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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06894-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06894-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo reclamado por la señora Margoth Lasso de Herrera. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06894-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-01
Demandante: Margoth Lasso de Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06894-01
Demandante: MARGOTH LASSO DE HERRERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES /
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Aplicación sentencia de unificación SUJ-11-
S2 del 21 de junio de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado – Pensión
gracia - se debe acreditar vinculación de carácter territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 27 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 16 de diciembre de 20241, la señora Margoth Lasso de Herrera, en nombre
propio, interpuso demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social,
con ocasión de la expedición de la sentencia del 6 de junio de 2024, mediante la
cual se revocó el fallo del 1º de diciembre de 2021, emitido por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió al reconocimiento de la pensión gracia, y en
su lugar, negó la prestación. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción
textual):

PRIMERA.- DECLARAR que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Expediente No. 52001-23-33-000-2019-00432-
01 (N.I.: 5249-2022) LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

1 Se advierte que el 2 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01
Demandante: Margoth Lasso de Herrera

HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. Juan Enrique
Bedoya Escobar al revocar la sentencia del 01 de diciembre de 2021 emitida
por el Tribunal Administrativo de Nariño y negar las pretensiones de la
demanda encaminada al reconocimiento de mi pensión gracia, vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia, el
debido proceso judicial, el régimen especial de la pensión gracia, el acceso
de la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título y
demás que considere la Honorable Corporación.

SEGUNDA. - Declarar que el fallo de segunda instancia del 06 de junio de
2024, notificado el 08 de julio de 2024, con radicación No. 52001-23-33-000-
2019-00432-01 (N.I.: 5249-2022) carece de efectos legales.

TERCERA- En consecuencia, ordenar para que dentro de los términos que
considere prudente el señor Juez Constitucional, la Corporación accionada
profiera nueva sentencia evaluando de manera integral las pruebas
documentales que obran en el expediente, especialmente lo relacionado con
la correcta interpretación de la intervención del Delegado del Ministerio de
Educación Nacional o Delegado del Fondo Educativo Regional (FER) en mis
actos administrativos de nombramiento, mismo que debe estar acorde a la
Sentencia Unificada de SUJ-11 –S2 junio 21 de 2018 emitida por el Consejo
de Estado y la Sentencia Unificada SU014 de enero 22 de 2020 proferida por
la Corte Constitucional, donde se puede inferir que mi tipo de vinculación
corresponde al tipo TERRITORIAL.

CUARTA. - Las declaraciones y ordenes que el Honorable Tribunal
Corporativo considere necesarias para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados con el fallo de segundo grado, objeto de la
controversia constitucional.

2. Como fundamentos fácticos, la señora Margoth Lasso de Herrera señaló que:

3. Laboró al servicio de la educación oficial, en el nivel territorial y/o nacionalizado,
por más de 20 años y el 6 de febrero de 2003 alcanzó los 50 años de edad, razón
por la cual presentó petición ante la UGPP para el reconocimiento de la pensión
gracia. No obstante, mediante las Resoluciones RDP 014631 del 13 de mayo de
2019 y 020697 del 15 de julio de 2019 se denegó la prestación.

4. Por lo anterior, interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos referidos y el
consecuente reconocimiento de la pensión gracia.

5. Mediante sentencia del 1º de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Nariño profirió sentencia favorable a las pretensiones, que posteriormente fue
revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con fallo del
6 de junio de 20242 (providencia censurada), en el que se consideró que el servicio
prestado por la accionante durante los años 1975 a 1977 (antes del 31 de diciembre
de 1980) fue como docente del nivel nacional.

6. La señora Lasso de Herrera sostiene que la autoridad accionada incurrió en los
siguientes defectos:

7. Fáctico. El Tribunal valoró erróneamente la Resolución 404 del 4 de septiembre
de 1975, por la cual se nombró a la actora como profesora de Educación de Adultos
en el Centro «Fetrana» del municipio de Pasto, toda vez que indicó que la

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Notificado el 8 de julio de 2024.

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Demandante: Margoth Lasso de Herrera

vinculación fue de orden nacional, porque el nombramiento se efectuó «por
delegación del Ministerio de Educación», cuando lo cierto es que el acto
administrativo que se aportó completo al proceso, únicamente está suscrito por el
Secretario de Educación Pública de Pasto y, por ende, con ello se acredita la
vinculación territorial de la docente.

8. Lo mismo sucede con la Resolución 408 de 9 de septiembre de 1975, por la cual
se trasladó a la actora como profesora al Centro «Bienestar Social» del municipio
de Pasto, toda vez que se suscribió por el secretario de Educación – delegado del
Ministerio de Educación y por el coordinador de Educación Adultos Nariño, y por lo
tanto, a su juicio, la documental da cuenta de la vinculación territorial de la
educadora.

9. Esto, teniendo en cuenta que conforme con la línea jurisprudencial sentada por
el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de
2018, por el solo hecho de que en el acto de vinculación intervenga el delegado
permanente del Ministerio de Educación, no es factible inferir que el docente
pertenece al nivel nacional.

10. Por las mismas razones, alega que la autoridad accionada erró al valorar las
Resoluciones 209 de 3 de septiembre de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977,
por las cuales se vinculó a la actora como profesora al Centro «Bienestar Social»
del municipio de Pasto, que también fue suscrito por el secretario de Educación –
delegado del Ministerio de Educación y coordinador de Educación Adultos Nariño.

11. Desconocimiento del precedente. Afirmó que la Sala accionada no aplicó la
sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, que, entre las reglas de unificación,
dispuso: «(…) no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último,
certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación».

12. Igualmente, sostuvo que la providencia cuestionada se apartó de la sentencia
de unificación SU-014 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, en la que se
afianzó el criterio fijado por el Consejo de Estado en la SUJ-11-S2 de 21 de junio
de 2018.

13. Violación directa de la Constitución. Sostuvo que la sentencia objeto de
reproche, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
contradice lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Carta Superior, y que
menoscaba sus garantías como persona de la tercera edad (71 años).

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto del 13 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y dispuso que se notificara al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, como parte demandada. Como terceros con interés, se
vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, al Ministerio Público, y al Tribunal Administrativo de Nariño.

15. El magistrado ponente de la providencia censurada solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto, que se niegue el amparo
solicitado, dado que con la sentencia enjuiciada no se vulneró derecho fundamental
alguno.

16. Concretamente señaló que la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación concluyó que la vinculación que ostentó la docente antes del 31 de
diciembre de 1980 fue del orden nacional, no con ocasión de la intervención del
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional, sino porque la
designación fue efectuada por el secretario de Educación Pública en razón a la
delegación de esa cartera ministerial.

17. En cuanto al defecto fáctico, adujo que en la sentencia se consideró el Decreto
793 de 2009, por el cual se aclaró que las Resoluciones 408 de 1975, 209 de 1976
y 356 de 1977 hacen referencia a la ratificación del cargo ocupado por la actora
como docente de alfabetización, vinculación que se efectuó mediante un acto
expedido por la Secretaría de Educación en ejercicio de las funciones delegadas
por el Ministerio de Educación Nacional, y por lo tanto, el nombramiento es del orden
nacional.

18. Frente al desconocimiento del precedente invocado, reiteró que en la sentencia
se concluyó que la vinculación de la docente en virtud de esos actos administrativos
fue del nivel nacional, «no con ocasión de la intervención del delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional, sino porque la designación fue efectuada por
el secretario de educación pública con ocasión de la delegación de esa cartera
ministerial, lo que permite concluir que se trataba de una plaza del orden nacional».

19. El magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, ponente de la
sentencia de primera instancia proferida el 1º de diciembre de 2021, sostuvo que la
providencia se profirió siguiendo los precedentes de unificación fijados por el
Consejo de Estado y, por consiguiente, no se vulneró derecho fundamental alguno.

20. La UGPP sostuvo que la tutela es improcedente porque se utiliza como tercera
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que siendo
el mecanismo ordinario procedente ya se ejerció, sin que se avizore violación de
las garantías fundamentales invocadas.

21. Aunado a ello, señaló que no se cumplen las exigencias de relevancia
constitucional y subsidiariedad, ni se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable.

22. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de
Estado señaló que la acción de tutela no es procedente para reclamar prestaciones
periódicas, y que su uso para ventilar esta clase de controversias la desnaturalizan.

23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

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C. Fallo impugnado

24. En sentencia del 27 de febrero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado por la señora Margoth Lasso de Herrera.

25. Señaló que no había lugar a estudiar el cargo de violación directa de la
Constitución porque no se realizó una exposición del yerro invocado que permitiera
el análisis de fondo.

26. En cuanto al defecto fáctico, adujo que se cimentó en el desconocimiento de la
línea jurisprudencial sentada en la sentencia de unificación invocada, razón por la
cual únicamente realizó el estudio de fondo en lo que atañe al cargo de
desconocimiento del precedente.

27. Luego de revisar los argumentos invocados en la providencia censurada, señaló
que no desconocieron las reglas de unificación señaladas por esta Corporación en
las sentencias SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 y 2016-00278-01 del 11 de agosto
de 2022, sino que, por el contrario, se aplicaron, de manera que la autoridad
accionada llegó a la conclusión de que el nombramiento realizado por delegación
del Ministerio de Educación Nacional, dependía de la cartera ministerial y, por ende,
originó una vinculación de carácter nacional.

28. Adicionalmente, de los medios de prueba analizados se destacó que en la
historia laboral de la accionante se indica que prestó sus servicios como docente
del nivel básica secundaria con vinculación nacional.

29. Resaltó que la regla jurisprudencial invocada por la parte actora se aplica
cuando se encuentran en discusión los recursos con los cuales se sufragaban los
gastos de funcionamiento de las plantas de personal de docentes, asunto que no
se controvierte en el caso particular.

D. Impugnación

30. La parte actora dentro del término legal impugnó la decisión, y reiteró los
argumentos esgrimidos para fundamentar el defecto fáctico alegado, insistiendo en
que se estudie, toda vez que el a quo no abordó su análisis.

31. En cuanto al desconocimiento del precedente, afirmó que se presentó porque
la autoridad accionada utilizó incorrectamente una expresión, dado que en la
sentencia censurada hizo alusión a la «delegación», cuando en los actos
administrativos de nombramiento y posesión de la docente se hace referencia a
«delegado».

32. En su concepto, el desconocimiento de la sentencia SUJ-SII-11-2018 obedece
a que se ignoró la regla según la cual no es dable inferir que los docentes
territoriales se convierten en nacionales cuando en el acto de vinculación interviene
el delegado permanente del MEN como miembro de la junta asesora del FER
(Fondo Educativo Regional).

33. Todo lo anterior para reiterar que los nombramientos efectuados mediante las
Resoluciones 408 de 1975, 209 de 1976 y 356 de 1977 originaron una vinculación

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territorial para la docente y no nacional, como erradamente lo consideró la
providencia objeto de reproche.

34. Se refirió nuevamente al defecto de violación directa de la Constitución, esta
vez ampliando los argumentos inicialmente señalados en la demanda.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la sentencia
del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

37. Para tal efecto, partiendo de los argumentos esgrimidos en la impugnación, la
Sala examinará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados
y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

G. Análisis de la Sala

38. Frente al vicio de la violación a la Constitución invocado por la parte actora, la
Sala concuerda con lo dicho por el a quo, dado que los argumentos expuestos por
el libelista para cimentar el defecto no cuentan con la carga argumentativa necesaria
para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

39. No bastaba, pues, con citar las disposiciones de orden superior que se
consideraran desconocidas, sino que era indispensable que el actor expusiera con
claridad en qué consiste el supuesto yerro, a fin de que el juez de tutela pueda
examinar de fondo del asunto.

40. Ahora bien, es cierto que en la impugnación la parte actora amplió los
argumentos esgrimidos en la demanda original para cimentar los supuestos
defectos alegados; sin embargo, la Sala advierte que ese mecanismo no puede
utilizarse para mejorar los cargos inicialmente planteados y, por ende, mal haría en
emitir pronunciamiento de fondo al respecto, porque ello supondría desconocer las
garantías de defensa y contradicción de la contraparte, cuya intervención se
circunscribió a los defectos y argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

41. Con relación al defecto fáctico, al igual que el a quo, para la Subsección está
estrechamente relacionado con el desconocimiento del precedente alegado, dado
que la parte actora reclama que la interpretación del medio de prueba,
concretamente de los actos administrativos de vinculación (Resoluciones 408 de
1975, 209 de 1976 y 356 de 1977), se efectúe a la luz de la jurisprudencia que
invoca.

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42. En ese orden, la parte demandante considera que, si bien es cierto los actos
fueron suscritos por la autoridad local correspondiente y el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional en el Fondo Educativo Regional (FER),
también lo es que, en contraste con lo señalado por el Consejo de Estado en la
sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, no solamente por ello debe
entenderse que la vinculación fue de orden nacional, toda vez que, según la tesis
que sostiene dicha providencia, debe considerarse que los nombramientos
emanaron de la Secretaría de Educación del ente territorial y, además, que los
recursos destinados para el sostenimiento del nombramiento eran territoriales.

43. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del
6 de junio de 2024, revocó el fallo del 1º de diciembre de 2021, emitido por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió al reconocimiento de la pensión
gracia y, en su lugar, negó la prestación, tras considerar que la señora Lasso de
Herrera no cumple con los requisitos exigidos en la normativa aplicable para
acceder a la pensión.

44. Concretamente, según la tesis de la autoridad judicial accionada, la actora no
acredita la vinculación a la docencia oficial, del nivel territorial o nacionalizado, antes
del 31 de diciembre de 1980, por cuanto la vinculación que data de fecha anterior
fue de carácter nacional. En efecto, en la sentencia censurada, el alto tribunal
analizó lo siguiente:

En este sentido, la Sala procederá a verificar si Margoth Lasso de Herrera
acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito
en el párrafo anterior. Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado
que fue vinculada como profesora de alfabetización mediante la Resolución
404 del 4 de septiembre de 1975, el 9 de septiembre fue trasladada al Centro
“Bienestar Social”, a través de las resoluciones 408 de 1975, 209 del 3 de
septiembre de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977, fue nombrada en
igual calidad en el Centro “Fetrane” de Pasto (Nariño) y en el Centro
“Bienestar Social” de Pasto (Nariño).

No obstante, el gobernador de Nariño mediante el Decreto 793 de 2009 aclaró
las resoluciones 408 del 9 de septiembre de 1975, 209 de 1976 y 356 del 16
de septiembre de 1977, en el sentido de indicar que entre ellas no existió
solución de continuidad, puesto que no correspondieron a nuevos
nombramientos, sino a ratificaciones en el cargo de alfabetizadora. En la parte
considerativa señaló que el nombramiento sin solución de continuidad de la
demandante se realizó por delegación del Ministerio de Educación.

En relación con esa vinculación, se advierte que fue del orden nacional, por
cuanto la designación se efectuó por delegación del Ministerio de Educación
Nacional como consta en el acto de aclaración y en las firmas de varias de las
resoluciones antes mencionadas. En suma, en consideración a la naturaleza
de la plaza en la que fue designada la docente, contrario a lo concluido por el
a quo, no es posible computar ese tiempo de servicios, por cuanto, pese a
que el acto fue expedido por el secretario de educación pública del
departamento de Nariño, este dependía de la cartera ministerial, de acuerdo
con las normas expuestas.

Lo anterior, en línea con lo reiterado por la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia de unificación28, según la cual «[e]n cuanto al
personal nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida
prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que
los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el
tiempo laborado en esa condición no se puede computar con el servido en
calidad de educador nacionalizado o territorial».

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Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se advierte
que no se acreditó otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo
que, concluye esta Subsección que Margoth Lasso de Herrera no es
acreedora del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no acreditó
todos los requisitos para el reconocimiento de esta prestación. Por lo expuesto
se revocará la sentencia proferida el 1° de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Nariño, y en su lugar se negarán las pretensiones.

45. Como se observa, la autoridad judicial accionada desentrañó el origen de la
vinculación nacional, no sólo partiendo de los actos de nombramiento sino también
del Decreto 793 de 2009, que permitió aclarar la situación particular de la actora. Al
respecto, al momento de analizar el material probatorio allegado al plenario, señaló:

En el Decreto 793 de 2009 el gobernador de Nariño aclaró las resoluciones 408
del 9 de septiembre de 1975, 209 de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977,
en el sentido de indicar que entre ellas no existe solución de continuidad, puesto
que no corresponden a nuevos nombramientos, sino a ratificaciones en el cargo
de alfabetizadora. En la parte considerativa señaló que el nombramiento sin
solución de continuidad de la demandante se realizó en delegación del
Ministerio de Educación (Resalta la Sala).

46. Nótese que la autoridad judicial accionada al analizar el Decreto 793 de 2009
determinó que el mismo se suscribió por un servidor que actuó por delegación del
MEN, y por ello la plaza a ocupar fue del orden nacional, distinto si el firmante
hubiera sido el delegado permanente del MEN ante el FER, pues en este último
caso la jurisprudencia de unificación fue clara al determinar que por ese sólo hecho
no se cambia la calidad del docente territorial o nacionalizado.

47. Por lo expuesto, no se encuentra ajustada a la realidad la afirmación que hace
la parte actora respecto de la inobservancia de la sentencia de unificación invocada
en la demanda, toda vez que en la providencia censurada se hizo expresa alusión
a este precedente, que sustentó la decisión acogida por la Corporación. En efecto,
en el fallo censurado se discurrió:

Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que
fijó esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución
de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos
regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de
forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no
se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente
haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la
disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea
de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de
las rentas de la respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se
sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos
regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las

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erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado
fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial».

48. Conforme a lo anterior, la autoridad judicial demandada llegó a la conclusión de
que los nombramientos efectuados a la actora con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980: i) en realidad corresponden a una única vinculación, que se prorrogó con
cada acto administrativo; y, ii) que en tales actos intervino el delegado del MEN y,
por tanto, la plaza a cubrir fue nacional y no territorial.

49. La Sala advierte que la decisión censurada se cimentó en un juicioso análisis
probatorio, de cara a las normas aplicables y a la jurisprudencia existente en la
materia, que le permitió concluir a la autoridad judicial accionada que el tiempo de
servicio que la señora Lasso de Herrera prestó durante los años 1975 a 19773 (antes
del 31 de diciembre de 1980) fue en virtud de una vinculación nacional y, en
consecuencia, no puede ser tenido en cuenta para efectos de acreditar los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia, dado que se exige que el personal
docente demuestre haber ostentado vinculación territorial o nacionalizada.

50. En ese orden de entendimiento, la Sala coincide con el análisis efectuado por el
fallador de primera instancia, que permite concluir que la providencia censurada no
incurrió en el vicio de desconocimiento del precedente alegado, razón por la cual se
confirmará el fallo impugnado.

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo
reclamado por la señora Margoth Lasso de Herrera.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

3
Resoluciones 408 del 9 de septiembre de 1975, 209 de 1976 y 356 del 16 de septiembre de 1977.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-006894-01
Demandante: Margoth Lasso de Herrera

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

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