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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06913-00

Fecha
14 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06913-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por Javier Mauricio Gómez Parrado en contra de la Sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Por Secretaría liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06913-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 14 ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 14 de septiembre de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Procedencia y presupuestos que
configuran la causal de revisión | CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN -Nulidad originada en la
sentencia | RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una nueva instancia en la que
las partes pueden corregir las falencias probatorias y jurídicas de sus argumentos.

Síntesis del caso: La parte actora solicitó la revisión de la Sentencia de segunda instancia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la que se modificó la
decisión de primer grado que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
un asunto de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se cuestionó la legalidad
de los actos administrativos relacionados con una liquidación oficial de revisión.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
Sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se modificó la Sentencia de 7 de
octubre de 2021 de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso extraordinario de revisión en contra de una sentencia emitida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1071 y 2492 del CPACA y el artículo 293 del Acuerdo
80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

1 “ARTÍCULO 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y un (31) Magistrados.
(…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código,
encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas
estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión
de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno.”
2 ”ARTÍCULO 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o

subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la
sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.”
3 “ARTÍCULO 29." Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo:
l. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
______________________________________________________________________________________________________________

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Demanda y sentencia de primera instancia. 1.2 Recurso de apelación y
trámite de segunda instancia. 1.3 Recurso extraordinario de revisión y trámite.

1.1. Demanda y sentencia de primera instancia

1. El 5 de octubre de 2018, Javier Mauricio Gómez Parrado presentó una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con ocasión de la expedición
de una liquidación oficial de revisión por la omisión en la afiliación y/o
vinculación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

2. El fundamento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
consistió en lo siguiente: El 17 de agosto de 2016, la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la UGPP expidió el Requerimiento de
Información No. RQI-M-374, mediante el cual le solicitó a Javier Mauricio
Gómez Parrado la información y documentos necesarios para verificar la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de aportes al sistema
de protección social por los periodos de enero a diciembre de 2014.

3. El 27 de octubre de 2016, la Subdirección de Determinación de
Obligaciones de la UGPP profirió el Requerimiento para declarar y/o corregir
No. RCD-2016-01069, al advertir que Javier Mauricio Gómez Parrado tenía
capacidad de pago y, por ello, debía afiliarse y cotizar como independiente
al Sistema General de Pensiones y al Régimen Contributivo de Salud durante
enero a diciembre de 2014. La UGPP sustentó ese requerimiento en la
declaración de renta del año gravable 2014, en la que encontró ingresos y
actividad económica que lo hacían obligado a cotizar al Sistema General
de Seguridad Social.

4. El 31 de mayo de 2017, la UGPP expidió la Liquidación Oficial No. RDO-
2017-01235, en contra de Javier Mauricio Gómez Parrado, por la omisión en
la afiliación y/o vinculación y pago de aportes a salud y pensión por los
periodos de enero a diciembre de 2014. La autoridad determinó que se
omitió realizar los aportes al subsistema de salud, al subsistema de pensiones
y a la subcuenta de solidaridad por un total de $56.364.000 e impuso una
sanción por omisión que ascendió a $112.728.000, al considerar que el
aportante debía cotizar como trabajador independiente con capacidad
de pago.

2. Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión creadas por el
articulo 3°de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente.
3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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5. El 15 de agosto de 2017, Javier Mauricio Gómez Parrado, a través de
apoderado judicial, interpuso recurso de reconsideración en contra de la
Liquidación Oficial No. RDO-2017-01235. Sostuvo que la UGPP había
calculado incorrectamente el ingreso base de cotización, pues debió tomar
solo la utilidad real de los contratos y no el total de los ingresos; además,
afirmó que no existía una presunción legal para distribuir los ingresos anuales
en todos los meses del año y alegó la imposibilidad de pagar
retroactivamente los aportes de salud y pensión.

6. El recurso fue resuelto mediante la Resolución No. RDC-2018-00505 del
15 de junio de 2018, mediante la cual se modificó la liquidación inicial. La
UGPP mantuvo la conclusión sobre la omisión en la obligación de cotizar,
pero ajustó los valores al monto de $56.162.200 por concepto de aportes
omitidos y la suma de $112.324.400 en lo referente a la sanción por omisión.
La autoridad administrativa analizó los soportes aportados en el
procedimiento administrativo y concluyó que algunos ingresos estaban
suficientemente acreditados por meses específicos y que otros debían
mensualizarse, ante la falta de prueba de su causación mensual.

7. Javier Mauricio Gómez Parrado, por intermedio de apoderado
judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP4, solicitó la nulidad de la Liquidación Oficial
No. RDO-2017-01235 y la Resolución No. RDC-2018-00505 y, a título de
restablecimiento, pidió que se realizara la devolución de los pagos
efectuados, la respectiva indexación, el pago de los intereses causados y el
reconocimiento de los gastos derivados de su defensa. Para ello alegó que
antes de la Ley 1753 de 2015 no existía una base gravable clara para
independientes, que la UGPP no podía mensualizar sus ingresos sin una
presunción legal, que debía tomarse el AIU (concepto de Administración,
Imprevistos y Utilidades) o la utilidad real, y que la sanción por omisión no era
aplicable en su caso.

8. El 24 de enero de 2019, la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Auto admisorio5. La UGPP
contestó la demanda6, y se opuso a la prosperidad de las pretensiones dado
que, a su juicio, el actor sí estaba obligado a afiliarse y cotizar como
independiente con capacidad de pago, el ingreso base de cotización
debía corresponder a los ingresos efectivamente percibidos menos las
erogaciones necesarias, y que el demandante no probó debidamente los
períodos exactos en que recibió todos los ingresos.

4 Archivo denominado“6ED_DEMANDA_03DEMANDA.pdf” del expediente Rad. 25000-23-37-000-2018-00602-00.
5 Archivo denominado “11ED_AUTOADMIS_08AUTOADMISORIODE.pdf” del expediente Rad. 25000-23-37-000-2018-

00602-00.
6 Archivo denominado “13ED_CONTESTACI_10CONTESTACIONDED.pdf” del expediente Rad. 25000-23-37-000-

2018-00602-00.

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Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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9. El 7 de octubre de 2021, la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de primera
instancia7 en la que resolvió (se trascribe):

“PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. RDO-2017-
01235 del 31 de mayo de 2017, por medio de la cual le fue proferida al
demandante liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación y
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en los subsistemas
de salud y pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014, y le fue
impuesta sanción por no declarar por la conducta de omisión; y la Resolución
No. RDC2018-00505 del 15 de junio de 2018, que modificó la anterior al desatar
el recurso de reconsideración interpuesto, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social-UGPP a eliminar la liquidación efectuada respecto de las
contribuciones al Sistema de la Protección Social por los subsistemas de salud
y pensión, por el mes de diciembre de 2014, teniendo en consideración lo
expuesto en la parte motiva de la sentencia e igualmente se reliquide las
sanciones a que haya lugar.

TERCERO. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.”

10. El tribunal estimó que Javier Mauricio Gómez Parrado sí tenía la
calidad de independiente con capacidad de pago y, por tanto, debía
cotizar a salud y pensión durante 2014; sin embargo, la UGPP no podía
presumir de forma indiscriminada todos los ingresos mensuales, por lo que
debía depurar la base de cotización para diciembre de 2014, con las
pruebas aportadas sobre ingresos y costos.

11. En ese orden, estudió las pruebas decretadas y practicadas en el
proceso, entre ellas el expediente administrativo y los certificados del
contador del demandante y concluyó que los referidos certificados
respecto de los ingresos de marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre y
diciembre de 2014 no tenían soportes contables, por lo que no daban
certeza respecto de las sumas percibidas en esos periodos, en esa medida
optó por acudir a los ingresos que fueron determinados por la UGPP en la
Resolución No. RDC 2018-00505 de 2018.

12. Adicional a ello, de conformidad con los soportes decretados y
practicados en el proceso, calculó los costos y deducibles de la actividad
del demandante mes a mes. Añadió que fueron rechazados algunos
documentos presentados ya que algunas facturas y comprobantes de
egreso carecían de número consecutivo de factura, NIT y/o fecha.

13. De la anterior información calculó el ingreso base de cotización para
2014 y concluyó que entre enero y noviembre de 2014 no se reflejaban
cambios entre la estimación realizada por la UGPP y la del tribunal, sin
embargo, en diciembre de 2014 evidenció que los costos superaron los

7 Carpeta “1 CD Folio 156” archivo denominado “35Sentencia201800602.pdf”.

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Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
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ingresos brutos, motivo por el que, al no existir ingresos, se debía eliminar la
liquidación efectuada respecto de ese mes y se debían reliquidar las
sanciones a que hubiera lugar.

1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

14. Javier Mauricio Gómez Parrado presentó recurso de apelación8 en el
que cuestionó que el tribunal omitió apreciar documentos esenciales, tales
como comprobantes de egreso, contratos, certificaciones contables y
cuadros de Excel, los cuales, a su juicio, mostraban el ingreso efectivamente
recibido en cada mes de 2014. Adicional a ello, señaló que era
improcedente mensualizar los ingresos sin una presunción legal expresa, en
ese sentido indicó que la UGPP no podía tomar el total anual de ingresos y
dividirlo entre los doce meses, porque se desconocía el valor real
devengado, alteraba la base gravable y convertía una hipótesis
administrativa en una obligación no prevista por la ley.

15. Adicional a lo anterior consideró que para para el año fiscal en el que
se debía calcular la contribución no existía una base gravable para los
independientes, motivo por el que dichos trabajadores no podían ser sujetos
de ese gravamen.

16. Mediante Auto de 6 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado admitió el recurso de apelación presentado9.

17. El 30 de noviembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
profirió Sentencia de segunda instancia10, mediante la cual modificó la
decisión apelada así (se trascribe):

“SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social-UGPP a eliminar la liquidación efectuada respecto
de las contribuciones al Sistema de la Protección Social por los subsistemas
de salud y pensión, por el mes de diciembre de 2014, teniendo en
consideración lo expuesto en la parte motiva de la sentencia e igualmente
se reliquiden las sanciones a que haya lugar. Además, se deberá proceder
con la devolución de los aportes en exceso, previa verificación de los pagos,
de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.”

18. Para ello, el Consejo de Estado estudió lo relacionado con la base de
cotización de los trabajadores independientes para concluir que sí estaban
obligados a cotizar al sistema de seguridad social, pero esa cotización debía
construirse con una base real probada, sin embargo, aclaró que cuando no
existía prueba suficiente sobre el mes exacto en que se recibió un pago, la
administración podía distribuir o mensualizar el valor restante para completar
la base de cotización del año fiscalizado.

8
Carpeta “1 CD Folio 156” archivo denominado “38MemorialRecurso20220317135554.pdf”.
9 Archivo denominado “22AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.pdf” del expediente Rad. 25000-23-37-000-

2018-00602-00.
10 Carpeta “Apelación sentencia” archivo denominado “028SENTENCIA.pdf”.

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Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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19. En virtud de ello respaldó la valoración probatoria realizada por el
Tribunal en la medida en que se analizaron los costos acreditados y fueron
reconocidos los documentos que cumplieron con los criterios de causalidad,
necesidad y proporcionalidad, en esa medida concluyó que no hubo una
omisión en la valoración probatoria como fue alegada por el actor.

20. Adicional a ello, recalcó que, de acuerdo con los costos aceptados,
para el mes de diciembre se generó un resultado negativo, motivo por el
que no debía mantenerse la liquidación para ese período, pero además, se
debía ordenar la devolución de los aportes pagados en exceso.

21. Finalmente, señaló que la omisión en la afiliación y pago sí
configuraba una conducta sancionable para independientes con
capacidad de pago, y descartó el argumento del apelante respecto de
que esa sanción era exclusiva de las relaciones trabajador – empleador.

1.3. Recurso extraordinario de revisión y trámite

22. El 13 de diciembre de 2024, Javier Mauricio Gómez
Parrado interpuso recurso extraordinario de revisión11 en contra de
la Sentencia de 30 de noviembre 2023, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado con fundamento en la causal 512 de revisión establecida
en el artículo 250 del CPACA.

23. El demandante sostuvo que, se configuró la causal de nulidad por
vulneración al derecho al debido proceso ya que los pagos al sistema de
seguridad social eran contribuciones parafiscales que debían cumplir con el
principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 338 de la
Constitución. Adicional a ello, señaló que se desconoció que en materia
tributaria se debían tener presentes los principios de predeterminación del
tributo, seguridad jurídica, unidad económica y certeza del tributo, los
cuales, a su juicio, no se cumplían pues consideró que en el cobro no se
habían precisado claramente los elementos que lo integraban.

24. Indicó que la violación alegada se sustentaba en que el actor no
estaba obligado a realizar aportes al sistema general de seguridad social ya
que, para 2014, no existía una disposición clara que determinara todos los
elementos de la contribución parafiscal, puntualmente respecto de
establecer a los trabajadores independientes como sujetos pasivos de la
contribución, ya que el ingreso base de cotización de dichos trabajadores
solo fue definido por el legislador a través de la Ley 2277 de 2022.

11 Índice 2 del expediente de la referencia visible en Samai.
12 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales

de revisión:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. (…)”.

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Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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25. Señaló que el acto administrativo estaba viciado de
inconstitucionalidad e ilegalidad ya que era contrario a lo dispuesto en el
artículo 338 de la Constitución, las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y los
Decretos 806 de 1998, 510 de 2003 y 1703 de 2002, pues consideró que la
UGPP tenía el deber de realizar una motivación adecuada respecto de los
5 elementos esenciales de los tributos para el pago de aportes al sistema de
seguridad social de los independientes.

26. En ese orden indicó que de los artículos 5 y 6 de la Ley 797 de 2003,
que modificaron los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, no eran
aplicables ya que no definían la base gravable de los aportes al Sistema de
Protección Social de los trabajadores independientes. De la misma forma
señaló que el Decreto 510 de 2003, indicó el mínimo de cotización, pero no
la base de cotización de los trabajadores independientes.

27. El 10 de marzo de 2025, mediante Auto, se inadmitió el recurso
extraordinario de revisión13 pues la parte actora no indicó el lugar, dirección
y canal digital de notificaciones de la parte demandada, ni tampoco
acreditó el envío simultáneo del recurso y sus anexos.

28. El 15 de marzo de 2025, Javier Mauricio Gómez Parrado presentó un
escrito de subsanación14, a través del que informó los canales de
notificación de la UGPP y aportó las capturas de envío de la demanda y sus
anexos a la demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

29. El 14 de julio de 2025, se profirió Auto admisorio15 del recurso
extraordinario de revisión. Posteriormente, el 30 de julio de 2025, la UGPP
allegó un escrito de oposición del recurso16, en el que consideró que la parte
actora invocó la causal 5 de revisión como un mecanismo adicional de
impugnación del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que lo pretendido realmente era convertir este recurso en
una instancia más del proceso. Adicional a ello señaló que no se cumplía
con las condiciones de procedencia para la revisión ya que el propósito de
los argumentos planteados consistió en que se realizara un nuevo control de
legalidad de la sentencia expedida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

30. El Ministerio Público17 se abstuvo de rendir concepto en el presente
asunto.

13 Índice 4 del expediente visible en Samai.
14 Índice 9 del expediente visible en Samai.
15 Índice 12 del expediente visible en Samai.
16 Índice 19 del expediente visible en Samai.
17 Notificado mediante estados electrónicos de 21 de julio de 2025, el cual se encuentra visible en el índice 15 del

expediente en Samai.

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Decisión: Declara infundado
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31. El 20 de octubre de 2025, se abrió la etapa probatoria18 del proceso
de la referencia, fueron tenidos como pruebas los documentos allegados
con el recurso extraordinario de revisión, y se decretó como prueba
documental la remisión del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se adoptó la sentencia que es
objeto del presente recurso.

2. CONSIDERACIONES

Contenido. 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar. 2.2 Análisis sustantivo. 2.3.
Costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

32. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que el
medio de impugnación se promovió de manera oportuna, si se tiene en
cuenta que el artículo 25119 del CPACA dispuso que este recurso debía
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.

33. En el presente asunto, la sentencia cuestionada se profirió el 30 de
noviembre de 2023 y se notificó a las partes mediante mensaje de datos
enviado el 5 de diciembre de 202320, motivo por el que la notificación quedó
efectuada el 7 de diciembre de 202321. Bajo los términos del artículo 302 del
CGP, la providencia quedó ejecutoriada al tercer día de su notificación,
esto es, el 13 de diciembre de 2023.

34. En ese sentido, como el recurso extraordinario de revisión se interpuso
el 13 de diciembre de 2024, se considera que fue presentado de manera
oportuna dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida.

35. Respecto de la legitimación en la causa, debe expresarse que Javier
Mauricio Gómez Parrado y la UGPP están legitimados en la causa activa y
pasiva, respectivamente, ya que el accionante y la autoridad demandada
fueron partes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que
dio origen a la sentencia que es objeto del presente recurso. De ahí que
resulte evidente la legitimación que ostentan ambos al interior de este
proceso.

18 Índice 21 del expediente visible en Samai.
19 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la

ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
20 Carpeta “Apelación sentencia” archivo denominado “035NOTIFICACIONESPERSONALES_CONSTANCIA_26899”.
21 Conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

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Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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36. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión en
atención a que no se configuró la causal 5 del artículo 250 del CPACA y
pretendió utilizar este recurso como una instancia adicional al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Análisis sustantivo

37. Para determinar si el recurso extraordinario de revisión del caso bajo
estudio cumple con los presupuestos de la causal invocada22, se realizará un
análisis de los argumentos aducidos por el recurrente.

38. El recurso extraordinario de revisión se centró en señalar que se
configuró la causal 5 de revisión, por una aparente vulneración del derecho
al debido proceso del señor Gómez Parrado. La justificación para acudir a
esa causal de nulidad fue que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no
tuvo en cuenta que los pagos realizados al sistema de seguridad social eran
contribuciones parafiscales que debían cumplir con el principio de
legalidad tributaria y que se desconoció que en materia tributaria se debían
tener en cuenta los principios de predeterminación del tributo, seguridad
jurídica, unidad económica y certeza del tributo, sin embargo, consideró
que esos principios fueron desconocidos ante la falta de precisión de los
elementos que componían la contribución (a su juicio, los trabajadores
independientes no podían considerarse como sujetos pasivos del gravamen
y no existía una base gravable respecto de estos), y la aplicación de
disposiciones jurídicas que no resultaban aplicables a su caso (Hizo
referencia a los artículos 5 y 6 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los
artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993).

22 Sobre esta causal, el Consejo de Estado, en Sentencia de 7 de abril de 2015 proferida en el expediente Rad.

2013-02724-00, fue enfático en establecer que era necesaria la concurrencia de dos aspectos: en primer lugar
que, el vicio alegado se haya configurado en el momento procesal en que se profirió la sentencia, y, en segundo
lugar que, el vicio invocado se haya fundamentado en un desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustancial propia de esa actuación.
Sobre el primer aspecto, no es posible invocar como fundamento del recurso, alguna causal de nulidad acaecida
en una etapa previa a la sentencia, toda vez que las nulidades procesales se someten a las reglas de oportunidad
y trámite del artículo 134 del Código General del Proceso, sin desconocer el deber que tiene el juez de declarar
de manera oficiosa las nulidades que observe antes de proferir el fallo.
No obstante, también podrán alegarse como sustento del recurso de revisión aquellas nulidades ocurridas antes
de la expedición del fallo, que no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para evitar que
este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera instancia, en la que las partes pueden
subsanar sus omisiones.
Respecto del segundo aspecto, esto es, que la nulidad se fundamente en un desconocimiento grave e insaneable
de alguna ritualidad propia de la sentencia, la jurisprudencia ha establecido que, se configura la causal cuando
se acredita alguno de los supuestos de nulidad, previstos de manera taxativa en el artículo 133 del Código General
del Proceso o cuando se demuestra la violación del derecho fundamental al debido proceso.
El debido proceso se ha establecido como una causal genérica de nulidad de la sentencia, que no puede ser
percibida por los recurrentes como una forma para corregir sus falencias argumentativas o probatorias.
La jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo han entendido que la violación al debido
proceso constituye una causal de nulidad, cuando el juez determina de manera razonable y justificada que los
hechos alegados contrarían este derecho fundamental. De ahí que, la vulneración al núcleo esencial por cuenta
de aspectos o asuntos probatorios pueda constituirse como causal.
De esta forma, el Consejo de Estado ha considerado como causales de nulidad la carencia absoluta de
motivación de la sentencia, la violación al principio de la non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación
del debido proceso, la expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado en
el proceso, la falta de congruencia, la falta de votos necesarios para la aprobación de una sentencia y la
expedición de un fallo inhibitorio injustificado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
______________________________________________________________________________________________________________

39. Para la Sala, los fundamentos planteados no conllevan a la
configuración de la causal alegada pues se evidencia que los aspectos
alegados por la parte actora no demuestran, en sí mismos, una afectación
al derecho al debido proceso, sino que se presentan como unas
inconformidades en relación con los razonamientos y fundamentos
expuestos en la sentencia adoptada, lo cual implicaría reabrir el debate
fáctico y jurídico que se surtió por parte de la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

40. Sobre la causal de nulidad referente a la violación al debido proceso
esta corporación23 ha indicado que se requiere que se trate de una
anomalía procesal que tenga la fuerza suficiente para determinar que la
decisión adoptada pudo ser distinta. Adicional a ello, ha indicado que no
es admisible invocar la violación al debido proceso con el objeto de utilizar
el recurso extraordinario de revisión para reabrir debates jurídicos o
probatorios ya surtidos en el curso normal del proceso24.

41. La Sala evidenció que lo alegado por el demandante no es, en sí
mismo, una violación al derecho al debido proceso, en la medida en que
no se expuso una irregularidad de carácter procesal, sino que pareciera más
una inconformidad respecto del hecho de que no se acogió su tesis sobre
la falta de configuración de todos los elementos de la contribución y la
aparente aplicación de disposiciones jurídicas que no correspondían a su
situación particular como trabajador independiente.

42. Adicional a lo anterior, es importante recordar que el demandante ya
había puesto de presente su inconformidad respecto del cobro de los

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 2 Especial de Decisión, Sentencia de 3

de abril de 2018, Radicado 2012-00642-00.
24 La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferido y se ha apartado de la interpretación

que ha realizado el Consejo de Estado respecto de la causal de nulidad referente a la violación al debido proceso
porque entiende que los supuestos de nulidad de las sentencias no pueden crearse jurisprudencialmente, pues se
requiere de una norma legal o constitucional que los contemple. Comprende que las nulidades no son
enunciativas sino taxativas (se trascribe):
“(…) Que las causales del recurso de revisión son taxativas y de interpretación restrictiva o, lo que es lo mismo, no
pueden ser interpretadas de manera analógica o extensiva. Por ello, en el entender de esta Sala, la causal 5 del
artículo 250 del CPACA que se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” debe, también, ser interpretada de
manera restrictiva. En ese sentido, solamente podrá declararse fundado el recurso extraordinario de revisión
cuando se origine en la Sentencia alguna de las causales de nulidad previstas en la legislación.
La Subsección adopta esta interpretación porque, como se dijo, el recurso extraordinario de revisión tiene causales
taxativas, por lo que, interpretar el artículo 29 constitucional para diseñar nuevas causales de revisión las convertiría
en causales enunciativas, y, de esa manera, cualquier violación del debido proceso constituiría una causal para
considerar procedente el recurso extraordinario de revisión cuando así lo considere el juez de la revisión.
De otra parte, resulta relevante recordar que las causales de nulidad procesal son de origen legal. El legislador, en
ejercicio de la libertad de configuración que le otorgó la Constitución, ha decidido cuáles irregularidades
procesales merecen un reproche tal que deben dar lugar a la sanción de nulidad. Esta decisión, de contera, lleva
a que otras irregularidades procesales, posiblemente por ser consideradas de menor entidad por el legislador,
queden sin sanción de nulidad. Lo anterior en una lógica expressio unius est exclusio alterius.
En lo que concierne al punto recién advertido, la Corte Constitucional en las Sentencia C-491 de 1995 y C-217 de
1996, manifestó que la nulidad consagrada en el artículo 29 constitucional no eliminaba la taxatividad de las
nulidades procesales, toda vez que fue adicionada constitucionalmente.
Como ya se dijo, no toda violación del debido proceso genera nulidad, porque será el legislador de manera
principal o el constituyente de forma excepcional, quienes definan previamente cuales son las irregularidades que
producen la nulidad de los actos procesales”.(Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2022, exp. (47097)

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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aportes en seguridad social con fundamento en su condición de trabajador
independiente, lo cual a su juicio no se encontraba reglamentado, lo que
había alegado desde la demanda. En esa medida se evidenció que la
presentación del recurso extraordinario de revisión pretendió insistir en la
falta de configuración del elemento de base gravable con sustento en que
para los trabajadores independientes no estaba debidamente
reglamentada la base de cotización.

43. La decisión objeto de revisión sí se pronunció sobre los elementos de
la contribución y, de forma puntual, sobre la base gravable al determinar
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Decreto 510 de
2003, y los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos
526 y 627 de la Ley 797 de 2003, los trabajadores independientes debían
realizar cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, de forma
acorde con los ingresos que efectivamente hayan percibido.

44. Lo anterior pone en evidencia que los argumentos presentados por el
demandante, a través del recurso extraordinario de revisión, pretendieron
reabrir un debate jurídico que ya se había efectuado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

25 “Artículo 1°. De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
3° de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones y su cotización deberá
corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. Para este propósito, él mismo deberá declarar
en el formato que para tal efecto establezca la Superintendencia Bancaria, ante la administradora a la cual se
afilie, el monto de los ingresos que efectivamente percibe, manifestación que se entenderá hecha bajo la
gravedad del juramento.
El afiliado deberá actualizar dicha información, cuando se produzcan cambios significativos en sus ingresos, es
decir, en más del 20%, respecto de su declaración inicial y, en todo caso, por lo menos una vez al año dentro de
los dos primeras meses.
Lo anterior, se efectuará sin perjuicio, de que se realicen los descuentos directos que establezca el Gobierno
Nacional en desarrollo del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 y
así mismo, de que cuando se realicen los cruces de información previstos por el literal f) del parágrafo 1° de dicho
artículo y se establezca que los aportes realizados son inferiores a los debidos, el afiliado deba realizar los aportes
correspondientes.”
26 “Artículo 5°. Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003 El inciso 4 y parágrafo del artículo 18

de la Ley 100 de 1993 quedarán así:
Artículo 18. Base de Cotización. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior,
será el salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el
Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.
El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá
ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios
mínimos legales.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se
calculará sobre el 70% de dicho salario.
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la
pensión.”
27 “Artículo 6°. El artículo 19 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 19. Base de cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que no estén vinculados
mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los
ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser subsidiadas
temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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45. Adicionalmente, se debe reiterar que el juez de la revisión no se
encuentra facultado para redundar en los debates de las instancias
ordinarias, por lo que no es admisible cuestionar la manera en que el juez de
la segunda instancia fundó su decisión en la medida en que la
interpretación jurídica que realiza el juez corresponde al ámbito de su
autonomía judicial.

46. Por las razones anteriores, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario interpuesto.

2.3. Costas

47. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, dispone que, salvo aquellos
procesos en los que ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil, que fue derogado por el Código General
del Proceso.

48. El numeral 3 del artículo 365 del CGP, norma vigente para la época en
que se interpuso el recurso de revisión, ordena condenar en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de revisión. De conformidad con el artículo 366 numeral 4 CGP, y en los
términos del Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura,
las costas se tasarán entre 1 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

49. Debido a que el apoderado de la parte demandada se limitó a la
oposición del recurso y no se realizaron actuaciones posteriores, la Sala
restringirá la condena por concepto de agencias en derecho a la suma
equivalente de 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la
presente providencia y a cargo de la parte recurrente, vencida en el trámite
del presente asunto. Lo anterior, teniendo en cuenta, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión útil desplegada por el apoderado de aquella en el
trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el plenario.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala 14 Especial de Decisión del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06913-00
Accionante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Accionado: UGPP
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Decisión: Declara infundado
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RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por Javier Mauricio Gómez Parrado en contra de la Sentencia
de 30 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Por Secretaría
liquídense e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la
presente providencia.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGORH PEÑA GARZÓN JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada Magistrada
Aclaración de voto Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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