Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06923-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06923-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06923-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de febrero de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06923 00
Accionante: William Munar Cadena
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06923 00
Accionantes: WILLIAM MUNAR CADENA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Y OTROS
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor William Munar
Cadena, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá y la
Registraduría Nacional del Estado Civil1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor William Munar Cadena solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y al trabajo, que estimó vulnerados con ocasión de las sentencias del 2
de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado 50 Administrativo de
Bogotá; y del 18 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que denegaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
1
En adelante la Registraduría.
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Accionante: William Munar Cadena
promovida contra la Registraduría Nacional del Estado Civil2, y por el oficio
GGTH-900 del 4 de febrero 2020, proferido por dicha entidad.
1.2. La demanda fue adelantada con el objeto de que se declarara la nulidad
del referido oficio, mediante el cual se le informó al demandante la
desvinculación del cargo de técnico administrativo 4065-02, que
desempeñaba en provisionalidad. A título de restablecimiento del derecho
el actor pretendió que: (i) se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba,
(ii) se condenara a la demandada al pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado y hasta su
reintegro efectivo, y (iii) se considerara para los efectos legales que no
existió solución de continuidad en la prestación del servicio.
1.3. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentó
en que, a juicio del accionante, el oficio GGTH-900 del 4 de febrero 2020
fue expedido con desviación de poder y sin motivación, pues se basó
simplemente en el cumplimiento del término de seis meses que estableció
la Resolución 585 del 24 de agosto de 2019, por medio de la cual se realizó
su último nombramiento en el cargo de técnico administrativo 4065-02, sin
tener en cuenta que venía vinculado en provisionalidad mediante diversos
nombramientos desde el 4 de octubre de 2011.
1.4. La demanda correspondió al Juzgado 50 Administrativo de Bogotá,
quien mediante sentencia del 2 de noviembre de 2023, denegó las
pretensiones de la demanda con fundamento en que el demandante
estuvo vinculado a la entidad mediante múltiples nombramientos
provisionales, discrecionales y sucesivos, y desde el inicio de su última
vinculación conocía su naturaleza temporal, es decir, sabía que al
vencimiento del plazo finalizaría su vínculo con la entidad, sin que fuera
necesario un acto administrativo o comunicación que lo justificara.
2
Proceso que se identificó con la radicación 27001 33 33 004 2019 00023 00/01.
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Advirtió que los servidores públicos de la Registraduría están sujetos a la
Ley 1350 de 2009, norma especial que regula la carrera administrativa
de la entidad, la cual señala que los nombramientos provisionales se
efectúan de manera discrecional y transitoria, por un término de hasta
seis meses improrrogables (literal c del artículo 20).
Conforme lo anterior, consideró que la Registraduría cumplió con la
norma, pues todos los nombramientos provisionales del demandante
establecieron el plazo, que fue conocido por él, por lo que no era necesario
que la entidad motivara su finalización.
1.5. Contra la anterior decisión, el demandante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a través de sentencia del
18 de julio de 2024, la cual confirmó el fallo de primera instancia. En
concreto, adujo que la demandada no estaba en la obligación de vincular
nuevamente al demandante, ni de expedir un nuevo acto administrativo
que especificara las razones de su desvinculación, pues él fue nombrado
en provisionalidad por un periodo determinado.
1.6. El accionante adujo en la tutela que la providencia de segunda instancia
incurrió en decisión sin motivación, porque realizó una valoración
incompleta y deficiente de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, lo que, además, constituye una vía de hecho con la que se le
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
1.7. Manifestó que las providencias objeto de debate incurrieron en
desconocimiento del precedente, pues no tuvieron en cuenta lo
establecido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la
motivación que deben contener los actos administrativos que declaran la
insubsistencia de quien ejerce en provisionalidad un cargo de carrera
administrativa. En concreto, trajo a colación las sentencias SU-917 de 2010,
C-371 de 1999, SU-250 de 1998, T-308 de 2008, T-221 de 2014, T-656 de
2011 y SU-691 de 2011.
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Igualmente, alegó el desconocimiento de la sentencia de tutela del 12 de
marzo de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, bajo
la radicación 11001-03-15-000-2019-05310-00, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca adujo que la
decisión atacada se fundamentó de manera suficiente en la ley y la
jurisprudencia aplicables. Además, manifestó que, contrario a lo afirmado
por el accionante, en la providencia se analizaron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.2. La Registraduría alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que sus competencias constitucionales y legales no le
otorgan injerencia en las decisiones de los jueces. Por lo tanto, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.
2.3. El Juzgado 50 Administrativo de Bogotá guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
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3.2.1. El señor William Munar Cadena interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado
Civil con el objeto de que se declarara la nulidad del oficio GGTH-900 del 4
de febrero 2020, por medio del cual se le informó la desvinculación del
cargo de técnico administrativo que desempeñaba en provisionalidad. Y, a
título de restablecimiento del derecho pretendió que: (i) se ordenara su
reintegro al cargo, (ii) se condenara a la demandada al pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir, y (iii) se considerara para los efectos
legales que no existió solución de continuidad en la prestación del servicio.
3.2.2. El Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, a través de sentencia del
2 de noviembre de 2023, denegó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
acusado, pues el vencimiento del término del nombramiento del
demandante en la Registraduría significaba la finalización del vínculo
laboral, por lo que no era necesario un acto administrativo o comunicación
adicional.
3.2.3. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso
de apelación y, mediante proveído del 18 de julio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, la
confirmó.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala estima que no es procedente acceder a las solicitud de
desvinculación del trámite tutelar formulada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, pues integró la parte demandada en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho que dio origen a la providencia debatida. Por
tal razón, las decisiones que resulten del presente trámite constitucional
pueden incidir en sus intereses.
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3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional4 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
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A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho7:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
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expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, la sentencia de segunda instancia incurrió en: (i) decisión sin
motivación, porque efectuó una valoración incompleta de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, lo que igualmente constituye una
vía de hecho, y (ii) desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-917 de 2010, C-371 de 1999, SU-250
de 1998, T-308 de 2008, T-221 de 2014, T-656 de 2011 y SU-691 de 2011;
y por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la sentencia de tutela del
12 de marzo de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-05310-00,
magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez.
3.3.2.1. En primer lugar, la Sala advierte que los argumentos expuestos
por el demandante, particularmente en cuanto al análisis de los
argumentos del recurso de apelación, constituyen simplemente la
reiteración del debate que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja
en claro que sólo busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso
planteado.
Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional.
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3.3.2.2. Frente al desconocimiento del precedente, se advierte que esta
Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 20218, sostuvo que en las
acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa
mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas
y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y
(iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.
En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar varias
providencias de la Corte Constitucional y una de esta corporación, pero
sin identificar los problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar
una comparación entre los hechos estudiados en esos asuntos y el sub
lite, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en la ratio
decidendi le eran aplicables a su caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ahora, se advierte que el demandante alega que el Juzgado 50
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, al decidir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, desconocieron un pronunciamiento dictado
por la Sección Primera del Consejo de Estado en una acción constitucional
promovida contra un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá. Al
8
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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respecto, basta con señalar que las sentencias que se dictan en sede de
tutela contra providencia judicial no son precedente obligatorio para los
jueces cuando deciden los asuntos en sede ordinaria.
En efecto, tales sentencias de tutela se ocupan de estudiar la vulneración
de los derechos fundamentales de las partes, que puede tener origen en
la posible ocurrencia, en cada caso concreto, de alguno de los defectos
que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir
de fallos como la sentencia C-590 de 2005; análisis que difiere del que
efectúan los jueces en sede ordinaria, cuando, por ejemplo, verifican el
cumplimiento de los requisitos de validez de un acto administrativo o la
configuración de la responsabilidad patrimonial o extrapatrimonial del
Estado.
Dicho de otro modo, la sentencia atacada es de naturaleza contencioso
administrativa y no de naturaleza constitucional, por lo que sus propósitos
son diferentes y abordan problemas jurídicos distintos, y el conocimiento
de aquellos en última instancia corresponde a la jurisdicción especializada
en cada materia.
Asunto distinto es que cada sentencia pueda valerse de las
argumentaciones esgrimidas en cada jurisdicción, pero ello lo será a
manera de antecedente, no de precedente, pues precisamente lo que
diferencia una jurisdicción de otra corresponde a lo que en cada caso es
objeto de litigio.
No sobra señalar además que en la sentencia del 12 de marzo de 2020,
invocada por el accionante como desconocida, el Consejo de Estado,
Sección Primera, analizó directamente el posible desconocimiento del
precedente que allí se allegó; sin embargo, hay que recordar que esta
Sala en pronunciamientos posteriores9 ha establecido como criterio para
estructurar el desconocimiento del precedente judicial el deber del
9
Ver nota al pie 8.
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accionante de sustentar los elementos configurativos de la existencia de
un precedente judicial10, carga argumentativa mínima que no se cumplió
en el sub lite, razón por la cual en este caso no hay lugar a descender al
análisis de fondo pretendido en la solicitud de amparo.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
10
Respecto al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de
2006, Magistrado ponente, Manuel José Cepeda Espinosa.
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Accionante: William Munar Cadena
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
cuestionar lo resuelto por el juez natural del asunto y a reclamar que no
se decidió de acuerdo con el criterio que le resultaba más favorable.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
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relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva alegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por William Munar Cadena, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el Juzgado 50
Administrativo de Bogotá y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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