Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06886-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06886-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06886-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de febrero de 2025
Radicación:11001-03-15-000-2024-06886-00
Demandante: Mauro Alejandro Rojas Solano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06886-00
Demandante: MAURO ALEJANDRO ROJAS SOLANO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Solicitud de expedición de acto
administrativo por medio del cual se reconoce el cumplimiento de una
práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título de
abogado. Derecho fundamental de petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Mauro Alejandro Rojas Solano1, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El demandante mencionó que el 12 de marzo de 2018, se posesionó en el cargo
de judicante ad honorem en el centro de conciliación de la Casa de Justicia de
Ibagué, el cual ejerció hasta el 11 de octubre de 2018.
Refirió que el 16 de agosto de 2024, mediante solicitud remitida por correo
electrónico a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, pidió que se expidiera el acto administrativo de reconocimiento de la
práctica jurídica como requisito alternativo para optar por el título de abogado,
para lo cual aportó copia de la documentación correspondiente.
Señaló que el 28 de agosto de 2024, reiteró la solicitud y pidió impartir celeridad al
trámite administrativo, debido a que se encontraba habilitada la inscripción de los
aspirantes a los grados de octubre y para postularse requería la resolución por
medio de la cual se resolvía lo concerniente a la judicatura.
Sostuvo que a la fecha de presentación de la acción de tutela no cuenta con
respuesta por parte de la autoridad administrativa, lo que contraria lo establecido
en el artículo 15 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010, en el que se indica que
el plazo para expedir el acto administrativo de reconocimiento es de diez días
hábiles, contados a partir de la solicitud.
1 Presentada el 16 de diciembre de 2024.
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Demandante: Mauro Alejandro Rojas Solano
Por último, aludió que la próxima ceremonia de graduación que realizará la
Universidad Cooperativa de Colombia será el 14 de febrero de 2025, por lo que
requiere el acto administrativo solicitado, so pena de tener que esperar un año
para obtener el título de abogado, y agregó que necesita urgente la tarjeta
profesional ya que se encuentra desempleado.
2. Fundamentos de la acción
El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado con la falta de
respuesta a la solicitud presentada el 16 de agosto de 2024, por medio de la cual
pidió la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la práctica jurídica
como requisito para optar por el título de abogado.
Se refirió a los artículos 13, 23 y 86 de la Constitución Política, a la Ley Estatutaria
1755 de 2015 y al artículo 15 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010 y mencionó
las sentencias T-347 de 2011 y T-149 de 2013 de la Corte Constitucional, en
relación con la protección al derecho fundamental de petición.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“1. Que se ampare mi derecho fundamental de petición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS emitir la respectiva
resolución que dé respuesta al trámite iniciado ante la entidad y que no ha sido resuelto
de manera oportuna. Esto es:
• Resolución de certificado de judicatura que dé respuesta a la petición impetrada el 16
de agosto de 2024 y para la cual tenía DIEZ (10) DÍAS HÁBILES PARA RESPONDER.
Y que la misma se envíe al correo electrónico aportado en la solicitud de
reconocimiento de práctica jurídica”.
4. Trámite procesal
Por auto del 13 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad administrativa accionada -Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia-. Así mismo, negó la medida provisional solicitada, luego de exponer
que no encontró acreditada la necesidad, gravedad y urgencia para su adopción.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 2038 a
2041 del 16 de enero de 2024, con el fin de poner en conocimiento de las partes y
terceros el contenido de la providencia2.
5. Oposición
Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
El director de la Unidad rindió informe en el que solicitó negar el amparo, luego de
referir que el 29 de agosto de 2024 se remitió a la dirección electrónica informada
por el accionante, la Resolución No. 8932 del 28 de agosto de 2024, por medio de
2 Índice SAMAI 8.
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la cual se reconoció la práctica jurídica prevista como requisito para optar por el
título de abogado.
Hizo un relato normativo sobre los requisitos para optar por el título de abogado
concernientes a la elaboración de la monografía o la realización de la judicatura y
señaló que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura expedir el
certificado que acredite la práctica jurídica cuando se demuestre el cumplimiento
de los requisitos establecidos para ello.
En relación con el caso del demandante informó que el 6 de agosto de 2024 fue
requerido con el fin de que aportara el formulario de múltiples trámites, el cual fue
allegado el 9 del mismo mes y año. Agregó que, con posterioridad, se requirió
para que aclarara las fechas contenidas en la resolución de nombramiento y
posesión expedidas por la Casa de Justicia de Ibagué.
Expuso que luego de verificar los documentos allegados, el 28 de agosto de 2024
expidió la Resolución No. 8932 por medio de la que se reconoció el cumplimiento
de la práctica jurídica, la cual fue enviada al día siguiente a la dirección electrónica
informada por el demandante, sin que después se hubiese presentado alguna
solicitud en la que manifestara su inconformidad con la decisión o pidiera la
notificación surtida en el trámite.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró al
demandante el derecho fundamental de petición, con la falta de respuesta a la
solicitud presentada el 16 de agosto de 2024, por medio de la cual pidió la
expedición del acto administrativo de reconocimiento de la práctica jurídica como
requisito para optar por el título de abogado.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela, porque se
demostró que la autoridad administrativa dio respuesta a la solicitud presentada, la
cual fue proferida y notificada dentro de la oportunidad correspondiente.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
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oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”3. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
3 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20114.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El señor Mauro Alejandro Rojas Solano, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en defensa del derecho
fundamental de petición que considera vulnerado con la falta de respuesta a la
solicitud presentada el 16 de agosto de 2024, a través de la cual pidió la
expedición del acto administrativo de reconocimiento de la práctica de la judicatura
establecida para optar por el título de abogado.
De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, se encuentra
que, el 16 de agosto de 2024, el accionante elevó solicitud ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en la que pidió que se
expidiera la certificación de la práctica jurídica, para lo cual manifestó remitir la
documentación requerida. Como lo ha precisado esta Sala5, esa solicitud implica
el ejercicio del derecho fundamental de petición, en tanto de conformidad con el
artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 –Ley Estatutaria del derecho de petición–, “toda
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición (…), sin que sea necesario invocarlo”.
El 28 de agosto de 2024, mediante correo electrónico, el actor reiteró la solicitud
de expedición del acto administrativo y pidió que se impartiera celeridad al trámite
debido a que contaba con el término de cinco (5) días para inscribirse en la
ceremonia de grados fijada para octubre de esa anualidad por la Universidad
Cooperativa de Colombia.
Mediante correo electrónico remitido el 29 de agosto de 2024 a la dirección
indicada por el accionante -maurorojas792009@hotmail.com6-, la referida Unidad
procedió a notificar la Resolución No. 8932 del 28 del mismo mes y año, en la que
resolvió lo siguiente:
“ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo
para optar al título de Abogado a MAURO ALEJANDRO ROJAS SOLANO, quién se
identifica con cédula de ciudadanía No. (…), y acredita que egresó de la
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE IBAGUÉ.
ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución al interesado de conformidad con los
artículos 54 y 56 de la Ley 1437 del 2011, modificado por los artículos 9 y 10 de la Ley
2080 de 2021.
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición”.
4.2. Bajo ese contexto, la Sala evidencia que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia no vulneró el derecho fundamental de petición
del demandante, toda vez que se demostró que la solicitud fue atendida a los ocho
(8) días hábiles de haber sido presentada. Sumado a que la autoridad
administrativa procedió a expedir el acto administrativo por el que reconoció la
4 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-
04110-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
6 Dirección electrónica informada en el formulario único de múltiples trámites.
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Demandante: Mauro Alejandro Rojas Solano
práctica jurídica para optar por el título de abogado y a notificarlo a la dirección
electrónica informada por el accionante, que coincide con la mencionada en el
escrito de tutela.
En ese sentido, la Sala considera que no le asiste razón al accionante cuando
afirma que la autoridad accionada vulneró el derecho fundamental de petición,
puesto que, contrario a lo afirmado, se logró evidenciar que se otorgó una
respuesta acorde con lo solicitado y dentro de la oportunidad correspondiente.
Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela incoada
por el señor Mauro Alejandro Rojas Solano, quien actúa en nombre propio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Mauro Alejandro Rojas Solano, quien actúa en nombre propio, por las razones
aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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