Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06879-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06879-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06879-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06879-01
Accionante: Congregación Religiosa Franciscanas de María Inmaculada
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Acción de tutela contra autos proferidos en proceso con acumulación de
pretensiones de nulidad y controversias contractuales, en los que se declaró
la falta de competencia y se resolvieron unos recursos. REVOCA
IMPROCEDENCIA Y NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
La Congregación Religiosa Franciscanas de María Inmaculada Provincia del
Sagrado Corazón de Jesús pretende que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
HECHOS
La congregación religiosa narró que el municipio de Cartago instauró demanda en
la que solicitó la nulidad de:
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i) el Acuerdo 003 Bis del 16 diciembre de 1983, por medio del cual ese ente
territorial ordenó la devolución de un lote de terreno a la Congregación Religiosa
Franciscanas de María Inmaculada Provincia del Sagrado Corazón de Jesús;
ii) de la Escritura Pública 605 dictada el 31 de mayo de 1984 en la Notaría Segunda
de Cartago, mediante la cual el alcalde cumplió el Acuerdo referido y
iii) la Escritura Pública 2.298 del 30 de septiembre de 2008, con la cual la
Comunidad englobó dos lotes de terreno, dentro de los cuales estaba el que fue
devuelto y se dio apertura al Folio de Matrícula 375-77487 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cartago.
Que como consecuencia, solicitó la restitución del lote.
Que el 18 de octubre de 2022 el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago admitió
la demanda y corrió traslado de la solicitud de medidas cautelares presentadas,
decisión contra la cual interpuso recurso de reposición porque consideró que i) no
se cumplió el requisito de la estimación razonada de la cuantía para efectos de
definir la competencia y ii) se escogió indebidamente la acción, pues la que
correspondía era la de nulidad y restablecimiento del derecho o de controversias
contractuales, casos en los que habría operado la caducidad.
Que el 13 de enero de 2023 la autoridad judicial repuso la decisión y, en su lugar,
rechazó la demanda por caducidad, ya que advirtió que la primera pretensión, esto
es, la nulidad del Acuerdo 003 Bis del 19 de diciembre de 1983, conllevaba un
restablecimiento automático, por lo cual el medio adecuado era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, y la segunda y la tercera estaban encaminadas a
controvertir un contrato de cesión, por lo que correspondía el medio de control de
controversias contractuales, estando ambos caducados.
Que la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de ese auto con
base en el argumento de que, si bien el predio era un bien fiscal, por su destinación,
cambió a uno de uso público, por lo cual la demanda podía instaurarse en cualquier
tiempo, de conformidad con el literal b del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011.
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Que el 18 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó el
auto del 13 de enero de 2023 y ordenó al Juzgado admitir la demanda y tramitarla
bajo el medio de control de nulidad.
Que el 25 de mayo de 2023 solicitó la adición del proveído previo, pues no existió
un pronunciamiento sobre las pretensiones de restablecimiento del derecho y
nulidad contractual y acerca de la competencia por razón de la cuantía.
Que el 27 de julio de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adicionó el
auto en el sentido de establecer que la demanda debía tramitarse con pretensiones
acumuladas de nulidad simple y controversias contractuales, y negó en lo demás.
Que el 8 de septiembre de 2023 el Juzgado admitió la demanda y, en auto separado,
corrió traslado de la medida cautelar, por lo cual interpuso recurso de reposición
para solicitar que la demanda se remitiera por competencia al Tribunal en atención
a la cuantía.
Que el 17 de octubre de 2023 el Juzgado repuso la decisión, declaró su falta de
competencia por el factor cuantía y remitió el expediente por competencia a la
corporación judicial referida.
Que el 8 de noviembre de 2023 la magistrada sustanciadora del Tribunal a quien le
correspondió el proceso por reparto declaró su falta de competencia, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, y ordenó la
devolución del expediente al Juzgado.
Que el actor interpuso recurso de reposición en contra del auto y, en subsidio, de
súplica y el 25 de enero de 2024 el Tribunal negó el primero porque estableció que
el medio adecuado para estudiar la legalidad del Acuerdo 003Bis de 1984 era el de
nulidad, y concedió el de súplica.
Que el 15 de noviembre de 2024 la Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral núm. 4
del Tribunal confirmó el auto recurrido porque definió que de llegar a prosperar la
nulidad del Acuerdo demandado no conllevaría el restablecimiento automático del
derecho, por lo que el medio de control viable era el previsto en el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011.
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La accionante considera que en los autos del 8 de noviembre de 2023, 25 de enero
de 2024 y 15 de noviembre de 2024, la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto orgánico porque no podía ordenar que un juez administrativo, sin
competencia, asumiera el conocimiento del proceso y decidiera las pretensiones
frente a las que aquella debía pronunciarse, con lo cual transgredió el derecho del
juez natural; y en un defecto sustantivo, ya que aplicó incorrectamente el artículo
165 de la Ley 1437 de 2011, a pesar de que la norma aplicable era el artículo 141
ejusdem que establece el medio de control de controversias contractuales.
Que el Acuerdo003 Bis de 1983 se profirió con ocasión de la actividad contractual
del municipio de Cartago, pues mediante aquel se autorizó la celebración del
contrato de cesión que se protocolizó con la Escritura Pública 605 de 1984, por lo
cual la pretensión de la nulidad de aquel no puede ser tramitada mediante el medio
de control de nulidad, como se concluyó equivocadamente en los autos
controvertidos, máxime cuando se pidió la restitución del bien inmueble.
Que la interpretación del Tribunal aquí accionado consistente en que existió una
acumulación de pretensiones, en los términos del artículo 165 de la Ley 1437 de
2011, implica una vulneración de sus derechos fundamentales, pues no se tuvo en
cuenta que no se cumplió con la estimación razonada de la cuantía, como se exige
en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, pese a que ese factor era necesario para
determinar la autoridad judicial competente, lo que generó que un juez distinto al
legalmente establecido para asuntos que superen los 500 SMLMV lo conociera.
Que, de todas formas, la cuantía estaba demostrada con los documentos que aportó
al proceso, concretamente, aludió al avalúo catastral que obra en la factura de cobro
del impuesto predial del año 2022, por lo cual según esta, correspondía el
conocimiento del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los
términos del artículo 152 del CPACA.
Que las pretensiones que se formularon fueron dos de nulidad y una económica
para restablecer el derecho que deben tramitarse por el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho o por el de controversias contractuales, por lo cual
no es de recibo que se tramite como una nulidad simple y se omita la verificación
de los presupuestos de competencia.
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PRETENSIONES
La parte accionante solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral núm. 4, dejar sin efectos las providencias
del 8 de noviembre de 2023, 15 de enero de 2024 y 15 de noviembre de 2024, y
asumir la competencia del asunto.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 19 de diciembre de 2024 el magistrado sustanciador de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y vinculó al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Cartago como tercero con interés.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del magistrado ponente
de los autos del 8 de noviembre de 2023 y 25 de enero de 2024 cuestionados,
solicitó desestimar las pretensiones porque no se cumplió el requisito de relevancia
constitucional y no se incurrió en los defectos invocados.
En ese sentido expuso que el accionante no explicó por qué la discusión es
trascendental para determinar el contenido y alcance de derechos fundamentales o
para definir la interpretación y aplicación de las normas; que no resulta suficiente
para entender cumplida la exigencia general mencionada la simple enunciación de
esos derechos, con mayor razón cuando los argumentos alegados en la tutela son
iguales a los expuestos en el proceso ordinario, lo que evidencia que está siendo
utilizada como una tercera instancia.
En relación con el fondo del asunto indicó que tenía competencia para proferir los
autos del 8 de noviembre de 2023 y del 25 de enero de 2024, y agregó que en el
auto del 15 de noviembre de 2024 la Sala de Decisión a la que pertenece el ponente,
sin su participación, decidió el recurso de súplica interpuesto contra el auto del 8 de
noviembre de 2023, quien también tenía competencia para ello.
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Con base en lo anterior mencionó que el supuesto defecto orgánico sería eventual
y solo se configuraría respecto de las providencias que emitiera el Juzgado
posteriormente, por lo cual en estricto sentido la cuestión debe limitarse a un posible
defecto sustantivo, el que tampoco se estructura.
Que la aplicación del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 en las providencias
judiciales no fue más que la consecuencia lógica de la determinación a la que se
llegó en el auto del 27 de julio de 2023, por lo cual no resulta procedente que la
actora cuestione ahora esa situación.
Añadió que aun si se estimara procedente la acción frente a ese aspecto, lo cierto
es que esa norma sí era aplicable para determinar la autoridad competente porque
se estaba en presencia de una acumulación de pretensiones de nulidad simple y de
controversias contractuales.
Que resultaba improcedente la aplicación del artículo 141 del CPACA, como lo
pretendió la actora, pues el artículo 1 del Acuerdo 003 Bis del 16 de diciembre de
1983 no es un acto administrativo contractual ni fue expedido con ocasión de la
actividad contractual del municipio, entendida como la actuación adelantada en un
proceso de selección de contratistas, y, en todo caso, el medio de control idóneo
sería el de nulidad porque en el inciso final del artículo 137 del CPACA se prevé que
es procedente cuando se trate de recuperar bienes de uso público, como ocurre en
el caso.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago guardó silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 6 de febrero de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción porque consideró que no se cumplió el requisito de
relevancia constitucional, en la medida que la tutela no constituye una tercera
instancia para reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que su finalidad es
verificar si se vulneraron los derechos fundamentales.
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Que la afectación de esos derechos planteada por la parte actora tiene su origen en
un debate estrictamente legal, el cual ya fue expuesto en el proceso cuestionado y
decidido por el juez natural de la causa, por lo que un pronunciamiento adicional por
parte del juez constitucional implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizar esta acción.
Concluyó que la supuesta vulneración alegada no se evidenciaba en el caso, en la
medida que el proceso se adelantó ante el juez competente, con respeto de las
formas propias del proceso y del derecho a presentar y controvertir las pruebas
allegadas.
Agregó que no concurrió una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que ameritara su intervención.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, para lo cual afirmó que se redujo un debate
de alta trascendencia constitucional, como lo es el derecho fundamental a ser
juzgado por un juez natural, a un debate de mera legalidad, con lo cual se contradijo
el precedente pacífico y reiterado de la Corte Constitucional fijado, entre otras, en
las sentencias C-590 de 2005, T-173 de 2013, T-494 de 2014 y T-231 de 2015, en
las que ha determinado que cuando una decisión judicial vulnera el derecho al juez
natural, debido proceso y acceso a la administración de justicia, el asunto es de
suprema relevancia constitucional y amerita la intervención de un juez de tutela.
Que consecuentemente también se omitió considerar que, con los autos discutidos
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contradijo la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la verificación de la cuantía de las pretensiones y el medio
de control procedente cuando se debate la legalidad de un acto de naturaleza
contractual, un acto previo al contrato o un acto que sirvió de fundamento a la
celebración de este.
Señaló que el hecho de que la distribución de competencias corresponda a reglas
jurídicas de rango legal no implica que el derecho fundamental a ser juzgado por el
juez natural sea un debate de mera legalidad, pues aquel garantiza que determinado
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asunto sea de conocimiento de un juez de determinada categoría dentro de la
estructura de la administración de justicia.
Que con la decisión del Tribunal accionado se modificó la regla sobre competencias
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que se está permitiendo que
una controversia que, por cuantía, correspondería en primera instancia a aquel, sea
conocida por un juzgado, lo que evita que sea el Consejo de Estado, quien, en
segunda instancia, defina el asunto, en su condición de tribunal de cierre.
En ese entendido el debate no es de mera legalidad, pues lo discutido es el hecho
de que la autoridad judicial haya equivocadamente acudido al artículo 165 del
CPACA y no al 141, como era lo adecuado, pues en el medio de control de
controversias contractuales confluían naturalmente las pretensiones de nulidad de
los actos unilaterales proferidos con ocasión de la actividad contractual con la del
contrato de cesión y la consecuente indemnización de perjuicios o restablecimiento
del derecho in natura.
Agregó que con la declaratoria de improcedencia de la tutela no se tuvo en cuenta
que ha acudido a todas las instancias y medios judiciales procedentes, sin que le
quede otro mecanismo diferente para buscar la protección de sus derechos
fundamentales, por lo cual el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho y,
por tanto, no había lugar a examinar la existencia de un perjuicio irremediable o de
una situación de vulnerabilidad.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21 se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
El recurrente impugnó la sentencia de tutela, para lo cual afirmó que la acción
cumple con el requisito de relevancia constitucional e insistió en que en los autos
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del 8 de noviembre de 2023, 25 de enero de 2024 y 15 de noviembre de 2024 el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto orgánico, porque
ordenó que el Juzgado Tercero Administrativo de Cartago asumiera el conocimiento
del asunto, a pesar de que no era competente para ello, y en defecto sustantivo por
aplicar el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, en lugar del 141 de la misma Ley.
A esta Sala corresponde verificar en primer lugar el cumplimiento del requisito
general mencionado, que no se encontró satisfecho en primera instancia, pues solo
de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias generales de procedencia,
habría lugar al estudio de los reparos expuestos.
Esta Subsección considera que el asunto a resolver, contrario a lo definido en la
sentencia recurrida, sí es de marcada importancia constitucional, en la medida en
que se centra en establecer si con la decisión judicial controvertida en esta sede se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la accionante, por la presunta incursión en los defectos
orgánico y sustantivo, sin que se trate de una discusión meramente legal.
También se encuentran superados los demás requisitos generales, pues i) la acción
se presentó con inmediatez; ii) se agotaron todos los mecanismos judiciales; iii) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y iv) no se trata de una sentencia de tutela. Además, no se alegó una
irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis de la exigencia relacionada
con esta.
En relación con los desacuerdos planteados, se denota que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca tenía competencia para proferir los autos
discutidos a través de este mecanismo, como se procede a explicar:
• El proferido el 8 de noviembre de 2023 obedeció a la remisión que, por
competencia, le realizó el 17 de octubre de 2023 el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cartago, por lo cual le correspondía decidir si
asumía el conocimiento del asunto por ser competente para ello o si, como
ocurrió, declaraba su falta de competencia y lo devolvía al despacho de
origen, para que asumiera su estudio, de conformidad con el artículo 139 del
Código General del Proceso.
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• En auto del 25 de enero de 2024 resolvió el recurso de reposición interpuesto
en contra del auto del 8 de noviembre de 2023, por lo cual le correspondía
su resolución, en los términos de los artículos 242 de la Ley 1437 de 2011 y
318 del Código General del Proceso.
• En el proferido el 15 de noviembre de 2024 la Sala Fija Jurisdiccional de
Decisión Oral núm. 4 decidió el recurso de súplica interpuesto por el actor en
contra del proveído del 8 de noviembre de 2023, para lo cual era competente,
de acuerdo con el artículo 246 del CPACA.
Lo anterior conlleva concluir que no se estructuró el defecto orgánico alegado,
puesto que incumbía al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca definir si era
competente para conocer el asunto, y, de no serlo, devolver el expediente al
Juzgado de origen para lo de su cargo, y resolver los recursos de reposición y
súplica interpuestos, como en efecto procedió.
Sobre este aspecto la accionante afirmó que el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartago no era competente para conocer del proceso, por lo cual debe precisarse
que ese argumento no generaría la configuración de un defecto orgánico en las
providencias que aquí se discuten, ya que estas fueron proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que, como se vio, sí tenía
competencia para pronunciarse sobre lo allí definido.
Respecto al defecto sustantivo invocado, esta Subsección no advierte que este se
haya presentado por la aplicación del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, en lugar
del 141 de la misma Ley, pues el análisis de las particularidades del asunto fue el
que llevó al Tribunal aquí accionado, dentro del marco de su autonomía e
independencia, a determinar que la demanda debía tramitarse con pretensiones
acumuladas de nulidad simple y controversias contractuales.
En efecto, la autoridad judicial evidenció que i) la pretensión de nulidad del artículo
1 del Acuerdo 003 Bis del 16 de diciembre de 1983 debía estudiarse bajo el medio
de control de nulidad, de conformidad con el numeral 2 del artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, esto es, por tratarse de la recuperación de bienes de uso público,
con independencia de que se pretendiera su restitución y ii) la pretensión de nulidad
del contrato de cesión contenido en la Escritura Pública 942 de 1984 debía ser
examinada a través del medio de control de controversias contractuales.
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Lo expuesto implicaba una acumulación de pretensiones, que a su vez conllevaba
que la demanda fuera conocida por el juez de la nulidad, en los términos del ordinal
1 del artículo 165 del CPACA, que prevé que «cuando se acumulen pretensiones
de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez
de nulidad».
En ese orden de ideas, la conclusión a la que llegó la autoridad judicial no se
observa contraria al ordenamiento jurídico, en la medida que aquella no desconoció
que la pretensión atinente a la nulidad de la Escritura Pública 942 de 1984 debía
analizarse a través del medio de control de controversias contractuales, como lo
pretende la actora, sino que al existir también una pretensión de nulidad de un acto
administrativo con la que se buscaba la restitución de un bien de uso público, de
acuerdo con el artículo 165 del CPACA, el juez competente era el de la nulidad, sin
que fuera necesaria, entonces, la determinación de la cuantía.
La actora también discute que el Acuerdo 003 Bis de 1983 se profirió con ocasión
de la actividad contractual del municipio de Cartago, por lo que no podía analizarse
en el medio de control de nulidad, pero ese argumento fue resuelto por la autoridad
judicial, quien consideró que el acuerdo es la forma en que el concejo adopta
decisiones a su cargo y la naturaleza jurídica de este era el de un acto
administrativo, en la medida que a través de este el Concejo Municipal autorizó al
alcalde para la celebración del negocio jurídico de cesión de derechos que tenía el
municipio sobre el inmueble.
La conclusión anterior no fue discutida con base en algún argumento que diera lugar
a la configuración de un defecto sustantivo, sino en la interpretación del actor sobre
la naturaleza del Acuerdo, por lo cual la definición pretendida escapa de la órbita
del juez constitucional.
En ese sentido tampoco se observa la configuración de un defecto sustantivo, por
lo cual se revocará la sentencia del 6 de febrero de 2025, que declaró improcedente
la acción y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 6 de febrero de 2025, mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción. En su
lugar,
Segundo. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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