Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06910-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06910-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06910-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: CAMILO ERNESTO OLAVE VERGARA
Autoridad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-ESCUELA JUDICIAL
RODRIGO LARA BONILLA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-requisitos generales de procedibilidad. TUTELA-Carácter subsidiario del amparo. SUBSIDIARIEDAD-
No se agotaron los medios de defensa procedentes. ACTO ADMINISTRATIVO-Para controvertirlo el afectado
dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Camilo Ernesto Olave Vergara
contra el Consejo Superior de la Judicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Camilo Ernesto Olave Vergara, en nombre propio, formuló acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a cargos públicos que considera vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en el marco de la convocatoria 27
al concurso de méritos para la provisión de cargos de la Rama Judicial.
En virtud del amparo solicita:
PRINCIPALES:
I. TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza
legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada
que en un término improrrogable de 48 horas:
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
II. EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en el hecho sexto de la presente
acción, o las que usted su señoría reconozca como correctas, ii) excluya de la
calificación las preguntas que considere mal formuladas según los argumentos
expuestos en la presente acción; y iii) DISPONGA mi inclusión definitiva o
transitoria en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial
(IX curso de formación judicial).
SUBSIDIARIAS:
en el evento de no considerase la anterior orden, pido que:
I. Se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez
ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los
resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.
II. Se ORDENE a la accionada responder en debida forma el recurso de
reposición que presenté, pronunciándose específicamente sobre las objeciones
planteadas en el mismo y no se limite exclusivamente a dar respuestas genéricas
y evasivas.
2. Hechos relevantes
El 16 de agosto de 2018 el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la
Convocatoria No. 27, dio apertura al concurso para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.
El 19 de septiembre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400 en el que se establecen las directrices para la
ejecución del Curso de Formación Judicial Inicial a cargo de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla para aspirantes a los cargos de magistrados y jueces.
Por Resolución No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo, la escuela judicial
publicó los resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase general del
concurso de méritos. Al solicitante se le asignó puntaje reprobatorio, por ello,
presentó recurso de reposición contra esta decisión.
Mediante Resolución EJR24-973 del 5 de noviembre de 2024, la Escuela Judicial
repuso parcialmente la decisión y otorgó una calificación de 784 puntos, lo que
igualmente implica que reprobó la evaluación.
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante estima vulnerados sus derechos fundamentales invocados debido a
las irregularidades en la evaluación de los contenidos académicos impartidos en el
IX Curso de Formación Judicial, que implican el desconocimiento de las guías del
curso, pues obtuvo un puntaje en la evaluación que le impide acceder a la siguiente
fase del concurso de méritos.
Sostiene que las preguntas con las cuales se evaluó su conocimiento tenían
múltiples inconsistencias, entre las cuales mencionó:
se anticipa que a juicio de este recurrente se evidencia que, en muchas de las
respuestas que me fueron calificadas como incorrectas, el criterio que determinó ese
status fue la utilización de palabras sinónimas a las que el evaluador consideró
resultaban apropiadas, es decir, por no hacer gala de la memoria precisa.
Considera, que la accionada cambió súbitamente los lineamientos previstos para el
concurso, al inaplicar la regla consistente en que las preguntas en donde más de una
respuesta pudiera tener sentido, se generaría una alerta de «doble clave», la cual
debía ser evaluada en concreto para verificar la «correspondencia del sentido» y así
calificar como correcta la respuesta en que se confirme.
En este sentido, sostiene que la prueba fue aplicada de forma antipedagógica y en
contravía de los objetivos del Acuerdo PSCJA19.11400. En ese sentido, el
accionante demuestra, pregunta a pregunta, cómo i) la opción que considera correcta
corresponde con el sentido de la respuesta correcta, por lo que, en la evaluación,
debió haberse evaluado como correcta de acuerdo con los acuerdos del Consejo
Superior de la Judicatura sobre la evaluación de estas pruebas; además ii) que las
preguntas estuvieron mal formuladas.
Finalmente, esgrime que en las respuestas dadas a los recursos de reposición, la
autoridad se limitó a justificar la respuesta que resultaba correcta en el sistema, sin
referirse a los reparos concretos de los evaluados que repusieron los resultados de
su prueba. Ello, para el accionante, impidió una verdadera valoración de los
argumentos de impugnación de los recurrentes.
Por último, citó la sentencia SU-067 de 2022 de la Corte Constitucional, que
establece que la tutela procede en el marco de concursos de mérito cuando se
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
presenta una flagrante violación a los derechos fundamentales de los concursantes.
Igualmente, afirma que existe un perjuicio irremediable pues no podrá acceder a los
cargos ofertados en la convocatoria por los vicios, ya que no puede continuar en la
subfase especializada del Curso de Formación Judicial.
4. Trámite procesal
El 14 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional
solicitada1 y se ordenó su notificación al Consejo Superior de la Judicatura-Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
En el escrito de contestación, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al oponerse
al amparo, adujo que la solicitud resulta improcedente por existir medios de defensa
que resultan idóneos para salvaguardar los derechos del accionante, como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además, el accionante
probó la existencia de un perjuicio irremediable. Finalmente, afirma la entidad
accionada que no se acredita la vulneración a ningún derecho fundamental.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por
Camilo Ernesto Olave Vergara contra el Consejo Superior de la Judicatura-Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir las acciones de tutela que se
presenten contra el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 8 del
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
1
Cfr. SAMAI, índice 4.
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados2.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede manera
subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que permita
complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley.
Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional
ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de
obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido
consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes3.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia4.
Con relación a la acción de tutela frente a un concurso de méritos, la línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido clara en el sentido de la
procedencia excepcional de la acción de tutela, esta procedería si se lograra
demostrar: a) La inexistencia de un mecanismo legal que permita de manera idónea
la protección a los derechos fundamentales; b) la presencia de un perjuicio
2
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
3
Corte Constitucional, T-1008 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
irremediable o, c) planteamiento de un problema constitucional que desborde las
competencias de un juez administrativo5.
Caso concreto
El solicitante sostiene que la autoridad accionada le vulneró sus derechos
fundamentales dadas las irregularidades denunciadas por él en la calificación de la
prueba y en la contestación «genérica y evasiva» al recurso de reposición, que le dio
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
La Sala advierte que el discente puede acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para pedir la revisión del acto que publicó las
calificaciones y el que resolvió el recurso de reposición. En efecto, el artículo 138 del
CPACA dispone que toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le reestablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. A su vez, los artículos 229 y
siguientes del mismo precepto disponen la procedencia y requisitos de las medidas
cautelares frente a los actos administrativos, con el fin de suspender de manera
provisional los efectos de los actos.
El solicitante tiene a disposición el trámite previsto por el artículo 138 del CPACA
para controvertir la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 «Por medio de la
cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial Inicial», así como la resolución EJR24-973, por medio de la cual se resolvió
el recurso de reposición. Asimismo, es dable solicitar como medida cautelar la
suspensión de ese acto, pues fue el que le impidió continuar en el concurso. Por
tanto, es el medio idóneo para ventilar los argumentos alegados en el trámite de
tutela.
En consecuencia, la solicitud no cumple con el requisito de subsidiariedad porque
existe otro medio de defensa judicial que debe ser agotado por los accionantes antes
de la interposición de la solicitud de tutela.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-156 de 2024. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Al respecto, la Corte constitucional en Sentencia SU-067 de 2022, señaló que:
El juez de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones
de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que ‘por regla general, […] es
improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos por las
autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de méritos,
pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo dispone el artículo
104 de la Ley 1437 de 20116.
En virtud de lo anterior, para la Sala la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
impone a la parte actora la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner
en marcha los medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la
protección de las garantías fundamentales que estima vulneradas. Así las cosas,
para acudir al recurso de amparo, la parte accionante debe actuar con suma
diligencia en tales procedimientos, pero también, que la falta injustificada de
agotamiento de los recursos ordinarios o extraordinarios a que haya lugar deviene
por completo en la improcedencia del mecanismo tutelar establecido en el artículo
86 Superior7.
Ahora bien, frente a la posible existencia de un perjuicio irremediable, la Corte
Constitucional lo ha definido como:
Inminente, es decir, se trata de una amenaza que está por suceder prontamente, lo
que se diferencia de la mera expectativa de daño en la medida que aquella reporta
evidencias fácticas de su configuración real en un corto lapso, al punto que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética; (ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) urgente, porque las medidas que se
requieren deben otorgar una respuesta proporcionada de prontitud para frenar o
conjurar el daño; y, (iv) que tornen la acción de tutela en impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para asegurar debidamente la protección de los
derechos comprometidos y restablecer el orden social justo en toda su integridad8.
De lo allegado al expediente, si bien el accionante salió del concurso con ocasión del
puntaje asignado, la controversia administrativa que se suscita por los vicios
alegados por él no da a entender un perjuicio irremediable, de acuerdo con los
criterios constitucionales arriba expuestos. Inclusive, el solicitante no acreditó la
6
Artículo 104 del CPACA. “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]
8
Corte Constitucional. Sentencia T-181 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda.
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Expediente No. 11001-03-15-000-2024-06910-00
Accionante: Camilo Ernesto Olave Vergara
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
existencia de un perjuicio irremediable, pues no menciona sus propios derechos
fundamentales, sino el costo que tendrían las posibles medidas resarcitorias en caso
de que se le concedieran las pretensiones a través de la vía ordinaria.
Al no advertirse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad y no evidenciarse la
existencia de un perjuicio irremediable por los motivos antes expuestos, la Sala
declarará la improcedencia de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Camilo Ernesto Olave
Vergara contra el Consejo Superior de la Judicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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