Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06923-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06923-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06923-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06923-01
Accionante: William Munar Cadena
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y otros.
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Motivación actos administrativos
de retiro de empleados nombrados en provisionalidad en cargos de
carrera administrativa. REVOCA IMPROCEDENCIA Y NIEGA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor William Munar Cadena pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
trabajo, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Cincuenta Administrativo
de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto
administrativo GGTH-900 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil
por medio de cual fue desvinculado del cargo de técnico administrativo 4065-02,
pretendiendo el reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir, sin solución de continuidad.
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Que el 2 de noviembre de 2023 el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá
negó las pretensiones, decisión frene a la que interpuso recurso de apelación y el
18 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, la confirmó.
Que en las sentencias mencionadas se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, pues no se tuvo en cuenta las sentencias SU-917 de 2010, C-371 de 1999,
SU-250 de 1998, T-308 de 2008, T-221 de 2014 y SU-691 de 2011 proferidas por
la Corte Constitucional y del 12 de marzo de 2020 (rad. 11001-03-15-000-2019-
05310-00) de la Sección Primera del Consejo de Estado sobre el deber de
motivación de los actos administrativos de desvinculación de empleados de la
Registraduría Nacional del Estado Civil nombrados en provisionalidad en un cargo
de carrera.
Que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en decisión sin motivación,
ya que se pronunció de forma incompleta y deficiente sobre los argumentos que
esgrimió en el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia de
primera instancia relacionados con la estabilidad laboral relativa en esos casos, la
actividad probatoria desplegada y el deber de motivación de los actos
administrativos de retiro de servidores nombrados en provisionalidad en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo incumplimiento conlleva su nulidad,
de conformidad con la jurisprudencia.
Que con la expedición irregular del acto demandado la Registraduría Nacional del
Estado Civil vulneró su derecho fundamental al trabajo.
PRETENSIONES
Que se dejen sin efectos las sentencias proferidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-050-2021-00024-01; que
se invalide el acto administrativo allí demandado y que se ordene su reintegro
inmediato en el cargo que ocupaba y el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir, sin solución de continuidad.
Subsidiariamente, pidió que se resuelva nuevamente el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario,
atendiendo a los precedentes que rigen la materia y pronunciándose sobre todos
los cargos de la alzada.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 15 de enero de 2025 el magistrado sustanciador de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción y corrió el traslado correspondiente a la
autoridad accionada.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, por intermedio del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, afirmó que
en las providencias controvertidas se aplicó la normativa y la jurisprudencia sobre
la materia, y analizó los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Que en el caso no se requería que la Registraduría Nacional del Estado Civil
motivara la decisión de retirar del servicio al demandante porque desde el acto de
nombramiento aquel sabía que era por un periodo determinado, lo que evidenciaba
que la motivación estaba implícita en ese acto, sin que se requirieran expresar
razones adicionales en el acto de retiro.
Que no se probó que la terminación del nombramiento del actor se produjera antes
de que se cumpliera el plazo señalado, caso en el cual sí era necesario que la
entidad motivara el acto y que, además, tampoco se acreditó la desviación de poder
invocada.
Concluyó que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, por lo
cual debía negarse el amparo solicitado.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, indicó que no es responsable de proteger los derechos señalados por el
accionante, debido a que no fungió como juez natural del proceso ordinario donde
se profirió la sentencia cuestionada, por lo cual carece de legitimación en la causa
por pasiva y solicitó su desvinculación.
Que no están demostradas las exigencias de procedencia y lo que el solicitante del
amparo pretende es crear una tercera instancia con base en la reiteración de
argumentos que fueron resueltos, lo cual es inadmisible.
El Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá guardó silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 13 de febrero de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró i) no
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, pues actuó como demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y ii) la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional porque consideró que los argumentos esgrimidos sobre la
decisión sin motivación constituían una reiteración del debate agotado en el medio
de control, lo cual evidenciaba que lo pretendido era lograr un nuevo análisis y
decisión frente a la controversia, y respecto al desconocimiento del precedente no
se cumplió con la carga argumentativa mínima, en tanto no se identificaron los
problemas jurídicos resueltos en las sentencias alegadas como desconocidas ni se
realizó una comparación entre los casos.
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Que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado invocada para
fundamentar el desconocimiento del precedente judicial fue dictada en sede de
tutela, por lo que no constituía precedente obligatorio.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, para lo cual dijo que allegaría la sustentación
ante esta Subsección, pero se abstuvo de hacerlo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y ii) caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
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Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
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Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
El recurrente impugnó la sentencia de tutela sin sustentar su desacuerdo, sin
embargo, teniendo en cuenta que en primera instancia se concluyó que existió un
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, a esta Sala corresponde,
verificar si se encuentra cumplido, pues solo de hallarse satisfecho, junto con las
demás exigencias generales de procedencia, habría lugar al estudio de los reparos
expuestos inicialmente en la solicitud de tutela.
Se considera que el asunto a resolver, contrario a lo concluido en primera instancia,
sí satisface dicha exigencia general, si se tiene en cuenta que el actor alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y trabajo; afirmando que en las sentencias discutidas en
esta sede se incurrió en dos de las causales previstas por la jurisprudencia
constitucional que habilitan el estudio de las decisiones judiciales, como son el
desconocimiento del precedente judicial y la decisión sin motivación.
Además, se observa la satisfacción de los demás requisitos generales, pues i) la
acción se instauró con inmediatez; ii) la parte actora no cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial; iii) no se discute una sentencia de tutela.
En consecuencia, se procederá al estudio de los defectos invocados únicamente
respecto a la sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por ser la que
puso fin al litigio.
Esta Sala advierte que la autoridad judicial referida analizó tanto el marco normativo
como la jurisprudencia aplicable relacionada con el retiro del servicio de un
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, y
concluyó que el demandante fue nombrado con carácter provisional mediante la
Resolución 0585 del 24 de julio de 2019, donde se consignó que la duración sería
hasta por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de posesión y
finalizaría al vencer este, por lo cual no se requería un nuevo acto administrativo
motivado, pues aquel tenía conocimiento de antemano de las condiciones de su
vinculación.
Inclusive la Sala aquí accionada indicó que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado le ordenó a una Subsección de esa corporación que profiriera
un nuevo fallo en un caso análogo bajo el entendido que no se requería la
expedición de un acto motivado para terminar el nombramiento.
Las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial que son objeto de reproche no
resultan arbitrarias ni caprichosas ni puede colegirse que con ellas se desconoció
la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada por el accionante relacionada con
el deber de motivar los actos administrativos y la estabilidad laboral relativa
(sentencias SU-917 de 2010, C-371 de 1999, SU-250 de 1998, T-308 de 2008, T-
221 de 2014 y SU-691 de 2011), puesto que la Subsección accionada no desatendió
dicha obligación ni esa garantía, sino que, dentro del marco de su autonomía e
independencia judicial, y con base en las particularidades del asunto, logró
determinar que desde el nombramiento del actor se fijó hasta cuándo iría este, por
lo que no era necesario volver a justificar su terminación, decisión que,
adicionalmente, fundamentó en una orden judicial previa del máximo tribunal de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De hecho, el Tribunal aclaró que la Sentencia SU-917 de 2010 de la Corte
Constitucional era aplicable a los eventos en que los nombramientos no tenían un
plazo o condición.
En relación con la sentencia del 12 de marzo de 2020 (rad. 11001-03-15-000-2019-
05310-00) de la Sección Primera del Consejo de Estado, señalada también como
inobservada, se trata de una decisión adoptada en sede de tutela en primera
instancia, que fue revocada el 28 de julio de 2020, con fundamento en similares
argumentos a los utilizados por la autoridad judicial aquí accionada en la sentencia
objeto de esta acción.
Ahora, sobre el defecto de decisión sin motivación, se denota que, si bien el actor
en esta sede separó cada uno de los cargos plateados en el recurso de apelación,
lo cierto es que todos estaban directamente relacionados con la motivación del acto
de retiro y la estabilidad laboral relativa, lo cual fue ampliamente analizado en la
providencia discutida, por lo cual tampoco se advierte la configuración de esa causal
específica de procedibilidad.
Por último, se aclara que el actor insistió en la expedición irregular del acto
demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero la
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legalidad de este fue precisamente lo que se analizó en la decisión judicial aquí
examinada, por lo cual no hay lugar a efectuar pronunciamientos adicionales.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 13 de febrero del 2025 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la
acción y, en su lugar, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 13 de febrero del 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la acción
y, en su lugar,
Segundo. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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