Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06921-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06921-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06921-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06921-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
3 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: ROSMIRA PARRA BERMÚDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Acción de tutela contra providencia dictada en proceso de
reparación directa por error judicial. Defecto sustantivo. Ampara
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga contra la sentencia del 24 de enero de 2025, mediante la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, resolvió:
PRIMERO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de la señora Rosmira Parra
Bermúdez.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 28 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el proceso de reparación directa con radicado 68001-33-33-003-2023-
00153-01.
TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Santander que dicte, dentro de los diez (10) días
siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia, un fallo que se ajuste a lo
dispuesto en la parte motiva aquí expuesta.
CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de diciembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio,
Rosmira Parra Bermúdez pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la propiedad.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 28 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander denegó en segunda instancia las pretensiones de la
demanda de reparación directa 68001-33-33-003-2023-00153-00/01 promovida contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-06921-00.
Cabe advertir que la acción de tutela fue admitida inicialmente por el a quo el 29 de julio de 2024 y decidida el 13 de
agosto de ese año, sin embargo, al estudiar la impugnación presentada por la demandada contra esta determinación,
la Sala evidenció que se omitió vincular a este trámite constitucional a las aseguradoras AXA Colpatria Seguros SA y
Zurich Seguros Colombia SA, que fueron llamadas en garantía en el proceso en el que se dictaron los autos
cuestionados, motivo por el cual el 29 de octubre de 2024 declaró la nulidad de lo actuado desde el 29 de julio anterior
y ordenó convocar a las referidas empresas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
2. Pretensiones
La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Se tutele mi derecho al acceso a la administración de justicia y se proceda a revocar la
sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER de fecha 28 de Noviembre
de 2024 dentro del proceso con radicado 68001333300320230015301 y en su lugar se declare la
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL dentro del asunto demandado, por los
fundamentos aquí expuestos.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se declare la procedencia de las
pretensiones radicadas con el escrito de la demanda de REPARACIÓN DIRECTA, referentes al LUCRO
CESANTE, DAÑO EMERGENTE y DAÑO MORAL en los términos de la solicitud.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:
3.1 Proceso ejecutivo
El 16 de mayo de 2018, la señora Leidy Paola Camacho Pinto promovió acción ejecutiva
contra Edwin Hernán Suárez Parra (a la que se le asignó el radicado 68276-40-03-001-
2018-00303-00), con el fin de exigir el pago de unas cuotas alimentarias que le adeudaba
a su hijo. De ese asunto conoció el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca
(Santander), que el 7 de junio de 2018 libró mandamiento de pago por $3´130.500 y
ordenó el embargo del vehículo de placas DUN 808, para lo que advirtió que «se
inmovilizara siempre y cuando al momento de la retención, éste se encuentr[ara] en poder del
demandado».
El 12 de julio de 2018, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga le informó al despacho
judicial que no era dable inscribir el embargo del automotor, porque su propietaria era la
señora Rosmira Parra Bermúdez y no Edwin Hernán Suárez Parra. El 21 de julio de ese
año, la Policía Nacional inmovilizó el automóvil en cumplimiento de la medida cautelar,
por lo que el 26 de octubre de 2018 Juzgado de Conocimiento decretó el secuestro del
bien.
El 3 de marzo y 3 de abril de 2019, el allí demandado y la tutelante pidieron al juzgado
de conocimiento que levantara la medida cautelar, respectivamente, dado que él no era
el propietario del automotor y ya había cancelado la totalidad de la suma señalada en el
mandamiento de pago2, pero la petición fue denegada el 30 de mayo de ese año con el
argumento de que solo era dable decidir sobre el particular cuando terminara el proceso
ejecutivo.
El 24 de septiembre de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca declaró
la falta de competencia para conocer del proceso ejecutivo 68276-40-03-001-2018-
00303-00, por cuanto el hijo del ejecutado se había mudado a Valledupar, por lo que
envió el expediente a esa ciudad.
El 26 de noviembre de 2019 el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar dijo que
tampoco tenía competencia, por lo que remitió las diligencias a la Corte Suprema de
Justicia para que decidiera ese conflicto, Corporación que en su Sala de Casación Civil
el 4 de diciembre de 2020 declaró que el encargado de conocer el asunto era el último
2 Para lo cual se allegó la factura de compra del vehículo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
de los mencionados juzgados.
El Juzgado Tercero de Familia de Valledupar el 15 de marzo de 2021 avocó conocimiento
del proceso y el 17 de noviembre de ese año declaró la ilegalidad de la medida cautelar
decretada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca, al considerar que el
automóvil no era propiedad del ejecutado sino de la tutelante, por tanto, no se cumplía la
exigencia de que el embargo recayera sobre bienes del ejecutado de que trata el artículo
599 del Código General del Proceso (CGP), motivo por el cual la actora recuperó su
vehículo el 22 de enero de 2022, día en el que tuvo que cancelar $10´536.000 por
concepto de parqueadero.
El bien lo vendió ese mismo día por $41´000.000.
3.2 Proceso de reparación directa
El 25 de junio de 2023, la señora Rosmira Parra Bermúdez promovió demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (a la que se le asignó el radicado 68001-33-33-003-2023-00153-
00/01), con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios 3
que le causó el embargo de su vehículo de placas DUC-808 en el proceso ejecutivo
68276-40-03-001-2018-00303-00 que, a su juicio, configuraba un error judicial, pues no
era procedente la medida cautelar porque ella era la propietaria de ese bien y no el señor
Edwin Hernán Suárez Parra, quien tampoco era poseedor del automotor.
En la demanda se indicó que el embargo le impidió disfrutar del automóvil que adquirió
luego de realizar un préstamo bancario, el cual tuvo que pagar durante el tiempo en que
el bien estuvo sujeto a la medida cautelar.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga,
que con sentencia del 5 de junio de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones4, al
considerar que el embargo del automotor ordenado por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Floridablanca comportaba error judicial, pues el demandado en el proceso
ejecutivo 68276-40-03-001-2018-00303-00 no era el propietario del vehículo, sino la
demandante, y ella no era parte en ese expediente, de ahí que no pudiera resultar
afectada.
Que la orden de inmovilizar el automóvil por el solo hecho de ser conducido por Edwin
Hernán Suárez Parra desconocía las exigencias previstas en el artículo 599 del CGP
sobre el embargo (que señala que la medida procede sobre bienes del ejecutado),
irregularidad que, al ser advertida por el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar,
motivó que se declarara la ilegalidad de la medida y se levantara.
Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación; la demandante,
porque era procedente reconocerle los perjuicios morales y el monto del lucro cesante
debió ser mayor; la demandada, en razón (i) a que la medida cautelar atendió el artículo
593 del CGP, que permitía el embargo de bienes poseídos por el demandado, premisa
de la que se infería que era dable retener el vehículo que Edwin Hernán Suárez Parra
conducía, y (ii) a que había acaecido el fenómeno de la caducidad, ya que la demanda
no se promovió dentro de los 2 años siguientes a la inmovilización del automotor.
Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
3 Se negaron los perjuicios morales.
4 Se negó el reconocimiento de perjuicios morales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
demanda de reparación directa, al considerar que la orden de embargo del vehículo de
placas DUC 808 emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca no
involucraba error judicial, ya que el numeral 3 del artículo 593 del CGP contemplaba la
«posibilidad de embargar y secuestrar la posesión que tenga el demandado sobre bienes
muebles o inmuebles, gravándose en tal caso derechos patrimoniales, tales como los derivados
de mejoras hechas por el demandado, así como el derecho a adquirir por prescripción que
consolidó o que está por consolidarse en su cabeza ».
Que no acaeció la caducidad, toda vez que la providencia que levantó la medida cautelar
se emitió el 7 de noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar,
por ende, la demanda debió promoverse dentro de los 2 años siguientes, tal como
aconteció, pues se presentó el 21 de junio de 2023.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.
En cuanto al fondo del asunto, la accionante afirmó que la sentencia cuestionada incurre
en defecto sustantivo, ya que aplicó de manera inadecuada el numeral 3 del artículo
593 del CPG, pues aunque esta norma permitía el embargo de bienes sobre los cuales
se ejercía posesión, no se advirtió que Edwin Hernán Suárez Parra no era poseedor del
vehículo de placas DUC 808, pues no ejercía los actos de señor y dueño, conforme al
artículo 762 del Código Civil, y era ella quien pagaba los impuestos y el crédito con el que
se adquirió el automóvil. Además, en el proceso ejecutivo 68276-40-03-001-2018-00303-
00, aquel manifestó que no tenía derecho alguno sobre el automotor.
Que, además, se debió aplicar el artículo 599 del CGP, que preveía que el embargo solo
procede contra bienes del ejecutado, en preferencia del artículo 593, numeral 3, ibidem,
que permite embargar bienes sobre los cuales se ejerce posesión.
También señaló que la sentencia atacada incurría en falta de motivación, toda vez que
resultaban insuficientes las consideraciones en virtud de la cual se relevó de
responsabilidad patrimonial a la administración, ya que la autoridad accionada se limitó a
decir que el artículo 593 del CGP otorgaba la posibilidad de embargar bienes sobre los
cuales se ejercía posesión, sin determinar si Edwin Hernán Suárez Parra era poseedor
del automóvil.
Que la providencia censurada también incurrió en desconocimiento del precedente, ya
que no tuvo en cuenta el criterio de la Corte Suprema de Justicia 5, según el cual la
posesión se configura cuando una persona ejerce actos de señor y dueño sobre algún
bien, y ello no aconteció entre el señor Edwin Hernán Suárez Parra y el vehículo, pues
era ella quien pagaba los impuestos y el crédito con el que fue adquirido.
5. Intervenciones
El Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga pidió su desvinculación del
trámite constitucional de la referencia, comoquiera que la accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Santander, por
tanto, era esta Corporación la encargada de atender las pretensiones que aquella
formuló.
5 Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de diciembre de 2018, M. P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que carece de la potestad para dejar sin efectos
pronunciamientos judiciales. Asimismo, la decisión judicial reprochada fue dictada en
atención al ordenamiento jurídico, situación que impedía atribuirle vulneración de
derechos fundamentales, máxime cuando la actora emplea la tutela con el fin de obtener
un nuevo pronunciamiento sobre aspectos que fueron desestimados por la autoridad
accionada.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga adujo
que el proceso de reparación directa 68001-33-33-003-2023-00153-00/01 se adelantó en
atención a las diferentes formalidades procesales y allí no era dable acceder a las
pretensiones de demandante, porque la decisión de embargar su vehículo «se encontraba
debidamente soportado en las normas vigentes y [que] rigen la materia», de ahí que no se
configurara el error judicial allí invocado, tal como lo concluyó de manera acertada la
autoridad accionada.
Que los argumentos expuestos por la tutelante en la solicitud de amparo estaban
orientados a revivir una discusión jurídica desatada en debida forma, lo que denotaba
que la empleaba como una tercera instancia, en desconocimiento de su naturaleza
excepcional, situación de la que se infería que la tutela carecía de relevancia
constitucional, en consecuencia, era improcedente.
El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio, a pesar de que se le notificó
el auto admisorio de la acción de tutela de la referencia.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 24 de
enero de 2025, (i) amparó el derecho fundamental al debido proceso de la accionante,
(ii) dejó sin efectos la providencia cuestionada, (iii) le ordenó a la autoridad accionada
que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esa decisión, dictara una decisión
judicial de reemplazo, y (iv) denegó la solicitud de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
Señaló que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que en
ella se interpretó de manera errada el inciso 3º del artículo 593 del CGP, pues si bien
indicaba que era dable embargar los bienes en posesión del ejecutado, el señor Edwin
Hernán Suárez Parra no ejercía posesión sobre el vehículo de placas DUC 808, pues no
tenía ánimo de señor y dueño y su propietaria era la actora, de ahí que en principio la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga se haya negado a realizar la inscripción de la
medida y el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar la dejara sin efectos con
posterioridad.
Que la autoridad judicial demandada no atendió el artículo 599 del CGP, que estipula que
el embargo solo es procedente sobre los bienes del ejecutado, y aunque aplicó el artículo
593 ibidem, lo hizo de manera inadecuada, porque, insistió, no advirtió que el ejecutado
en el proceso 68276-40-03-001-2018-00303-00 no ejercía posesión sobre el vehículo
objeto de la medida cautelar.
7. Impugnación
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que la providencia cuestionada no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
incurrió en alguna causal específica de procedibilidad contra pronunciamientos judiciales,
pues se emitió dentro de un proceso en el que se respetaron las etapas fijadas en las
normas procesales y se fundó en el numeral 3 del artículo 593 del CGP, que autoriza el
embargo de bienes en posesión del demandado, premisa en virtud de la cual se infería
que la medida cautelar impuesta sobre el vehículo de placas DUC 808 no comportaba
error judicial, como acertadamente lo concluyó la autoridad accionada.
Que la acción de tutela fue empleada por la actora con el propósito de obtener un nuevo
pronunciamiento sobre aspectos jurídicos que fueron desestimados en el proceso de
reparación directa 68001-33-33-003-2023-00153-00/01, es decir, como una tercera
instancia, lo que desnaturalizaba su carácter excepcional e imponía declararla
improcedente.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que accedió a las pretensiones de la tutelante.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, toda vez que la sentencia cuestionada
en este trámite constitucional incurrió en defecto sustantivo, pues la autoridad judicial
demandada aplicó indebidamente el numeral 3 del artículo 593 del CGP.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales6 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos7 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
En atención a la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, la Sala comenzará por verificar si la acción de
tutela promovida por la demandante cumple los requisitos generales de procedencia
contra providencia judicial.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la accionante, se afectarían las
6 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
7 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o inaplicación indebida del
ordenamiento jurídico por parte de las autoridades judiciales, afecta prerrogativas de las
partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que ameritan la
intervención del juez constitucional.
Asimismo, se constata que la discusión planteada por la accionante es constitucional y
no legal o económica, toda vez que en últimas concierne a la garantía superior a la
reparación integral, según la cual cualquier persona afectada por una acción u omisión
del Estado le asiste el derecho al respectivo resarcimiento pleno de los perjuicios. Es de
anotar que no se desconoce que la discusión planteada por la demandante gira en torno
a la aplicación de las normas que regulan el embargo, no obstante, ello no implica que
la controversia sea netamente legal, pues la aplicación de esas disposiciones determina
si se configuró o no la responsabilidad del Estado en el proceso de reparación directa
68001-33-33-003-2023-00153-00/01 y, en consecuencia, se insiste, incide en el eventual
resarcimiento de perjuicios.
La tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo con la verificación
del expediente 68001-33-33-003-2023-00153-00/01, se constata que el fallo cuestionado
se notificó el 5 de diciembre de 20248 y la tutela se presentó el 16 de diciembre siguiente
(11 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el lapso razonable para formular la acción de tutela
contra determinaciones judiciales.
Asimismo, la demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió la demanda de reparación directa y fue la sentencia de segunda
instancia la que presuntamente incurrió en los defectos invocados en la solicitud de
amparo, contra la cual no procedía recurso alguno, conforme al artículo 243A9 del
CPACA, presuntas irregularidades que, dicho sea de paso, no comportan alguna de las
causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 257 ibidem.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso que la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados proviene
de un supuesto desconocimiento del ordenamiento jurídico, en especial, de las normas
que regulan el embargo de bienes.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la accionante ataca una
sentencia que decidió en segunda instancia una demanda de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
La demandante aseveró que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo
porque aplicó de manera indebida el numeral 3º del artículo 593 del CGP, ya que si bien
establece que es posible embargar bienes sobre los cuales el ejecutado ejerce posesión
no era dable ordenar esa medida sobre el vehículo de placas DUC 808 en el proceso
ejecutivo 68276-40-03-001-2018-00303-00, porque el señor Edwin Hernán Suárez Parra
no ejercía posesión sobre el automotor, de ahí que aconteciera el error judicial que se
reprochó en la demanda de reparación directa 68001-33-33-003-2023-00153-00/01.
8 Es de anotar que el correo electrónico de notificación de la providencia censurada fue enviado el 2 de diciembre de
2024, por lo que se entiende notificada el 5 del mismo mes y año, conforme al numeral 2 del artículo 205 del CPACA.
9 «No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:
1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
Al analizar las pruebas allegadas a este trámite constitucional, la Sala evidencia que la
señora Leidy Paola Camacho Pinto promovió la acción ejecutiva 68276-40-03-001-2018-
00303-00 contra Edwin Hernán Suárez Parra, con el fin de obtener el pago de unas
mensualidades de alimentación de su hijo, y para ello pidió el embargo de la posesión del
vehículo de placas DUC-808, medida cautelar que decretó el 7 de junio de 2018 el
Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca y frente a la cual la Dirección de Tránsito
de Bucaramanga informó la imposibilidad de inscribirla porque el ejecutado no era el
propietario del bien, no obstante, se materializó el 21 de julio de ese año, ante lo cual el
deudor y la tutelante pidieron revocarla, porque ella era la propietaria del automotor, lo que
denegó el 30 de mayo de 2019 el mencionado despacho judicial.
Ese asunto fue remitido por competencia a Valledupar, donde el 3 de abril de 2019 el
Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad declaró la ilegalidad del embargo, porque el
bien no era del ejecutado, y ordenó entregarlo, lo cual aconteció el 22 de enero de 2022.
En atención a lo anterior, la señora Rosmira Parra Bermúdez promovió la demanda de
reparación directa 68001-33-33-003-2023-00153-00/01 contra la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que se declarara
administrativamente responsable de los perjuicios que le causó el embargo (el cual
comportó un error judicial, ya que el ejecutado en el proceso 68276-40-03-001-2018-
00303-00 no era el dueño del vehículo) y se le ordenara indemnizar los agravios,
pretensiones a las que accedió el 5 de junio de 2024 el Juzgado Tercero Administrativo
de Bucaramanga.
Sin embargo, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Santander revocó esa
decisión para denegar las pretensiones, al considerar que el embargo del automóvil no
comportaba error judicial, ya que el numeral 3º del artículo 593 del CGP establecía la
posibilidad de decretar esa medida cautelar en relación con los bienes sobre los cuales el
ejecutado ejerciera posesión.
Con el propósito de determinar si acaeció el defecto sustantivo invocado por la
demandante, debe advertirse que el artículo 775 del Código Civil prevé que la mera
tenencia consiste en utilizar un bien «no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño».
Por su parte, el artículo 762 ibidem define la posesión como «la tenencia de una cosa
determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa
por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él».
Ahora bien, la acción ejecutiva es un instrumento mediante el cual un acreedor exige el
pago de una obligación clara, expresa y exigible10, que debe constar en un documento al
que se le denomina título ejecutivo, tal como lo señala el artículo 42211 del CGP. Dentro
de ese trámite judicial, el ordenamiento jurídico prevé como medida cautelar el embargo,
que consiste en retener los bienes del deudor con el fin de evitar que sea insolvente y
garantizar el cumplimiento de la deuda reclamada.
La procedencia de dicha medida cautelar está sujeta al cumplimiento de ciertos
presupuestos, como el contemplado en el artículo 599 del CGP, que prevé que procede
el embargo «sobre los bienes del ejecutado», y el previsto en el numeral 3º del artículo 593
10 Corte Constitucional, sentencia T-747 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[…] es clara la obligación que no
da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la
obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida
y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro
modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada […]».
11 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
ibidem, que indica que procede en relación con los bienes sobre los cuales el ejecutado
ejerza posesión.
Visto lo anterior, en el sub lite la Sala evidencia que en la sentencia cuestionada la
autoridad accionada infirió que el embargo decretado en el proceso ejecutivo 68276-40-
03-001-2018-00303-00 no involucraba error judicial, porque el numeral 3º del artículo 593
del CGP permitía decretar esa medida cautelar en relación con bienes sobre los cuales el
deudor ejerciera posición, como acontecía con el automóvil de placas DUC-808, que
estaba bajo posesión de Edwin Hernán Suárez Parra, sin embargo, para arribar a esa
conclusión no se tuvo en cuenta la definición de la posesión prevista en el artículo 762 del
Código Civil.
Lo anterior tiene mayor relevancia al analizar las pruebas que reposan en el proceso de
reparación directa 68001-33-33-003-2023-00153-00/01 dado que, contrario a lo
aseverado por la autoridad judicial demandada, demuestran que el señor Edwin Hernán
Suárez Parra no ejercía posesión sobre el vehículo. En efecto, de las peticiones
presentadas para levantar el embargo presentadas por el ejecutado y la tutelante, la
negativa de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de inscribir la medida cautelar y la
factura de compra del automotor no acreditaban el ánimo de señor o dueño que exige el
artículo 762 del Código Civil, por el contrario, dan cuenta que no había posesión, y que la
señora Rosmira Parra Bermúdez era la dueña legítima del automotor.
En ese orden de ideas, el numeral 3 del artículo 593 del CGP prevé que es procedente el
embargo de los bienes sobre los cuales el deudor ejerce posesión, pero como ese
presupuesto no aconteció respecto de Edwin Hernán Suárez Parra y el automotor, la Sala
advierte que hubo una indebida aplicación de esa disposición por parte de la autoridad
accionada (ya que no se cumplieron los presupuestos para ello), de ahí que se haya
configurado el defecto sustantivo invocado en el escrito de tutela, máxime cuando, se
insiste, ni siquiera se acudió al artículo 762 del Código Civil, que define la posesión, para
determinar si concurrían los elementos de esta.
Cabe advertir que aunque la demandante sugiere que el artículo 593 del CGP era contrario
al 599 ibidem, lo cierto es que no se constata conflicto entre esas normas en los hechos
aquí discutidos, pues la segunda norma estipula que los bienes del deudor son los
embargables y la primera extiende esa regla sobre los que ejercer posesión, lo cual, se
reitera, no aconteció entre Edwin Hernán Suárez Parra y el automotor de placas DUC-
808, pues esté no tenía el ánimo de señor y dueño que exige el artículo 762 del Código
Civil.
Así las cosas, como la providencia cuestionada incurre en defecto sustantivo, se impone
acceder a las pretensiones de la accionante, tal como lo hizo el a quo por conducto de la
sentencia impugnada, motivo por el cual será confirmada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06921-01
Demandante: Rosmira Parra Bermúdez
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Salvo voto
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.