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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06872-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06872-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Se declara improcedente la acción de tutela, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Instar a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. para que ejecute las obras tendientes al cambio de algunas redes de alcantarillado en el barrio El Topacio de Ibagué, conforme al cronograma que presentó en el informe de tutela. Tercero: Si esta sentencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06872-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06872-00

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06872-00
Accionantes: El señor Educardo Espinosa Palacios en calidad de personero
municipal de Ibagué y en favor de los señores José Higinio
Moncaleano y María Inés Roa de Moncaleano
Accionado: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P.

Temas: Acción de tutela por presunta transgresión de los derechos
fundamentales a la igualdad, salud, dignidad humana y libertad de
locomoción, debido al vertimiento de aguas negras en el Río Chipalo
en la ciudad de Ibagué.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Educardo Espinosa
Palacios en calidad de personero municipal de Ibagué y en favor de los señores
José Higinio Moncaleano y María Inés Roa de Moncaleano, en contra de la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.

ANTECEDENTES

Los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales a la
salud, a la igualdad, a la locomoción y a la dignidad humana, los cuales considera
vulnerados por la empresa antes citada.

HECHOS

Manifiesta el personero que los señores José Higinio Moncaleano y María Inés
Roa de Moncaleano tienen actualmente 94 y 80 años y residen en la parte
posterior de la manzana 28 B – casa 20 del Barrio Topacio comuna 8 en la ciudad

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de Ibagué.

Señala que los accionantes están siendo perjudicados por los constantes olores
«ofensivos, y la contaminación ambiental que se (sic) está generando un
vertimiento de aguas negras al rio chipalo (sic) que LA EMPRESA IBEGUEREÑA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P viene realizando por
un canal de aguas lluvias que transcurre paralelo a la residencia de los adultos».

Que el personero municipal de Ibagué visitó el barrio Topacio el 9 de diciembre
de 2024 donde los adultos mayores antes mencionados le indicaron que la
Empresa de Alcantarillado realizó un empalme hidrosanitario con el sistema de
drenaje pluvial, lo que genera aromas fuertes y nauseabundos en la zona
contigua al canal de aguas lluvias.

Aduce que los adultos mayores de manera regular procuran salir a caminatas en
las inmediaciones de su vivienda como rutina de salud, pero que dadas las
actuales condiciones se han visto en la penosa obligación de suspender esa
actividad y por ende se han tenido que confinar al interior de su vivienda, situación
que les vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana,
a la libre locomoción y a la salud.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar de
forma inmediata las actuaciones administrativas y presupuestales tendientes a
solucionar los malos olores generados por el vertimiento directo a la fuente
hídrica del río Chipalo, a la altura de la carrera 38 con calle 112 y/o la parte
posterior de la manzana 28 B – casa 20 del barrio Topacio comuna 8 de la ciudad
de Ibagué.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 13 de enero de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación
a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. y al

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municipio de Ibagué.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado- IBAL señaló que el
16 de enero de 2025 realizó visita técnica en el sitio con la finalidad de atender
de forma prioritaria la situación aludida por los tutelantes. Una vez ubicados los
lugares dañados ordenó la confección del presupuesto oficial para ejecutar las
obras correctivas de cambio y reposición de algunas redes.

Conforme a lo anterior, expuso que asume la responsabilidad social por las
afecciones generadas a los accionantes y, debido a ello se compromete a tomar
las medidas correctivas necesarias iniciando las actuaciones administrativas y
contractuales que permitan la ejecución de las obras que ascienden a la suma de
$190.768.336.02 pesos MCTE. Propone un término de 6 meses para acreditar
las obras.

El municipio de Ibagué fue debidamente notificado; sin embargo, decidió
guardar silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A efectos de decidir la presente acción de tutela la Sala abordará los siguientes
temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedibilidad excepcional de
la acción de tutela para la protección del derecho al ambiente sano, III) derecho
a la libre locomoción y IV) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio

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para evitar un perjuicio irremediable.

II) Procedibilidad excepcional de la acción de tutela para la protección del
derecho al ambiente sano

La Corte Constitucional1 en la Sentencia SU 1116 de 2001 estableció 5 criterios
para determinar la procedencia de la acción de tutela, cuando se alega que la
perturbación de un derecho colectivo vulnera o amenaza un derecho
fundamental.

“(…) (i) debe existir una conexidad entre la afectación a los derechos colectivos y
a los derechos fundamentales; (ii) el accionante debe ser la persona cuyos
derechos fundamentales se encuentran afectados; (iii) la vulneración o amenaza a
los derechos fundamentales debe estar demostrada; y, finalmente, (iv) la orden de
amparo debe tutelar los derechos fundamentales invocados y no el derecho
colectivo involucrado, aunque este puede verse protegido como consecuencia de
la orden de tutela. (…)”

Frente al análisis específico del requisito de conexidad la Corte consideró que se
debe exigir el cumplimiento de las siguientes condiciones:

“(…) (i) la perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima facie, desde
una perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o vulneración a un
derecho fundamental –lo que no debe confundirse con el requisito de la prueba de
la real amenaza o violación del derecho fundamental–; y (iii) la existencia de un
nexo entre las dos afectaciones que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su
proximidad causal directa y no mediada por otros factores externos. El análisis del
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad formal se hace a título preliminar.
Por consiguiente, cuando se analiza el fondo de la situación, sus conclusiones
pueden ser desvirtuadas o confirmadas. (…)”

III) Derecho a la libre locomoción

El artículo 24 de la Constitución Política establece la garantía constitucional de la
libertad de locomoción. La Corte Constitucional señaló que «la libertad de
locomoción puede verse afectada de manera directa, como cuando alguien
impone alguna restricción de acceso a las vías2 o al espacio público3, o de

1 Corte Constitucional, T 250 de 2023
2 Corte Constitucional. Sentencias T-423-93 MP: Vladimiro Naranjo Mesa; T-823-99 MP: Eduardo Cifuentes

Muñoz y T-117-03 MP: Clara Inés Vargas Hernández.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-288-95 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-364-99 MP: Alejandro

Martínez Caballero; SU-601A-99 MP : Vladimiro Naranjo Mesa y C-410-01 MP: Álvaro Tafur Gálvis.

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manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la
persona4».

Aunado a lo anterior, la Corte5 estima que el derecho a la libre locomoción es un
presupuesto fundamental para el desarrollo de las personas, en tanto también se
constituye como una garantía para el goce efectivo de otros derechos, por lo que
el no implementar las medidas correspondientes para lograr su efectiva
consecución, haría que este se convirtiera en una barrera para el disfrute real de
los demás postulados consagrados en la Constitución Política en favor de sus
asociados.

La referida Corporación ha estudiado el derecho a la libre locomoción desde dos
perspectivas: 1) como derecho de orden prestacional que exige el empleo de
recursos económicos por parte del Estado o particulares y, 2) como derecho de
carácter programático que exige la creación y puesta en marcha de planes
tendientes a garantizar la efectividad de los derechos con fundamento en los
requerimientos y exigencias de la sociedad.

IV) Caso concreto

En síntesis, el señor personero de Ibagué promovió acción de tutela en favor de
los señores José Higinio Moncaleano y María Inés Roa de Moncaleano, quienes
se han visto afectados por los olores ofensivos y la contaminación ambiental
generada por un vertimiento de aguas negras al río Chipalo, que la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. viene realizando por
un canal de aguas lluvias que transcurre paralelo a la vivienda de los accionantes.

Alega el personero de Ibagué que a los adultos mayores se le transgreden los
derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la dignidad humana y a la
libre locomoción. Frente a este último derecho argumenta que debido a la
contaminación ambiental del canal de aguas lluvias éstos se han visto en la
penosa obligación de suspender la caminata que realizaban en las inmediaciones
de su vivienda.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-066-95 MP: Hernando Herrera Vergara.
5 Corte Constitucional, sentencia T 257 de 2018

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La empresa IBAL en el informe que rindió señaló que realizó visita técnica en el
sitio el 16 de enero de 20256, donde propuso la confección de un plano
topográfico de la red de alcantarillado ubicado en la carrera 3 B y 4 con calle 112
D en el barrio Topacio, a fin de determinar los lugares que se debían intervenir.

Localizados los daños consideran que las obras a ejecutar y el presupuesto es el
siguiente:

“(…) A. Reposición de la red de alcantarillado residual de la Carrera 3 B y 4 con
calle 112 D N. B/topacio de Ibagué, por un valor aproximado de $ 38.941.121,74
B. Reposición de la red de alcantarillado residual de la Carrera 4 entre calles 112
y 113 D.N. B/ Topacio de Ibagué, por un valor aproximado de $ 99.485.747,29
C. Reposición de la red de alcantarillado residual de la Carrera 4 con calle 113
(Diagonal) D.N. B/topacio de Ibagué, por un valor aproximado de $ 11.100.740,99
D. Reposición de la red de alcantarillado residual de la 113 entre 4 y 3 B D.N.
B/topacio de Ibagué, por un valor aproximado de $ 41.240.726,00 (…)”

Adicionalmente, propone que se le otorgue un término de 6 meses para poder
acreditar la ejecución de las obras antes citadas, para lo cual plantea el siguiente
cronograma:

“(…) - ENERO 30 DE 2025. Asignación del recurso en el presupuesto de la entidad.
• FEBRERO Y HASTA MARZO 15 DE 2025. Proceso de contratación y firma del
contrato.
• MARZO 30 DE 2025. Legalización del contrato.
• ABRIL – JUNIO de 2025 Plazo de ejecución de las obras, si no hay ninguna
situación de novedad que implique un mayor tiempo y/o mayor presupuesto.
-JULIO DE 2025. Entrega de obras ejecutadas. (…)”

Al respecto, advierte la Sala que se encuentra probada la vulneración del derecho
colectivo a un medio ambiente sano, con ocasión del empalme hidrosanitario con
el sistema de drenaje pluvial que realizó la Empresa IBAL, situación que generó
el vertimiento de aguas negras al Río de Chipalo que produce olores ofensivos y
contaminación ambiental.

6 Informe técnico sistema integrado de gestión. Índice 9 SAMAI (página 9).

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En esa medida, se cumple la primera condición del criterio de conexidad que
establece la Corte, ya que se encuentra demostrada la perturbación del derecho
colectivo al medio ambiente sano, producida por la afectación a las aguas del Río
Chipalo.

En relación con el segundo presupuesto, que esté demostrada la violación de los
derechos fundamentales invocados, encuentra la Sala que los accionantes
adujeron la vulneración de los derechos a la salud, a la igualdad y a la dignidad
humana, pero no aportaron elementos que permitan establecer la afectación de
esos derechos y su relación con las circunstancias de hecho aducidas. Y ni
siquiera se menciona que los malos olores los afecten dentro de su propiedad, y
en ese sentido se ve afectada su salud y demás derechos relacionados.

En cuanto a la transgresión del derecho a la libre locomoción, evidencia la Sala
que se aportó un certificado de discapacidad7 física del señor Moncaleano, donde
se acredita que el actor tiene problemas de movilidad; no obstante, el escrito de
tutela menciona que el actor «con asistencia» puede desarrollar sus actividades.

En ese orden, considera la Sala que no se establece la conexidad entre la
afectación del derecho individual de locomoción invocado y la afectación
ambiental generada por el canal de aguas lluvias que transcurre paralelo a la
vivienda de los accionantes y, del cual se generan los malos olores, sea la única
ruta de ingreso y salida de la residencia o cualquier otra situación que impida o
limite el acceso o la circulación de los accionantes a otros espacios donde puedan
seguir desarrollando la actividad física acostumbrada.

Así las cosas, resulta improcedente la acción de tutela, dado que, aunque se
evidenció la violación del derecho colectivo al ambiente sano, no se demostró la
afectación concreta y directa de un derecho fundamental. Por lo tanto, el
mecanismo adecuado para abordar esta problemática es la acción popular.

No obstante, se instará a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A. E.S.P. para que continue con el cronograma y ejecute las obras

7 Índice 2 de SAMAI

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tendientes al cambio de algunas redes de alcantarillado en el barrio El Topacio
de Ibagué.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Se declara improcedente la acción de tutela, conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Instar a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL
S.A. E.S.P. para que ejecute las obras tendientes al cambio de algunas redes de
alcantarillado en el barrio El Topacio de Ibagué, conforme al cronograma que
presentó en el informe de tutela.

Tercero: Si esta sentencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC

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