Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06926-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06926-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06926-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06926-00
Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06926-00
Demandante: VIRGILIO DE JESÚS POLO MANJARRÉS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial – . Falta de cumplimiento de
requisitos generales de procedencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Virgilio de Jesús Polo
Manjarrés y otros, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1.2. Declarar la nulidad de la providencia contenida en el AUTO CREADO EL 11 DE
DICIEMBRE Y NOTIFICADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, mediante el cual se
confirmó el rechazo de la demanda, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA- SALA SÈPTIMA DE ORALIDAD en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nº 05001 33 33 016 2024 00215 01, causado
por VIRIGILO DE JESUS POLO MANJARRES, C.C 6.880.533 Y OTROS contra la
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACCIONA (sic)- FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – “FOMAG”.
1.3. Ordenar la aplicación de la protección constitucional a todos los integrantes del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº
05001333301620240021501 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA
SÈPTIMA DE ORALIDAD.
1.4. Ordenar al tribunal accionado que profiera una providencia que reemplace la anulada,
efecto para el cual deberá aplicar los criterios y orientaciones que disponga el juez
constitucional.
1.5. Ordenar al tribunal accionado demostrar ante el juez constitucional el cumplimiento
de lo que disponga la sentencia de tutela.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
El señor Virgilio de Jesús Polo Manjares, junto con 120 personas, interpusieron
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el que
solicitaron la nulidad parcial de los actos administrativos mediante los cuales se negó
el reconocimiento y pago indexado de la primera mesada pensional por concepto de
prima de mitad de año, equivalente a una mesada pensional desde la fecha de
adquisición del estatus de pensionado o desde la fecha de estructuración de la
invalidez.
El 22 de agosto de 2024, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín inadmitió
la demanda porque no era viable la acumulación subjetiva de pretensiones, debido a
que no se cumplían los requisitos de conexidad exigidos por el artículo 165 del CPACA
y el artículo 88 del Código General del Proceso. Al respecto, explicó que, si bien, las
pretensiones de la demanda estaban encaminadas a obtener el reconocimiento y
pago de la prima de mitad de año de cada uno de los demandantes, las situaciones
jurídicas y probatorias particulares no eran homogéneas, porque: (i) las pruebas
requeridas en cada caso eran distintas, pues los demandantes cuestionaban actos
administrativos particulares que presuntamente omitieron incluir la prima de mitad de
año en la liquidación de su pensión; (ii) el salario base de liquidación y el momento de
causación de la prima variaban y; (iii) cada uno de ellos pertenecía a un ente territorial
diferente, lo que impedía una decisión unificada para todos.
En consecuencia, avocó únicamente conocimiento de la demanda del señor Virgilio
de Jesús Polo Manjarrés. Asimismo, autorizó el desglose de los demás 120
demandantes, para que presentaran sus demandas de manera individual, las cuales
deberán ser sometidas a reparto.
El 18 de septiembre de 2024, el referido juzgado rechazó la demanda con fundamento
en que el demandante no corrigió la demanda dentro del término previsto en la norma.
El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra esa
decisión con fundamento en los siguientes argumentos:
(i) Señaló que en la jurisprudencia citada por el juzgado para fundamentar su
decisión se realizó un estudio de la aplicación del 82 del Código de
Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), que se encuentra derogado. De
modo que, esas decisiones no justificaban por qué se aplicaba el artículo 88
del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que actualmente regula
la acumulación subjetiva de pretensiones.
(ii) Advirtió que el Consejo de Estado ha reconocido que la Ley 1437 de 2011
no regula la acumulación subjetiva de pretensiones, pero tampoco la prohíbe.
Por lo tanto, se debe aplicar el artículo 88 de la Ley 1564 de 2012 por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
Además, que dicho artículo establece que el demandante puede acumular
varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, si se
cumplen los requisitos señalados en esa norma.
(iii) Concluyó que el juzgado era el competente para conocer todas las
pretensiones, pues estas no se excluyen entre sí y fueron formuladas como
principales y se tramitaban por el mismo procedimiento. De modo que debía
seguirse el trámite de los artículos 168 a 183 del CPACA.
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
(iv) Resaltó que la Corte Constitucional, en sentencia T-1017 de 1999, estableció
que la interpretación de las normas debía realizarse con miras a que se
promueva la economía procesal y evita fallos contradictorios. De modo que
era procedente la acumulación de pretensiones.
De ahí que, si un mismo juez puede resolver procesos con problemas
jurídicos similares, la acumulación garantiza la coherencia en la
administración de justicia.
(v) Anotó que el artículo 88 del Código General del Proceso busca facilitar el
acceso a la justicia, no restringirlo. De modo que, eliminar las circunstancias
individuales de los demandantes significaría excluirlos del proceso, lo que
iría en contra del acceso efectivo a la justicia.
(vi) Dijo que el parágrafo del artículo 156 del CPACA dispone que cuando haya
varios jueces competentes, conocerá a prevención el primero que recibió la
demanda, lo que refuerza la validez de la acumulación. En otras palabras,
que, si se tomara solo el domicilio del demandante como criterio de
competencia, se fragmentaría el litigio, negando el derecho de acceso a la
justicia de los demandantes.
(vii) Alegó que existen circunstancias comunes para todas las demandas, entre
ellas que, el objeto del proceso es decretar la nulidad parcial de los actos
administrativos que omitieron incluir la prima de medio año en la pensión de
los demandantes; son docentes territoriales o nacionales; no tienen pensión
de gracia; fueron vinculados entre el 1 de enero de 1981 y el 27 de junio de
2003, y que; la prima de medio año está establecida en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989.
El 11 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
decisión de primera instancia, para lo cual explicó que no se cumplen los requisitos
para la acumulación subjetiva de pretensiones, pues cada demandante tiene un acto
administrativo que resolvió el reconocimiento de la pensión de forma particular, en
otras palabras, que los actos administrativos de nombramiento y liquidación de
pensión no son idénticos para todos los demandantes. De modo que, para resolver el
asunto se hacía necesario el análisis y la práctica de pruebas individualizadas, por
ejemplo, la historia laboral, actos administrativos de reconocimiento y cálculos
pensionales.
Por lo anterior, concluyó que la acumulación subjetiva de pretensiones no era viable,
porque no se cumplían los requisitos del artículo 88 del CGP. Por ello, concluyó que
cada demandante debía presentar su demanda de manera individual.
Por otro lado, se pronunció con respecto a la competencia territorial, de acuerdo con
el artículo 156 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. Al respecto, manifestó
que los asuntos laborales deben tramitarse en el lugar donde se prestaron los servicios
y que los litigios atinentes a los derechos pensionales se tramitan en el domicilio del
demandante, si la entidad demandada tiene sede en ese lugar.
Sin embargo, en el presente asunto, se encontraba que los demandantes no prestaron
sus servicios en el mismo lugar ni pertenecen al mismo circuito judicial, por lo que el
Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín no era competente para conocer todas
las pretensiones acumuladas. De ahí que, cada demandante debía presentar su
demanda en el circuito judicial correspondiente a su último lugar de trabajo.
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3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante advirtió que la autoridad judicial demandada desconoció el
derecho al debido proceso al proferir el auto cuestionado porque incurrió en negación
arbitraria del acceso a la administración de justicia al desconocer que era procedente
la acumulación subjetiva de pretensiones.
Afirmó que la decisión controvertida se fundamentó principalmente en lo previsto en
el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, a pesar de que esa norma no regula
expresamente la acumulación subjetiva de pretensiones, pues dicha figura se
encontraba reglamentada en el artículo 88 de la Ley 1564 de 2012.
Al respecto, anotó que el artículo 88 ibidem permite la acumulación subjetiva de
pretensiones, incluso cuando las pretensiones no son conexas. De modo que,
«aquellas circunstancias particulares de cada demandante no constituyen razón suficiente
para negar el acceso a la justicia mediante la acumulación subjetiva de pretensiones por el
mero hecho de ser pensionados».
Anotó que «aplicando los numerales, 1, 2 y 3 del artículo 88 de la Ley 1564 de 2011 se
deduce lo siguiente: 6.4.1. El juez administrativo es competente para conocer todas las
pretensiones contenidas en la demanda. No hay un solo motivo para que no tenga aquella
competencia. 6.4.2. Las pretensiones no se excluyen entre sí y todas han sido formuladas
como principales. 6.4.3. Todas las pretensiones formuladas deben ser tramitadas por el
procedimiento ordinario, previsto en los art. 168 a 183 de la Ley 1437 de 2011; art. 186,
modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021; 187-189; 192- 222»
Explicó que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 88 ibidem para que
proceda la acumulación de pretensiones, pues: (i) existe una pretensión, esto es, el
reconocimiento de la prima de medio año por parte de la entidad demandada; (ii) los
demandantes son docentes territoriales o nacionales que no tienen pensión gracia,
los primeros vinculados a partir de 1 de enero de 1981 y antes del 27 de junio de 2003,
y los segundos en cualquier época, antes del 27 de junio de 2003.
Señaló que la interpretación del artículo 88 ibidem debía promover la economía
procesal, facilitar el acceso a la administración de justicia y evitar fallos contradictorios,
como lo dispuso la Corte Constitucional, en sentencia T-1017 de 1999. Por ello, dijo
que era procedente la acumulación de pretensiones.
Asimismo, indicó que la interpretación del factor territorial fue errónea, porque el
artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 permite la competencia a prevención cuando hay
varios jueces competentes. Es decir, el competente es la autoridad judicial ante el cual
se presentó primero la demanda, en este caso, el Juzgado Dieciséis Administrativo de
Medellín.
Por lo anterior, advirtió que la decisión judicial controvertida discriminó a los
demandantes por ser pensionados, impuso una restricción que no existe en la
legislación colombiana y creó un tratamiento desigual para ese grupo de personas.
4. Trámite previo
El 19 de diciembre de 2024, el despacho del ponente inadmitió la acción de tutela
porque, si bien, el apoderado de la parte accionante manifestó que actúa en calidad
de apoderado del señor Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otras 119 personas
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relacionadas dentro del escrito de tutela, no aportó los documentos que lo acreditaran
como tal. Por lo que se fue requerido para que allegara dichos documentos.
El 27 de enero de 2025, el despacho del ponente admitió la acción de tutela respecto
de 53 personas1, frente a las cuales el apoderado de la parte accionante allegó poder
y rechazó la respecto de las 68 personas restantes2. En consecuencia, ordenó notificar
a los demandantes y a la autoridad judicial demandada. Asimismo, al Juzgado
Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, a la Fiduciaria La Previsora, S.A. y al
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), en calidad de terceros con interés.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se nieguen las pretensiones de
la demanda, porque no se cumplen los requisitos generales de procedencia de acción
de tutela contra providencia judicial y que lo pretendido por la parte actora es reabrir
el debate jurídico, a pesar de que los argumentos alegados ya fueron ampliamente
discutidos en la jurisdicción ordinaria y la decisión se encuentra debidamente
ejecutoriada.
6. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín señaló que se acogería a la
decisión que se adopte en el presente trámite.
El Ministerio de Educación pidió que se declare improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora
pretende utilizarla como una instancia adicional al proceso ordinario y la controversia
planteada es de carácter económico. Además, indicó que no se demuestra la
existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional.
1
Virgilio de Jesús Polo Manjarres, Romel Antonio Velez Gamez, Hugo Alberto Estrada Florez, Mauro Antonio Peña Soto, Anibal
Alfonso Roncallo Gamarra, Silena Maria Rodriguez Guerra, Clara Gomez De Lopez, Orlando Enrique Verjel Garcia, Teresa De
Jesus Pelaez Vega, Luz Angela Corrales Villa, Eliseo Viloria Velez, Gildardo De Jesus Batancur Jimenez, Luz Dary Del Carmen
Giraldo Marin, Sinecia Elena Fontanilla Moran, Gladys Diaz Otero, Diana Maria Toro Herrera, Ana Julieta Diaz Aranda, Nora Del
Pilar Giraldo Estrada, Claudia Patricia Herrera Agudelo, Elsy Maria Lopez Lopez, Desposorio Bolaño Infante, Juan De Dios
Munive Barros, Martha Helena Navas Camargo, Linda Sofia Lavalle David, Noemy Del Socorro Gomez Alzate, Janeth De Jesus
Cuentas Peña, Javier Arcila Perez, John Jairo Giraldo Sosa, Laura Del Rosario Martinez, Ligia Margarita Camargo Hernandez,
Alba Rocio Sanchez Cardenas, Leonor Hernandez Rico, Yenfa Omary Ledezma Denis, Jose Luis Gomez Tapia, Alba Nery
Echeverri Builes, Miguel Angel Lascano Ramos, Jose Francisco Guerrero Bardi, Amira Alicia Durán Fornaris, Vilma Beatriz
Gomez Duarte, Nubia Esperanza Suarez Rocha, Inmaculada De Jesus Cervantes Botero, Norberto Alfonso Carrillo Heredia,
Maximo Jose Polo Perez, Martha Hilda Ramos Castrillon, Marta Clarena Parra Tuiran, Mirian Del Carmen Valencia Denis,
Eduardo Rey Ortega Correa, Samira Cuello De Gonzalez, Yaneth Del Socorro Barrios Herrera, Martha Patricia Cuello Guardiola,
Andres Guillot Vega, Teresa Denaida Gutiérrez Sánchez, Sor Beatriz Alvarez Gómez.
2
Julio César Rodríguez Ceferino, María Oliva Zapata Villa, María Helena Verjel De Mejía, Betty De Jesús Valle Ayola, Óscar
Villalba Paternina, Sara Elena Miranda Bonett, Adrián Buitrago Torres, Xiomara De Jesús Molina Redondo, Nohemy De Jesús
Manrique Betancur, María Clarisa Bedoya Cano, José Benjamín Villa Rodríguez, Yolanda Marina Rivera Valencia, María Norbeli
Toro Ruiz, Dolores Isabel Fernández García, Ana Estella Quiroz Tinoco, Hugo Euclides Meza Jiménez, Emelina Del Socorro De
La Hoz Ariza, Juan Agustín Cuero Villarreal, Beatriz Helena Parejo Hernández, Noris Emma Galué Bermúdez, Ramón Lozano
Navarro, Mirian Isabel Andrews Mercado, María Helena Verjel De Mejía, Leonardo Sandoval Aristizábal, Jorge Luis Guzmán
Isaza, Martha Cecilia Amariles Sánchez, Amparo De Jesús Jiménez Zuluaga, Margarita María Sánchez Arrieta, Emma Isabel
Chacón Durán, Gladys Sofía García García, Juan Manuel Madrid Rangel, María Alejandra Madrid Rangel, Beatriz Elena Ruiz
Morales, Gloria Isabel Acevedo Marín, Esther Patiño Calderón, Betulia Farfán Murcia, Mónica Del Carmen Valderrama Álvarez,
Mónica Esther Ulloa Aguilar, John Jairo Giraldo Sosa, Carmen Elvira Meriño Hernández, Beatriz Elena Pérez Durango, Ana Elena
Acosta Constante, Beatriz Elena Záata Torres, Carlos Mario Gómez Hernández, Rita María Ortega Mora, Jorge Luis Guzmán
Isaza, Consuelo Chacón Durán, John Jaime Restrepo Quintero, Gerardo De Jesús Sánchez Caldera, Zoraima Dolores Polo
Márquez, Ramón Lozano Navarro, Sor Edilma Mena Pineda, Edith Marina Ribón Palencia, Luz Marina Gómez Rueda, Richard
Uribe Guerrero, Arleth Mancera Lascarro, Alfredo Andrés Sierra Ballesteros, Alfredo Gustavo Fernández Pomares, Mario
Rodríguez Rengifo, Kathia Margarita Benítez Correa, Patricia Inés Glen Gámez, Sandra Mónica Vásquez Contreras, María
Trinidad Mesa Londoño, Sor Edilma Mena Pineda, Judith Elena Ulloa De Saavedra, Gloria Esther Juvinao García, Rafael
Francisco Hernández Castro, Margarita Sofía Borrego Salas.
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7. Solicitud de coadyuvancia
El apoderado de la parte actora presentó solicitud de coadyuvancia respecto de 21
personas3, frente a los cuales afirmó que debían ser vinculados a la acción de tutela,
porque comparten las mismas reclamaciones y argumentos expuestos en la tutela y
el resultado del proceso los afecta directamente, pues son demandantes en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 2024-00215-01 que se adelanta contra el
Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.
En escrito del 26 de febrero de 2025, el apoderado de la accionante presentó nueva
solicitud de coadyuvancia de Sandra Mónica Vásquez Contreras, Emelina del Socorro
de la Hoz Ariza y Carmen Elvira Meriño Hernández.
El 3 de marzo de 2024, presentó otra solicitud de coadyuvancia respecto de la señora
Sandra Mónica Vásquez Contreras.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3
Ana Elena Acosta Constante, Desponsorio Bolaño Infante, Edith Marina Ribón Palencia, Gladys Sofía García García, Gloria
Isabel Acevedo Marín, José Benjamín Villa Rodríguez, Juan Agustín Cuero Villarreal, Juan Manuel Madrid Rangel, Julio César
Rodríguez Ceferino, Kathia Margarita Benítez Correa, Margarita María Sánchez Arrieta, María Alejandra Madrid Rangel, María
Clarisa Bedoya Cano, María Trinidad Mesa Londoño, Mario Rodríguez Rengifo, Martha Cecilia Amariles Sánchez, Noris Emma
Galue Bermúdez, Rafael Francisco Hernández Castro, Rita María Ortega Mora, Sor Edilma Mena Pineda y Zoraima Dolores Polo
Márquez.
4
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
6
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mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.
Cuestión previa – solicitud de coadyuvancia
Previo a plantear el problema jurídico y solucionar el fondo del asunto, la Sala debe
resolver las solicitudes de coadyuvancia de 24 personas presentadas por el
apoderado de la parte accionante, quien fundamentó la petición en que tienen interés
directo del proceso, pues, son demandantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue proferida la decisión que se cuestiona en
la presente acción de tutela.
Al respecto, es necesario aclarar que la coadyuvancia en la acción de tutela se
encuentra prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que la define como un
mecanismo procesal que permite la intervención de terceros que tengan un interés
legítimo en el resultado del proceso. De modo que, cualquier persona que considere
que sus derechos fundamentales pueden verse afectados por la decisión judicial
puede intervenir como coadyuvante del actor o de la parte demandada.
La Sala precisa que la solicitud de coadyuvancia no está llamada a prosperar, porque,
no fue presentada directamente por los interesados, sino por el apoderado judicial de
las personas que fueron reconocidas como accionantes en el presente trámite
constitucional, en consecuencia, no puede entenderse válida una solicitud de
coadyuvancia en nombre de personas que no han manifestado directamente su
intención de intervenir en el trámite de tutela.
En todo caso, el apoderado judicial tampoco expuso razones que justifiquen por qué
estos interesados dejaron de acudir personalmente en defensa de sus derechos
fundamentales, lo que refuerza la improcedencia de la solicitud.
En este contexto, la Sala negará la solicitud de coadyuvancia.
Sin embargo, en el caso del señor Desposorio Bolaños Infante, se advierte que no
puede ser considerado coadyuvante en la presente acción de tutela, dado que, en el
auto de admisión fue reconocido como parte accionante.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
los derechos fundamentales invocados por el accionante al incurrir en defectos que
justifican la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Para ello, se analizarán los argumentos expuestos en la demanda de
amparo y se establecerá si encuadran dentro de las causales reconocidas por la
jurisprudencia constitucional.
5
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
6
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
El accionante alegó que la providencia demandada incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, al rechazar la acumulación subjetiva de
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin una
interpretación adecuada del artículo 88 del Código General del Proceso y contrariando
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Previo a ello, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 8.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Ibidem.
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional para reiterar los argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural, tal
como se pasa a explicar.
Para empezar, se tiene que la parte accionante, junto con otras personas,
interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en
el cual solicitaron la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó
el reconocimiento y pago de la primera mesada pensional. A título de restablecimiento
del derecho solicitaron que se reconociera dicho emolumento desde la fecha de
adquisición del estatus de pensionado o la fecha de la estructuración de la invalidez,
según correspondiera.
El 22 de agosto de 2024, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín inadmitió la
demanda por encontrar que indebida acumulación de pretensión de conformidad con
lo previsto en los artículos 165 del CPACA y 88 del CGP. Al respecto, señaló que:
«(…) se observa que el apoderado de la parte demandante enuncia una acumulación
subjetiva de las pretensiones de 121 docentes adscritos a diferentes entes territoriales que
solicitan el reconocimiento y pago indexado de la primera mesada pensional por concepto
de prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional desde la fecha de
adquisición del estatus de pensionado o desde la fecha de estructuración de la invalidez a
cada demandante según corresponda, lo cual en sentir del Despacho resulta indebido, por
cuanto aunque las pretensiones de la demanda van encaminadas a obtener el
reconocimiento y pago de la prima de mitad de año a cada demandante según
corresponda su resultado afecta a cada interesado de manera diferente, teniendo en
cuenta el salario devengado y las circunstancias en las cuales cada uno prestó el servicio
al correspondiente ente territorial.
Así mismo, se advierte que no se da cumplimiento a lo dispuesto en las normas transcritas
puesto que las pretensiones de cada uno de los demandantes no provienen de la misma
causa, como quiera que los soportes probatorios para resolver cada uno de los asuntos
es diferente; se refieren a actos administrativos particulares de reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación en la que presuntamente se omitió incluir la orden del
reconocimiento y pago de la prima de mitad de año al ser obligatoria de conformidad con
lo establecido en el literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por lo que
independiente de versar sobre el mismo tema, los supuestos fácticos y jurídicos
necesariamente no son los mismos en cada uno de los casos, cuya decisión definitiva
dependerá exclusivamente de lo que logre probarse por cada uno en relación con su
situación personal.»
Además, cito providencias del 23 de octubre de 2014 y del 12 de febrero de 2015,
proferidas por esta Corporación que trataban sobre la acumulación subjetiva de
pretensiones.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06926-00
Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
Por lo anterior, concluyó que no era procedente la acumulación subjetiva de
pretensiones de los 121 demandantes, por lo que inadmitiría frente al demandante
Virgilio de Jesús Polo Manjarrés, para que se subsanara la demanda, de acuerdo con
lo señalado en el artículo 162 del CPACA. Además, ordenó el desglose de las 120
demandas para que los interesados adecuaran los escritos y, como consecuencia de
ello, presentaran las demandas individualizadas y fueran sometidas al respectivo
reparto.
En consecuencia, resolvió:
«1. (…) el Despacho considera, que al no ser posible la acumulación subjetiva de
pretensiones tal y como lo solicita el apoderado de los 121 demandantes, lo procedente
es AVOCAR el conocimiento de la demanda de la referencia e INADMITIRLA frente al
demandante VIRGILIO DE JESÚS POLO MANJARRES, para que se subsane dicho
defecto y como consecuencia de ello se presenten las demandas individualizadas
por cada uno de los restantes actores en el presente medio de control, ello con el
fin de que las mismas sean sometidas al respectivo reparto.
(…)
En consecuencia, se AUTORIZA el desglose respectivo de los 120 demandantes, a
fin de facilitar la adecuación de las demás demandas, dejando claro que la parte
interesada deberá acompañar cada uno de los procesos desacumulados con copia
del presente auto.
(…)»
(Se destaca)
La parte demandante apeló esa decisión con fundamento en que: (i) la jurisprudencia
citada se realizó con fundamento en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil
(Decreto 1400 de 1970), que se encuentra derogado y respecto al artículo 88 del CGP;
(ii) La Ley 1437 de 2011 no regula la acumulación subjetiva de pretensiones, por lo
que es necesario remitirse al artículo 88 de la Ley 1564 de 2012, que establece que
el demandante puede acumular varias pretensiones contra el demandado, aunque no
sean conexas, si se cumplen los requisitos señalados en esa norma; (iii) el juzgado
era el competente para conocer todas las pretensiones, pues estas no se excluyen
entre sí y fueron formuladas como principales y se tramitaban por el mismo
procedimiento; (iv) en sentencia T-1017 de 1999, se estableció que la interpretación
de las normas debía realizarse con miras a que se promueva la economía procesal y
evita fallos contradictorios, por lo que era procedente la acumulación de pretensiones;
(v) el artículo 88 del Código General del Proceso busca facilitar el acceso a la justicia,
no restringirlo; (vi) el parágrafo del artículo 156 del CPACA dispone que cuando haya
varios jueces competentes, conocerá a prevención el primero que recibió la demanda,
lo que refuerza la validez de la acumulación y la competencia del Juzgado Dieciséis
Administrativo de Medellín; (vii) existen circunstancias comunes para todas las
demandas, entre ellas que, el objeto del proceso es decretar la nulidad parcial de los
actos administrativos que omitieron incluir la prima de medio año en la pensión de los
demandantes; son docentes territoriales o nacionales; no tienen pensión de gracia;
fueron vinculados entre el 1 de enero de 1981 y el 27 de junio de 2003, y que; la prima
de medio año está establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que (i) la decisión
cuestionada se fundamentó en lo previsto en el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011,
a pesar de que esa norma no regula expresamente la acumulación subjetiva de
pretensiones, pues dicha figura se encontraba reglamentada en el artículo 88 de la
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
Ley 1564 de 2012; (ii) el artículo 88 ibidem permite la acumulación subjetiva de
pretensiones, incluso cuando las pretensiones no son conexas; (iii) en el presente
asunto se cumplían los requisitos para la procedencia de la acumulación de las
pretensiones de la demanda, pues estas no se excluían entre sí, fueron presentadas
como principales y debían ser tramitadas por el mismo procedimiento. Además, que
los demandantes son docentes territoriales o nacionales que no tienen pensión gracia,
los primeros vinculados a partir de 1 de enero de 1981 y antes del 27 de junio de 2003,
y los segundos en cualquier época, antes del 27 de junio de 2003; (iv) la interpretación
del artículo 88 ibidem debía promover la economía procesal, facilitar el acceso a la
administración de justicia y evitar fallos contradictorios, de acuerdo con lo previsto en
la en sentencia T-1017 de 1999; (v) la interpretación del factor territorial fue errónea,
porque el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 permite la competencia a prevención
cuando hay varios jueces competentes.
Ahora bien, el 11 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
auto que confirmó la decisión inicial. En lo que interesa, consideró:
«(…) se advierte que es un requisito de la demanda que las pretensiones se formulen
observando las reglas relacionadas con la acumulación de pretensiones que contiene la
Ley 1437 de 2011, sin embargo, la parte actora no subsanó la demanda en los términos
indicados por el despacho dentro del término concedido, ni tampoco manifestó
inconformidad contra el auto inadmisorio, ni tampoco interpuso recurso de reposición
frente al mismo, el cual resultaba procedente, de conformidad con lo señalado en el
artículo 242 del CPACA.
Así las cosas, al no interponerse el recurso de reposición contra el auto que inadmite la
demanda, debía cumplir lo ordenado en el mismo, dentro del término establecido para tal
efecto, so pena de su rechazo como lo dispone el numeral 2 del artículo 169 del CPACA,
criterio que se ha aplicado por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo de
manera pacífica (…)
Por tal razón no hay lugar a revocar la decisión recurrida, en tanto la parte interesada no
emitió pronunciamiento alguno en relación con la inadmisión.
Ahora bien si en gracia de discusión, se analizaran los argumentos expuestos por la parte
en relación con la acumulación de pretensiones, se tiene que para ello es necesario traer
a colación el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 (…)
Si bien el mencionado artículo no se refirió a la figura de acumulación subjetiva de
pretensiones, lo cierto es que tampoco la prohibió. Por esa razón, con fundamento en la
integración normativa prevista en el artículo 306 ibidem, debe acudirse a lo regulado en el
tema por el artículo 88 del Código General del Proceso6, pues, es la única norma que
estudia específicamente la acumulación subjetiva de pretensiones.
Así, el artículo 88 ibidem, establece lo siguiente:
“Artículo 88. Acumulación de pretensiones. El demandante podrá acumular en
una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean
conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la
cuantía.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
4. En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene
al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y
el cumplimiento de la sentencia definitiva.
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios
demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés
de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando provengan de la misma causa.
b) Cuando versen sobre el mismo objeto.
c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.
d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.
En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias
personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado”.
Así las cosas, se advierte que la norma en cita reguló la acumulación objetiva y subjetiva
de pretensiones, por lo que se puede concluir que esta última figura sí es procedente en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, esto no quiere decir que la acumulación de
pretensiones subjetivas sea procedente de manera automática, pues resulta necesario
hace un análisis del asunto en concreto, en tanto para que resulte procedente la
acumulación subjetiva de pretensiones, se debe cumplir todas las exigencias previstas en
el artículo 88 del C.G.P.
En el caso sometido a estudio, esta Sala considera que no existe identidad de objeto,
ya que para cada uno de los demandantes se emitió un acto administrativo distinto.
Por lo tanto, el restablecimiento del derecho de cada demandante, en caso de que
se declare la nulidad de los actos administrativos, implicaría un restablecimiento
diferente para cada uno.
Tampoco se presenta identidad de causa, dado que los actos administrativos de
nombramientos como docentes no son los mismos.
Asimismo, las pruebas no serían las mismas para acreditar las situaciones
particulares de cada demandante, lo que demuestra que las pretensiones de la
demanda no comparten una causa común. En consecuencia, esta Sala considera
que se ha producido una indebida acumulación de pretensiones, dado que no se
cumplen los requisitos establecidos en la norma antes citada.
Adicional a ello, no puede desconocerse que dentro de la demanda se está
solicitando la declaratoria de nulidad de actos administrativos de carácter laboral y
en virtud de ello, aplican las reglas de competencia contenidas en el numeral 3 del
artículo 156 de la Ley 1437, modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, que
señala:
“Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación
de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes
reglas: (…) 3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o
debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos
pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y
cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar. (…)”
En tal sentido no resulta procedente la acumulación de pretensiones, habida cuenta
que de conformidad con lo señalado en el escrito de la demanda, y de acuerdo con
las pruebas anexadas a la misma, se advierte que para todos los demandantes no
resulta competente el mismo juez en razón al territorio, pues el último lugar en el
que prestaron los servicios todos los demandantes no es el mismo, ni pertenecen
al mismo circuito judicial, por lo que los Jueces Administrativos del Circuito de
Medellín no resultan competentes para estudiar sobre la nulidad de la totalidad de
los actos demandados y por tal motivo no resulta procedente la acumulación de
pretensiones.»
(Subraya de la Sala)
De lo expuesto, se evidencia que los argumentos presentados en esta acción de tutela
no difieren sustancialmente de los que fueron planteados en el proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho. En el trámite ordinario, la parte actora insistió en que la
acumulación subjetiva de pretensiones era procedente bajo los parámetros del artículo
88 del Código General del Proceso, argumentó que existían elementos comunes entre
las reclamaciones de los demandantes, tales como la naturaleza de la prima de mitad
de año y la omisión de su reconocimiento en los actos administrativos de liquidación
pensional, así como la calidad de los demandantes. Sin embargo, esos mismos
argumentos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien
determinó que no se cumplían los requisitos para la acumulación subjetiva de
pretensiones, pues cada demandante tenía un acto administrativo individual que
resolvía de manera particular su situación pensional.
De igual forma, resolvió el argumento atinente a la interpretación de las normas sobre
competencia territorial, en el sentido de precisar que los litigios sobre derechos
pensionales deben tramitarse en el domicilio del demandante, siempre que la entidad
demandada tenga sede en dicho lugar. En el presente asunto, determinó que los
demandantes prestaron sus servicios en distintos entes territoriales y que la
acumulación de sus pretensiones ante un solo juzgado desconocía las reglas de
competencia territorial.
Por ello, la Sala concluye que la presente acción de tutela se está utilizando como una
instancia adicional al proceso contencioso, sin que se evidencie un desconocimiento
de los derechos fundamentales que justifique su procedencia excepcional. El Tribunal
Administrativo de Antioquia analizó detalladamente las disposiciones aplicables y
concluyó que la acumulación subjetiva no era viable debido a las diferencias en los
elementos probatorios, la competencia territorial y la naturaleza individual de cada
reclamación.
Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados lo cierto
es que la parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia
para insistir en los mismos argumentos expuestos en el trámite ordinario, los cuales,
como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso ordinario y agregó nuevas discusiones que no hicieron
parte de esto. De ahí que, lo que realmente se evidencia es su inconformidad con las
conclusiones a las que llegó el juez natural.
Aunado a lo anterior, se hace necesario resaltar que respecto del señor Virgilio de
Jesús Polo Manjarrés la acción de tutela es improcedente y no resulta pertinente la
intervención del juez de tutela, ni siquiera de manera excepcional, porque no cumple
con el requisito de subsidiariedad9, pues cuenta con otro medio de defensa en curso,
en el cual puede ejercer su derecho de defensa y contradicción, esto es, el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelanta ante el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Medellín.
Respecto de las demás personas, a quienes el Juzgado Dieciséis Administrativo de
Medellín, mediante auto de 22 de agosto de 2024, resolvió desglosar de la demanda
inicial, se advierte que encuentran facultadas para presentar de manera individual sus
9
Se reitera el criterio adoptado por la Sección en fallo de 29 de febrero de 2024, expediente 2023-01171-01, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello
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Demandante: Virgilio de Jesús Polo Manjarrés y otros
respectivas demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, pues dicha decisión
se autorizó expresamente el desglose de los demás demandantes, con la finalidad de
que estos adecuaran sus escritos y presentaran sus reclamaciones de manera
independiente, garantizando así su derecho de acceso a la administración de justicia
mediante de los mecanismos ordinarios, máxime si se tiene en cuenta que persiguen
la reliquidación de una prestación periódica, por lo cual, pueden demandar en
cualquier tiempo.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por actora, porque la acción de tutela no cumple
los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del juez
constitucional. En esa medida, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes de coadyuvancia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Virgilio de Jesús
Manjarrés y otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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