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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06908-00

Fecha
4 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06908-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Transformación Digital e Informática que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, direccione a través del correo electrónico, o si resulta imperativo, a través del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA», la demanda de la parte actora, dejando constancia de la fecha en que realmente fue radicada y los inconvenientes que pudo presentar el aplicativo para el 22 de agosto de 2024. TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, que una vez reciba el correo electrónico remitido por la Unidad Informática o por el aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» proceda a hacer el correspondiente reparto, dejando constancia en el acta de reparto, la fecha exacta de presentación del escrito de demanda por parte del apoderado de los aquí accionantes. CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad y reparación invocado por Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-00 Accionantes: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06908-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-00
Accionantes: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06908-00
Accionante: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Vinculado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Bogotá

Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad, al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación.
Subtema 1: radicación en el aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA».
Subtema 2: medio de control de reparación directa. Subtema 3: caducidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por los señores Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana
Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny
Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico en ejercicio de la acción de tutela prevista
en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno Rico, Juliani
Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos Mendivelso y
Olga Lucía Moreno Rico presentaron una acción de tutela con la pretensión de amparo
de sus derechos fundamentales a la dignidad, al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación, que consideraron vulnerados
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, al no suministrarles el número de radicado a una demanda que presentaron
el día 21 de agosto de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:

1

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-00
Accionantes: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2. Los accionantes, a través de su apoderado judicial, intentaron radicar una demanda
a través del aplicativo de «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» el 21 de agosto de
2024; no obstante, dicha plataforma presentó intermitencias, razón por la cual no fue
posible hacer la radicación ese día1.

3. El apoderado de los demandantes manifestó que existía una falla en el sistema e
intentó hacer la radicación de su demanda por medio de correo electrónico, la cual
remitió a las siguientes direcciones electrónicas:

raddemadminbta@cendoj.ramajudicial.co,
rademanadminbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rademadminbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
soportedemandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co.

4. Dado que los correos enviados a las referidas direcciones rebotaron, el apoderado
reiteró su inconformidad y remitió el escrito de demanda el día 22 de agosto de 2024
al correo soportedemandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co. A través de este canal
digital se le informó que existían intermitencias en la plataforma y que notificarían
cuando la falla se solucionara2.

5. Al no recibir ninguna notificación por parte del área de soporte, el abogado envió un
correo electrónico el día 2 de diciembre de 2024, en el que reiteró la solicitud de
información del número de radicación asignado a su demanda. Como respuesta le
indicaron que el aplicativo se encontraba funcionando con normalidad y le dieron unas
recomendaciones que debía seguir para la radicación de una demanda.

6. Acto seguido, el apoderado acudió a las Oficinas de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá el día 3 de diciembre de 2024, para solicitar que se le
suministrara el número de radicado de la demanda de reparación directa. Allí le
informaron que no recibieron correo alguno por parte de «RECEPCIÓN DEMANDAS
EN LÍNEA» y que su escrito no figura dentro de las bases de datos.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora, en la solicitud de tutela, pidió que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la reparación, y que se ordene a la accionada realizar la radicación de la
demanda de reparación directa con fecha 21 de agosto de 2024 ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

8. Como fundamento de sus pretensiones, destacó que la demora injustificada en la
radicación del medio de control puede hacer que se configure la caducidad en perjuicio
de los intereses de sus representados.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 2, certificado 21AE0770E0824CE8 E4DA55E59FCDD41E

9B41C90034A7F6A6 9AA6ED53786B4729.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 2, certificado B4FC90EE7B1BD5F3 B083B906D4B2C3E4
DE6B0A620F081E74 95CC7680AA164D26.

2

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-00
Accionantes: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.3. Trámite procesal

9. El despacho ponente, mediante auto del 19 de diciembre de 20243, admitió la
solicitud de tutela; vinculó al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá y a la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá; requirió a las partes para que rindieran el informe
correspondiente; y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

10. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial4 solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
informó que la Unidad de Transformación Digital e Informática de la División de
Infraestructura de Software tiene a su cargo la administración del aplicativo
«RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA», así como el soporte técnico del mismo. Indicó
que recibió el correo de la parte actora junto con la demanda y anexos el día 22 de
agosto de 2024 y que como respuesta confirmó las intermitencias presentadas por la
plataforma. Manifestó que no tiene la facultad de radicar ni repartir demandas.
Asimismo, indicó que dentro de sus facultades está que a través del aplicativo sean
direccionadas a las oficinas de apoyo correspondientes.
5 pidió ser desvinculada
11. La Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de la presente acción de tutela al no haber vulnerado los derechos de la parte actora,
pues afirmó que cuando el usuario acudió a la oficina a consultar por su proceso, le
indicó que no había sido enviado ningún correo por parte del aplicativo «RECEPCIÓN
DEMANDAS EN LÍNEA» y que debía hacer la radicación por ese medio.
6 requirió que se
12. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
declare la improcedencia de la acción de tutela, pues aseguró que no existió
vulneración a los derechos fundamentales invocados por la parte actora, ya que, según
el informe rendido por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá,
no se observa documento que contenga la correspondiente constancia del trámite
adelantado, ni puede visualizarse fecha de radicación.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 4, certificado 579684C01D6D29F7559E338BB9858D06
1CB3060F84F2A4B6 D90F4ACAADF9AA7D.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 9, certificado C6C954CE872D5A6F998F60FA82912619

FE077947120687E5 B7407C3C79B6CBE3.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 9, certificado C6C954CE872D5A6F998F60FA82912619
FE077947120687E5 B7407C3C79B6CBE3.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 13, certificado 807D88843D2B966B968FAE0BA1838515
7B9B28FF208D459A F989863926C1CC01.

3

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Accionantes: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3.2. Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa por activa de Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly
Johana Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos,
Marleny Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico se encuentra acreditada, por
cuanto son los demandantes que, a través de su apoderado, han intentado radicar la
demanda de reparación directa, lo que, a su vez, los hace titulares de los derechos
fundamentales que adujeron les fueron vulnerados.

15. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la medida
en que es la autoridad que, a través de su dependencia Unidad de Transformación
Digital e Informática de la División de Infraestructura de Software, tiene a su cargo la
administración del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» y ofrece soporte
a los usuarios de justicia, para que, a través de este sistema, se direccionen
automáticamente, vía correo electrónico, a la Oficina Judicial para que esta realice el
reparto y, por lo tanto, es a quien se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la reparación.

16. En igual sentido, se encuentra probada la legitimación en la causa por pasiva de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Bogotá, como quiera que es la dependencia encargada
de hacer el reparto una vez reciben el direccionamiento a través de la plataforma
«RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA».

3.3. Procedencia de la acción de tutela

17. Deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.

18. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»9.

19. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad, al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación, ante la negativa
de la entidad responsable de radicar su demanda con la fecha por ellos requerida.

7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.

4

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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que la parte accionante manifestó que intentó radicar la demanda el 21 de agosto de
2024 y la acción de tutela fue presentada el 16 de diciembre de esa misma anualidad;
por lo que, en principio, se encuentra dentro de un plazo razonable10.

3.4. Problema jurídico

21. La Sala debe decidir si el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación de la
parte actora. En particular, al tener en cuenta los argumentos de la tutela, le
corresponde establecer si dicha autoridad tiene la facultad de direccionar todas las
demandas que recibe, así como el soporte técnico de la herramienta dispuesta para
ello.

22. Para el efecto, se estudiarán los siguientes supuestos: (i) generalidades de los
derechos a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la reparación; (ii) condiciones de implementación del
aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA»; (iii) el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en los procesos judiciales; y (v) análisis del caso
concreto.

3.4.1 Generalidades de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación.

23. La Constitución Política, en su artículo 1°, establece que el Estado colombiano debe
respetar la dignidad humana en prevalencia del interés general. En tal sentido, la Corte
Constitucional la ha definido como un valor, principio y derecho, como se expone a
continuación11:

«109. El Estado constitucional de derecho se edifica en la dignidad humana, pues
esta constituye el fundamento y la finalidad de todos los derechos fundamentales, es
un pilar del orden justo y un mandato que se proyecta sobre toda la organización y
estructura del Estado. La dignidad humana es un valor, un principio y un derecho
subjetivo que atraviesa todas las relaciones y debería incidir en todas las instituciones
de la sociedad.

§110. La dignidad humana permite comprender atributos esenciales de los derechos
fundamentales. De esta se desprende su universalidad (los derechos son para todas y
todos), su interdependencia (las relaciones intrínsecas entre los distintos derechos) y
la indivisibilidad de derechos, entendida como la imposibilidad de privilegiar unos
derechos sobre otros, pues ello implicaría dividir la dignidad del ser humano.

§111. A partir de la Sentencia T-881 de 2002, sin abandonar las referencias centrales
a la autonomía y la no instrumentalización del ser humano, la Corte Constitucional

10 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.

«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
11
Corte Constitucional, sentencia C-348 de 2024.

5

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planteó que la dignidad tiene una triple función en nuestro ordenamiento constitucional
y un triple contenido. Es valor, principio y derecho, e incorpora las dimensiones de
actuar con base en un plan de vida definido de manera autónoma (vivir como se quiera),
acceder a condiciones materiales mínimas de subsistencia (vivir bien) y ser protegido
en su integridad física y moral (vivir sin humillaciones) se remontan en principio a la
misma fuente».

24. Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido
proceso es un derecho que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho de la
siguiente manera12:

«Con todo, el derecho al debido proceso es una garantía fundamental que debe ser
respetada en cualquier trámite judicial y administrativo en el cual se vaya a crear,
extinguir o modificar una situación jurídica para una persona.

66. Por su parte, en la Sentencia T-010 de 2017, la Corte afirmó que las
garantías mínimas del derecho al debido proceso administrativo eran: (i) ser oído
durante la actuación; (ii) la notificación oportuna y de acuerdo a la Ley; (iii) la actuación
sea surtida sin dilaciones injustificadas; (iv) se permita participación en lo actuado
desde su inicio hasta el fin; (v) la actuación se adelante por una autoridad competente
y con pleno respeto de las formas previstas en la Ley; (vi) se goce de la presunción de
inocencia; (vii) se permita el ejercicio efecto de la defensa y la contradicción; (viii) poder
aportar y controvertir las pruebas; y, (ix) poder impugnar las decisiones y a promover
la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido proceso».

25. Por consiguiente, el derecho fundamental al debido proceso trae consigo el deber
por parte de las entidades públicas y autoridades judiciales de dar trámite a las
actuaciones de forma célere y sin dilaciones injustificadas, sin que los retrasos deban
ser soportados por el administrado o usuario de justicia.

26. Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución Política dispone que toda persona nace
libre e igual ante la ley; por ende, deberá recibir un trato igual de las autoridades,
gozará de derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. En
lo que refiere a este derecho, la Corte Constitucional ha establecido que13:

«La Constitución Política consagra este derecho fundamental en su artículo 13. A partir
del contenido de esta norma superior, la Corte Constitucional ha determinado que el
concepto de igualdad tiene tres dimensiones: (i) igualdad formal, “lo que implica que la
legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra
quienes se dirige” ; (ii) igualdad material, según la cual se debe “garantizar la paridad
de oportunidades entre los individuos”; y (iii) prohibición de discriminación, lo que
significa que “el Estado y los particulares no pued[e]n aplicar un trato diferente a partir
de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen
étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”

40. Esta corporación también tiene precisado que las dos facetas de la igualdad
-formal y material- no son excluyentes sino complementarias. La Carta reconoce que
no todas las personas se encuentran en las mismas condiciones, lo que implica que el
Estado tiene el deber de adoptar medidas para que la igualdad sea real y efectiva. Esto
se logra mediante la aplicación de alguno de los siguientes mandatos: “(a) trato igual a

12 Corte Constitucional, sentencia T-413 de 2024.
13
Corte Constitucional, sentencia T-470 de 2022.

6

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personas en circunstancias idénticas; (b) trato paritario a personas que no están en
circunstancias idénticas, pero cuyas similitudes son más relevantes que sus
diferencias; (c) trato diferenciado a personas que no están en circunstancias idénticas,
pero cuyas diferencias son más relevantes; y (d) trato desigual a personas en
circunstancias desiguales y disímiles”».

27. Respecto del derecho de acceso a la administración de justicia, el artículo 229 de la
Constitución Política prevé que toda persona tiene acceso a la administración de
justicia y que la ley dispondrá cuando no sea necesario ser representado a través de
un abogado. A su vez, la Corte Constitucional14, respecto del mencionado derecho,
expuso lo siguiente:

«131. A partir de ese lineamiento, este derecho ha sido definido como “la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la
integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus
derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”.
132. El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una significación múltiple
y compleja, en tanto (i) funge como pilar esencial del Estado social de derecho; (ii) goza
de la naturaleza de ser un derecho fundamental de aplicación inmediata que, a su vez,
hace parte del núcleo esencial del debido proceso por cuanto el proceso judicial es el
medio para la concreción del derecho a la jurisdicción; (iii) está directamente
relacionado con la justicia como valor fundamental de la Carta Política, otorgando a los
individuos una garantía real y efectiva para asegurar su realización material, y (iv)
contribuye activamente a la realización de los fines esenciales del Estado, dentro de
los que se destacan el garantizar el orden político, económico y social justo, promover
la convivencia pacífica, velar por el respeto de la legalidad y asegurar la protección a
los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades
públicas.
133. Aunado a ello, la administración de justicia, al ser una función pública dispuesta
al servicio de las personas, tiene como firme propósito hacer efectivos los derechos,
las obligaciones y las garantías consagradas en la Constitución y en la ley. Tal
protección impone que el Estado garantice el funcionamiento de los recursos
jurisdiccionales de forma real y efectiva, y no simplemente nominal. Esto supone que,
bajo los parámetros de diseño que estableció el legislador para los mecanismos
judiciales, todas las personas puedan acceder a la administración de justicia para lograr
materializar sus derechos».

28. Elderecho a la reparación es reconocido jurisprudencialmente y se encuentra
relacionado con la verdad y la justicia. Al respecto la Corte Constitucional15 explicó lo
siguiente:

«El derecho a la reparación se considera afectado cuando no se reconoce la condición
de víctima a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y
de derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto, cuando se continúan
vulnerando los derechos de las víctimas, o cuando estas son re-victimizadas, cuando
se desconocen, ocultan, minimizan o se justifican los crímenes cometidos, cuando la
reparación no se ajusta al daño sufrido o es manifiestamente desproporcionada, o
cuando se reduce o niega la posibilidad de las víctimas de sanarse de las heridas
físicas y emocionales del conflicto. Con respecto al componente específico de la
14 Conte Constitucional, sentencia SU-81 de 2024.
15 Corte Constitucional, sentencia T-753 de 2013, reiterada en sentencia C-588 de 2019.

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indemnización administrativa, este se considera afectado cuando no es reconocido, o
cuando su valor no se corresponde absolutamente con el daño moral y material
ocasionado a las víctimas, es decir cuando resulta desproporcionado y cuando su
entrega no es oportuna. En otras palabras, la indemnización resulta afectada cuando
no es suficiente, justa y adecuada, impidiendo a las víctimas restablecer su existencia
en condiciones dignas y de normalidad».

3.4.2 Condiciones de implementación del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS
EN LÍNEA».

29. La Ley 270 de 1996 en su artículo 98 estableció que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial es un órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la
ejecución de actividades administrativas de la Rama Judicial conforme a los
lineamientos del gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura. Dentro de sus
dependencias se encuentra la unidad de informática.

30. En el año 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19,
se expidió el Acuerdo núm. PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, en el cual se
estableció el levantamiento de la suspensión de términos judiciales y se dictaron
diferentes disposiciones para que, en orden a las indicaciones de salud y la fuerza
mayor, se crearan nuevas formas en la prestación del servicio de justicia. Dentro de
aquellas se implementó el uso de las tecnologías en las actuaciones judiciales, en
principio para la presentación de acciones de tutela y habeas corpus.

31. Posterior a ello, se expidió la Circular núm. DESAJBOC20-29 del 26 de junio de
2020, a través de la cual el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Bogotá establecieron el aplicativo «RECEPCIÓN
DEMANDAS EN LÍNEA», en el cual los usuarios de justicia podían radicar sus
demandas, aunque excepcionalmente se aceptaría la radicación de estas de forma
presencial, bajo ciertas circunstancias.

3.4.3 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los
procesos judiciales.

32. Mediante la Ley 2213 de 2022, se estableció en su artículo 2 el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales en
curso. Así mismo, frente a la demanda, el artículo 6 dispuso lo siguiente:

«Artículo 6°. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser
notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y
cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No
obstante, en caso de que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser
notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso,
podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión.
Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los
enunciados y enumerados en la demanda.
Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus
anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.
De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni
electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado». [subrayado fuera del texto]

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33. También, la Ley 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996, en su artículo 2,
dispuso:

«ARTÍCULO 2. ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantiza el acceso de todas las
personas a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y será
fortalecido el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo
una oficina de la Defensoría del Pueblo compuesta por al menos un Defensor Municipal
y un Defensor Público.

Deberá garantizarse el acceso a la justicia a todas las personas, con independencia de
sus circunstancias personales, medios o conocimientos, procurando la permanente
actualización de los recursos disponibles y la formación adecuada de los servidores
públicos y de las personas para garantizar el acceso a la justicia.

Las personas que demanden la tutela de sus derechos e intereses podrán hacerlo a
través de los medios tecnológicos y digitales que para el efecto se establezcan […]».

34. En igual sentido, el artículo 122 de la normativa en mención estableció el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones judiciales.
Al respecto prevé:

«ARTÍCULO 122. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES. Todas las personas tienen derecho a comunicarse con los
órganos y despachos de la Rama Judicial a través del uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales
y en los reglamentos.

En la administración de justicia, en el marco del Plan de Transformación Digital de la
Rama Judicial se deberán utilizar las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, asegurando el
acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad,
conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que se
gestionen en 'el ejercicio de sus funciones. Deberán habilitarse diferentes canales o
medios para la prestación de los servicios electrónicos de justicia, asegurando
el acceso a ellos de toda la ciudadanía, con independencia de su localización,
circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen
adecuada, procurando la permanente actualización de los recursos disponibles
y la formación adecuada de los servidores públicos y usuarios en el uso de
estos.

Como parte del mencionado Plan de Transformación, el Consejo Superior de la
Judicatura también adoptará una política de seguridad de la información judicial a
través de la unidad que determine, y la adopción de planes y estrategias de protección
de esa información, revisables periódicamente. Esta política de seguridad deberá
incluir la adopción de mecanismos tecnológicos suficientes que permitan alertar y
prevenir fraudes o suplantaciones […]». [negrilla fuera del texto]

35. Citado lo anterior, es claro que la implementación de tecnologías en los procesos
judiciales se creó para facilitar el acceso efectivo, oportuno y sin dilaciones a la
administración de justicia.

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3.5. Caso concreto

36. Los accionantes, a través de su apoderado, intentaron radicar una demanda de
reparación directa a través del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» el
día 21 de agosto de 2024. Para tal efecto, utilizaron diferentes navegadores y
dispositivos; no obstante, no les fue posible razón por la cual, a través de correo
electrónico, informaron las fallas del aplicativo e intentaron radicar la demanda.

37. Pese a ello, los correos electrónicos a los que se remitió dicha comunicación
rebotaron. El día 22 de agosto de 2024, a través del correo de soporte del aplicativo,
reiteraron el correo remitido el día anterior, esta vez recibiendo respuesta por parte de
la unidad informática, en la cual confirmaron las intermitencias en el aplicativo y les
indicaron que, una vez solucionadas, lo informarían por ese mismo medio.

38. Pasados cuatro meses sin recibir respuesta por parte de esta entidad y al verificar
que su demanda aún no contaba con un número de radicado, remitieron un correo el
2 de diciembre de 2024, en el que reiteraron lo manifestado en el párrafo anterior. Esta
vez les dieron respuesta indicando que el aplicativo se encontraba funcionando con
normalidad y les suministraron unas directrices para la radicación efectiva de la
demanda, sin tener en cuenta lo reiterado en los correos anteriores, por lo que el día
3 de diciembre de ese año el apoderado acudió presencialmente a la Oficina de Apoyo
para los Juzgados Administrativos, en donde le comunicaron que nunca recibieron la
demanda por el sistema ni tampoco aparece registrada en sus bases de datos.

39. Por lo anterior, acudieron a la acción de tutela pues consideran que la actuación de
las accionadas les limitó y vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia.

40. Para resolver el problema jurídico formulado por la Sala, es preciso tener en cuenta
que, una de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, es la de velar por el acceso efectivo a la administración de
justicia y para ello ha dispuesto diferentes canales digitales.

41. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2213 de 202216, se establece que la
radicación de la demanda se hará a través de mensaje de datos por los correos que el
Consejo Superior de la Judicatura disponga para ello. Sumado a lo anterior, los
artículos 2 y 122 de la Ley 2430 de 2024 disponen que deben existir diferentes canales
o medios para la prestación de los servicios electrónicos de justicia, asegurando que
toda la ciudadanía tenga acceso a estos, con independencia de su localización,
circunstancias personales, medios o conocimientos.

42. En cumplimiento de esta función y si bien es cierto que el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Transformación
Digital e Informática no tiene la facultad de realizar reparto, pues ello le compete a las
Oficinas de Apoyo Judicial, lo cierto es que sí deben direccionar las demandas para
que estas oficinas realicen el correspondiente reparto y asignación del número de
radicado.

16 Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan

medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras
disposiciones

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43. Sin embargo, a pesar de que el apoderado de los demandantes manifestó a través
de correo electrónico que tuvo problemas con el aplicativo dispuesto para la radicación
de demandas y que el día 22 de agosto de 2024 intentó radicarla por ese mismo medio
ante la imposibilidad de hacerlo por el sistema, recibió una respuesta que, contrario a
lo afirmado por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá,
confirmó que el aplicativo ese día tenía intermitencias.

44. Aun así, a pesar de que se indicó que por ese medio se informaría cuando se
superaran los problemas técnicos, no existe prueba de que efectivamente así lo hayan
notificado, ni tampoco se pronunció el extremo pasivo respecto de los documentos que
se adjuntaron al correo electrónico, los cuales correspondían a la demanda y sus
anexos, tal y como lo demostró la parte accionante con los documentos que adjuntó al
escrito de tutela17.

45. Por lo anterior, al verificar el trámite que se le dio a la radicación de la demanda de
reparación directa, la Sala observa que la parte accionada incumplió con su deber de
redireccionar el escrito. Esta corporación no desconoce que existe un aplicativo
dispuesto para la radicación de demandas, pero advierte que ello no es excusa para
que, cuando dicho sistema falle, se impida el acceso a la administración de justicia de
los usuarios y se limiten a comunicar que están intentando superar los problemas
técnicos sin facilitar o suministrar otro canal que apoye al que presenta las fallas.

46. Así las cosas, para el caso concreto bajo estudio esta Sala puede concluir con total
certeza que se sometió a los accionantes a dilaciones injustificadas que se tradujeron
en la imposibilidad de acceder de manera efectiva a la administración de justicia.

47. En los términos expuestos, la Sala encuentra que la Unidad de Transformación
Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, incumplió su deber y afectó no solo el derecho de acceso a
la administración de justicia sino también el debido proceso que debe regir la
actuación, de los aquí accionantes quienes hasta este momento no tienen constancia
de radicación de su demanda ni del número que le fue asignado ni muchos menos del
despacho a quien le correspondió su conocimiento.

48. Finalmente, en lo que hace relación a los derechos fundamentales a la dignidad, a
la igualdad y a la reparación, encuentra esta corporación que no se demostró o
configuró en el caso en concreto su trasgresión, por lo que se negará su protección.
Ello, porque no se encuentra un trato desigual con una persona en la misma situación
que los accionantes y porque aún no ha culminado el proceso en el cual se defina si
tiene derecho o no a su reparación.

IV. CONCLUSIONES

49. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia de Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly
Johana Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos,
Marleny Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico, y ordenará al Consejo Superior

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Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06908-00, índice 2, certificado B4FC90EE7B1BD5F3 B083B906D4B2C3E4
DE6B0A620F081E74 95CC7680AA164D26 y F4EBDFFFB544AA69 24B10C7FE174651F A48CC861553CBE7E
974C3183B9370A76.

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de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Transformación Digital e Informática, y a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, que
realicen todas las actuaciones pertinentes para que la fecha de radicación de la
demanda sea el 22 de agosto de 2024.

50. Finalmente, y si bien la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, no vulneró los derechos
de la parte accionante, sí tiene la facultad de hacer el reparto a los diferentes
despachos judiciales, lo cual hace a través de un acta de reparto en la que consigna
la fecha de presentación de los escritos. Por esta razón, se le ordenará que, una vez
reciba la información pertinente de la Unidad de Transformación Digital e Informática,
efectúe el reparto en el que precise la fecha exacta de presentación del escrito.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno
Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos
Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Unidad de Transformación Digital e Informática que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
direccione a través del correo electrónico, o si resulta imperativo, a través del aplicativo
«RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA», la demanda de la parte actora, dejando
constancia de la fecha en que realmente fue radicada y los inconvenientes que pudo
presentar el aplicativo para el 22 de agosto de 2024.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de Bogotá, que una vez reciba el correo electrónico remitido por la Unidad Informática
o por el aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» proceda a hacer el
correspondiente reparto, dejando constancia en el acta de reparto, la fecha exacta de
presentación del escrito de demanda por parte del apoderado de los aquí accionantes.

CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad y reparación
invocado por Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno Rico, Juliani
Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos Mendivelso y
Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-00
Accionantes: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

AC/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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