
SUPERSERVICIO
NOVENO: que el juez constitucional al momento de solictar a la superintendencia de servicios ´publicos
VINCULADAS EL DOCTOR (…) SUPERINTEDENTE y la Dirección Territorial norte.

Superintendencia
delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio, Superintendencia delegada para
Energía y Gas Combustible. Superintendencias Delegadas para Energía y Gas Combustible y para
Acueducto, Alcantarillado y Aseo: SER EL ORGANISMO DE CONTROL Y FISCALIZACION (…)»
(Negrillas propias).

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 6 de septiembre de 2024, la accionante radicó solicitud ante la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, con el fin de que, por una parte, «conceda
los recursos de ley y se inaplique el artículo 154 de la ley 142 de 1994»; y por la otra,
«revoque el proceso de cobro de energía dejadas de facturar y lo reinicie nuevamente facturar
según lo establecido por las sentencias T-270 DEL 2004 Y SU-1010 DEL 2008, y anule el
cobro de la energía DE 2024 expedida dejadas de facturar por valor de $ 3.350.260 del 20 DE
MARZO en la factura No 6527039256, dándomela a conocer el dia 30 DE AGOSTO, porque
FUERON HOY ASUSPENDERME EL SERVCICIO DE, de forma unilateral, VIOLANDO EL
ARTICULO 154 DE LA LEY 142 DE 1994 por este cobro ilegal por lo que la empresa debe de
demostrar con prueba que me notifico el acto administrativo por medio de la cual me impone
el cobro de la energia dejada de facturar» (sic para toda la cita).

2.2. Mediante Oficio Nro. 202471204026 de 16 de septiembre de 2024, Caribemar
de la Costa S.A.S E.S.P negó la solicitud, en los siguientes términos:

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Demandante: Tatiana Yanes Vargas

«Al validar en nuestro sistema de gestión comercial, es conveniente indicar de conformidad
con lo establecido en el artículo 154 inciso Tres de la Ley 142 de 1994 que establece "en
ningún caso procederán reclamaciones contra facturas de más de cinco meses (5) de haber
sido expedidas por las Empresas de servicios públicos", por lo cual no entraremos a estudiar
el periodo en reclamo.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición. Esperamos con lo anterior haber
atendido de la mejor manera su petición.
Finalmente, le informamos que contra la presente comunicación no proceden recursos por
tratarse de un acto de carácter informativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

3. Fundamentos de la acción

La accionante sostuvo que Caribemar de la Costa S.A.S ESP no respondió clara y
congruentemente su petición. Manifestó que se enteró de la factura Nro.
6527039256 por valor de $3.350.260 «el día 2024/09, porque fui a la empresa a buscar el
proceso debido que me fueron a suspender el servicio ». Manifestó que jamás se le informó
del proceso de cobro y tampoco se le remitió ningún pliego de cargo. Por lo tanto,
aseguró que la empresa debe demostrar con pruebas que sí le notificó el acto
administrativo por medio del cual se le impuso el cobro de la energía dejada de
facturar.

En consecuencia, al no habérsele notificado tal acto, afirmó que se deben inaplicar
los artículos 150 y 154 de la Ley 142 de 1994 y que consecuentemente la empresa
deberá concederle los recursos de reposición y apelación de conformidad con los
artículos 152 al 159 de la Ley 142 de 1994, a fin de que se garanticen sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, petición e igualdad. Agregó que la
empresa Afinia no se encuentra facultada para decidir si los recursos son o no
procedentes, debido que esa facultad radica en la Superintendencia de Servicios
como entidad de segunda instancia.

Sostuvo que en Sentencia de Unificación SU-1010 de 2008 la Corte Constitucional
manifestó que bajo ninguna circunstancia la empresa de energía se encuentra
facultada para cobrarle sanciones pecuniarias a los usuarios, pues esta solo puede
cobrar la energía dejada de facturar de conformidad con los artículos 149 y 150 de
la Ley 142 de 1994, siempre y cuando se demuestre que existió una desviación
significativa desde el momento de que la empresa detectó la irregularidad con los
consumo anteriores. Afirmó que «si yo venía pagando mi consumo al momento de la supuesta
irregularidad, y después de la irregularidad los consumo AUMENTARON EL 10%, por lo que no hay
lugar de cobrarme la energía dejadas de facturar , al no existir una desviación significativa del 230%
que es la establecida por la empresa Electricaribe».

Finalmente, hizo alusión a un cúmulo de sentencias proferidas por la Corte
Constitucional sobre diversas materias.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 12 de diciembre de 2024, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Bojacá (Cundinamarca) remitió el expediente al Consejo de Estado, en virtud
de las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, puesto que la tutela se dirigía contra la Presidencia de la República.

4.2. En auto de 18 de diciembre de 2024, se requirió a la accionante a fin de que
aclarara cuáles son las autoridades accionadas, cuáles son las acciones u
omisiones que generan la vulneración y qué derecho fundamental considera
vulnerado por dichos hechos, precisara si tiene alguna pretensión respecto de
la Presidencia de la República y señalara las pretensiones respecto de cada
uno de los demandados de forma clara y concreta.

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Demandante: Tatiana Yanes Vargas

4.3. Mediante auto de 22 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Tatiana Yanes Vargas contra la Presidencia de la
República; las siguientes dependencias de la Superintendencia de Servicios
Públicos: Dirección Territorial Norte, Superintendencia Delegada para la
Protección del Usuario y la Gestión del Territorio, Superintendencia Delegada
para Energía y Gas Combustible, Superintendencias Delegadas para Energía
y Gas Combustible y para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; y la empresa
Caribemar de la Costa SAS. ESP Afinia.; y se ordenó efectuar las
notificaciones pertinentes.

4.4. La sociedad Caribemar de la Costa SAS. ESP sostuvo que «el accionante no
presentó petición, de conformidad a lo establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994»
y que la parte actora no reconoce que sí se le notificó el acto de facturación
del cobro de energía consumida, mediante guía Nro. 78744285404 de la
empresa Lecta. Aseguró que la tutelante tuvo la posibilidad de presentar
reclamación, pero al no hacerlo se abstuvo de continuar con la vía gubernativa
mediante la interposición de los recursos respectivos.

Informó que, en cambio, el 6 de septiembre de 2024 recibió una reclamación
por el consumo no registrado pendiente por facturar, bajo radicado
RE3110202478639; y que mediante consecutivo Nro. 202471204026 el 16 de
septiembre de 2024 respondió la solicitud y la notificó a la accionante al correo
fenadecu2024@gmail.com donde se le informó que no se accedía a la
reclamación. Los motivos de la negativa fueron los siguientes:
«Conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 no proceden reclamaciones
contra facturas que tengan más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas
de servicios públicos. Este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario
a presentar reclamos, mediante el cual promueve la diligencia para reclamar en términos.
En relación con la notificación de la facturación por la irregularidad encontrada en el predio
identificado con NIC 6527039, me permito informar que el día 20 de marzo de 2024 la empresa
emitió el comunicado identificado con radicado No: 702241116527039, y la factura No
6527039256 -16/14 la cual fue notificado con la guía No 78744285404 de la empresa Lecta a
la dirección calle 22C NO. 17 45 APTO 101, como se evidencia en los anexos.
De la suspensión del servicio me permito informarle que la última orden de suspensión que se
realizó en el predio identificado con NIC 6527039 fue el día 05 de diciembre de 2023 como se
evidencia en la imagen fotostática adjunta».

Aseguró que «el día 20 de marzo de 2024 la empresa emitió el comunicado identificado con
radicado No: 702241116527039, y la factura No 6527039256 - 16 / 14 notificado al accionante
con la guía No 702241116527039, de la empresa Lecta a la dirección calle 22C NO. 17 45
APTO 101». Por lo tanto, explicó que el cobro realizado no corresponde a una
sanción, sino a una facturación por consumos no registrados por el equipo de
medida y no facturados por la empresa dentro de los últimos cinco meses.

Sostuvo que de acuerdo con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, que regula
los recursos de reposición y apelación, el usuario tiene el derecho de presentar
reclamaciones en contra de los actos de facturación de la empresa, dentro de
los cinco (5) meses contados a partir de la fecha de expedición de la factura.
Indicó que el recurso de reposición es resuelto directamente por la empresa y
que el de apelación lo resuelve la Superintendencia de Servicios Públicos. Y
en aquellos casos en que la empresa no concede el recurso de apelación, por
ejemplo por considerar que el mismo es extemporáneo, el usuario cuenta con
la posibilidad de acudir directamente ante la Superintendencia de Servicios
Públicos y a través del recurso de queja para exigir que le sea concedido el de
apelación. Así se garantiza su acceso a una segunda instancia.

Además de tales recursos, manifestó que el usuario puede ejercer su defensa
ante los jueces administrativos, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la medida en que las decisiones de la

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empresa de servicios públicos y las resoluciones de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios son actos administrativos.

En consecuencia, sostuvo que la tutela interpuesta resulta improcedente
debido a que existen otros mecanismos de defensa a los que puede acudir la
parte actora. Resaltó que la usuaria contó con otros medios de defensa de los
cuales no hizo uso, a pesar de que fue notificada; y que, en todo caso, en el
asunto no existe perjuicio irremediable alguno.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de
la acción de tutela o la negativa al amparo solicitado.

4.5. La Presidencia de la República informó que no ha recibido derechos de
petición de la accionante que guarden relación con el fundamento de la acción
de tutela; que no existe legitimación en la causa por pasiva, puesto que la
función de control y vigilancia se encuentra delegada en la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios de conformidad con el Decreto 1369 de 8
de octubre de 2020; y que de su parte no ha existido vulneración a los
derechos fundamentales de la parte actora.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite de
tutela, la declaratoria de improcedencia de esta y la negativa de las
pretensiones formuladas.

4.6. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sostuvo que
funge como órgano de segunda instancia. Por ende, conforme al artículo 159
de la Ley 142 de 1994, le corresponde resolver los recursos de apelación
presentados subsidiariamente al de reposición y que estén relacionados con
los asuntos que circunscribe el artículo 154 de la Ley 142 de 1994: actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realicen
las empresas de servicios públicos domiciliarios.

Además, precisó que solo a partir del momento en que recibe el expediente,
remitido por la empresa de servicios públicos, inician los términos para resolver
la apelación.

Subrayó que solo se puede pronunciar en revisión de los actos de facturación
por las prestadoras previo uso de los recursos administrativos por la parte
reclamante. E indicó que su pronunciamiento se enmarca al período
reclamado y dentro de los límites de la vía administrativa establecidos el tercer
inciso del artículo 154 de la Ley 142 que dispone lo siguiente: «(…) En ningún
caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber
sido expedidas por las empresas de servicios públicos».

Indicó que no funge como coadministradora de las empresas de servicios
públicos y mucho menos tiene bajo su tutela los instrumentos de facturación o
los procesos de toma de lecturas de las empresas.

También aseguró que sus pronunciamientos se circunscriben al caso sometido
a consideración agotada la defensa del usuario en sede de la empresa. Por lo
tanto, no emite pronunciamientos de carácter general ni somete a revisión
previa los actos de una empresa de servicios públicos domiciliarios. De
hacerlo, estaría incursa en vulneración de la prohibición expresa en el
parágrafo del artículo 79 de la Ley 142 y del artículo sexto superior.

Por lo tanto, manifestó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental a la
parte accionante, en la medida que no ha recibido ningún recurso de apelación
interpuesto contra decisiones proferidas por alguna empresa de servicios
públicos; y agregó que esta última no le ha remitido expediente alguno.

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De otro lado, sostuvo que la parte actora no le ha remitido ningún derecho de
petición y que de su parte no existe ninguna conducta activa u omisiva que
haya afectado los derechos fundamentales de la parte actora. En
consecuencia, solicitó se declare la inexistencia de violación de derechos
fundamentales de su parte o la improcedencia de la acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, y particularmente las pretensiones
formuladas, se advierte que la accionante solicitó, por una parte, que Caribemar de
la Costa SAS. ESP conceda recurso de apelación y que inaplique el artículo 154 de
la Ley 142 de 1994 que establece el término para la interposición del recurso de
reposición; y por otra parte, pidió que se proteja su derecho de petición y se le dé
una respuesta de fondo a su solicitud.
Teniendo en cuenta tales aspectos, le corresponde a la Sala determinar si la acción
de tutela interpuesta por la señora Tatiana Yanes Vargas cumple a cabalidad con
los requisitos generales de procedibilidad. Asimismo, se establecerá si dichas
autoridades vulneraron su derecho fundamental de petición.

3. Alcance del derecho fundamental de petición
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta. Asimismo, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 20112:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.
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Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido».

En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.

4. Análisis del caso concreto

4.1. En el caso, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P aportó acta de revisión Nro.
70224111, en la cual se dejó constancia de la visita técnica realizada el 11 de
enero de 2024, cuyo resultado fue que se encontraron conexiones eléctricas
alteradas o intervenidas.

Asimismo, dicha sociedad acreditó en el trámite de tutela que expidió Oficio
702241116527039 de 20 de marzo de 2024, en el que indicó que en la visita
técnica mencionada, que contó con la presencia del cliente, se encontró que
las conexiones eléctricas fueron manipuladas y que el consumo no registrado
pendiente por facturar (3182 kWh) por la tarifa vigente ($1065.66) daba un total
de $3.390.930. Finalmente, se le informó que podía controvertir esa decisión
a través del recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el cual sería
decidido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los
términos establecidos en la Ley 142 de 1994. Veamos lo expresado en el Oficio
702241116527039 de 20 de marzo de 2024:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06869-00
Demandante: Tatiana Yanes Vargas

Igualmente, Caribemar de la Costa SAS. ESP comprobó que el 23 de marzo
de 2024 notificó dicha decisión mediante comunicación remitida a la dirección
física en que se encuentra el predio.

Veamos:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06869-00
Demandante: Tatiana Yanes Vargas

Hasta aquí se advierte que, contrario a lo expresado por la accionante,
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P sí notificó a la dirección en que se
encuentra el inmueble la decisión de cobrar el consumo no registrado.

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P también acreditó que posteriormente, el 6
de septiembre de 2024, la accionante radicó solicitud pidiendo por una parte,
«conceda los recursos de ley y se inaplique el artículo 154 de la ley 142 de 1994»; y por la
otra, «revoque el proceso de cobro de energía dejadas de facturar y lo reinicie nuevamente
facturar según lo establecido por las sentencias T-270 DEL 2004 Y SU-1010 DEL 2008, y
anule el cobro de la energía DE 2024 expedida dejadas de facturar por valor de $ 3.350.260
del 20 DE MARZO en la factura No 6527039256, dándomela a conocer el dia 30 DE AGOSTO,
porque FUERON HOY ASUSPENDERME EL SERVCICIO DE, de forma unilateral,
VIOLANDO EL ARTICULO 154 DE LA LEY 142 DE 1994 por este cobro ilegal por lo que la
empresa debe de demostrar con prueba que me notifico el acto administrativo por medio de
la cual me impone el cobro de la energia dejada de facturar» (sic para toda la cita).

Dicha petición fue contestada por Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P mediante
Oficio Nro. 202471204026 de 16 de septiembre de 2024, en la cual le
respondió a la accionante que no proceden las reclamaciones por facturas de
hace más de 5 meses y le indicó que contra esa comunicación no procedía
ningún recurso:
«Al validar en nuestro sistema de gestión comercial, es conveniente indicar de conformidad
con lo establecido en el artículo 154 inciso Tres de la Ley 142 de 1994 que establece "en
ningún caso procederán reclamaciones contra facturas de más de cinco meses (5) de haber
sido expedidas por las Empresas de servicios públicos", por lo cual no entraremos a estudiar
el periodo en reclamo.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición. Esperamos con lo anterior haber
atendido de la mejor manera su petición.
Finalmente, le informamos que contra la presente comunicación no proceden recursos por
tratarse de un acto de carácter informativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

Tal respuesta fue notificada a la accionante mediante correo electrónico de 17
de septiembre de 2024, tal como se observa de la siguiente imagen:

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Demandante: Tatiana Yanes Vargas

4.2. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que la accionante no agotó
oportunamente los recursos de la actuación administrativa dispuestos en la ley
para controvertir la decisión de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, mediante
la cual esta última dispuso el cobro de un consumo no registrado pendiente
por facturar. Lo anterior pese a que dicha sociedad acreditó que sí notificó la
decisión a la dirección donde está ubicado el predio.

Debe considerarse que el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 establece que
«El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación
debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la
decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco
(5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos».

De manera que la accionante tenía el deber de presentar el recurso de
reposición en dicho término. Sin embargo, en el caso objeto de estudio la
accionante no acreditó haber interpuesto el referido recurso, bajo el argumento
de que jamás fue notificada de la decisión de la empresa de servicios públicos.
No obstante, al margen de tal argumentación, se reitera que Caribemar de la
Costa S.A.S E.S.P sí acreditó haber notificado la decisión en disputa.

En todo caso, de haber hecho uso oportuno de tales mecanismos
administrativos, la accionante pudo haber acudido a los medios de control
dispuestos en la Ley 1437 de 2011, para controvertir los actos proferidos en la
citada actuación administrativa, en el evento de resultarle lesivos a sus
intereses.

Por lo expuesto, frente a las pretensiones consistentes en que se le ordene a
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. conceder el recurso de apelación y que
se inaplique el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 que consagra el término
para la interposición del recurso de reposición, la Sala declarará la
improcedencia de la acción.

4.3. De otra parte, no se encuentra que vulneración alguna frente al derecho de
petición, en tanto que Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. acreditó que dio
respuesta a la solicitud de 6 de septiembre de 2024 y que notificó su decisión,
como se acreditó previamente. Adicionalmente, la accionante no comprobó
haber radicado alguna solicitud relacionada con el objeto de esta tutela ante la
Presidencia de la República.

Por lo tanto, se negarán las pretensiones relacionadas con que se dé
respuesta de fondo a la solicitud interpuesta, en tanto que en se acreditó que
dicha empresa de servicios públicos respondió la solicitud, previamente a la
radicación de la tutela objeto de estudio.

5. Conclusión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela, en lo que respecta a que se conceda el recurso
de apelación.

Y por otra parte, se negarán las pretensiones relacionadas con el amparo al derecho
de petición, en tanto que en se acreditó que Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.
respondió la solicitud de 6 de septiembre de 2024 y notificó debidamente la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06869-00
Demandante: Tatiana Yanes Vargas

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Tatiana
Yanes Vargas, en lo que respecta a las pretensiones consistentes en que se
conceda el recurso de apelación, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2. Negar las pretensiones relacionadas con el amparo al derecho de petición, por
los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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