Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06873-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06873-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06873-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06873-00
Accionante: Leonardo Mauricio Bastos Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06873-00
Accionante: Leonardo Mauricio Bastos Martínez
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela por la falta de respuesta a peticiones y con el fin de
obtener la expediención de un nuevo decreto de ascenso al grado
de brigadier general. Incumplimiento del requisito de la
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Leonardo Mauricio Bastos
Martínez en contra de la Presidencia de la República, la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares y el senador José Luis
Pérez.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
2. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Leonardo Mauricio Bastos Martínez promovió demanda en orden a
que se tutelen sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al
buen nombre, a la honra, al trabajo, al debido proceso, «a la buena administración
pública», y de petición y, junto con ellos, los principios de confianza legítima, «así como
la generación de expectativas para ascender al grado superior ante el llamamiento al
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curso de Altos Estudios Militares – CAEM 2024» y la presunción de inocencia. Como
fundamento de lo anterior, solicitó lo siguiente:
«[…] 2. En atención a lo expuesto y con el fin de evitar un daño irremediable, se ordene
a quien corresponda expedir de manera inmediata, un nuevo decreto de ascensos al
grado de Brigadier General en el que me incluya al haber cumplido todos los requisitos
exigidos conforme al Decreto 1790 de 2000.
3. Se ordene al Comandante del Ejército Nacional que rectifique públicamente lo
manifestado el día 14 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Superior de
Guerra, donde en el evento de catedra institucional frente a aproximadamente 700
oficiales de las Fuerzas Militares, manifiesto abierta y públicamente y en mi presencia,
que “los oficiales que se están retirando de la posibilidad de ascensos, es en razón a
“cuestiones económicas, como enriquecimiento ilícito, nexos con grupos armados
ilegales, corrupción”, así como, las declaraciones que realizó en la Revista Semana, de
igual manera garantizando que sea de carácter público, con el fin de resarcir mi buen
nombre, mi honra y el de mi familia […]».
1.2. Los hechos
3. La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
4. En marzo de 2023, se dio apertura al proceso de evaluación para ingresar al Curso
de Altos Estudios Militares (en adelante CAEM-24). El 3 de noviembre de esa
anualidad, mediante la Resolución núm. COGFM núm. 366 del 20 de diciembre de
2023, el actor fue seleccionado para integrar dicho curso.
5. El 9 de enero de 2024, inició el curso en la Escuela Superior de Guerra, en el cual
obtuvo excelentes calificaciones y cumplió con todos los requisitos, incluyendo
evaluaciones psicotécnicas y la entrega de antecedentes financieros.
6. El 7 de octubre de 2024, el general, Luis Emilio Cardozo Santamaría, en compañía
del mayor general, Omar Sepúlveda, le comunicó, de manera verbal, a él y a tres
compañeros más que no serían ascendidos, «sin proporcionar más explicaciones».
Además, se le indicó que debía continuar asistiendo al curso CAEM, al Programa de
Alta Dirección Empresarial (PADE) y a la Maestría en Estrategia y Geopolítica en la
ESDEG, aclarando «que la decisión no era de la Fuerza, sino del Gobierno Nacoonal».
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7. El 16 de igual mes y anualidad, fueron citados a una reunión en la Escuela Superior
de Guerra con el almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas
militares, quien les informa de forma verbal la misma decisión.
8. El 23 de octubre de 2024, en declaraciones en la plataforma X de la cuenta de
revista semana, bajo el título «Se ideologizaron los ascensos militares», el comandante
del Ejército Nacional manifestó: «sé que estos cuestionamientos vienen por el tema de
algunos oficiales que han iniciado curso para General en la Escuela de Guerra, y
durante el curso se retiran. Eso no solamente sucede en el grado de coronel a general,
sino también en los otros grados, precisamente porque cuando se les hace el estudio
a esos oficiales o suboficiales, en ese momento de pronto no tienen un problema, pero
durante el desarrollo del curso les aparece ese problema. Entonces el llamamiento al
curso no obliga el ascenso del oficial o del suboficial y eso hay que tenerlo
absolutamente claro y también es claro para ustedes que la potestad de ascender es
del Gobierno Nacional».
9. El 28 de igual mensualidad y anualidad, recibió una llamada de la Ayudantía General
del Ejército informando que el general, Luis Emilio Cardozo, lo contactaría para
notificarle sobre un traslado a otra unidad, pero esa llamada nunca ocurrió. Al día
siguiente, recibió por correo electrónico un enlace para realizar nuevas pruebas
psicotécnicas, las cuales fueron exitosas. No obstante, fue excluido del decreto de
ascenso y del acto administrativo de traslados.
10. El 5 de noviembre de 2024, remitió un correo electrónico al Ministerio de Defensa,
en el cual solicitó reconsiderar la decisión adoptada por el Gobierno Nacional,
consistente, en no ascenderlo al grado de brigadier general y, en esa medida, requirió
una audiencia con el ministro para ser escuchado y conocer las razones, fundamentos
y pruebas detrás de la decisión de no incluirlo en el decreto de ascenso, a pesar de
haber concluido satisfactoriamente el curso CAEM y no tener procesos jurídicos o
administrativos pendientes. Sin embargo, la entidad precitada no ha contestado su
pedimento.
11. El 14 de noviembre de 2024, en el evento de «Cátedra Institucional», realizado en
la Escuela Superior de Guerra, el comandante del Ejército Nacional mencionó
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públicamente que los oficiales que no ascenderían estaban relacionados con
«cuestiones económicas, enriquecimiento ilícito, nexos con grupos ilegales y
corrupción», lo que vulnera su derecho al buen nombre y honra, por lo que aclaró lo
anterior y el comandante le «reiteró que la decisión sobre su ascenso [correspone al
ministro y a la Presidencia]».
12. El 15 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso
CAEM y de la Maestría en Estrategia y Geopolítica, donde recibió los respectivos
diplomas, cumpliendo asi con los requisitos para ser ascendido al grado de brigadier
general. Al día siguiente recibió una notificación para presentarse al Comando de
Personal del Ejército Nacional, la cual fue aplazada para el 26 de noviembre de igual
año, toda vez que coincidía con la clausura del programa de Alta Dirección
Empresarial.
13. El 25 de noviembre de 2024, al no recibir respuesta sobre su ascenso, presentó
una petición ante la Presidencia de la República, la cual le fue contestada el 2 de
diciembre del mismo año, en el sentido de indicarle que «ni el primer mandatario ni
la Presidencia de la República pueden intervenir en temas como lo expuesto por
usted, teniendo en cuenta la autonomía en los procesos de ingreso, ascenso
(sic) y retiro de las Fuerzas Militares y de Policía de conformidad con lo
establecido en artículo 113 de Constitución Política de Colombia».
14. El 26 de noviembre de 2024, se presentó al Comando de Personal del Ejército
Nacional, donde el subdirector le informó que podía solicitar la baja o, en su lugar,
iniciar el trámite para el llamamiento a calificar servicios.
15. Al día siguiente, tuvo conocimiento de que el Decreto de Ascenso núm. 1393 del
22 de noviembre de 2024, en el cual fue excluido, junto con sus tres compañeros, del
ascenso, fue enviado al Senado de la República.
16. El 2 de diciembre de 2024, solicitó, de forma presencial y por WhatsApp, la
reconsideración de la decisión de no ascenderlo ante el comandante del Ejército
Nacional, con copia al comandante de las Fuerzas Militares, al ministro de defensa, a
la Presidencia de la República y al senador José Luis Pérez, sin que hasta la fecha de
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radicación de la presente acción se le hubiese brindado una respuesta de fondo, pues
solo el Ministerio de Defensa y la Presidencia enviaron comunicaciones por correo
electrónico trasladando la petición al comandante del Ejército Nacional.
17. El 2 de diciembre de 2024, en la primera sesión de ascensos en la Comisión
Segunda del Senado solo fueron escuchados los compañeros incluidos en el Decreto
núm. 1393 del 22 de noviembre de igual año. Al día siguiente, en la segunda sesión,
se aprobó por unanimidad el ascenso de sus compañeros, pero quedó pendiente la
aprobación en la plenaria del Congreso y, ante las inquietudes de varios senadores,
se programó una audiencia con el ministro de defensa para conocer las razones por
las cuales no se permitió el ascenso.
1.3. Fundamentos de derecho
18. El accionante afirmó que cumple todos los requisitos para el ascenso al grado
brigadier general, en las mismas condiciones que sus compañeros incluidos en el
Decreto núm. 1393 del 22 de noviembre de 2024, por lo que el no ser seleccionado sin
justificación alguna constituye una vulneración a su derecho a la igualdad, de ahí que
sea fundamental que se realice un análisis comparativo entre su hoja de vida y la de
los oficiales ascendidos.
19. Indicó que la facultad discrecional de las Fuerzas Militares para tomar decisiones
sobre ascensos no puede utilizarse de manera arbitraria, sino que debe estar motivada
por razones objetivas, basadas en principios de legalidad, eficiencia y transparencia,
de manera que, en su caso, se vulneró el derecho al debido proceso, dado que el
Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares no le han proporcionado ninguna explicación
sobre su exlusión al ascenso, a presar de reunir todas las condiciones, incluyendo un
buen desempeño en el curso de Altos Estudios Militares.
20. Señaló que la negativa al ascenso sin justificación genera especulaciones y afecta
su prestigio y reputación dentro de la institución militar y la sociedad, por lo que se
transgreden sus derechos al buen nombre y honra. Además, expresó que su derecho
a la dignidad humana se ve afectado por las afirmaciones que se realizaron
cuestionando su credibilidad y confianza, a pesar de sus excelentes calificaciones y
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desempeño en el Ejército Nacional y de no tener investigaciones pendientes que
justifiquen su exclusión. Resaltó que la anterior situación ha causado un daño
significativo a su familia, quienes han sido estigmatizados.
21. Indicó que también se vulneró su derecho al trabajo porque no fueron evaluados
adecuadamente sus méritos, idoneidad para el cargo y su extensa trayectora de 32
años de servicio, mientras que factores como las calumnias e injurias de las cuales ha
sido víctima influyeron en la decision, lo que le impidió continuar su desarrollo
profesional y laboral.
22. Afirmó que recurre a la acción de tutela para prevenir un perjuicio irremediable, ya
que el no ser considerado para el ascenso afecta gravamente sus expectativas
laborales y económicas, generando una situación de desigualdad frente a sus
compañeros, cuya situación afecta no solo su status, capacitación y prestaciones, sino
también el bienestar de su familia.
23. Finalmente, alegó la trangresión de su derecho fundamental de petición por la falta
de respuesta de fondo a las solicitudes que elevó el 5 de noviembre, 25 de igual mes
y 2 de diciembre de 2024. Sobre el particular, manifestó que la respuesta brindada por
la Dirección de Personal del Ejército Nacional fue inapropiada, pues se basó en un
caso diferente y no abordó las razones por las cuales no fue promovido al grado de
brigadier general.
1.4. Actuación procesal
24. El 16 de enero de 2025, el despacho sustanciador de la presente decisión inadmitió
la acción de tutela y, en consecuencia, requirió al accionante para que indicara la fecha
exacta en la cual se realizó el discurso emitido por el comandante del Ejército Nacional,
en el marco del evento de la «Cátedra Institucional», acreditando el contenido de lo allí
expresado, a través de video, audios, memorias o declaraciones extrajudiciales, entre
otros.
25. El 23 de igual mes y anualidad, el señor Leonardo Mauricio Bastos Martínez,
mediante memorial de subsanación, atendió el anterior requerimiento.
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26. En consecuencia, el 7 de febrero del mismo año, el despacho ponente (i) admitió
la acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, de la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, y del
senador de la República José Luis Pérez; (ii) requirió a las entidades precitadas para
que informaran si dieron respuesta congruente y de fondo a las peticiones presentadas
por el accionante el 5 de noviembre, el 25 de igual mensualidad y el 2 de diciembre
(todas de 2024); y (iii) no decretó las pruebas solicitadas en el escrito de tutela.
1.5. Contestación de la demanda
27. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, luego de analizados
los hechos de la acción de tutela, afirmó que carece de competencia para pronunciarse
de fondo, comoquiera que la solicitud del 2 de diciembre de 2024, objeto de la supuesta
vulneración fue remitida por competencia el 16 de igual mes y anualidad al general del
Ejército Nacional, a través del Oficio núm. 0124014470402 / MDN-COGFM-JEMCO-
AYCOG. Además, señaló que, mediante el Oficio núm. 0124014470802 / MDN-
COGFM-JEMCO-AYCOG-DIGEG, le informó el trámite anterior al peticionario al
correo electrónico suministrado en la solicitud.
28. Adicionalmente, indicó que el competente para emitir respuesta a las pretensiones
formuladas es el comandante del Ejército Nacional, comoquiera que el accionante es
orgánico de esa fuerza, por lo que sus antecedentes reposan únicamente en la entidad
precitada y no en el Comando General. En consecuencia, solicitó su desvinculación
del presente trámite constitucional, por cuanto el asunto que se discute no se generó
por su acción u omisión.
29. El senador José Luis Pérez Oyuela sostuvo que el 3 de diciembre de 2024
contestó la petición del accionante, en el sentido de informarle que el ordinal 2.° del
artículo 173 de la Constitución Política establece las atribuciones conferidas al Senado
de la República, en relación con los Ascensos de Oficiales Militares y Oficiales de
Insignia de la Fuerza Pública, las cuales recaen sobre la potestad de aprobar e
improbar los ascensos militares que confiere el Gobierno.
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30. En ese sentido, adujo que sería improcedente y estaría fuera de su órbita de
competencia solicitar a las instancias encargadas de los trámites de ascenso
explicaciones sobre esto, ya que como, se vio, la competencia de ese órgano es la de
aprobar e improbar los ascensos, lo cual se refleja con la mayoría de votos de los
senadores.
31. El Ejército Nacional, a través del director de Negocios Generales del
Departamento Jurídico, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que las pretensiones formuladas por el actor no son competencia material
del General Comandante del Ejército Nacional, sino de la Dirección de Personal del
Ejército Nacional (DIPER), entidad que se encarga de administrar, gestionar y manejar
el talento humano del Ejército Nacional, esto es, ausencias laborales, ejecución
presupuestal, historias laborales, junta clasificadora y comité permanente de estudios,
nómina, traslados, alta y bajas, carrera administrativa, ascensos y retiros, entre otros.
32. Por lo anterior, comunicó que el 12 de febrero de 2025, a través del Oficio núm.
2025116003974753, remitió copia del auto admisorio a la entidad precitada. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia y su
desvinculación, por carecer de interés en el proceso.
33. La Presidencia de la República, por medio de la coordinadora del Grupo de
Gerencia de Defensa Judicial, indicó que, luego de revisar el Sistema de Gestión
Documental, evidenció que las peticiones presentadas por la accionante fueron
contestadas el 2 y 10 de diciembre del 2024, a través de los Oficios núm. OFI24-
00235916 / GFPU13150000 y OFI24-00240923 / GFPU 13150000, respectivamente.
Además, expuso que dio traslado de dichas solicitudes al Ejército Nacional el 10 de
diciembre de igual anualidad, mediante el Oficio núm. OFI24-00240939 / GFPU
13150000, por ser la entidad facultada para conocer el tema que discute el actor. Por
lo expuesto, solicitó negar las pretensiones planteadas en la presente acción, con
respecto a esa entidad.
34. La Dirección de Personal del Ejército Nacional señaló que el 9 de diciembre de
2024, mediante el radicado 2024305003388671-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
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JEMGF-DIPER-1.1, otorgó respuesta al requerimiento presentado por el accionante,
la cual fue remitida al correo electrónico suministrado por aquel.
35. Adicionalmente, se opuso a cada una de las pretensiones, toda vez que no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante,
comoquiera que el hecho de que se cumplan todos los requisitos para ser ascendido
no es «camisa de fuerza» para pocederse a ello, ya que en ese grado es el Gobierno
Nacional el que escoge libremente entre los oficiales que reúnen las condiciones
generales y específicas establecidas en la normativa vigente.
36. Asimismo, manifestó que se confunden los derechos adquiridos con las meras
expectativas, toda vez que no se desconocen los grados obtenidos hasta el momento,
la experiencia académica y laboral y los aspectos positivos dentro de la carrera militar.
Agregó que en la institución nada crea el derecho a ser ascendidos obligatoriamente.
37. Igualmente, sostuvo que el tutelante no acreditó alguna situación irregular que
permita inferir que el concepto desfavorable de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional fue utilizado como persecución o abuso de poder, aspectos que
fueron expuestos en la respuesta brindada el 9 de diciembre de 2024.
38. De otra parte, aclaró que en ninguna parte de la publicación realizada el 23 de
octubre de 2024 se menciona al señor Leonardo Mauricio Bastos Martínez y tampoco
se realizan expresiones que vayan dirigidas específicamente a individualizarlo y
ponerlo en evidencia frente a una situación que afecte su buen nombre. Además,
resaltó que, hasta la fecha, no tiene conocimiento que el tutelante haya adelantado las
acciones pertinentes para salvaguardar su buen nombre y honra.
39. Asimismo, aseguró que no es posible expedir de manera inmediata un nuevo
decreto de ascenso al grado de coronel, pues los actos administrativos que se expidan
dentro de la administración se presumen legales mientras no hayan sido anulados por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en el evento en que fueran
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta que se resuelva definitivamente sobre su
legalidad, de manera que el Decreto 1393 del 22 de noviembre de 2024 se encuentra
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en firme y goza de presunción de legalidad hasta que no sea anulado por la autoridad
judicial competente.
40. En ese sentido, precisó que las controversias suscitadas entre la administración y
los administrados deben solucionarse por medio de los recursos ordinarios que el
legislador tiene previstos para tal fin, de ahí que la acción de la referencia no resulta
suficiente para restablecer el derecho invocado, toda vez que la inconformidad del
accionante es frente a la «no procedencia de sus pretensiones frente a su No ascenso
y no realmente frente a la respuesta suministrada». Además, indicó que el accionante
no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
del juez de tutela para proteger los derechos presuntamente vulnerados. En esos
términos, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
41. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala determinar (i) si la Presidencia de la República, la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares,
y el senador de la República José Luis Pérez vulneraron el derecho de petición por no
brindar respuesta de fondo a las solicitudes formuladas por la parte accionante; (ii) si
el peticionario dispone de otro medio de defensa judicial para cuestionar la negativa
del ascenso al grado de brigadier general, y (iii) si el accionante solicitó la rectificación
de las afirmaciones realizadas por el comandante del Ejército Nacional.
2.3. Caso concreto
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2.3.1. Requisito general de subsidiariedad
43. La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
44. Por ello el numeral 1.° del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 establece como
causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
45. La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 ha reiterado que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo y eficaz para
proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
46. También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de
defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. Si no se cumple con estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. Análisis de la procendencia de la acción de tutela
47. El señor Leonardo Mauricio Bastos Martínez interpuso acción de tutela, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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igualdad, al buen nombre, a la honra, al trabajo, al debido proceso y, junto con ellos,
el principio de confianza legítima, los cuales estimó vulnerados por la Presidencia de
la República, la Nación, Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, el Comando
General de las Fuerzas Militares y el senador de la República José Luis Pérez.
48. Para soportar lo anterior, afirmó que cumple con todos los requisitos para el
ascenso al grado de brigadier general, en igualdad de condiciones que sus
compañeros incluidos en el Decreto 1393 del 22 de noviembre de 2024. Además,
aseguró que la facultad discrecional de las Fuerzas Militares no debe utilizarse de
manera arbitraria, pues, en su caso, no recibió ninguna explicación o justificación, a
pesar de reunir todas las condiciones exigidas en la ley, incluido un buen desempeño
en el curso de Altos Estudios Militares y la ausencia de procesos jurídicos o
administrativos en su contra.
49. Pues bien, como el accionante pretende cuestionar la negativa de su ascenso al
grado de brigadier general, la Subsección considera que aquel dispone de otro medio
de defensa judicial idóneo para ello, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el
cual puede solicitarse la anulación de los actos administrativos que estime ilegales y
la restitución de sus derechos, en este caso, la expedición de un nuevo de decreto en
el que sea incluido entre los oficiales para ascender al grado mencionado, tal y como
lo pretende en este mecanismo.
50. En consecuencia, se colige que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues la parte accionante no agotó el medio de defensa judicial
definido en la ley como idóneo para ventilar la controversia expuesta en esta sede
constitucional.
51. Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter residual,
únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos previstos por el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos invocados, por lo que no le es
dable al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular,
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pues ello implicaría desconocer las competencias que le fueron atribuidas al juez
natural de la causa.
52. Ahora, se advierte que el accionante pidió amparar sus derechos al buen nombre
y a la honra y, como consecuencia, que el comandante del Ejército Nacional rectifique
publicamente las declaraciones que presuntamente realizó el 14 de noviembre de 2024
en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, en la «Cátedra Institucional»,
en las cuales «de manera abierta y públicamente manifestó que los oficiales que se
están retirando de la posibilidad de ascensos, es en razón a “cuestiones económicas,
como enriquecimiento ilícito, nexos con grupos armados ilegales, corrupción”» y,
adicionalmente, las afimarciones hechas el 23 de octubre de 2024, a través de la red
social denominada «X» en la cuenta de la Revista Semana.
53. Sin embargo, el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, estableció
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela la solicitud de rectificación
previa. Textualmente, expuso lo siguiente:
«[…] Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este
caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y
de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la mismo […]».
54. La rectificación «ha sido definida como la garantía de que la información
transgresora sea corregida o aclarada» según la jurisprudencia constitucional2, esta
debe solicitarse antes de acudir al mecanismo de amparo y constituye un requisito
previo para que procedan las acciones destinadas a corregir la información difundida
públicamente.
55. Bajo ese contexto, las opiniones de los servidores públicos, debido a que realizan
actividades reguladas y tienen un compromiso social, deben ser más cuidadosas y
respetuosas frente a derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la
intimidad, de ahí que cualquiera exceso en sus declaraciones tenga un control más
estricto.
2 Ver, entre otras, las sentencias T-063 del 2024 y T-007 del 2020, proferidas por la Corte Constitucional.
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56. La Corte Constitucional, en constante y pacífica jurisprudencia3, ha considerado
que en los casos en que se exija la rectificación de la información difundida en ejercicio
de la libertad de expresión o información, es necesario solicitar previamente a quien
emitió la declaración su retractación, es decir, que debe agotarse un requisito previo
al momento de encausar la acción de amparo.
57. En ese sentido, al revisar los elementos probatorio aportados al proceso, la Sala
no observa que el accionante hubiese agotado el mecanismo de rectificación ante el
comandante del Ejército Nacional, antes de interponer la acción de la referencia, por
lo que no se encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad.
58. Adicionalmente, la Subsección no encuentra acreditada la configuración de un
perjuicio irremediable, en la medida en que no se constatan los presupuestos de
inminencia, gravedad y urgencia, y menos el carácter impostergable, pues si bien es
cierto que el peticionario menciona una afectación a su bienestar y al de su famiilia, no
se explica con suficiencia y tampoco se allega prueba alguna sobre cómo esa
afectación es de tal magnitud que causaría un daño irreversible. Adicionalmente, se
resalta que al actor tampoco expone las razones por las cuales no agotó los
instrumentos que tiene a su alcance para proteger los derechos que estima
conculcados.
59. Por tanto, se declarará improcedente la acción de la referencia, con respecto a las
pretensiones formuladas por el accionante.
2.3.3. Derecho de petición
60. El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.
3 T-004 de 2022.
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61. La Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento4, reiteró la caracterización
del derecho de petición y afirmó que su condición de derecho fundamental implica una
garantía que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la
administración. Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Social Democrático de
Derecho.
62. En ese sentido, la garantía ius fundamental precitada tiene dos componentes
esenciales: i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y,
como correlativo a ello, y ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz,
oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo
esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la
existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.
63. Asimismo, el legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de
2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, (CPACA), la que en el artículo 14 señaló como término
general para resolver las peticiones el de quince (15) días siguientes a su recepción y
sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que
deben ser resueltas dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, y ii) las
peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo, que deben decidirse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción. De igual modo, en el artículo 215 dispuso que, cuando exista falta de
competencia para resolver la petición deberá informarse de inmediato al interesado si
este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito.
2.3.4. Análisis de las peticiones presentadas por la parte accionante
4 Sentencia T-230 de 2020
5
Artículo 21. Funcionario sin Competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
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64. El señor Leonardo Mauricio Bastos Martínez solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual consideró vulnerado por la falta de respuesta a las
solicitudes que elevó el 5 de noviembre, el 25 de igual mes y el 2 de diciembre de la
misma anualidad.
65. Pues bien, de un análisis minucioso de los elementos probatorios que reposan en
el expediente, la Sala observa que el 5 de noviembre de 2024 el accionante presentó,
a través de correo electrónico, una petición ante el Ministerio de Defensa, en los
siguientes términos:
«[…] Me permito dirigirme a usted en mi calidad de oficial alumno del Curso de Altos
Estudiantes Militares – CAEM 2024, con el fin de solicitar una audiencia de 20 minutos.
El objetivo de esta solicitud es exponer una situación específica, en razón a que el
pasado 7 de octubre del presente año, fui notificado por el señor General (sic) Luis Emilio
Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, de mi No ascenso al grado de
Brigadier General (sic) por decisión del Gobierno Nacional. Esto ocurrió a pesar de haber
cumplido con todos los requisitos académicos e institucionales exigidos.
Me gustaría tener la oportunidad de ser escuchado, ya que desconozco la razón
específica detrás de esta decisión. Si lo considera pertinente, estaría disponible para
presentar argumentos e información que podrían llevar a su despacho a reconsiderar
esta decisión, la cual afecta no solo mi carrera sino también a mi familia […]».
66. Adicionalmente, se observa que el 25 de noviembre de 2024 el actor formuló ante
el presidente de la República la siguiente petición:
«[…] Me permito dirigirme a usted en mi calidad oficial alumno del Curso de Altos
Estudios Militares - CAEM 2024, con el fin de solicitar una audiencia de 15 minutos. El
objetivo de esta solicitud es exponer una situación específica, en razón a que el pasado
7 de octubre del presente año, fui notificado por el señor General (sic) Luis Emilio
Cardozo Santamaría, Comandante (sic) del Ejército Nacional, de mi No ascenso al
grado de Brigadier General por decisión del Gobierno Nacional. Esto ocurrió a
pesar de haber sido seleccionado hace más de un año cumpliendo todo el proceso de
evaluación de la Fuerza y la selección del cuerpo de Generales del Ejército, asimismo,
haber cumplido el presente año con todos los requisitos académicos e institucionales
exigidos del Curso de Altos Estudios Militares – CAEM […]».
67. Sin embargo, se denota que el 2 de diciembre de 2024, la entidad precitada,
mediante el Oficio núm. OFI24-00235916 / GFPU 13150000, indicó que
«infortunadamente por compromisos en su agenda previamente adquiridos no podrá
atenderlo, por lo que [agradecía su] comprensión». Asimismo, aclaró que «ni el Primer
Mandatario, ni la Presidencia de la República pueden intervenir en temas como el
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expuesto por usted, teniendo en cuenta la autonomía en los procesos de ingreso,
asenso y retiro de las Fuerzas Militares y de Policía, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 113 de la Constitución Política».
68. Ahora, se avizora que el 2 de diciembre de 2024, el accionante solicitó al
comandante del Ejército Nacional, con copia a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al senador
José Luis Pérez, presidente de la Comisión Segunda, lo siguiente:
«[…] Respetuosamente, me dirijo a mi General (sic) Cardozo comandante del Ejército
Nacional, con el propósito de que tenga a bien analizar y solicitar la reconsideración de
la decisión informada verbalmente el pasado 7 de octubre de no otorgarme el ascenso
al grado de Brigadier General, por decisión del Gobierno Nacional.
A continuación, con profundo respeto institucional, a mis comandantes y al Gobierno
Nacional, expongo las razones por las cuales solicito está (sic) reconsideración:
Con honor he servido a mi glorioso Ejército Nacional y a mi Patria, durante los últimos
32 años, y en tal condición fui convocado mediante Resolución núm. 366 del 20 de
diciembre de 2023, para hacer el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM), requisito
para el ascenso de Coronel (sic) a Brigadier General (sic). Con buen éxito y notas
culminé este curso, así como la Maestría en Estrategia y Geopolítica, y el Programa de
Alta Dirección Empresarial (PADE) en Inalde Business School, como parte del mimo. De
la misma manera, he cumplido con las visitas geoestratégicas nacionales e
internacionales a satisfacción, y durante el presente año no he sido objeto de ningún tipo
de investigación de carácter penal, disciplinaria, fiscal o administrativa.
Recientemente, fue expedido el Decreto No. 1393 del 22 de noviembre del 2024, en el
cual se relacionan los señores coroneles, mis compañeros de curso CAEM, que pasarán
a ser evaluados por la Comisión Segunda del Senado, en el cual no se registra mi
nombre. A la fecha, no se me ha comunicado una razón o argumento de fondo que
motive está (sic) decisión, con algún impacto disciplinario, administrativo, fiscal o penal,
que haya surgido durante el año del curso CAEM y que haya cambiado la decisión de
haber sido considerado inicialmente hace un año por el mismo Gobierno nacional para
hacer el curso CAEM, a la de ahora de no ser considerado para ascender al grado de
Brigadier General […]».
69. Pues bien, frente a la petición presentada a la Presidencia de la República, se
observa que el 10 de diciembre de 2024, mediante el radicado OFI24-00240923 /
GFPU 13150000, contestó lo siguiente:
«[…] De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese
orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y
vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte
y canalizar los temas como los que usted menciona en su comunicación
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Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ", modificado por la Ley
1755 de 2015, se ha dado traslado a su comunicación al Ejército Nacional de Colombia,
entidad legalmente facultada, para conocer del tema expuesto por usted en su misiva,
y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes
[…]».
70. En ese sentido, se denota que el pedimento elevado por el actor fue remitido al
Ejército Nacional de Colombia, a través del Oficio OFI24-00240939 / GFPU 13150000.
71. Analizado lo anterior, la Sala concluye que la Presidencia de la República no
transgredió el derecho fundamental de petición del señor Leonardo Mauricio Bastos
Martínez, comoquiera que, frente a la solicitud formulada el 25 de noviembre de 2024,
emitió respuesta de manera clara y precisa, en la que explicó las razones por las cuales
no podía atender lo solicitado, debido a los compromisos previamente adquiridos en
su agenda, y, en cuanto a la petición relacionada con la reconsideración de la decisión
de no ascenso al grado de brigadier, esta fue remitida por competencia al Ejército
Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, lo cual fue
comunicado a la dirección electrónica que el accionante suministró en su escrito
petitorio.
72. Respecto al Comando de las Fuerzas Militares, se aprecia que el 16 de diciembre
de 2024, esa entidad remitió el requerimiento propuesto por el accionante al Ejército
Nacional, por razones de competencia. Asimismo, se observa que en la misma fecha
el peticionario fue notificado sobre dicha actuación.
73. En ese sentido, para la Sala no se vulneró la garantía esencial aquí estudiada,
pues la actuación de la entidad precitada se encuentra plenamente justificada en el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el cual establece que cuando una autoridad recibe
una petición y no es competente para dar respuesta, tiene la obligación de remitirla a
la entidad que tiene la facultad para pronunciarse sobre el asunto.
74. En lo que concierne al Ejército Nacional, se advierte que el 9 de diciembre de 2024,
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el director de personal, mediante el radicado 2024305003388671, resolvió la petición
del actor, en el sentido de negar la reconsideración de la decisión de no ascenderlo al
grado de brigadier. Para tal efecto, en síntesis, argumentó que las condiciones de
idoneidad y buen desempeño durante su tiempo en la Institución no otorgan
automáticamente un fuero de estabilidad, ni limitan la potestad de ascenso o remoción
que la ley concede a los nominadores.
75. Explicó que, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, se creó un
régimen especial de carrera para las Fuerzas Militares y que, a partir de este, el
legislador ordinario y extraordinario ha emitido varias disposiciones legales para
regular el ingreso, ascenso y retiro de los miembros de la Institución Armada, todo
dentro del marco constitucional, considerando la naturaleza de los cuerpos armados
permanentes y sus finalidades constitucionales las cuales se encuentran directamente
relacionadas con la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana.
76. Asimismo, precisó que el hecho de haber cursado los Altos Estudios Militares no
garantiza el ascenso, ya que este proceso depende de múltiples factores, como las
necesidades de la Fuerza y la situación del país. Indicó que las decisiones son
adoptadas por el Gobierno Nacional no son el resultado de un procedimiento arbitrario,
sino que esta se fundamenta en la evaluación realizada por quien preside la sesión de
la Junta Asesora, la cual tiene la potestad de aceptar o no la recomendacipon que
realiza el comandante del Ejército Nacional.
77. Aseguró que no es posible, por razones organizacionales, administrativas y
operacionales, que todos los que asistieron al Curso de Altos Estudios Militares lleguen
a la cúspide, en atención a la estructura piramidal de las Fuerzas Militares, de manera
que existen otros requisitos que permiten al Gobierno Nacional discernir, dentro de los
mejores, quienes son los más indicados para afrontar los desafios que impone la
Constitución Política a la Fuerza Pública.
78. Finalmente, señaló que la decisión del Gobierno ya se encuentra reflejada en el
decreto de ascenso correspondiente, razón por la cual es la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la que determina la legalidad o no de dicho acto
administrativo.
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79. Bajo estos argumentos, la Sala considera que la respuesta brindada por el Ejército
Nacional fue clara, precisa y oportuna, comoquiera que la entidad expuso de manera
detallada los motivos que soportaron su negativa, precisando que las condiciones de
buen desempeño, idoneidad o el tiempo transcurrido en el grado no otorgan
automáticamente el ascenso, sino que esto depende de una evaluación integral que
toma en cuenta las necesidades de la Fuerza, la situación del país u otro factores
operacionales y administrativos y, además, aclaró que el procedimiento de ascenso
está regulado por la ley y que es el Gobierno Nacional quien goza de la potestad para
otorgarlos a los miembros de las Fuerzas Militares, luego analizar las capacidades y
los requisitos de los candidatos e incluido el concepto de la Junta Asesora.
80. En vista de que el Ejército Nacional proporcionó una contestación de fondo, clara
y congruente, en la que se expusieron los motivos de la decisión, la Sala considera
que no se desconció el núcleo esencial del derecho de petición, el cual exige que los
pedimentos sean atendidos de manera adecuada, sin que ello implique acceder a lo
solicitado.
81. Finalmente, respecto al requerimiento presentado al senador José Luis Pérez, se
observa que el 3 de diciembre de 2024, por medio del Oficio núm. CSE-CS-0654-2024,
el congresista, de manera detallada y dentro del marco legal aplicable, le informó al
accionante que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto núm. 1393 de 2024, en uso
de sus facultades legales y constitucionales, estableció los ascensos que serían
sometidos a la aprobación o improbación del Senado de la República. Asimismo, le
indicó que ese Decreto goza de presunción de legalidad (artículo 88 de la Ley 1437 de
2011) y que, en virtud de ello, esa célula legislativa se encargó de solicitar y verificar
ante las entidades establecidas en el artículo 4.° de la Resolución núm. 079 de la Mesa
Directiva del Senado la documentación de antecedentes de los aspirantes, con el fin
de cumplir lo dispuesto en el citado Decreto.
82. Adicionalmente, le explicó que, según lo previsto en el artículo 66 del Decreto Ley
1790, modificado por el artículo 5.° de la ley 1405 de 2010, el Gobierno Nacional goza
de autonomía y discrecionalidad para escoger libremente los coroneles o capitanes de
navío, que hayan cumplido las condiciones generales y especiales que ordena la ley
para su ascenso a brigadier general, contraalmirante o brigadier general del aire.
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83. En esos términos, para la Sala, la Presidencia de la República, el Ejército Nacional,
el Comando General de las Fuerzas Militares y el senador José Luis Pérez atendieron
las solicitudes elevadas por el accionante conforme a los parámetros que regulan el
derecho de petición. En tal sentido, negará el amparo de la garantía fundamental
mencionado con respecto a las entidades precitadas.
84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
3. F A L L A:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de la
subsidariedad frente a las pretensiones de rectificación y la que controvierte los actos
que negaron el ascenso del actor.
Segundo: Negar la protección del derecho fundamental de petición del actor en
relación con la Presidencia de la República, el Ejército Nacional, el Comando General
de las Fuerzas Militares y el senador José Luis Pérez.
Tercero: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA. A. R. F.
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