Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06936-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ley 142 de 1994: trámite y oportunidad del recurso de reposición para los usuarios de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06936-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06936-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: ANGÉLICA MARÍA ORTEGÓN JAIMES
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales de petición y al debido proceso /
LEY 142 DE 1994 – Trámite y oportunidad del recurso de reposición para los usuarios de
servicios públicos domiciliarios / DEBER DE NOTIFICACIÓN – Cobro del consumo de
energía no registrado pendiente por facturar.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Angélica María Ortegón Jaimes, actuando en nombre propio, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 16 de diciembre de 2024 la parte accionante, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las Superintendencias
delegadas para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio, Energía y Gas
Combustible, y Acueducto, Alcantarillado y Aseo, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso.
Hechos relevantes
2. El 19 de julio de 2023 el señor Fabián Armando Grana, en representación de la
sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (en adelante, Afinia) efectuó una
revisión de los equipos de medida e instalaciones eléctricas del inmueble
identificado con el NIC 5858560 ubicado en la Cl. 5 Núm. 4-117 del municipio de
Manaure Balcón del Cesar, Cesar.
3. En desarrollo de esta visita técnica, la empresa encontró “un Consumo de Energía
no registrado pendiente por facturar; lo anterior debido a una acción ejecutada por
el usuario y/o un tercero sobre las conexiones y/o Equipo de Medida”, lo cual quedó
1 Que ingresó para fallo el 20 de enero de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
consignado en el acta de revisión núm. 69810993, figurando como titular del
contrato de energía el señor Víctor Jaimes Pabón.
4. Como consecuencia de lo anterior, por medio de Oficio núm. 698109935858560
del 4 de noviembre de 2023 Afinia determinó que el importe por el consumo
facturable no medido o registrado por acción u omisión del usuario sería de
“$2.730.181.5”, correspondiente a la multiplicación entre el “consumo no registrado
pendiente por facturar” y la “tarifa vigente”, es decir, “(3192 kWh x $855.32)”.
5. El 23 de septiembre de 2024, la señora Angélica María Ortegón Jaimes presentó
una reclamación ante Afinia solicitando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 y los Decretos 1369 del 2020 y 1547 de 2022, así como las sentencias
T-270 de 2004 y SU-1010 de 2008, en las cuales la Corte Constitucional “fijó los
procedimientos y límites a los que debe someterse cada empresa de servicios
públicos para determinar y poder cobrar la energía dejada de facturar”.
6. A través de Oficio núm. 202471288873 del 4 de octubre de 2024, Afinia respondió
a la accionante informándole que no accedería a la reclamación conforme con lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, por haber sido
presentada de forma extemporánea.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERO pretendo con esta ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO
DEFINITIVO excepcional Y DE forma directa conforme al precedente de
la cortes constitucional SU-543/23 T-325/12,T-903/14,T-084/2015, T-
555/2015,T-165/2017 T-165/17,138/17,T-430/17, T-451/17,T-82/17,T-
206/18, T-27/19,T-426/19 , T27/19, T-230/20, T-223/21, T-235/21, T-329/21,
T-330/21, T-454/21, T-002/22, T-204/22, T-051/23, T-072/23,, QUE HAN
REITERADO LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA DE FORMA
DIRECTA CONFORME ARTICULO 85 DE LA CONSTICION Y ordene al
presidente de Colombia y a la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios a ejercer sus funciones de conformidad con el articulo 189
numeral 9, 10, 22. 365 al 370 de la constitución Decreto 1369 del 2020
artículos 75, 79.1 y 159 de la ley 142 de 1994 para que ordene de forma
inmediata a la empresa afinia que ustedes vigilan decrete la violación del
derecho de petición ordenando a la empresa Afinia , y darnos una
respuestas de fondo. QUE Se concreta en el deber de resolver la petición
de forma: clara, esto es, que la misma sea inteligible y contenga argumentos
de fácil comprensión; precisa, es decir que la respuesta atienda a lo
solicitado y se excluya toda información impertinente y que conlleve a
respuestas evasivas o elusivas; congruente, esto es que abarque la materia
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuencial, lo
que significa que si la petición es presentada dentro de un trámite
procedimental del cual conoce la respectiva autoridad, ésta deberá dar
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente. como lo ordena las sentencias T-066/24,
T-245/24, T-569/23, T-358/20, T-238/18 T-814 de 2005 reiterada en la C-
951 de 2014 C-818 de 2011,T-286/23,DERECHO DE PETICION-
Fundamentación inadecuada o incompleta no da lugar a rechazar la
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
petición, T-329/21 T-206 de 2018 T-419/13 T-400/18 SU587/16 T-149 de
2013 SU-166 de 1999 T-398/21 T-369/13, T-867/13, T-230/20, 951/14, C-
045/2023 T-272/23 Sentencia T-066/24 RAZONABILIDAD DEL SISTEMA
DE TURNOS T-292/22 T-204/22 T- T-330/21, T-682/17,VULNERACION
CUANDO LOS RECURSOS INTERPUESTO NO SE RESULEVEN EN EL
TERMINO LEGALES Y JURIPRUDENCIALES, (T-316 de 20069), (T-
601/98 )510/94 ,T-682/17,T-569/23, T-352/12, SU-166/99, T-051/23, T-
608/13 ,T-064/23,T-292/22, T-636/06 (Electricaribe no da respuestas de
fondo),t-332/15,(principio de inmediate violacion persiste en el tiempo)T-
547/23,T-045/22, T-464/97,T-005/15, T-132/24,T-SU-213/21 DEBIDO
PROCESO, T-072/23, T-580/23, T-129/24, T-534/23 T- 177/24 , T-559/23,
T-243/20,T-554/23, T-405/22 SU-543 DE 2023 T-578/23. T-270/04, Y SU-
1010/08 Si el señor juez constitucional se aparta de estos precedente y
la jurisprudencia de estas sentencias de tutela, ,carga argumentativa de
transparencia y suficiencia (su- La obligación de las autoridades
administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en cuenta el
precedente judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el
precedente judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e interpretar
las normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial, el deber de
acatamiento del precedente judicial SU-380/21, T-022/19),SU-
354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14, SU-
611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15, SU406/16,T-081/23,SU-
060/21,,SU048/22,SU068/18,C-634/11,SU-072/18,SU-041/22,T048/129,C-
099/22,SU-635/15, de igual forma el juez constitucional, aplique el
principio de OFICIOSIDAD y de informalidad , integres el contradictorio ,
para dar una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de
tutela, como un todo inescindible”, (Auto 067/20), T-466/99,. T-313/18,. T-
1223/05, T-1081/12, , SU108/18) C-483/08,T-084/21, es deber del juez de
tutela encontrar la verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta en
conocimiento de la jurisdicción constitucional y, de ser el caso, adoptar las
decisiones (entre ellas, integrar en debida forma el contradictorio) que sirvan
para proferir una sentencia coherente con necesidad de la protección
inmediata de los derechos constitucionales. T-150 DEL 2023 PRINCIPIO
IURA NOVIT CURIA-La acción de tutela debe ser entendida de conformidad
con este principio, PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD E INFORMALIDAD-Juez
de tutela tiene la obligación de tomar medidas necesarias para proteger
derechos fundamentales DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […].
Segundo que el juez constitucional ordene a la empresa Afinia a dar
respuesta de fondo conforme a los precedente de la cortes constitucional en
las sentencias tutelas […] y en su lugar conceder la acción de tutela
ORDENANDO TAMBIEN A LA EMPRESA QUE CONSEDAN LOS
RECURSO DE REPOSICION Y EN SUSBSIDIO DE APELACION,
TERCERO y ordene al presidente y a la superintendencia a ejercer sus
funciones constitucionales de vigilancia y control y ordene a la empresa
Afinia a la materialización de este derecho, petición concediendo el recurso
de apelación conforme el artículo 154 de la ley 142 de 1994 artículo 74 de
la ley 1437 del 2011 y las SENTENCIAS T-023/02, SENTENCIA C-
243/13,C-007/17( EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN -NO
EXIGE FORMALIDADES MAS ALLÁ DE LAS ESTABLECIDA EN LA
CONSTITUCIÓN , C-263/96,C-558/01, SU418/19, C-034/14,C-
329/15,ARTICULO 13 DE LA LEY 1755 DEL 2015 RESOLVIENDO LA
PETICION Y LOS RECURSOS , DE FONDO “(i) clara, esto es, inteligible y
contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que
atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y
(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la
respuesta se produce con motivo de un derecho de petición [formulado]
dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada o [nueva], sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las
cuales la petición resulta o no procedente” […].
CUARTO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL APLIQUE EL principio DE
OFICIOSIDAD y de informalidad , debido que no resolvió, ni siquiera una
pretensión todas las pretensiones , no integro el contradictorio , para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un
todo inescindible”, (Auto 067/20), T-466/99,señor juez de segunda
instancia , en virtud del principio de oficiosidad tiene la obligación de asumir
un papel activo en la conducción del proceso, no solo para interpretar la
solicitud de amparo, sino para indagar por los elementos que requiera para
adoptar una decisión de fondo. T-313/18, donde los deberes del juez de
tutela , se encuentra el de vincular al trámite de la acción, a todos aquellos
que por disposición legal y constitucional puedan resultar comprometidos en
la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de sus
representados. T-1223/05, El juez de tutela cuenta con las facultades de
interpretación necesarias para garantizar que los derechos fundamentales
de las personas sean efectivamente protegidos, ante la eventualidad de
situaciones nuevas que se evidencien, aunque no hayan sido solicitadas en
la acción constitucional, T-1081/12, juez tiene el deber de determinar qué es
lo que accionante persigue con el recurso de amparo, con el fin de brindarle
la protección más eficaz posible de sus derechos fundamentales.. el juez
debe , los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la
situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión
de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática
planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal
manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales
cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello.” el juez tiene el deber de
determinar qué es lo que accionante persigue con el recurso de amparo, con
el fin de brindarle la protección más eficaz posible de sus derechos
fundamentales. Así, en ese análisis, puede encontrar circunstancias no
indicadas en el escrito de tutela sobre las que se hace necesario su
pronunciamiento, SU108/18) C-483/08,T-084/21, es deber del juez de
tutela encontrar la verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta en
conocimiento de la jurisdicción constitucional y, de ser el caso, adoptar las
decisiones (entre ellas, integrar en debida forma el contradictorio) que sirvan
para proferir una sentencia coherente con necesidad de la protección
inmediata de los derechos constitucionales.
QUINTO: que el juez constitucional conforme a artículo 4 de la constitución
inaplique la parte final del artículo 154 de la ley 142 de 1994 En ningún caso,
proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. En
este caso concreto , debido que la empresa no me puso en conocimiento el
procedimiento administrativo del cobro de la energía dejadas de facturar ,
donde yo mi cuenta fue cuando fueron suspenderme el servicio, violado el
debido proceso administrativo, defensa contradicción legalidad tipicidad y el
núcleo esencial del derecho de petición que no admites excepción , pues el
artículo 23 de la constitución los artículos 13,al 33 de la ley 1755 del 2015 ,
ley 1437 del 2011 , no existe obstáculo para que la empresa Afinia de
respuesta de fondo sobre todo lo pedido en mi derecho de petición no
importa que sea negativa o positiva pero tienen que darme respuesta. POR
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
LO QUE SI ES PROCEDENTE QUE LA EMPRESA CONCEDA LOS
RECURSO DE APELACION COMO LO ORDENO LA SENTENCIA DE
TUTELA T- T-023/02 (…)tercero.- conceder la protección al debido proceso
invocada por la señora sixta yépez de mendoza contra la electrificadora de
la costa atlántica electrocosta s.a. e.s.p. en consecuencia ordenar a la
electrificadora de la costa atlántica electrocosta s.a. e.p.s. que en el término
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la comunicación de ésta decisión
se pronuncie sobre el recurso subsidiario de apelación instaurado por la
accionante, en forma subsidiaria al de reposición, el 17 de mayo de 2001,
en contra de la comunicación 012250 del 2 o del 4 de mayo del mismo año,
indicándole, en caso de que el recurso sea negado, que puede presentar la
apelación ante la superintendencia de servicios públicos o recurrir en queja,
ante la misma, dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.
SEPTIMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13 DE LA
CONSTITUCION el juez constitucional aplique el principio de favorabilidad
mas benéfica aplicando el articulo 74-1 de la ley 1437 del 2011, y el articulo
154 de la ley 142 de 1994 , e inaplique el artículo 159 de la ley 142 de 1994
y ordene a la empresa concederme el recurso de apelación conforme a las
sentencias 023/02, SENTENCIA C-243/13,C-007/17( EL EJERCICIO DEL
DERECHO DE PETICIÓN -NO EXIGE FORMALIDADES MAS ALLÁ DE
LAS ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN , C-263/96,C-558/01,
SU418/19, C-034/14,C-329/15 Decimo que el juez constitucional anule el
cobro de la energía dejadas de facturar, debido que la sentencia SU1010
DEL 2008 QUE FUE LA SENTENCIA QUE ESTABLECIO SU COBRO DE
FORMA CONDICIONADA QUE LA EMPRESA DEBE PRIEMO
DEMOSTRAR QUE HUBO UNA DESVIACION
SIGNIFICATIVACONFORME A LA SENTENCIA SU-1010/08
OCTAVO QUE el juez constitucional conforme artículo 4 de la constitución
aplique la excepción de inconstitucionalidad en este caso concreto y deje
sin efecto y sin valor el cobro de la energía dejadas de facturar dándole
cumplimiento a los artículos 13,23,29,30 93 de la constitución, principio de
legalidad tipicidad , ASI MISMO,INAPLIQUE EL ARTICULO 159 DE LA LEY
142 DE 1994 Y APLIQUE EL ARTICULO 74-1 DE LA LEY 1437 DEL 2011,
Y CONDEDA EL RECURSO DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICIO
NOVENO: que el juez constitucional al momento de solictar a la
superintendencia de servicios ´publicos VINCULADAS EL DOCTOR
LIBARDO YANOD MARQUEZ SUPERINTEDENTE y la Dirección
Territorial norte. Superintendencia delegada para la Protección del
Usuario y la Gestión del Territorio, Superintendencia delegada para
Energía y Gas Combustible. Superintendencias Delegadas para
Energía y Gas Combustible y para Acueducto, Alcantarillado y Aseo:
SER EL ORGANISMO DE CONTROL Y FISCALIZACION CONFORME A
LA SENTENCIA (T-275/2024) (C-263/96) […]”.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso, los cuales considera vulnerados con ocasión a la falta de
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la solicitud que radicó ante Afinia
el 23 de septiembre de 2024.
9. Sostiene que independientemente que la respuesta sea favorable o no, es
necesario que se le dé cumplimiento a “los artículos 146,149, 150, 152 al 159, de la
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Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ley 142 de 1994 AL ARTICULO 10, del 74 al 86 DE LA LEY 1437 DEL 2011 Y me
conceda los recursos de ley y se inaplique el artículo 154 de la ley 142 de 1994. Y
haga extensiva LOS precedente de la cortes constitucional establecido en las
sentencia T- 270 DEL 2004 y la sentencia de UNIFICACIÓN SU-1010 DEL 2008
por medio de la cual fijaron los procedimientos y limites que debe someterse la
empresa AFINIA para determinar y poder cobrar la energía dejada de facturar, ASI
MISMO LE DE CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 149 Y 150 DE LA LEY 142
DE 1994 POR LO QUE LOS, procedimientos ESTABLECIDO POR LA EMPRESA
viola los parámetros establecido por el guardián de la constitución” (sic).
10. Asimismo, indica que el cobro efectuado “es un enriquecimiento sin causa ilícito,
y quien debe ser revocado de forma inmediata, de lo contrario la empresa deberá
afrontar sanciones millonarias por la Súper servicios, y daños y perjuicios que
deberá responderme revoque el proceso de cobro de energía dejadas de facturar y
lo reinicie nuevamente según lo establecido por las sentencias T-270 DEL 2004 Y
SU-1010 DEL 2008, y anule el cobro de la energía dejadas de facturar por valor de
$ 2.732.880,00 de noviembre del 2023 DE expedida en la factura No.
5858560269”.
11. De igual modo, manifiesta que sólo hasta el 20 de septiembre de 2024 tuvo
conocimiento de la factura núm. 5858560269 por valor de $ 2.732.880,00, puesto
que, según señala, nunca fue notificada del Oficio núm. 698109935858560 del 4 de
noviembre de 2023, a través de cual se le impuso el pago del importe por consumo
no registrado pendiente por facturar.
Trámite en primera instancia
12. Por medio de auto del 19 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar como accionados a la
Presidencia de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y a las Superintendencias delegadas para la Protección del Usuario y
la Gestión del Territorio, Energía y Gas Combustible, y Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, y a Afinia como tercero con interés. De igual modo, ordenó la vinculación de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como tercero interesado.
Intervenciones
13. La empresa Afinia solicitó que se rechace por improcedente o se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia por no advertirse vulneración
alguna de derechos fundamentales, toda vez que es necesario que existan
fundamentos fácticos que den cuenta “de las condiciones materiales en las que se
encuentra la accionante y que permitan concluir que existe una violación o
amenaza”.
14. Señaló que el 4 de octubre de 2024, mediante consecutivo núm. 202471288873,
respondió a la petición presentada por la parte accionante, indicándole que, de
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
acuerdo con el inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, no proceden
reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco meses de haber sido
expedidas por las empresas de servicios públicos.
15. En ese sentido, indicó que el 4 de marzo de 2024 envió a la dirección de la Cl.
5 núm. 4-117 del municipio de Manaure Balcón del Cesar, Cesar el comunicado
radicado núm. 698109935858560 con la factura núm. 5858560269-34/31, remisión
que estuvo a cargo de la empresa Lecta. Por ello, considera que no es posible hablar
de una vulneración de derechos fundamentales, por cuanto cumplió con lo
establecido en la Ley 142 de 1994.
16. De igual modo, manifestó que el cobro realizado por la entidad no corresponde
a una sanción sino a una facturación por consumos no registrados por el equipo de
medida y no facturados por la empresa dentro de los últimos cinco meses, supuesto
que está permitido por la Ley 142 de 1994 y por la sentencia SU-1010 de 2008,
proferida por la Corte Constitucional.
17. Asimismo, expuso que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
procedibilidad, por cuanto la accionante lo que pretende con la acción constitucional
es que el juez estudie la legalidad del acto administrativo expedido por Afinia,
situación que desborda la competencia del juez de tutela, más si la usuaria ha
contado con otros medios de defensa de los cuales no hizo uso a pesar de haber
sido notificada.
18. Finalmente, señaló que la demandante contaba con los siguientes escenarios
para poder efectuar una reclamación: (i) defensa en sede de la empresa,
consistente en una reclamación contra el acto de facturación la cual debía realizarse
dentro de los cinco días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión; (ii)
defensa ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante un
recurso de apelación; y (iii) defensa en sede judicial a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
19. La Presidencia de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
20. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
21. En ese sentido, el artículo 5. ° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”.
22. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…] para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’2(se
destaca)3.
23. En el presente asunto, la parte accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso, los cuales considera vulnerados
porque, según señala, no recibió una respuesta de fondo, clara, precisa y
congruente frente a la petición que interpuso el 23 de septiembre de 2024 ante la
empresa Afinia, con ocasión del cobro del consumo no registrado pendiente por
facturar que le impuso la entidad. De igual modo, manifiesta que sólo hasta el 20 de
septiembre de 2024 tuvo conocimiento del cobro impuesto por la entidad, debido a
que nunca fue notificada del mismo.
24. Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
De la legitimación en la causa por activa
25. El artículo 130 de la Ley 142 de 1994 establece que en materia de servicios
públicos domiciliarios existe un régimen de responsabilidad solidaria entre el
2 Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
3 T-346-10.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio respecto de sus
obligaciones y derechos contenidos en el correspondiente contrato, negocio jurídico
del cual son partes la empresa de servicios públicos y los usuarios.
26. Sobre este punto, la norma señala:
“ARTÍCULO 130. Partes del contrato. Modificado por el art. 43, Decreto
Nacional 266 de 2000, Modificado por el art. 18, Ley 689 de 2001. Son partes
del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios.
El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son
solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios
públicos.
[…]”.
27. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional4, con el fin de determinar si
una persona se encuentra legitimada en la causa por activa para actuar en las
acciones de tutela relacionadas con servicios públicos domiciliarios, señala que es
necesario determinar en qué calidad actúan los tutelantes, esto es, si cada uno de
ellos funge como propietario del inmueble o en calidad de suscriptor o usuario.
28. En el presente asunto, de conformidad con el expediente del proceso
administrativo aportado por Afinia5, se tiene que el titular del contrato del inmueble
ubicado en la Cl. 5 Núm. 4-117 del municipio de Manaure Balcón del Cesar es el
señor Víctor Jaimes Pabón. Sin embargo, de la reclamación presentada ante Afinia
el 23 de septiembre de 2024, la cual fue identificada bajo el número
RE9310202400634, se extrae que la señora Angélica María Ortegón Jaimes se
identifica como usuaria del servicio.
29. Asimismo, en la respuesta brindada por Afinia el 4 de octubre de 20246 se
relaciona a la accionante con el contrato identificado con el NIC 5858560, número
que coincide con el del contrato correspondiente al inmueble ubicado en la Cl. 5
Núm. 4-117 del municipio de Manaure Balcón del Cesar, lugar donde se presta el
servicio que dio origen a la reclamación presentada en la tutela de la referencia. Por
tal razón, la condición de usuaria de la accionante no es un tema discutido por Afinia
en el proceso administrativo y, en efecto, no generó ningún tipo de controversia
entre las partes.
30. De igual modo, a folios 4 y 5 del escrito de tutela7, la señora Angélica María
Ortegón Jaimes expresa que “fui a la empresa a buscar el proceso debido [a] que
4 Corte Constitucional. Sentencia T-206A de 2018.
5 Documento visible a índice 13 del expediente digital en Samai. CertificadoBD07B58B3BE8431E
63D7A899088C0615 8125C6BE3A9969C9 2AC6EF929FBDA708
6 Documento visible a índice 13 del expediente digital en Samai. CertificadoE4B8E57DD4D0D818
70F2D4AF326DB59C 8EEBF86DDE66564C 08FB75CFE0A5CA56
7 Escrito de demanda visible a índice 2 del expediente en Samai. Certificado 394A7F9B8E5F7D18
F75AC172489751BB 67E0F1D699E222FB 98EE9DF81932DFAD.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
me fueron a suspender el servicio”, afirmación que permite inferir que sí es usuaria
del servicio y que tiene interés directo en el proceso de cobro de la energía dejada
de facturar adelantado por Afinia.
31. Por ello, de acuerdo con lo señalado, se encuentra acreditada la legitimación en
la causa por activa de la aludida tutelante, en tanto aduce que en tal condición
resulta afectada en sus derechos fundamentales.
Caso concreto
32. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que en
el caso bajo estudio se adelantaron las siguientes actuaciones:
̶ El 19 de julio de 2023 el señor Fabián Armando Grana, en representación de
Afinia, realizó una revisión de los equipos de medida e instalaciones
eléctricas en el inmueble identificado comercialmente con el NIC 5858560
ubicado en la Cl. 5 Núm. 4-117 del municipio de Manaure Balcón del Cesar,
Cesar.
̶ En la visita técnica la empresa encontró las siguientes anomalías:
̶ Con ocasión de lo anterior, la entidad suscribió el acta de revisión núm.
69810993, señalando que existía “un Consumo de Energía no registrado
pendiente por facturar; lo anterior debido a una acción ejecutada por el
usuario y/o un tercero sobre las conexiones y/o Equipo de Medida”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
̶ Por medio de Oficio núm. 698109935858560 del 4 de noviembre de 2023
Afinia determinó que el importe por el consumo facturable no medido o
registrado por acción u omisión del usuario correspondía al siguiente monto:
̶ El 4 de marzo de 2024, Afinia envió la notificación del citado proceso
administrativo correspondiente al Oficio núm. 698109935858560 y a la
factura núm. 5858560269. El transporte de los documentos fue tramitado por
la empresa Lecta y se le asignó la guía núm. 78742641060. Sin embargo, de
acuerdo con el soporte8 que se adjuntó al plenario, no fue posible la entrega
por “dirección errada”, tal como se muestra a continuación:
̶ El 20 de septiembre de 2024 la señora Angélica María Ortegón Jaimes se
acercó a las oficinas de Afinia “porque le iban a suspender el servicio” y fue
ahí donde tuvo conocimiento del proceso administrativo adelantado por la
falta de pago en el contrato por el servicio de energía del inmueble
identificado comercialmente con el NIC 5858560 ubicado en la Cl. 5 Núm. 4-
117 del municipio de Manaure Balcón del Cesar, Cesar.
̶ Con ocasión de lo anterior, el 23 de septiembre de 2024 presentó
reclamación ante la entidad solicitando la constancia de notificación de los
actos precitados, así como el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 de
1994 y los Decretos 1369 del 2020 y 1547 de 2022 y las sentencias T-270 de
2004 y SU-1010 de 2008, en las cuales la Corte Constitucional “fijó los
procedimientos y límites a los que debe someterse cada empresa de
servicios públicos para determinar y poder cobrar la energía dejada de
facturar”.
8 Visible a índice 13 de Samai. Certificado BD07B58B3BE8431E 63D7A899088C0615
8125C6BE3A9969C9 2AC6EF929FBDA708.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
̶ A través del Oficio núm. 202471288873 del 4 de octubre de 2024, Afinia
respondió a la accionante en los siguientes términos:
De conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Ley
142/1994, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, sólo
pueden interponer reclamaciones contra las últimas cinco facturas
expedidas por la empresa prestadora, por tanto, la factura de 04 de
noviembre de 2023, objeto de reclamo, no podrá ser atendida.
Veamos lo que al respecto nos dice la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en el Concepto No. SSPD-OJ 2006-258:
“Conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, no
proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.
Este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del
usuario a presentar reclamos, mediante el cual promueve la diligencia
para reclamar en términos.
Adicionalmente, dicha consagración legal busca darle certeza a la
factura que expide la empresa para que no permanezca de manera
indefinida con la incertidumbre de sí el usuario discute el valor de los
servicios facturados en un período determinado. Se trata entonces de
un término de caducidad que opera a favor de las empresas…” (comillas
son nuestras).
Así las cosas, no es posible atender su reclamación sobre una factura
para la cual la acción de reclamar ya está vencida.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición.
Esperamos con lo anterior haber atendido de la mejor manera su
petición.
Finalmente, le informamos que contra la presente comunicación no
proceden recursos por tratarse de un acto de carácter informativo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para mayor información acerca de esta respuesta usted puede
comunicarse con nuestro Call Center marcando el No 115 de una
línea fija o (605)-6502120 desde cualquier operador móvil, Oficina
virtual accediendo desde la página www.afinia.com.co”.
33. De conformidad con lo descrito previamente, esta Sala considera necesario
remitirse a lo consagrado en la Ley 142 de 1994, la cual establece el régimen de
servicios públicos domiciliarios, en lo relacionado con la oportunidad que tienen los
usuarios para interponer reclamaciones por temas de facturación. Al respecto, cita
la norma:
“ARTÍCULO 154. De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o
usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la
prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en
los casos en que expresamente lo consagre la ley.
No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión,
terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación
que no fue objeto de recurso oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones
por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a
la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de
haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.
De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la
empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto
en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las
condiciones uniformes del contrato.
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de
abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer
de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores
o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la
superintendencia”.
34. Señalado lo anterior, si bien la norma indica que no proceden reclamaciones
contra facturas que tengan más de cinco meses de haber sido expedidas por las
empresas de servicios públicos, también dispone que el término para interponer las
reclamaciones se contabiliza dentro de los cinco días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión relacionada con la prestación del servicio o la ejecución
del contrato.
35. En ese sentido, en el caso bajo estudio se encuentra demostrado que, aunque
Afinia haya expedido el Oficio núm. 698109935858560 desde el 4 de septiembre de
2023 y lo haya enviado para comunicación de la parte accionante el 4 de marzo de
2024, la notificación no pudo ser efectuada por la empresa Lecta por “dirección
errada”, tal como se demostró previamente9. En ese sentido, la señora Angélica
María Ortegón Jaimes tuvo conocimiento del proceso administrativo sólo hasta el
20 de septiembre de 2024 cuando fueron a suspenderle el servicio de energía, por
lo tanto, es a partir de esa fecha que debe empezar a contarse el término de cinco
días consagrado en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
36. De esta manera, dado que la reclamación ante Afinia fue presentada el 23 de
septiembre de 2024, tal como figura en el sello de recibido impuesto por la entidad
bajo el número RE9310202400634, la accionante sí se encontraba dentro del
término oportuno para que su petición fuese tramitada en los términos de la
disposición normativa precitada.
9 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
37. Sobre este punto, la Corte Constitucional10 ha señalado que es un requisito de
obligatorio cumplimiento que todo usuario sea informado por la empresa prestadora
del servicio público de las razones por las cuales se efectúan los cobros y de la
forma en que estos fueron calculados, pues este derecho a ser notificados
constituye una de las prerrogativas otorgadas por la Ley 142 de 1994 a los
suscriptores y/o usuarios de los servicios.
38. Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en establecer que, incluso en los
casos de cobros por concepto del “servicio consumido no facturado”, se tienen que
consignar en las actas que se suscriban con ocasión de proceso administrativos los
elementos necesarios para determinar con precisión y certeza cuál es el monto al
que asciende la deuda del usuario por concepto de recuperación del costo del
servicio y se debe notificar al usuario para que este pueda ejercer oportunamente
los recursos procedentes.
39. Lo anterior, corresponde al precedente fijado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-1010 de 2008, en el cual se desarrolló el deber
de (i) especificar las fórmulas que se utilizaron para calcular las sumas de dinero
cuyo cobro se impuso, (ii) el cálculo de cada uno de los rubros e (iii) informar al
usuario de las razones por cuales se efectúa el determinado cobro, a saber:
“[…]
Así, en estas decisiones no se presentaron de manera clara, expresa y
específica, las fórmulas que se utilizaron para calcular las sumas de dinero
cuyo cobro se impuso y el cálculo de cada uno de los rubros incluidos en los
actos administrativos sancionatorios, situación que impidió que los usuarios
ejercieran con el pleno de garantías sus derechos de defensa y
contradicción, al desconocer los fundamentos técnicos y jurídicos de los
mismos.
La necesidad de que el usuario sea informado por la empresa
prestadora de las razones por las cuales se efectúa determinado cobro
y de la forma en que éste fue calculado, constituye precisamente uno
de los derechos reconocidos por la Ley de servicios públicos
domiciliarios a los suscriptores y/o usuarios de los servicios. En efecto,
de acuerdo con el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, las facturas que
expidan las empresas deben cumplir con unos requisitos mínimos, dentro
de los cuales se encuentra la necesidad de consignar en ellas la información
requerida para que el usuario pueda establecer con facilidad los
fundamentos del cobro y ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce.
El artículo en mención dispone:
“ARTÍCULO 148. REQUISITOS DE LAS FACTURAS. Los requisitos
formales de las facturas serán los que determinen las condiciones
uniformes del contrato, pero contendrán, como mínimo, información
suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con
facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas,
10 Sentencia SU-1010 de 2008.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se
comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo
y modo en el que debe hacerse el pago.
[…]”.
De esta manera, si bien las “decisiones empresariales” no constituyen en
estricto sentido un acto de facturación, lo cierto es que ellas son el
fundamento para que, posteriormente, las empresas incluyan dentro de las
facturas cobros adicionales al valor del consumo del servicio y, además,
constituyen actos administrativos susceptibles tanto de recursos en la vía
gubernativa como de acciones ante la jurisdicción contenciosa, razones por
las que resulta necesario que para su expedición las empresas cumplan con
los mismos requisitos de precisión, suficiencia y especificidad que el artículo
148 de la Ley 142 de 1994 exige para los actos de facturación.
[…]”.
40. Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas, encuentra esta
Sala que en el presente asunto sí se configura una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la parte accionante, por cuanto no fue
debidamente notificada del Oficio núm. 698109935858560 del 4 de noviembre de
2023, a través del cual Afinia determinó que el importe por el consumo facturable
no medido o registrado por acción u omisión del usuario sería de “$2.730.181.5”.
41. En este orden de ideas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso
de la señora Angélica María Ortegón Jaimes y se ordenará a la sociedad Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, tramite de fondo la reclamación presentada por la
accionante el 23 de septiembre de 2024, en los términos de la figura del recurso de
reposición establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, toda vez que esta
fue interpuesta dentro de la oportunidad permitida por el ordenamiento jurídico.
42. Finalmente, la Sala considera necesario aclarar que la intervención de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está prevista, para este caso,
en el evento que la demandante decida interponer un recurso de apelación contra
la decisión que resuelva el recurso de reposición que se encuentra pendiente de
tramitar, por lo cual no es posible que el juez constitucional dicte alguna orden
adicional en contra de dicha entidad, dado que aún no se ha surtido el procedimiento
previsto en la Ley 142 de 1994.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06936-00
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Angélica María Ortegón Jaimes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia
que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, dé
trámite de fondo la reclamación presentada el 23 de septiembre de 2024 por la
señora Angélica María Ortegón Jaimes, en los términos de la figura del recurso de
reposición establecida en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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