Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06908-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06908-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06908-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-02
Actor: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros1
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Cesación de la vulneración por el cumplimiento de una orden judicial
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) acceso a la
administración de justicia; iii) igualdad; y iv) dignidad humana
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, contra la sentencia de tutela de 4 de febrero de 2025,
proferida por la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado, por
medio de la cual accedió a las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1
Kelly Johana Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos
Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-02
Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
1. Los actores, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, porque, a
su juicio, al haber omitido la radicación de la demanda de reparación directa,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3.Manifestaron que “[…] En concordancia con el acuerdo PCSJA20-11567 del 05
de julio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, expidió la Circular DESAJBOC20-29, mediante
la cual se dispuso que, a partir del 1 de julio de 2020, el canal dispuesto para la
presentación de demandas era la plataforma web DEMANDA EN LINEA, a través
del URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea [...]”.
4. Expresaron que “[…] El señor Mauricio Andrés Garzón Olivos el día 30 de junio
de 2022, laborando para la empresa ITDNT (INGENIERÍA EN TELEVISIÓN
DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS) en la instalación de internet y telefonía, sufrió
un accidente que lo llevó a tener secuelas físicas (la amputación de sus dos
extremidades superiores), dejándolo en un estado de incapacidad y reducción física
notable, misma que, en consecuencia, afectó sus esferas: moral, familiar, social,
psicológica y laboral […]”.
5. Adujeron que “[…] Con ocasión del accidente sufrido por el señor Mauricio Andrés
Garzón Olivos, los aquí accionantes decidieron iniciar la acción de reparación
directa ante la jurisdicción Contencioso Administrativa en contra de BOGOTÁ
DISTRITO CAPITAL, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE
GOBIERNO, ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, SECRETARÍA DISTRITAL
DE PLANEACIÓN, ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, PABLO ENRIQUE RAMIREZ
PARRA y EDNA CECILIA LEAL GARCÍA, por los daños causados a él y a sus
familiares […]”.
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Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
6.Agregaron que “[…] El día 21 de agosto de 2024, por intermedio de este
apoderado judicial, los accionantes realizaron la radicación de la demanda a través
de la plataforma que el Consejo Superior de la Judicatura tiene dispuesto para ello
denominada “DEMANDA EN LÍNEA […]”.
7.Señalaron que “[…] No obstante, la plataforma se encontraba presentando
intermitencias lo que causó que la radicación no fuera posible por ese medio (por
más que se intentó desde diferentes servidores y dispositivos electrónicos […]”.
8.Expresaron que “[…] De lo anterior que, se realizaron llamadas a los números
(601) 2846488, (601) 3532666 para determinar que otro canal estaba dispuesto
para la radicación de demandas, a lo que informaron los siguientes correos
electrónicos: […]”.
9.Indicaron que “[…] De acuerdo a esa información, se realizó la radicación a los
correos indicados, informando acerca de la falla tecnológica, sin embargo, al
observar que rebotó dicha comunicación, se reiteró el día 22 de agosto de 2024 al
correo soporte demandaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co, a lo que, DEMANDA EN
LINEA contestó, señalando que había intermitencias en el servicio de la plataforma
y que ellos notificaban por ese mismo medio cuando la falla se solucionara […]”.
10.Manifestaron que “[…] Al no recibir notificación alguna, el día 2 de diciembre de
2024 se realizó la solicitud del radicado de la demanda, pues, a pesar de que esta
parte comprende y es conocedora de la congestión judicial que se enfrenta al nivel
nacional, 3 meses sin obtener dicho radicado, ya raya en una violación al debido
proceso de mis mandantes […]”.
11.Señalaron que “[…] El día 2 de diciembre de 2024 demanda en línea contesta,
indicando que el servicio se encuentra funcionando y que se debe intentar la
radicación, respuesta que no guarda relación con lo solicitado, pues no informan el
radicado de la demanda […]”.
12.Afirmaron que “[…] el día 03 de diciembre de 2024, se acudió presencialmente
a la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos, para que indicarán el número
de radicado de la demanda de reparación directa, donde el servidor público Hanz
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Castañeda (Profesional Universitario Grado 11) indicó que a ellos no les llego correo
alguno por parte de demanda en línea y que dicha radicación no figuraba dentro de
las bases de datos de la oficina de apoyo judicial […]”.
13. Agregaron que “[…] Teniendo en cuenta lo anterior se vislumbra que la
plataforma DEMANDA EN LINEA, canal que está dispuesto por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para la radicación de demandas, al no realizar la
radicación de la acción de reparación directa, (teniendo en cuenta que la falla
tecnológica es un evento imprevisible, irresistible e insuperable), se constituye en
una violación a los derechos fundamentales de dignidad, debido proceso, igualdad,
acceso a la administración […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
14.Los actores solicitaron en su escrito de tutela2:
“[…] 1. Amparar los derechos de dignidad, debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y reparación, en razón de la omisión por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - DEMANDA EN LÍNEA en la radicación de la demanda
de reparación directa, acción que mis mandantes interpusieron en ejercicio de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, la reparación y el
debido proceso.
2. En consecuencia, se ordene a CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - DEMANDA EN LÍNEA
la radicación de la demanda de reparación directa con fecha del 21 de agosto de 2024
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]”.
Actuación
15.El Despacho de la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado,
mediante auto de 19 de diciembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; y iii) vinculó como tercero con interés legítimo, a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los
2 Transcripción literal del texto.
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Juzgados Administrativos de Bogotá, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
16.La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura. solicitaron que se les desvinculara del presente trámite de tutela, por
configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva.
17.La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá expresó lo
siguiente:
“[…] Esta Dirección Seccional y el Grupo de Trabajo de Reparto, adscrito a la oficina
de Apoyo Juzgado Administrativos, evidenció que conforme el informe que se
relaciona en el siguiente aparte, se procedió a verificar lo argumentado por el
apoderado de los accionantes, evidenciando que una vez revisado los sistemas de
información y las bases de datos existentes, no evidenció correo alguno por parte
de demanda en línea y que dicha radicación no figuraba dentro de las bases de
datos de la oficina de apoyo […]”.
[…]
“[…] No obstante, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá–
indica que, con relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el actor, PRESUNTAMENTE, radicada el veintiuno (21) de agosto de
dos mil veinticuatro (2024), de los medios de prueba allegados con el escrito de
tutela NO se observa documento que contenga la correspondiente constancia del
trámite adelantado, ni se extrae fecha alguna de radicación o autoridad ante la cual
se presentó […]”.
18.La Oficina de apoyo de los juzgados Administrativos de la ciudad de Bogotá,
adujo que:
“[…] La Oficina de apoyo de los juzgados Administrativos de la ciudad de Bogotá,
se permite informar que con el acuerdo PCSJA20-11567 del 05 de julio de 2020, el
Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, expidió la Circular DESAJBOC20-29, mediante la cual se
dispuso que, a partir del 1 de julio de 2020, el canal dispuesto para la presentación
de demandas era la plataforma web DEMANDA EN LINEA, a través del
URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea
De acuerdo con lo anterior, y a lo relatado por parte del usuario, se verifico que no
existe reporte de intermitencia para el día El día 21 de agosto de 2024, por parte de
la plataforma, además de esto, se revisaron los sistemas de información y las bases
de datos existentes en la Oficina de Apoyo judicial de los juzgados administrativos
sin encontrar el medio de control de reparación directa alegado dentro de 71
demandas ordinarias que se tramitaron ese día.
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Por otra parte, esta oficina recuerda que de acuerdo al manual de registro de
demanda en línea contenido en la dirección
electrónica: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea/Manuales/
ManualRegistroDemandaEnL%C3%ADnea.pdf ; se indica al usuario
el canal adecuado para la interposición del medio de control ordinario, y que el
sistema debe generar un número de radicado para la consulta de la solicitud, […]”.
[…]
“[…] Lo anterior sin que el usuario haya acatado lo descrito en el manual, ahora bien,
una vez el usuario se hizo presente el día 03 de diciembre de 2024 en la oficina de
apoyo de los Juzgados Administrativos, para que se le indicara el número de
radicado de la demanda de reparación directa, es cierto que el servidor Hanz
Castañeda (Profesional Universitario Grado 11) indicó que a la oficina no llegó
correo alguno por parte de demanda en línea y que dicha radicación no figuraba
dentro de las bases de datos de la oficina de apoyo judicial, invitando al usuario a
radicar el medio de control de forma adecuada.
Seguido a esto, es de anotar que, esta oficina hecha de menos la labor de diligencia
del apoderado del usuario, quien es el responsable de asegurar la correcta
radicación del medio de control como se encuentra descrito en el manual, pues
desde el 21 de agosto de 2024 y hasta el 4 de diciembre de 2024 él
portal https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea estuvo activo
con normalidad y recibió y radicó normalmente medios de control ordinarios, es
decir, el usuario no debía acudir a la acción de tutela, pues, bastaba con registrar el
medio de control de forma adecuada en el sistema para que se indicara el registro
satisfactorio del l asegurando su radicación, e iniciando el trámite por parte de la
autoridad competente […]”.
La Sentencia Impugnada
19.La Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 4 de febrero de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana
Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny
Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Unidad de Transformación Digital e Informática que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, direccione a través del correo electrónico, o si resulta imperativo, a
través del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA», la demanda de la parte
actora, dejando constancia de la fecha en que realmente fue radicada y los
inconvenientes que pudo presentar el aplicativo para el 22 de agosto de 2024.
TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de Bogotá, que una vez reciba el correo electrónico remitido por la Unidad
Informática o por el aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» proceda a
hacer el correspondiente reparto, dejando constancia en el acta de reparto, la fecha
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exacta de presentación del escrito de demanda por parte del apoderado de los aquí
accionantes.
CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad y reparación
invocado por Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno Rico, Juliani
Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos Mendivelso y
Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.
20. Respecto al análisis de la falta de legitimación en la causa por pasiva señaló lo
siguiente:
“[…] También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la
medida en que es la autoridad que, a través de su dependencia Unidad de
Transformación Digital e Informática de la División de Infraestructura de Software,
tiene a su cargo la administración del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN
LÍNEA» y ofrece soporte a los usuarios de justicia, para que, a través de este
sistema, se direccionen automáticamente, vía correo electrónico, a la Oficina
Judicial para que esta realice el reparto y, por lo tanto, es a quien se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad, al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación.
En igual sentido, se encuentra probada la legitimación en la causa por pasiva de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de
los Juzgados Administrativos de Bogotá, como quiera que es la dependencia
encargada de hacer el reparto una vez reciben el direccionamiento a través de la
plataforma «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA […]”.
21.La autoridad judicial al resolver el caso concreto consideró lo siguiente:
“[…] Para resolver el problema jurídico formulado por la Sala, es preciso tener en
cuenta que, una de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, es la de velar por el acceso efectivo a la
administración de justicia y para ello ha dispuesto diferentes canales digitales.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2213 de 202216, se establece que la
radicación de la demanda se hará a través de mensaje de datos por los correos que
el Consejo Superior de la Judicatura disponga para ello. Sumado a lo anterior, los
artículos 2 y 122 de la Ley 2430 de 2024 disponen que deben existir diferentes
canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos de justicia,
asegurando que toda la ciudadanía tenga acceso a estos, con independencia de su
localización, circunstancias personales, medios o conocimientos.
En cumplimiento de esta función y si bien es cierto que el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Transformación Digital e Informática no tiene la facultad de realizar reparto, pues
ello le compete a las Oficinas de Apoyo Judicial, lo cierto es que sí deben direccionar
las demandas para que estas oficinas realicen el correspondiente reparto y
asignación del número de radicado.
Sin embargo, a pesar de que el apoderado de los demandantes manifestó a través
de correo electrónico que tuvo problemas con el aplicativo dispuesto para la
radicación de demandas y que el día 22 de agosto de 2024 intentó radicarla por ese
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mismo medio ante la imposibilidad de hacerlo por el sistema, recibió una respuesta
que, contrario a lo afirmado por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de Bogotá, confirmó que el aplicativo ese día tenía intermitencias.
Aun así, a pesar de que se indicó que por ese medio se informaría cuando se
superaran los problemas técnicos, no existe prueba de que efectivamente así lo
hayan notificado, ni tampoco se pronunció el extremo pasivo respecto de los
documentos que se adjuntaron al correo electrónico, los cuales correspondían a la
demanda y sus anexos, tal y como lo demostró la parte accionante con los
documentos que adjuntó al escrito de tutela17.
Por lo anterior, al verificar el trámite que se le dio a la radicación de la demanda de
reparación directa, la Sala observa que la parte accionada incumplió con su deber
de redireccionar el escrito. Esta corporación no desconoce que existe un aplicativo
dispuesto para la radicación de demandas, pero advierte que ello no es excusa para
que, cuando dicho sistema falle, se impida el acceso a la administración de justicia
de los usuarios y se limiten a comunicar que están intentando superar los problemas
técnicos sin facilitar o suministrar otro canal que apoye al que presenta las fallas.
Así las cosas, para el caso concreto bajo estudio esta Sala puede concluir con total
certeza que se sometió a los accionantes a dilaciones injustificadas que se
tradujeron en la imposibilidad de acceder de manera efectiva a la administración de
justicia.
En los términos expuestos, la Sala encuentra que la Unidad de Transformación
Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, incumplió su deber y afectó no solo el derecho de acceso
a la administración de justicia sino también el debido proceso que debe regir la
actuación, de los aquí accionantes quienes hasta este momento no tienen
constancia de radicación de su demanda ni del número que le fue asignado ni
muchos menos del despacho a quien le correspondió su conocimiento.
Finalmente, en lo que hace relación a los derechos fundamentales a la dignidad, a
la igualdad y a la reparación, encuentra esta corporación que no se demostró o
configuró en el caso en concreto su trasgresión, por lo que se negará su protección.
Ello, porque no se encuentra un trato desigual con una persona en la misma
situación que los accionantes y porque aún no ha culminado el proceso en el cual
se defina si tiene derecho o no a su reparación […]”.
La impugnación
22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó la sentencia
proferida por la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado y, para
el efecto, expresó lo siguiente3:
“[…] b. Sobre el particular, procede indicar que:
La Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial tiene a su cargo la administración del aplicativo Demanda
en Línea y ofrece soporte a los ciudadanos usuarios de dicho sistema de
información a través del correo electrónico
soportedemandalinea@deaj ramajudicial.gov.co.
3 Transcripción literal del texto.
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Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
En lo que respecta al caso del señor Mauricio Andrés Garzón, nos permitimos
informar que el 22 de agosto de 2024 se dio respuesta a la primera solicitud de la
empresa Camargo & Cartagena Abogados S.A.S de la siguiente manera: "Se
informa que, en el momento estamos presentado intermitencias en nuestro servicio,
ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su
comprensión, nos encontramos trabajando para resolver el inconveniente (...)". De
ninguna manera esto implicó indisponibilidad del 100% del aplicativo Demanda en
Línea y mucho menos hasta el 2 de diciembre de 2024 cuando la empresa
Camargo & Cartagena Abogados S.A.S volvió a enviar el mismo correo a Soporte
Demanda en Línea sin ningún texto que indicara que continúa con el problema.
Esto da a entender que no intentaron radicar la demanda durante ese periodo de
tiempo […]”.
[…]
“[…] Consulta realizada directamente en la base de datos
En atención a lo expuesto, reiteramos a la Sala de lo Contencioso Administrativo,
que las competencias de la Unidad de Transformación Digital e Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en virtud del artículo 98 de la Ley
270 de 1996- Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y en razón de la
naturaleza jurídica que le ha sido asignada legalmente a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Unidad de Informática - es eminentemente técnica;
contenido normativo señalado en precedencia que a su tenor literal indica:
"ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico
y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas
de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura".
Conforme a lo resaltado que se encuentra ajeno a su texto de origen; para inferir
que la competencia asignada a esta dependencia es meramente de soporte y
apoyo técnico frente a los diferentes programas técnicos y/o, informáticos
asignados a esta Unidad y por tanto, no ostenta la competencia funcional para
radicar Demandas, Tutelas o Habeas Corpus a nombre de terceros, ni realizar
gestión alguna como: reparto, registro de actuaciones, ocultamiento, eliminación,
etc., como tampoco tocar información almacenada en los diferentes Aplicativos que
se encuentran bajo su administración, la cual ha sido ingresada directamente por
las Corporaciones, Despachos Judiciales y Centros de Servicios del país […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, la Unidad de Transformación Digital e Informática de la
Dirección Ejecutiva la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura no puede cumplir con el numeral SEGUNDO del fallo de
la tutela emitida por la Magistrada ponente Elizabeth Becerra Cornejo […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas se reitera al Despacho que la Unidad de
Transformación Digital e informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no ostenta competencia funcional para radicar demandas, ni realizar
gestiones relacionadas con el registro de las mismas pues es una dependencia de
apoyo técnico y administrativo.
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Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
Por lo anterior, solicito respetuosamente revocar la decisión de primera instancia
del 4 de febrero de 2025, y en su lugar no impartir orden alguna a la DEAJ […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
23.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 136 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
24.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema Jurídico
25.En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso
hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se debe
determinar si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado o la
cesación de la vulneración por cumplimiento de una orden judicial.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
26.Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i)
la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de
tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
27.La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
28.Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20058, consideró lo siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes (sic) a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
29.Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que9:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
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30.Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección10.
31.En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o
el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la
acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al
haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo
constitucional.
Análisis del caso concreto
32.De acuerdo con el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
34.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
34.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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34.2. Informes rendidos por las autoridades demandadas, junto con sus anexos.
34.3. Copia de la solicitud de apertura de desacato presentada por los actores ante
la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado, en el que se le puso
en conocimiento que la parte demandada no cumplió con las órdenes decretadas
en la sentencia de tutela proferida el 4 de febrero de 2025.
34.4.Copia del auto de 1° de abril de 2025 proferido por la Sección Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado, por medio del cual resolvió “[…] REQUERIR
al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Unidad de Transformación Digital e Informática y al Consejo Superior de la
Judicatura Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos de Bogotá, para que, en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente providencia, aporten informe del
cumplimiento de la sentencia de tutela del 4 de febrero de 2025 […]”.
34.5. Copia de los informes de cumplimiento de la sentencia de 4 de febrero de
2025, rendidos por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
34.6. Copia del auto de 23 de abril de 2025 proferido por la Sección Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado por medio del cual resolvió “[…] NEGAR la
apertura del incidente de desacato de la orden contenida en la sentencia del 4 de
febrero de 2025, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia
[…]”.
Solución del caso concreto
35.Los actores en su escrito de tutela solicitaron lo siguiente:
“[…] 1. Amparar los derechos de dignidad, debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y reparación, en razón de la omisión por parte del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - DEMANDA EN LÍNEA en la radicación de la demanda
de reparación directa, acción que mis mandantes interpusieron en ejercicio de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, la reparación y el
debido proceso.
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2. En consecuencia, se ordene a CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - DEMANDA EN LÍNEA
la radicación de la demanda de reparación directa con fecha del 21 de agosto
de 2024 ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]”. (Resaltado por la
Sala).
36.La Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado, profirió sentencia
de primera instancia el 4 de febrero de 2025, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana
Moreno Rico, Juliani Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny
Olivos Mendivelso y Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Unidad de Transformación Digital e Informática que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, direccione a través del correo electrónico, o si resulta imperativo, a
través del aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA», la demanda de la parte
actora, dejando constancia de la fecha en que realmente fue radicada y los
inconvenientes que pudo presentar el aplicativo para el 22 de agosto de 2024.
TERCERO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de Bogotá, que una vez reciba el correo electrónico remitido por la Unidad
Informática o por el aplicativo «RECEPCIÓN DEMANDAS EN LÍNEA» proceda a
hacer el correspondiente reparto, dejando constancia en el acta de reparto, la fecha
exacta de presentación del escrito de demanda por parte del apoderado de los aquí
accionantes.
CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad y reparación
invocado por Mauricio Andrés Garzón Olivos, Kelly Johana Moreno Rico, Juliani
Estefani Garzón Olivos, Paola Andrea Garzón Olivos, Marleny Olivos Mendivelso y
Olga Lucía Moreno Rico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.
37. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó la sentencia
proferida por la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado y, para
el efecto, expresó lo siguiente11:
“[…] b. Sobre el particular, procede indicar que:
La Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial tiene a su cargo la administración del aplicativo Demanda
en Línea y ofrece soporte a los ciudadanos usuarios de dicho sistema de
información a través del correo electrónico
soportedemandalinea@deaj ramajudicial.gov.co.
En lo que respecta al caso del señor Mauricio Andrés Garzón, nos permitimos
informar que el 22 de agosto de 2024 se dio respuesta a la primera solicitud de la
11 Transcripción literal del texto.
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empresa Camargo & Cartagena Abogados S.A.S de la siguiente manera: "Se
informa que, en el momento estamos presentado intermitencias en nuestro servicio,
ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su
comprensión, nos encontramos trabajando para resolver el inconveniente (...)". De
ninguna manera esto implicó indisponibilidad del 100% del aplicativo Demanda en
Línea y mucho menos hasta el 2 de diciembre de 2024 cuando la empresa
Camargo & Cartagena Abogados S.A.S volvió a enviar el mismo correo a Soporte
Demanda en Línea sin ningún texto que indicara que continúa con el problema.
Esto da a entender que no intentaron radicar la demanda durante ese periodo de
tiempo […]”.
[…]
“[…] Consulta realizada directamente en la base de datos
En atención a lo expuesto, reiteramos a la Sala de lo Contencioso Administrativo,
que las competencias de la Unidad de Transformación Digital e Informática de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en virtud del artículo 98 de la Ley
270 de 1996- Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y en razón de la
naturaleza jurídica que le ha sido asignada legalmente a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Unidad de Informática - es eminentemente técnica;
contenido normativo señalado en precedencia que a su tenor literal indica:
"ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico
y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas
de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura".
Conforme a lo resaltado que se encuentra ajeno a su texto de origen; para inferir
que la competencia asignada a esta dependencia es meramente de soporte y
apoyo técnico frente a los diferentes programas técnicos y/o, informáticos
asignados a esta Unidad y por tanto, no ostenta la competencia funcional para
radicar Demandas, Tutelas o Habeas Corpus a nombre de terceros, ni realizar
gestión alguna como: reparto, registro de actuaciones, ocultamiento, eliminación,
etc., como tampoco tocar información almacenada en los diferentes Aplicativos que
se encuentran bajo su administración, la cual ha sido ingresada directamente por
las Corporaciones, Despachos Judiciales y Centros de Servicios del país […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, la Unidad de Transformación Digital e Informática de la
Dirección Ejecutiva la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura no puede cumplir con el numeral SEGUNDO del fallo de
la tutela emitida por la Magistrada ponente Elizabeth Becerra Cornejo […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas se reitera al Despacho que la Unidad de
Transformación Digital e informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no ostenta competencia funcional para radicar demandas, ni realizar
gestiones relacionadas con el registro de las mismas pues es una dependencia de
apoyo técnico y administrativo.
Por lo anterior, solicito respetuosamente revocar la decisión de primera instancia
del 4 de febrero de 2025, y en su lugar no impartir orden alguna a la DEAJ […]”.
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38.Ahora bien, para la Sala a diferencia de lo sostenido por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en su escrito de impugnación, la decisión del a quo al
declarar la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los actores es razonable y ajustada a
derecho, toda vez que evidenció que si bien es cierto el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Transformación Digital e Informática no goza de la facultad de efectuar el respectivo
reparto, teniendo en cuenta que es competencia de las Oficinas de Apoyo Judicial,
“[…] lo cierto es que sí deben direccionar las demandas para que estas oficinas
realicen el correspondiente reparto y asignación del número de radicado […]”.
39. En ese orden de ideas, el a quo al resolver el caso concreto consideró lo
siguiente, tesis que esta Sala comparte plenamente:
“[…] Sin embargo, a pesar de que el apoderado de los demandantes manifestó a
través de correo electrónico que tuvo problemas con el aplicativo dispuesto para la
radicación de demandas y que el día 22 de agosto de 2024 intentó radicarla por ese
mismo medio ante la imposibilidad de hacerlo por el sistema, recibió una respuesta
que, contrario a lo afirmado por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
de Bogotá, confirmó que el aplicativo ese día tenía intermitencias.
Aun así, a pesar de que se indicó que por ese medio se informaría cuando se
superaran los problemas técnicos, no existe prueba de que efectivamente así lo
hayan notificado, ni tampoco se pronunció el extremo pasivo respecto de los
documentos que se adjuntaron al correo electrónico, los cuales correspondían a la
demanda y sus anexos, tal y como lo demostró la parte accionante con los
documentos que adjuntó al escrito de tutela17.
Por lo anterior, al verificar el trámite que se le dio a la radicación de la demanda de
reparación directa, la Sala observa que la parte accionada incumplió con su deber
de redireccionar el escrito. Esta corporación no desconoce que existe un aplicativo
dispuesto para la radicación de demandas, pero advierte que ello no es excusa para
que, cuando dicho sistema falle, se impida el acceso a la administración de justicia
de los usuarios y se limiten a comunicar que están intentando superar los problemas
técnicos sin facilitar o suministrar otro canal que apoye al que presenta las fallas
[…]”. (Resaltado por la Sala).
40.Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si es del caso declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
41.Los actores presentaron memorial el 28 de marzo de 2025, en el que solicitaron
la apertura del trámite incidental, toda vez que no han recibido informe de la remisión
de correo electrónico o presentación del escrito por el aplicativo “[…] RECEPCIÓN
DEMANDAS EN LÍNEA […]”, comprobante de la radicación de la demanda, acta de
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reparto o información alguna sobre el número bajo el cual ha quedado radicado el
escrito de demanda, por lo que “[…] considerando que el termino otorgado por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B ha vencido el 26 de marzo de 2025, solicito
al despacho la apertura del incidente de desacato, esto considerando el
incumplimiento de las órdenes del fallo de tutela […]”.
42. La Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado profirió el auto
de 1o. de abril de 2025, por medio del cual resolvió “[…] REQUERIR al Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Transformación Digital e Informática y al Consejo Superior de la Judicatura
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá, para que, en el término de tres (3) días hábiles contados
a partir de la notificación de la presente providencia, aporten informe del
cumplimiento de la sentencia de tutela del 4 de febrero de 2025 […]”.
43.Con posterioridad, la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado
profirió el auto de 23 de abril de 2025, por medio del cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la apertura del incidente de desacato de la orden contenida
en la sentencia del 4 de febrero de 2025, por las razones consignadas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Efectuar las anotaciones respectivas en el expediente electrónico
incorporado en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
TERCERO: Archivar el presente expediente una vez cobre ejecutoria esta decisión
[…]”.
44.La Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado consideró que:
“[…] La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Transformación
Digital e Informática mediante memoriales radicados los días 7, 8 y 9 de abril de la
presente anualidad, manifestó que se encontraban realizando todas las gestiones
pertinentes para el cumplimiento de la providencia del 4 de febrero de 2025.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá a
través de un memorial del 9 de abril de 20254, aportó el acta de reparto con radicado
núm. 11001-33-36-033-2025-00142-00 a través de la cual dejó constancia de que la
fecha de radicación de la demanda fue el día 22 de agosto de 2024, tal como se
muestra a continuación:
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“[…] El señor Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros presentaron una solicitud de
apertura del incidente de desacato al considerar que las entidades accionadas no
habían dado cumplimiento a la sentencia del 4 de febrero de 2025. En dicha
providencia se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y se ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de
Transformación Digital e Informática y al Consejo Superior de la Judicatura
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá la radicación y reparto de la demanda en la fecha del 22
de agosto de 2024.
Revisadas las pruebas aportadas al expediente, la Sala observa que las entidades
accionadas dieron cumplimiento al fallo de tutela, ya que aportaron el acta de reparto
a través de la cual se dejó constancia de que la fecha de radicación de la demanda
de los accionantes fue el 22 de agosto de 2024.
Sumado a lo anterior, esta corporación, con el fin de corroborar que el proceso
hubiera sido creado y debidamente repartido, consultó al sistema de información
Samai con el número de radicado 11001-33-36-033-2025-00142-00 y encontró que
el mismo fue repartido al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, tal como
se ilustra:
En consecuencia, como se demostró que las autoridades accionadas dieron
cumplimiento efectivo y completo a la orden de tutela del fallo del 4 de febrero de
2025, al realizar la correspondiente radicación y reparto del escrito de demanda
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Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
presentado el 22 de agosto de 2024, se negará la solicitud de apertura del incidente
de desacato […]”.
45. En el caso sub examine y conforme lo expuesto supra, la Sala observa que lo
que pretendían los actores con la acción de tutela de la referencia era que se
efectuara la correspondiente radicación y reparto del escrito de demanda
presentado el 22 de agosto de 2024, lo cual aconteció en el presente tramite de
tutela, como se indicó supra.
46. Para la Sala está plenamente acreditado en el expediente que la Oficina de
Apoyo de los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá mediante memorial
del 9 de abril de 20254, aportó el acta de reparto con radicado núm. 11001-33-36-
033-2025-00142-00 a través de la cual dejó constancia de que la fecha de
radicación de la demanda fue el día 22 de agosto de 2024, además, el respectivo
proceso de reparación directa fue repartido al Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, como se indicó supra, por lo que dichas
actuaciones adelantadas acaecieron en virtud de la orden de amparo decretada en
la sentencia de primera instancia, por lo que no se encuadra dentro de la definición
de hecho superado contenida en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, cuyo
tenor indica:
“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes […]”.
47. Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la carencia
actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado, es menester precisar lo
que la Jurisprudencia Constitucional ha sostenido sobre este concepto.
48. Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:
“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un hecho superado.
Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción de tutela
con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos
fundamentales de las personas cuando quiera que éstos se vean vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular (en los casos establecidos en la ley), protección que se ve
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materializada con la emisión de una orden por parte del juez de tutela dirigida
a impedir que tal situación se prolongue en el tiempo[33].
Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta Corporación ha
señalado que la misma se extingue cuando ‘la vulneración o amenaza cesa,
porque ha ocurrido el evento que configura tanto la reparación del derecho,
como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del
demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela,
ha acaecido antes de la mencionada orden’[34]. Cuando la vulneración o la
amenaza de los derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo
que la jurisprudencia constitucional ha denominado ‘hecho superado’”. Al
respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 957 de 2009:
“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se presenta cuando por la
acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho cuya
protección se reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La Jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión ‘hecho superado’, en el sentido obvio de las
palabras, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en
tutela.”
Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes de iniciado el
proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii)
estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación[35].En este
último evento, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la acción de
tutela se torna improcedente[36] por no existir un objeto jurídico sobre el cual
proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa
prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991)’[37].
En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se presenta este
fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si
realmente existió una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados y determinando el alcance de los mismos[38]. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-722 de 2003 la Corte Constitucional precisó lo
siguiente:
‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo se supera antes de
iniciado el proceso ante los Jueces de tutela de instancia o en el transcurso
de este y así lo declaran en las respectivas providencias, la Sala de
Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto y, en consecuencia, habrá
de confirmar el fallo revisado quedando a salvo la posibilidad de que en
ejercicio de su competencia y con el propósito de cumplir con los fines
primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte, realice un examen y una
declaración adicional relacionada con la materia, tal como se hará en el caso
sub-examine.
ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene lugar justo cuando la
Sala de Revisión se dispone a tomar una decisión; si se advirtiere que en el
trámite ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los
derechos fundamentales invocados y así no se hubiere dispuesto, la
decisión de la Sala respectiva de esta Corporación, de conformidad con la
Jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos objeto de examen y
conceder la tutela, sin importar que no se proceda a impartir orden alguna
[…]”.
49. Sobre el mismo asunto, en la sentencia T - 612 de 2012, la Corte precisó:
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“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta
cuando antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo
solicitado. En efecto, ‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de
tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado,
porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface
lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el Juez caería
en el vacío[12].
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección
ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando
durante el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración.
El Juez queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a
restablecer el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su
normalidad sin la intervención de la autoridad del Estado […]” (Negrilla y
subrayas por fuera del texto original).
50. De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para
declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado:
1. Que se reclame ante el juez de tutela la protección de un derecho
fundamental, cuando es amenazado o vulnerando por la acción o la omisión
de la autoridad o de un particular.
2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como medida
cautelar, en la primera instancia, en la segunda instancia o en sede de
revisión, desaparezca la vulneración o amenaza de vulneración de los
derechos fundamentales, porque se satisface lo pedido en la tutela.
51. La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que
eventualmente decretaría el juez carecería de objeto y, por ende, se torna inoficiosa.
52. Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe diferenciar la
labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación en sede de revisión, por
cuanto: “[…] no es perentorio para los Jueces de instancia (…) incluir en la
argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos
fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo
si consideran que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
[12] SU - 540 de 2007
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constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y
advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal
como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es potestativo
para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio para la Corte Constitucional
en sede de revisión pues como autoridad suprema de la Jurisdicción Constitucional
tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos, tanto
para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es que la providencia
judicial incluya la demostración de que en realidad se ha satisfecho por completo lo
que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho
superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que
se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a
advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se
repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
53. En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que la
Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado, pues aun cuando ya
cesó la vulneración, no se puede señalar que la orden de amparo carezca de objeto,
todo lo contrario, como estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es
confirmarla.
54. En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden de amparo que
es el efecto práctico del hecho superado- sino que debe confirmarse en todas sus
partes la que ya se decretó, por cuanto, además, sirvió para la protección cabal de
los derechos reclamados.
55. Distinto sería si, por ejemplo, la Sección Segunda -Subsección B- de del
Consejo de Estado, no hubiese concedido el amparo y aun así la parte demandada
hubiese efectuado la correspondiente radicación y reparto del escrito de demanda,
ya que en esta instancia sí habría lugar a declarar el hecho superado, por cuanto,
efectivamente, se constató que se violó los derechos fundamentales, pero es inane
decretar orden alguna, en atención a que la situación de vulneración ya fue
superada.
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56. Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previsto para
aquellos casos en los que el juez constitucional, en cualquiera de las instancias,
advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario
impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada,
pero si la intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y estuvo
ajustada a derecho, corresponde confirmarla.
Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 4
de febrero de 2025 proferida por la Sección Segunda -Subsección B- de del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 24 de febrero de 2025 proferida
por la Sección Segunda -Subsección B- de del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06908-02
Actores: Mauricio Andrés Garzón Olivos y otros
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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