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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06894-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06894-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Margoth Lasso de Herrera, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06894-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-00
Demandante: Margoth Lasso de Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06894-00
Demandante MARGOTH LASSO DE HERRERA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Defectos fáctico, por
desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución Política. Pensión gracia. Docente nacional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Margoth Lasso de Herrera, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de diciembre de 20241, la señora Margoth Lasso de Herrera interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la seguridad social. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, Expediente No. 52001-23-33-000-2019-00432-01 (N.I.: 5249-2022) LA
SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar al revocar la sentencia del 01 de
diciembre de 2021 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño y negar las pretensiones
de la demanda encaminada al reconocimiento de mi pensión gracia, vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el debido proceso judicial, el
régimen especial de la pensión gracia, el acceso de la administración de justicia, los derechos
adquiridos con justo título y demás que considere la Honorable Corporación.
SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 06 de junio de 2024, notificado el
08 de julio de 2024, con radicación No. 52001-23-33-000-2019-00432-01 (N.I.: 5249-2022)
carece de efectos legales.
TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que considere prudente
el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada profiera nueva sentencia evaluando
de manera integral las pruebas documentales que obran en el expediente, especialmente lo
relacionado con la correcta interpretación de la intervención del Delegado del Ministerio de
Educación Nacional o Delegado del Fondo Educativo Regional (FER) en mis actos
administrativos de nombramiento, mismo que debe estar acorde a la Sentencia Unificada de
SUJ-11 –S2 junio 21 de 2018 emitida por el Consejo de Estado y la Sentencia Unificada SU-
014 de enero 22 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, donde se puede inferir que mi
tipo de vinculación corresponde al tipo TERRITORIAL.
CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal Corporativo considere
necesarias para restablecer los derechos fundamentales vulnerados con el fallo de segundo
grado, objeto de la controversia constitucional».

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Escrito de tutela radicado por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2.
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Demandante: Margoth Lasso de Herrera

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora Margoth Lasso de Herrera nació el 6 de febrero de 1953. Se vinculó
al servicio docente mediante las siguientes designaciones y por los tiempos
que se mencionan a continuación:

• Mediante Resoluciones 404 del 4 de septiembre de 1975 y 356 del 16 de
septiembre de 1977 en calidad de alfabetizadora departamental, desde 12 de
septiembre de 1975 al 30 de junio de 1977 y, del 16 de septiembre de 1977 al 30
de junio de 1978.
• Mediante Decreto 088 del 3 de enero de 1987 como docente territorial en
interinidad, desde el 13 de enero al 9 de marzo de 1987.
• Mediante Resolución 349 del 22 de diciembre de 1992 como docente de hora
cátedra, desde el 22 de diciembre de 1992 hasta el 1º de diciembre de 1993
• Mediante el Decreto 1057 del 1º de diciembre de 1993, como profesora municipal,
desde el 16 de noviembre de 1993 hasta el 10 de diciembre de 2018.

2.2. El 4 de febrero de 2019 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2.3. Mediante la Resolución RDP 014631 del 13 de mayo de 2019, la UGPP negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la accionante, decisión que
recurrió en apelación y que fue confirmada mediante la Resolución RDP
020697 del 15 de julio de 2019.

2.4. Por lo anterior, la señora Margoth Lasso de Herrera en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos por los que se negó la pensión gracia solicitada y, en
consecuencia, pidió se reconociera y ordenara pagar dicha prestación a su
favor.

2.5. Correspondió conocer en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Nariño el asunto identificado con el Nro. 52001-23-33-000-2019-00432-00 que,
en sentencia del 1º de diciembre de 2021, accedió a las pretensiones de la
demanda.

Del análisis de las pruebas aportadas al expediente, advirtió que conforme con
el certificado laboral y los actos de nombramiento, se podía concluir que los
actos de nombramiento efectuados a la actora habían sido suscritos por la
autoridad territorial, de manera que en dichos nombramientos no había
intervenido la Nación ni sus representantes ministeriales que sugirieran un
nombramiento de orden nacional, así como tampoco en los nombramientos
hechos en su momento tanto en interinidad como por hora cátedra.

Del nombramiento efectuado a partir del 6 de octubre de1993, sostuvo que si
bien en el certificado de historia laboral de la docente figuraba como
vinculación nacional, de acuerdo con la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, la autoridad judicial debía ceñirse a lo señalado en los
actos administrativos de nombramiento y posesión para definir el tipo de
vinculación del docente y no en las constancias de tiempo laboral emitidas por
las secretarías de educación, de modo que, para el caso, los actos daban
cuenta que el nombramiento había sido efectuado por el alcalde del municipio

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de Pasto, razón por la que ese tiempo debía ser computado para el
reconocimiento de la pensión gracia de la actora.

En cuanto al monto, sostuvo que sería con el 75% del promedio de los factores
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es,
el comprendido entre el 18 de enero de 2009 y el 18 de enero de 2010.

2.6. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada, ante el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en sentencia del 6 de junio de
2024 (notificada por correo electrónico el 8 de julio de 2024), revocó la decisión del
tribunal y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Encontró que el gobernador de Nariño había aclarado unos actos
administrativos, en el sentido de indicar que no había existido solución de
continuidad al no corresponder a nuevos nombramientos sino a ratificaciones
en el cargo de alfabetizadora y sostuvo que, en la parte considerativa se señaló
que el nombramiento sin solución de continuidad de la actora se había hecho
por delegación del Ministerio de Educación, razón por la que dicha vinculación
era del orden nacional.

En ese sentido, dijo que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente,
no se acreditó otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que,
no era acreedora del reconocimiento de la pensión gracia, al no acreditar todos
los requisitos para el reconocimiento de esta prestación.

3. Fundamentos de la acción

La accionante consideró que la providencia del 6 de junio de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho «expediente 52001-23-33-000-2019-00432-00/01»,
incurrió en los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente jurisprudencial
y por violación directa de la Constitución Política. Las razones fueron las siguientes:

3.1. Defecto fáctico. Indicó que se incurrió en una valoración errónea de los actos
administrativos de vinculación, pues que en ellos se evidenciaba la vinculación
en establecimientos del orden distrital y, dijo que así mismo los nombramientos
habían sido suscritos por los secretarios de educación del municipio de Pasto.

De la vinculación hecha mediante la Resolución 404 del 4 de septiembre de
1975, dijo que había sido suscrita por el Secretario de Educación - Delegado
del Ministerio de Educación y Coordinador Educación Adultos Nariño y que,
posteriormente había sido aclarada, junto con otros actos administrativos,
mediante el Decreto 793 de 2009 en cuya parte considerativa se había
indicado que su nombramiento sin solución de continuidad se realizó en
delegación del Ministerio de Educación.

En relación con esta valoración de tiempo laborado hecha por el Consejo de
Estado, dijo que había sido errada ya que iba en contra de la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado SUJ-11-S2 del 21
de junio de 2018 y a la sentencia de la Corte Constitucional SU-014 del 22 de
enero de 2020, en la que se indicaba que la autoridad judicial debía ceñirse a
lo consagrado en los actos administrativos de nombramiento para definir el tipo
de vinculación del docente y señalaba que no era dable inferir que los docentes
territoriales y/o nacionalizados se convirtieran en educadores nacionales
cuando en el acto de vinculación interviniera además del representante legal
de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional.

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3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. Reiteró que se
desconocieron los precedentes de unificación contenidos en las sentencias de
la Sección Segunda del Consejo de Estado SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018
y de la Corte Constitucional SU-014 del 22 de enero de 2020, en las que dijo,
se indicaban de manera clara dos situaciones:

La primera, que frente a los recursos percibidos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones, SGP y a la intervención del Delegado del
Ministerio de Educación o del Fondo Educativo Regional, FER, se debía
acoger el criterio de unificación del H. Consejo de Estado en sentencia del 21
de junio de 2018, mismo que consideró que, no era dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convirtieran en educadores
nacionales cuando en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora
del respectivo fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia
del cargo junto con la disponibilidad presupuestal y, por el argumento de que
los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la
Nación.

La segunda, que la autoridad judicial debía ceñirse a lo consagrado en los
actos administrativos de nombramiento y posesión para definir el tipo de
vinculación del docente, y no en las constancias de tiempo laboral emitidas por
la Secretaría de Educación. Sostuvo que, en el presente caso, dichos actos
daban cuenta que fue el municipio de Pasto, a través del alcalde, quien la
nombró en un establecimiento educativo territorial, ahora, nacionalizado, razón
por la cual, el tiempo acreditado a partir de esta vinculación debía ser
computado para efecto del reconocimiento de pensión gracia reclamada.

Concluyó que la decisión cuestionada se apartó de la jurisprudencia unificada
por parte del mismo Consejo de Estado y Corte Constitucional en la cual
quedaba demostrado que no era dable inferir que al intervenir el delegado del
Ministerio de Educación Nacional o del Fondo Educativo Regional, FER, la
convirtiera en docente nacional, sino por el contrario, le otorgaba el derecho a
su pensión gracia como docente territorial y/o nacionalizada.

3.3. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Fundamentado
en que la decisión cuestionada al negarle la pensión gracia, iba en contra no
solo del artículo 48 de la Constitución Política, derecho a la seguridad social y,
del artículo 53 referido a las pensiones legales, sino también al artículo 46 de
la Carta Política en cuanto se menoscababa su derecho como persona de la
tercera edad al superar en la actualidad los 71 años de edad y, advirtió que,
en caso de existir dos interpretaciones debía prevalecer la más favorable para
el trabajador.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 13 de enero de 2025, el despacho ponente admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso vincular
como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, parte
demandada en el proceso ordinario, al Tribunal Administrativo de Nariño,
autoridad judicial de primera instancia, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público quienes actuaron dentro del proceso
ordinario.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se pronunció e
indicó que, en la decisión, luego de analizado el material probatorio obrante en

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el expediente, se concluyó que la vinculación que ostentó la docente antes del
31 de diciembre de 1980 fue del orden nacional, no con ocasión de la
intervención del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional,
sino porque la designación fue efectuada por el secretario de educación
pública con ocasión de la delegación de esa cartera ministerial, lo que permitía
concluir que se trataba de una plaza del orden nacional.

En ese orden de ideas, reiteró que el fallo se emitió con base en las pruebas
allegadas y de conformidad con la línea jurisprudencial reiterada de esta
corporación y que, el solo hecho de que la conclusión de esta autoridad le
fuera desfavorable, en manera alguna vulneraba los derechos fundamentales
invocados por la actora.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, rindió informe en el
que manifestó que la decisión de la autoridad judicial accionada había hecho
tránsito a cosa juzgada y se había emitido conforme al ordenamiento jurídico.

Indicó también que se trataba de un aspecto meramente económico y que, en
sede administrativa se había negado el derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia a la actora por contar con tiempos de servicio nacionales que
impedían hacerse acreedora a tal beneficio prestacional.

Finalmente, estimó que la tutela no podía ser tenida como una instancia
adicional y que, lo que se advertía en la demanda de tutela era el descontento
con la decisión emitida por el juez ordinario.

4.4. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de
Estado, presentó informe en el que indicó que en el caso no se cumplía con
el requisito de la relevancia constitucional en la medida que se trataba de un
aspecto de orden meramente económico al estar en discusión un tema
relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión gracia de la actora.

Del fondo del asunto, indicó que no estaba estructurado el defecto fáctico, que
se habían analizado los actos administrativos y que se evidenciaba una
vinculación nacional que impedía que la accionante pudiera tener derecho a la
pensión gracia, como lo había indicado la sentencia cuestionada.

4.5. El Tribunal Administrativo de Nariño, rindió informe en el que, citó apartes
de la sentencia emitida en primera instancia y advirtió que la decisión se
adoptó teniendo en cuenta el precedente unificado del Consejo de Estado y
que, no se vulneró derecho alguno en cabeza de la actora.

4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunció en
esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 2017, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
3.1. Lo primero que encuentra necesario la Sala precisar es que, si bien la
accionante manifestó en los fundamentos de la acción que se estructuraban
los defectos fáctico, por violación directa de la Constitución Política y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, revisados los argumentos
propuestos, solo hay lugar a estudiar este último.
Lo anterior obedece a que, de un lado, en relación con el defecto por violación
directa de la Constitución Política, no existe un análisis que permita evidenciar
que la decisión de cierre hubiese incurrido en un yerro tal que desconociera
de manera flagrante la Carta Política, lo que se hace es la enunciación de los
derechos fundamentales que a juicio de la actora se vulneran con la decisión,
de manera general, por lo que no se hará un estudio de este defecto.
De otra parte, en relación con el presunto defecto fáctico advierte la Sala que,
el punto de disenso va dirigido al desconocimiento del precedente
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jurisprudencial por parte de la autoridad judicial en relación con el criterio que
debe adoptarse cuando en los actos administrativos de nombramiento
respectivo interviene alguna representación del Ministerio de Educación, que
no puede equivaler en su criterio a que, por ese solo hecho se trate de un
nombramiento que tenga el carácter de nacional, de manera que, más allá de
una valoración errada de las pruebas, concretamente de los actos de
nombramiento como docente, de lo que se trata es de la interpretación
justamente a los actos en los que existe esa representación de la Nación, por
lo que se abordará como se dijo, desde el defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
3.2. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar si conforme con el escrito
de tutela y los antecedentes del caso, al proferir la sentencia del 6 de junio de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho «expediente 52001-23-33-000-
2019-00432-00/01», se incurrió en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
4. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial

El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y
seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y,
consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y
jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que
tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada,
tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente
(vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea
contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que
el juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de lo
contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por la
jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical, que
proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada jurisdicción,
como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo funcionario o
autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en los principios de
igualdad y seguridad jurídica.

5. Análisis del caso concreto

5.1. En el caso puesto a consideración de la Sala, se advierte que la sentencia del
6 de junio de 2024 proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación, se encargó de anunciar el beneficio de la pensión gracia para los
docentes que cumplieran con unos requisitos específicos y, anunció apartes
de sentencias que consideró aplicables al caso concreto, concretamente, las
Sentencias de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018, radicación Nro. 25000-23-42-000-2013-
04683-01 y sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación Nro. 15001-23-33-
000-2016-00278-01 en la que se citó la sentencia de la Corte Constitucional
SU-014 de 2020. Además, se anunciaron apartes de la sentencia C-489 de
2000 de la Corte Constitucional.
Al momento de resolver el caso concreto, verificado el material probatorio,
encontró lo siguiente:

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Demandante: Margoth Lasso de Herrera

«En este sentido, la Sala procederá a verificar si Margoth Lasso de Herrera acreditó una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito en el párrafo anterior. Al
respecto, en el expediente se encuentra acreditado que fue vinculada como profesora de
alfabetización mediante la Resolución 404 del 4 de septiembre de 1975, el 9 de septiembre
fue trasladada al Centro “Bienestar Social”, a través de las resoluciones 408 de 1975, 209 del
3 de septiembre de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977, fue nombrada en igual calidad
en el Centro “Fetrane” de Pasto (Nariño) y en el Centro “Bienestar Social” de Pasto (Nariño).

No obstante, el gobernador de Nariño mediante el Decreto 793 de 2009 aclaró las
resoluciones 408 del 9 de septiembre de 1975, 209 de 1976 y 356 del 16 de septiembre de
1977, en el sentido de indicar que entre ellas no existió solución de continuidad, puesto que
no correspondieron a nuevos nombramientos, sino a ratificaciones en el cargo de
alfabetizadora. En la parte considerativa señaló que el nombramiento sin solución de
continuidad de la demandante se realizó por delegación del Ministerio de Educación.

En relación con esa vinculación, se advierte que fue del orden nacional, por cuanto la
designación se efectuó por delegación del Ministerio de Educación Nacional como consta en
el acto de aclaración y en las firmas de varias de las resoluciones antes mencionadas. En
suma, en consideración a la naturaleza de la plaza en la que fue designada la docente,
contrario a lo concluido por el a quo, no es posible computar ese tiempo de servicios, por
cuanto, pese a que el acto fue expedido por el secretario de educación pública del
departamento de Nariño, este dependía de la cartera ministerial, de acuerdo con las normas
expuestas.

Lo anterior, en línea con lo reiterado por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia
de unificación, según la cual «[e]n cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico
que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los
docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa condición
no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial».

Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que no se acreditó
otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que, concluye esta Subsección
que Margoth Lasso de Herrera no es acreedora del reconocimiento de la pensión gracia, por
cuanto no acreditó todos los requisitos para el reconocimiento de esta prestación. Por lo
expuesto se revocará la sentencia proferida el 1° de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Nariño, y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda».

5.2. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que el precedente de unificación
en relación con los tiempos y tipo de vinculación que deben tenerse en cuenta
para atender al reconocimiento de la pensión gracia no se desconocieron,
pues atendiendo a las reglas establecidas en la postura unificada de la
Corporación, se llegó a la conclusión que, existiendo un nombramiento o
designación hecha por delegación del Ministerio de Educación, pese a
evidenciarse que unos actos de nombramiento hubieran sido expedidas por el
Secretario de Educación del departamento de Nariño, este dependía de la
cartera ministerial.
Dentro de las pruebas que fueron relacionadas en la sentencia, se advierte la
certificación de historia laboral de la Secretaría de Educación de Pasto en la
que se indicó que había prestado sus servicios como docente nacional,
insumo probatorio que fue tenido en cuenta por la autoridad judicial accionada.
Se relacionó en el fallo de la siguiente manera:
«Según el certificado de historia laboral, expedido el 10 de diciembre de 2018 por la Secretaría
de Educación de Pasto, la demandante prestó sus servicios como docente del nivel básica
secundaria con vinculación nacional, cuya fuente de financiación -recursos- fue el Sistema
General de Participaciones».

Ahora bien, la decisión de unificación que considera la actora ha sido
desconocida, esto es, la sentencia SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018,
mencionó lo relacionado con la prueba de calidad de docente territorial,
aspecto que es el que concretamente se discute por la actora y que fue
precisamente el que se tuvo en cuenta en la decisión cuestionada. Se dijo en
la sentencia de unificación:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-00
Demandante: Margoth Lasso de Herrera

“VI) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se. pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial”.

En relación con la regla relacionada con la participación del Ministerio de
Educación como representante del FER, es un aspecto que atiende a la
destinación de los recursos que se tenían en los respectivos entes territoriales
y que podrían tener una inferencia en la calidad del nombramiento del docente,
sin embargo, no se advierte en la decisión cuestionada que este origen de los
recursos hubiera sido objeto de la discusión y, tampoco se argumentó en la
demanda de tutela algún aspecto que justificara la accionante en relación con
los recursos que llevaran a una conclusión distinta y, lo que puede leerse en
la decisión que se cuestiona, es la relación de una prueba, concretamente la
certificación de la historia laboral de la actora en la que, como se anotó,
menciona que la fuente de financiación de unos nombramientos que se le
hicieron, provinieron del sistema general de participaciones.

En este sentido, la Sala no advierte un desconocimiento del precedente, pues
se evidencia la verificación del tipo de vinculación de la actora, que como se
dijo, encontró una designación proveniente de un delegado del sector central,
en concreto, del Ministerio de Educación, razón por la que se estimó que no
podría tenerse como un docente territorial a la accionante.

5.3. En lo que tiene que ver con la sentencia SU-014 de 2020, no se advierte mayor
fundamentación por parte de la actora en relación con este precedente, lo que
menciona es que este afianza el criterio de la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de manera que, resta decir a la Sala
que la Corte Constitucional lo que hizo en esta decisión, entre otras,
fundamentaciones, fue explicar que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la
Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical
y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las
Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de
secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el
31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley» , entendimiento que,
vista la sentencia cuestionada, no ofreció motivo de discusión por la parte
actora y, las demás consideraciones, precisamente parten es de la sentencia
de unificación de la Sección Segunda, razón por la que la Sala considera que
no hay lugar a pronunciamiento adicional al respecto de dicho precedente.

5.4. Finalmente, tratándose de una acción de tutela contra providencias judiciales
de altas Corporaciones, el análisis se torna más exigente y la procedibilidad
de este mecanismo judicial es aún más restrictiva, pues se trata, en este caso,
del tribunal de cierre en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en
esa línea se robustece el elemento de especialidad del juez respecto de la
causa que conoce y los principios de independencia y autonomía.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda
de tutela, al no estructurarse el defecto por desconocimiento del precedente en los
términos propuestos por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-00
Demandante: Margoth Lasso de Herrera

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Margoth
Lasso de Herrera, por las razones expuestas en la motivación precedente.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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