Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06936-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06936-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06936-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de abril de 2025
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06936 01
Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 06936 01
Accionante: Angélica María Ortegón Jaimes
Accionados: Presidencia de la República y otros1
Tesis: No se configura la carencia actual de objeto por hecho superado cuando la
respuesta de la entidad demandada a la petición de la actora fue consecuencia del
cumplimiento del fallo de primera instancia.
ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Sociedad Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P.- Afinia (en adelante Afinia) en contra de la sentencia de tutela
proferida el 7 de febrero de 2025, por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso
y ordenó a Afinia que dé trámite de fondo a la reclamación presentada por la
accionante el 23 de septiembre de 2024.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 16 de diciembre de 20242, la señora Angélica María Ortegón Jaimes,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante
SSPD), las Superintendencias delegadas para la Protección del Usuario y la Gestión
del Territorio, Energía y Gas Combustible, y Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
alegando la vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido
proceso. Los cuales considera vulnerados con ocasión a la falta de respuesta de
1 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las Superintendencias delegadas para la
Protección del Usuario y la Gestión del Territorio, Energía y Gas Combustible, y Acueducto,
Alcantarillado y Aseo
2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06936 01
Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
fondo, clara, precisa y congruente a la solicitud que radicó ante Afinia el 23 de
septiembre de 2024.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“PRETENSIONES
PRIMERO pretendo con esta ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO
DEFINITIVO excepcional Y DE forma directa conforme al precedente de la
cortes constitucional SU-543/23 T-325/12,T-903/14,T-084/2015, T-555/2015,T-
165/2017 T-165/17,138/17,T 430/17, T-451/17,T-82/17,T-206/18, T-27/19,T-
426/19 , T27/19, T-230/20, T-223/21, T 235/21, T-329/21, T-330/21, T-454/21, T-
002/22, T-204/22, T-051/23, T-072/23, QUE HAN REITERADO LA
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA DE FORMA DIRECTA
CONFORME ARTICULO 85 DE LA CONSTICION Y ordene al presidente de
Colombia y a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a ejercer sus
funciones de conformidad con el articulo 189 numeral 9, 10, 22. 365 al 370 de la
constitución Decreto 1369 del 2020 artículos 75, 79.1 y 159 de la ley 142 de 1994
para que ordene de forma inmediata a la empresa afinia (sic) que ustedes vigilan
decrete la violación del derecho de petición ordenando a la empresa Afinia , y
darnos una respuestas de fondo. QUE Se (sic) concreta en el deber de resolver la
petición de forma: clara, esto es, que la misma sea inteligible y contenga
argumentos de fácil comprensión; precisa, es decir que la respuesta atienda a lo
solicitado y se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas
evasivas o elusivas; congruente, esto es que abarque la materia objeto de la
petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuencial, lo que significa que si
la petición es presentada dentro de un trámite procedimental del cual conoce la
respectiva autoridad, ésta deberá dar cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente. como lo ordena las
sentencias T-066/24, T-245/24, T-569/23, T-358/20, T-238/18 T-814 de 2005
reiterada en la C-951 de 2014 C-818 de 2011,T-286/23,DERECHO DE
PETICION-Fundamentación inadecuada o incompleta no da lugar a rechazar la
petición, T-329/21 T-206 de 2018 T-419/13 T-400/18 SU587/16 T-149 de 2013
SU-166 de 1999 T-398/21 T-369/13, T 867/13, T-230/20, 951/14, C-045/2023 T-
272/23 Sentencia T-066/24 RAZONABILIDAD DEL SISTEMA DE TURNOS T-
292/22 T-204/22 T- T-330/21, T-682/17,VULNERACION CUANDO LOS
RECURSOS INTERPUESTO NO SE RESULEVEN EN EL TERMINO LEGALES
Y JURIPRUDENCIALES, (T-316 de 20069), (T-601/98 )510/94 ,T-682/17,T
569/23, T-352/12, SU-166/99, T-051/23, T-608/13 ,T-064/23,T-292/22, T-636/06
(Electricaribe no da respuestas de fondo),t-332/15,(principio de inmediate
violación persiste en el tiempo)T-547/23,T-045/22, T-464/97,T-005/15, T-
132/24,T-SU-213/21 DEBIDO PROCESO, T-072/23, T-580/23, T-129/24, T-
534/23 T- 177/24 , T-559/23, T 243/20,T-554/23, T-405/22 SU-543 DE 2023 T-
578/23. T-270/04, Y SU 1010/08 Si el señor juez constitucional se aparta de estos
precedente y la jurisprudencia de estas sentencias de tutela, ,carga argumentativa
de transparencia y suficiencia (sic)(su- La obligación de las autoridades
administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en cuenta el
precedente judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el precedente
judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el
sentido dictado por la autoridad judicial, el deber T-656/11, de acatamiento del
precedente judicial SU-380/21, T-022/19),SU 354/17,SU113/18,C-539/11. T-
441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14, SU-611/17, SU 069/18, 309/15, SU406/16,
T-081/23, SU-060/21, SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU 072/18,SU-041/22,T-
048/129,C-099/22,SU-635/15, de igual forma el juez constitucional, aplique el
principio de OFICIOSIDAD y de informalidad, integres el contradictorio, para dar
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06936 01
Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
una solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un
todo inescindible”, (Auto 067/20), T-466/99,. T-313/18, T-1223/05, T-1081/12,
SU108/18) C-483/08, T-084/21, es deber del juez de tutela encontrar la verdadera
naturaleza de la situación jurídica puesta en conocimiento de la jurisdicción
constitucional y, de ser el caso, adoptar las decisiones (entre ellas, integrar en
debida forma el contradictorio) que sirvan para proferir una sentencia coherente
con necesidad de la protección inmediata de los derechos constitucionales. T-150
DEL 2023 PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA- La acción de tutela debe ser
entendida de conformidad con este principio, PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD E
INFORMALIDAD-Juez de tutela tiene la obligación de tomar medidas necesarias
para proteger derechos fundamentales DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA conforme a los precedente de la cortes
constitucional en las sentencias tutelasT-243/93, T-125/95, T-274/95, T-161/96, T-
260/97, T-304/97, T 419/97, T-021/98, T-167/98, T-209/98, T-301/98, T-439/98, T-
473/98, T-236/99, T-241/99, T-287/99, T-342/99, T 346/99, T-414/99, T-424/99, T-
449/99, T-461/99, T-490/99, T-619/99, T-641/99, T-660/99, T-670/99, T-704/99, T
132/00, T-134/00, T-170/00, T-186/00, T-198/00, T-766/00, T-770/00, T-777/00, T-
779/00, T-782/00, T-867/00, T 940/00, T-979/00, T-1024/00, T-1032/00, T-
1077/00, T-1092/00, T-1127/00, T-1131/00, T-1248/00, T-1292/00, T 1293/00, T-
1294/00, T-1479/00, T-1576/00, T-1596/00, T-1597/00, T-1614/00, T-1660/00, T-
1730/00, T-1738/00, T 1748/00, T-079/01, T-135/01, T-256/01, T-300/01, T-
316/01, T-396/01, T-518/01, T-570/01, T-602/01, T-625/01, T 841/01, T-877/01, T-
1006/01, T-1089/01, T-163/02, T-628/02, T-650/02, T-843/02, T-912/02, T-
1112/02, T 1122/02, T-375/03, T-392/03, T-422/03, T-542/03, T-562/03, T-581/03,
T-971/03, T-973/03, T-991/03, T-998/03, T 091/04, T-099/04, T-143/04, T-144/04,
T-166/04, T-364/04, T-583/04, T-638/04, T-643/04, T-657/04, T-658/04, T 806/04,
T-1017/04, T-1018/04, T-1150/04, C-1024/04, T-373/05, T-490/05, T-1130/05, T-
108/06, T-147/06, T 288/06, T-412/06, C-792/06, T-920/06, T-1056/06, T-051/07,
T-237/07, T-238/07, T-256/07, T-508/07, T-541A/07, T 745/07, T-907/07, T-
1034/07, T-013/08, T-019/08, T-079/08, T-778/08, T-827/08, T-293/09, T-918/09,
T-016/10, T 222/10, T-137/11, T-657/11, C-818/11, T-558/12, T-683/12, T-725/12,
T-108/14, T-605/14, C-951/14, A. 552A/15, T 689/15, T-764/15, T-048/16, T-
172/16, T-219/16, C-405/16, T-481/16, T-531/16, T-718/16, C-007/17, T-155/17, T
392/17, T-483/17, T-621/17, T-058/18, T-077/18, C-242/20, T-358/20, T-140/21,
T-221/21, T-223/21, T-235/21, T 247/21, T-249/21, T-330/21, T-343/21, T-352/21,
T-045/22, SU.067/22, SU.191/22, T-047/23, T-049/23, T-184/23) y se vincule la
(sic).
Segundo que el juez constitucional ordene a la empresa Afinia a dar respuesta de
fondo conforme a los precedente de la cortes constitucional en las sentencias
tutelas T-243/93, T-125/95, T-274/95, T-161/96, T-260/97, T-304/97, T-419/97, T-
021/98, T 167/98, T-209/98, T-301/98, T-439/98, T-473/98, T-236/99, T-241/99, T-
287/99, T-342/99, T 346/99, T-414/99, T-424/99, T-449/99, T-461/99, T-490/99, T-
619/99, T-641/99, T-660/99, T 670/99, T-704/99, T-132/00, T-134/00, T-170/00, T-
186/00, T-198/00, T-766/00, T-770/00, T 777/00, T-779/00, T-782/00, T-867/00, T-
940/00, T-979/00, T-1024/00, T-1032/00, T-1077/00, T 1092/00, T-1127/00, T-
1131/00, T-1248/00, T-1292/00, T-1293/00, T-1294/00, T-1479/00, T 1576/00, T-
1596/00, T-1597/00, T-1614/00, T-1660/00, T-1730/00, T-1738/00, T-1748/00, T
079/01, T-135/01, T-256/01, T-300/01, T-316/01, T-396/01, T-518/01, T-570/01, T-
602/01, T 625/01, T-841/01, T-877/01, T-1006/01, T-1089/01, T-163/02, T-628/02,
T-650/02, T-843/02, T 912/02, T-1112/02, T-1122/02, T-375/03, T-392/03, T-
422/03, T-542/03, T-562/03, T-581/03, T 971/03, T-973/03, T-991/03, T-998/03, T-
091/04, T-099/04, T-143/04, T-144/04, T-166/04, T 364/04, T-583/04, T-638/04, T-
643/04, T-657/04, T-658/04, T-806/04, T-1017/04, T-1018/04, T 1150/04, C-
1024/04, T-373/05, T-490/05, T-1130/05, T-108/06, T-147/06, T-288/06, T 412/06,
C-792/06, T-920/06, T-1056/06, T-051/07, T-237/07, T-238/07, T-256/07, T-
508/07, T 541A/07, T-745/07, T-907/07, T-1034/07, T-013/08, T-019/08, T-079/08,
T-778/08, T-827/08, T 293/09, T-918/09, T-016/10, T-222/10, T-137/11, T-657/11,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2024 06936 01
Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
C-818/11, T-558/12, T-683/12, T 725/12, T-108/14, T-605/14, C-951/14, A.
552A/15, T-689/15, T-764/15, T-048/16, T-172/16, T 219/16, C-405/16, T-481/16,
T-531/16, T-718/16, C-007/17, T-155/17, T-392/17, T-483/17, T 621/17, T-058/18,
T-077/18, C-242/20, T-358/20, T-140/21, T-221/21, T-223/21, T-235/21, T 247/21,
T-249/21, T-330/21, T-343/21, T-352/21, T-045/22, SU.067/22, SU.191/22, T-
047/23, T 049/23, T-184/23) y en su lugar conceder la acción de tutela
ORDENANDO TAMBIEN A LA EMPRESA QUE CONSEDAN LOS RECURSO
DE REPOSICION Y EN SUSBSIDIO DE APELACION.
TERCERO y ordene (sic) al presidente y a la superintendencia a ejercer sus
funciones constitucionales de vigilancia y control y ordene a la empresa Afinia a la
materialización de este derecho, petición concediendo el recurso de apelación
conforme el artículo 154 de la ley 142 de 1994 artículo 74 de la ley 1437 del 2011
y las SENTENCIAS T-023/02, SENTENCIA C-243/13,C-007/17( EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE PETICIÓN -NO EXIGE FORMALIDADES MAS ALLÁ DE LAS
ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN , C-263/96,C-558/01, SU418/19, C-
034/14,C-329/15,ARTICULO 13 DE LA LEY 1755 DEL 2015 RESOLVIENDO LA
PETICION Y LOS RECURSOS , DE FONDO “(i) clara, esto es, inteligible y
contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que
atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente
con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con
motivo de un derecho de petición [formulado] dentro de un procedimiento del que
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o [nueva], sino
que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente” conforme a los
precedente de la cortes constitucional en las sentencias tutelas T-243/93, T-
125/95, T-274/95, T 161/96, T-260/97, T-304/97, T-419/97, T-021/98, T-167/98, T-
209/98, T-301/98, T-439/98, T 473/98, T-236/99, T-241/99, T-287/99, T-342/99, T-
346/99, T-414/99, T-424/99, T-449/99, T 461/99, T-490/99, T-619/99, T-641/99, T-
660/99, T-670/99, T-704/99, T-132/00, T-134/00, T 170/00, T-186/00, T-198/00, T-
766/00, T-770/00, T-777/00, T-779/00, T-782/00, T-867/00, T 940/00, T-979/00, T-
1024/00, T-1032/00, T-1077/00, T-1092/00, T-1127/00, T-1131/00, T 1248/00, T-
1292/00, T-1293/00, T-1294/00, T-1479/00, T-1576/00, T-1596/00, T-1597/00, T
1614/00, T-1660/00, T-1730/00, T-1738/00, T-1748/00, T-079/01, T-135/01, T-
256/01, T 300/01, T-316/01, T-396/01, T-518/01, T-570/01, T-602/01, T-625/01, T-
841/01, T-877/01, T 1006/01, T-1089/01, T-163/02, T-628/02, T-650/02, T-843/02,
T-912/02, T-1112/02, T 1122/02, T-375/03, T-392/03, T-422/03, T-542/03, T-
562/03, T-581/03, T-971/03, T-973/03, T 991/03, T-998/03, T-091/04, T-099/04, T-
143/04, T-144/04, T-166/04, T-364/04, T-583/04, T 638/04, T-643/04, T-657/04, T-
658/04, T-806/04, T-1017/04, T-1018/04, T-1150/04, C 1024/04, T-373/05, T-
490/05, T-1130/05, T-108/06, T-147/06, T-288/06, T-412/06, C-792/06, T 920/06,
T-1056/06, T-051/07, T-237/07, T-238/07, T-256/07, T-508/07, T-541A/07, T-
745/07, T 907/07, T-1034/07, T-013/08, T-019/08, T-079/08, T-778/08, T-827/08,
T-293/09, T-918/09, T 016/10, T-222/10, T-137/11, T-657/11, C-818/11, T-558/12,
T-683/12, T-725/12, T-108/14, T 605/14, C-951/14, A. 552A/15, T-689/15, T-
764/15, T-048/16, T-172/16, T-219/16, C-405/16, T 481/16, T-531/16, T-718/16,
C-007/17, T-155/17, T-392/17, T-483/17, T-621/17, T-058/18, T 077/18, C-242/20,
T-358/20, T-140/21, T-221/21, T-223/21, T-235/21, T-247/21, T-249/21, T 330/21,
T-343/21, T-352/21, T-045/22, SU.067/22, SU.191/22, T-047/23, T-049/23, T-
184/23)
CUARTO: QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL APLIQUE EL principio DE
OFICIOSIDAD y de informalidad, debido que no resolvió, ni siquiera una
pretensión todas las pretensiones, no integro el contradictorio, para dar una
solución a la totalidad de las pretensiones de la solicitud de tutela, como un todo
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inescindible”, (Auto 067/20), T-466/99,señor juez de segunda instancia, en virtud
del principio de oficiosidad tiene la obligación de asumir un papel activo en la
conducción del proceso, no solo para interpretar la solicitud de amparo, sino para
indagar por los elementos que requiera para adoptar una decisión de fondo. T-
313/18, donde los deberes del juez de tutela, se encuentra el de vincular al trámite
de la acción, a todos aquellos que por disposición legal y constitucional puedan
resultar comprometidos en la afectación de los derechos fundamentales del
accionante o de sus representados. T-1223/05, El juez de tutela cuenta con las
facultades de interpretación necesarias para garantizar que los derechos
fundamentales de las personas sean efectivamente protegidos, ante la
eventualidad de situaciones nuevas que se evidencien, aunque no hayan sido
solicitadas en la acción constitucional, T-1081/12, juez (sic) tiene el deber de
determinar qué es lo que accionante persigue con el recurso de amparo, con el fin
de brindarle la protección más eficaz posible de sus derechos
fundamentales...(sic) el juez debe (sic), los elementos que le permitan comprender
a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello
tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la
problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada,
de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales
cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello” el juez tiene el deber de determinar qué
es lo que accionante persigue con el recurso de amparo, con el fin de brindarle la
protección más eficaz posible de sus derechos fundamentales. Así, en ese
análisis, puede encontrar circunstancias no indicadas en el escrito de tutela sobre
las que se hace necesario su pronunciamiento, SU108/18) C-483/08,T-084/21, es
deber del juez de tutela encontrar la verdadera naturaleza de la situación jurídica
puesta en conocimiento de la jurisdicción constitucional y, de ser el caso, adoptar
las decisiones (entre ellas, integrar en debida forma el contradictorio) que sirvan
para proferir una sentencia coherente con necesidad de la protección inmediata
de los derechos constitucionales.
QUINTO: que el juez constitucional conforme a artículo 4 de la constitución
inaplique la parte final del artículo 154 de la ley 142 de 1994 En ningún caso,
proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de
haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. En este caso
concreto, debido que la empresa no me puso en conocimiento el procedimiento
administrativo del cobro de la energía dejadas de facturar, donde yo mi cuenta fue
cuando fueron suspenderme el servicio, violado el debido proceso administrativo,
defensa contradicción legalidad tipicidad y el núcleo esencial del derecho de
petición que no admites excepción, pues el artículo 23 de la constitución los
artículos 13,al 33 de la ley 1755 del 2015 , ley 1437 del 2011, no existe obstáculo
para que la empresa Afinia de respuesta de fondo sobre todo lo pedido en mi
derecho de petición no importa que sea negativa o positiva pero tienen que darme
respuesta. POR LO QUE SI ES PROCEDENTE QUE LA EMPRESA CONCEDA
LOS RECURSO DE APELACION COMO LO ORDENO LA SENTENCIA DE
TUTELA T- T 023/02 (…)tercero.- conceder la protección al debido proceso
invocada por la señora sixta (sic) yépez (sic) de mendoza (sic) contra la
electrificadora de la costa atlántica electrocosta s.a. e.s.p. (sic) en consecuencia
ordenar a la electrificadora de la costa atlántica electrocosta s.a. e.p.s. (sic) que
en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la comunicación de ésta
decisión se pronuncie sobre el recurso subsidiario de apelación instaurado por la
accionante, en forma subsidiaria al de reposición, el 17 de mayo de 2001, en
contra de la comunicación 012250 del 2 o del 4 de mayo del mismo año,
indicándole, en caso de que el recurso sea negado, que puede presentar la
apelación ante la superintendencia de servicios públicos o recurrir en queja, ante
la misma, dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.
SEPTIMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13 DE LA
CONSTITUCION el juez constitucional aplique el principio de favorabilidad más
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benéfica aplicando el articulo 74-1 de la ley 1437 del 2011, y el artículo 154 de la
ley 142 de 1994 , e inaplique el artículo 159 de la ley 142 de 1994 y ordene a la
empresa concederme el recurso de apelación conforme a las sentencias 023/02,
SENTENCIA C-243/13,C 007/17( EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
-NO EXIGE FORMALIDADES MAS ALLÁ DE LAS ESTABLECIDA EN LA
CONSTITUCIÓN, C-263/96,C-558/01, SU418/19, C-034/14,C-329/15 Decimo
que el juez constitucional anule el cobro de la energía dejadas de facturar, debido
que la sentencia SU1010 DEL 2008 QUE FUE LA SENTENCIA QUE
ESTABLECIO SU COBRO DE FORMA CONDICIONADA QUE LA EMPRESA
DEBE PRIEMO DEMOSTRAR QUE HUBO UNA DESVIACION
SIGNIFICATIVACONFORME A LA SENTENCIA SU-1010/08
OCTAVO QUE (sic) el juez constitucional conforme artículo 4 de la constitución
aplique la excepción de inconstitucionalidad en este caso concreto y deje sin
efecto y sin valor el cobro de la energía dejadas de facturar dándole cumplimiento
a los artículos 13,23,29,30 93 de la constitución, principio de legalidad tipicidad,
ASI MISMO, INAPLIQUE EL ARTICULO 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y
APLIQUE EL ARTICULO 74-1 DE LA LEY 1437 DEL 2011, Y CONDEDA EL
RECURSO DE APELACION ANTE LA SUPERSERVICIO
NOVENO: que el juez constitucional al momento de solicitar a la superintendencia
de servicios públicos VINCULADAS EL DOCTOR LIBARDO YANOD MARQUEZ
SUPERINTEDENTE y la Dirección Territorial norte. Superintendencia delegada
para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio, Superintendencia
delegada para Energía y Gas Combustible. Superintendencias Delegadas para
Energía y Gas Combustible y para Acueducto, Alcantarillado y Aseo: SER EL
ORGANISMO DE CONTROL Y FISCALIZACION CONFORME A LA
SENTENCIA (T 275/2024) (C-263/96) y conforme a los artículos de la constitución
367, Y 370 DE LA CONSTITUCION. articulo 75,79-1, de la ley 142 de
1994DECRETO 1369 DE 2020, articulo 1, 6 numerales 3,4,9,19, articulo 8,
numerales 8, y 9, articulo 16 numerales 11, y 13, articulo,22, numerales 8,9 articulo
24, numerales, del 1, al 17 por lo que si se encuentra legitimada por pasiva.”3.
1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que el 23
de septiembre de 2024, presentó un derecho de petición a la empresa Afinia,
exigiendo una respuesta clara, completa y sin evasivas, con base en los artículos
23, 74 y 86 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, la Ley 1437 de 2011
(CPACA) y diversas sentencias de la Corte Constitucional, tales como, la
identificada como T-270 de 2004 y SU-1010 de 2008, que fijan límites para el cobro
de energía no facturada.
Dijo que en su petición, rechazó el cobro de dos millones setecientos treinta y dos mil
ochocientos ochenta ($2.732.880), contenido en la factura No. 5858560269 de
noviembre de 2023, cuya notificación no fue debidamente probada por la empresa.
Alegó que dicho cobro constituye un enriquecimiento sin justa causa y debe ser
revocado de inmediato, advirtiendo que, de no ser así, la empresa podría enfrentar
sanciones y quedar obligada a indemnizar por daños y perjuicios.
3 Ibidem.
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Informó que la empresa Afinia no le remitió el proceso de recuperación de energía ni
el pliego de cargos relacionado con el cobro contenido en la factura No. 5858560269
de noviembre de 2023 y que solo tuvo conocimiento de dicho requerimiento el 20 de
septiembre de 2024, cuando acudió a sus oficinas ante la inminente suspensión del
servicio. Por ello, exige que la empresa acredite la notificación del acto administrativo
que impone dicho cobro.
Reiteró la solicitud de revocatoria del cobro y la prohibición de suspender el servicio
hasta agotar la vía gubernativa, conforme a la Ley 142 de 1994 y la jurisprudencia
constitucional, que establecen que el pago del monto reclamado no es obligatorio para
interponer recursos. Además, señaló que la empresa debe seguir el procedimiento
definido en las sentencias T-270 de 2004 y SU-1010 de 2008, para el cobro de energía
no facturada, lo que implica notificar previamente al usuario sobre la visita, levantar un
acta en su presencia, enviar el medidor a un laboratorio si hay anomalías y permitir la
presentación de pruebas antes de emitir una decisión. También destacó que, según
la SU-1010 de 2008, solo podría justificarse el cobro, si el consumo supera en un
doscientos treinta por ciento (230%) al anterior de la supuesta irregularidad.
Indicó que, la empresa Afinia, en su respuesta a la petición radicada bajo el nro.
RE9310202400634 y consecutivo nro. 202471288873 del 4 de octubre de 2024, negó
resolver de fondo las solicitudes presentadas, incumpliendo el artículo 23 de la
Constitución Política y la jurisprudencia establecida en múltiples sentencias de la Corte
Constitucional, fundamentando su negativa en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994,
que restringe la presentación de reclamaciones sobre facturas con más de cinco (5)
meses de antigüedad. Sin embargo, sostuvo que dicho artículo no exime a la empresa
de resolver de manera integral el derecho de petición ni de conceder los recursos de
reposición y apelación, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y el
artículo 74 del CPACA.
Por lo tanto, pidió que la SSPD actúe contra la empresa Afinia, obligándola a
responder de fondo el derecho de petición y concediendo los recursos de apelación
conforme a la ley.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
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2.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, admitió
la tutela a través de auto de 19 de diciembre de 20244. Particularmente ordenó
notificar a los accionados que son el Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las Superintendencias
delegadas para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio, Energía y Gas
Combustible, y Acueducto, Alcantarillado y Aseo y a la sociedad Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia, como tercero con interés.
2.2. La Presidencia de la República, a través de escrito de fecha de 14 de enero
de 20255, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se nieguen
las pretensiones, toda vez que, no se configura una vulneración de derechos
fundamentales por parte de la entidad. Manifestó que la SSPD es la entidad
encargada de supervisar a las empresas prestadoras del servicio de energía y que
no es un organismo adscrito ni subordinado a la Presidencia, por lo que no puede
intervenir en sus decisiones. Señaló que el reclamo presentado por la accionante
debe resolverse a través de los mecanismos administrativos y recursos legales
disponibles, sin acudir a la tutela como un atajo para modificar decisiones adoptadas
por las autoridades competentes.
2.3. La sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. -Afinia, mediante
memorial de 15 de enero de 20256, solicitó que se declare improcedente o se nieguen
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no existe una vulneración de
derechos fundamentales. Adujo que, para que se configure una afectación de este
tipo, deben existir fundamentos facticos que evidencien la situación de la accionante
y permitan concluir que hay una violación o amenaza a sus derechos.
Afirmó que el 4 de octubre de 2024, respondió la petición de la accionante mediante
radicado nro. 202471288873, al correo electrónico fenadecu2024@gmail.com,
informándole que, conforme al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, no es viable
presentar reclamaciones sobre facturas con más de (5) cinco meses de expedición.
Expuso que el 4 de marzo de 2024, remitió a la dirección de la accionante el
comunicado con radicado nro. 698109935858560 con la factura nro. 5858560269-
34/31, a través de la empresa Lecta, lo que a su juicio demostró que cumplió con las
4 Visible índice 4 ibídem.
5 Visible índice 8 ibídem.
6 Visible a índice 9 íbidem
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disposiciones legales aplicables y descartó cualquier vulneración de derechos
fundamentales, además afirmó que el inmueble tiene el servicio de energía activo.
Aclaró que el cobro realizado no constituye una sanción, sino una facturación de
consumos no registrados por el equipo de medida, lo cual está permitido tanto por la
Ley 142 de 1994, como por la sentencia SU-1010 de 2008, de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, argumentó que la acción de tutela no es procedente, ya que su
propósito es obtener un pronunciamiento sobre la legalidad del acto administrativo que
respalda el cobro, lo que excede la competencia del Juez constitucional. Asimismo,
afirmó que la accionante tenía a su disposición otros mecanismos de defensa, como
la reclamación ante la empresa dentro de los (5) cinco días siguientes a la decisión, el
recurso de apelación ante la SSPD y el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2.4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el día 16 de
enero de 20257, alegó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva,
argumentando que la tutela debe dirigirse contra la entidad responsable de la presunta
vulneración y no contra un organismo de control que no ha participado en los hechos.
Afirmó que, al revisar su sistema de gestión documental, no encontró registros de una
reclamación presentada por la accionante, por lo tanto, indicó que no ha tenido
conocimiento previo del asunto.
Sostuvo que sus funciones se limitan a la inspección, vigilancia y control de las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, pero que no tiene injerencia
en decisiones específicas de estas entidades. Explicó que, según la Ley 142 de 1994,
los usuarios cuentan con mecanismos administrativos para presentar reclamaciones
ante la empresa prestadora, interponer recursos y acudir a la SSPD solo en los casos
en que se haya agotado la vía gubernativa. En este caso, la accionante no utilizó los
recursos disponibles ni presentó un recurso de apelación o queja ante la entidad.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
del 7 de febrero de 2025, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
7 Visible a índice 10 ibídem
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accionante y ordenó a Afinia que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la sentencia, le dé trámite de fondo a la reclamación presentada por
la actora el 23 de septiembre de 2024.
Como fundamento de lo anterior efectuó las siguientes consideraciones:
3.1. Señaló que, está acreditada la legitimación en la causa por activa de Angélica
María Ortegón Jaimes, ya que se confirmó su calidad de usuaria del servicio en el
inmueble a nombre de Víctor Jaimes Pabón, conforme al artículo 130 de la Ley 142
de 1994, que establece la responsabilidad solidaria entre el propietario, el suscriptor
y los usuarios. En este caso, aunque el contrato está a nombre de Víctor Jaimes
Pabón, la documentación del proceso administrativo y la reclamación presentada
confirman que Ortegón Jaimes es usuaria del servicio, situación que Afinia no
controvirtió.
Estableció que el 19 de julio de 2023, un representante de Afinia realizó una revisión
en el inmueble con NIC 5858560 en Manaure Balcón del Cesar, donde se
detectaron anomalías en el consumo de energía, por lo que se suscribió el acta de
revisión nro. 69810993. Posteriormente y mediante Oficio nro. 698109935858560
del 4 de noviembre de 2023, Afinia determinó un monto por consumo no medido y,
el 4 de marzo de 2024, envió la notificación del proceso administrativo y la factura
respectiva, no obstante, la entrega no se efectuó dado que se envió dirección
errada.
Aseveró que la señora Angélica María Ortegón Jaimes solo tuvo conocimiento del
monto que le era cobrado el 20 de septiembre de 2024, cuando intentaron
suspenderle el servicio, por lo que el plazo de cinco (5) días previsto en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994, debió contarse desde esa fecha. De este modo al haber
presentado su reclamación el 23 de septiembre de 2024, era claro que la misma
había sido radicada dentro del término legal, de modo que su petición debía ser
tramitada conforme a la normativa aplicable.
Concluyó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora, dado que no fue notificada adecuadamente del Oficio nro.
698109935858560 del 4 de noviembre de 2023, mediante el cual Afinia determinó
un cobro por consumo no medido de dos millones setecientos treinta mil ciento
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ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($2.730.181,5), en consecuencia,
dispuso ordenar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia que, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, de trámite de fondo a
la reclamación presentada el 23 de septiembre de 2024.
Finalmente, aclaró que la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios solo procederá si la accionante interpone recurso de apelación contra
la decisión que resuelva el recurso de reposición, por lo que el Juez constitucional
no puede emitir órdenes adicionales contra dicha entidad hasta que se surta el
procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994.
IV. IMPUGNACIÓN
Afinia impugnó la decisión anterior, informando que dio cumplimiento al fallo de
tutela, emitiendo la respuesta con el consecutivo nro. 202570117144 el 18 de
febrero de 2025, la cual fue notificada al correo fenadecu2024@gmail.com, de modo
que, en el presente asunto existía un hecho superado.
Argumentó que la accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la tutela como mecanismo de protección y que no se presentaron
pruebas que evidenciaran una afectación real o una amenaza concreta a sus
derechos fundamentales.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral décimo segundo del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1°
del Decreto 333 de 20218, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el
8 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo
las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas,
programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades
públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento
en primera instancia, al Consejo de Estado. (…)”
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conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.
5.2. Hechos
5.2.1. El 19 de julio de 2023, un funcionario de la empresa Afinia, en ejercicio de sus
funciones realizó una inspección de los equipos de medida e instalaciones eléctricas
en el inmueble con NIC 5858560, ubicado en la Cl. 5 Núm. 4-117 del Municipio de
Manaure Balcón del Cesar, Cesar. Durante la inspección técnica, la empresa
identificó un "Consumo de Energía no registrado pendiente por facturar",
presuntamente causado por la intervención del usuario o de un tercero en las
conexiones o el equipo de medida. Este hallazgo fue documentado en el acta de
revisión nro. 69810993, en la cual se registra como titular del contrato de energía al
señor Víctor Jaimes Pabón.
5.2.2. Como resultado de lo anterior, mediante el Oficio nro. 698109935858560 del 4
de noviembre de 2023, Afinia estableció que el monto por el consumo no medido o
registrado, atribuible a la acción u omisión del usuario, ascendía a dos millones
setecientos treinta mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos
($2.730.181,5).
5.2.3. El 23 de septiembre de 2024, la accionante presentó una reclamación ante
Afinia.
5.2.4. Mediante el Oficio nro. 202471288873 del 4 de octubre de 2024, Afinia
respondió a la accionante indicando que no daría trámite a su reclamación,
argumentando que fue presentada fuera del plazo establecido.
5.2.5. No satisfecha con la respuesta, la señora Angélica María Ortegón Jaimes,
interpuso acción de tutela contra de la Presidencia de la República, la SSPD, las
Superintendencias delegadas para la Protección del Usuario y la Gestión del
Territorio, Energía y Gas Combustible, y Acueducto, Alcantarillado y Aseo, alegando
la vulneración de los derechos fundamentales de petición y debido proceso.
5.2.6. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conoció del
asunto dentro del expediente con número de radicado 11001 0315 000 2024 06936
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00 y mediante providencia del 7 de febrero de 2025, amparó el derecho fundamental
al debido proceso de la accionante y ordenó a Afinia que, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la sentencia, dé trámite de fondo la reclamación
presentada el 23 de septiembre de 2024.
5.2.7. Inconforme con lo anterior, Afinia presentó impugnación, en contra de la
citada providencia.
5.2. De la carencia actual de objeto por hecho superado
En este caso deberá resolverse si se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado, si la entidad demandada alega que dio respuesta a la petición de
en cumplimiento del fallo de primera instancia.
Con miras a resolver ese problema, es pertinente señalar que el 7 de febrero de
2025, la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación amparó el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Ortegón Jaimes. En particular, de la
parte resolutiva de dicha decisión se destaca que se ordenó a la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia, que diera trámite de fondo a la
reclamación presentada por la actora en los términos del recurso de reposición
previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994; veamos:
“III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Angélica María Ortegón Jaimes, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. –
Afinia que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, dé trámite de fondo la reclamación presentada el 23 de septiembre
de 2024 por la señora Angélica María Ortegón Jaimes, en los términos de la
figura del recurso de reposición establecida en el artículo 154 de la Ley 142 de
1994.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio
más expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.”9
9 Visible a índice 16 del Sistema de Gestión Judicial Samai
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Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
En cumplimiento de lo anterior, mediante memorial del 18 de febrero de 2025, la
empresa recurrente dio respuesta a la petición presentada por la actora el 23 de
septiembre de 2024. Ahora bien, aunque la citada sociedad no tramitó dicha
petición como un recurso de reposición, tal como lo ordenó la sentencia de primera
instancia, sí emitió una respuesta de fondo a la solicitud y le informó de manera
expresa a la accionante sobre los mecanismos de impugnación disponibles, esto
es, los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación.
En otras palabras, si bien la actuación de la recurrente no se ajustó formalmente a
los términos exactos del fallo impugnado, cumplió con su finalidad esencial al
garantizar que la actora obtuviera una respuesta de fondo a su reclamación y
conociera las vías para controvertir la decisión adoptada. Esto, en últimas, permitió
salvaguardar el derecho de defensa de la demandante, dado que, si lo estima
pertinente, puede interponer los recursos correspondientes contra la mencionada
decisión. Además, debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 159 de la Ley
142 de 199410, el recurso de apelación solo procede si se interpone de manera
subsidiaria al de reposición. Por lo tanto, de haberse tramitado exclusivamente el
recurso de reposición se habría limitado la posibilidad de la actora de acceder a la
alzada y, en consecuencia, la SSPD no habría podido conocer del asunto.
Para una mejor ilustración, resulta pertinente presentar el siguiente cuadro
comparativo entre las solicitudes formuladas por la accionante y las respuestas
otorgadas por la recurrente, el cual permite evidenciar que la sociedad demandada
respondió de fondo a las peticiones de la señora Ortegón Jaimes e indicó los
recursos procedentes contra la decisión adoptada:
10 “Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación
de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código
Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del
de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir
el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este
recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.
Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario
practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con
la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a
treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.
Parágrafo. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán
sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de
resolver en segunda instancia" (Subrayas de la Sala).
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PETICIÓN RESPUESTA A LA PETICIÓN
“PRIMERO: Pretendo con este: “R/: Conforme a la normatividad vigente
REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, emanado a los lineamientos indicados, entre
de conformidad con el artículo 8 de la ley otras, en las sentencias T-270 de 2004 y SU-
393 de 1997 y el artículo 146 de la ley 1437 1010 de 2008 en las que, la empresa de manera
del 2011, para que la empresa y la consistente ha concedido al accionante frente a
superintendencia de servicios públicos la decisión sancionatoria la oportunidad de
domiciliarios le de cumplimiento a los ejercer sus derechos como peticionario o
artículos 75,79,81, 146,149,y 150,152 al reclamante y, posteriormente, los recursos en la
159, de la ley 142 de 1994 al decreto 1369 vía administrativa, de reposición ante la empresa
del 2020, DECRETO 1547 DE demandada, y el de apelación ante la
2022,,artículos 2,5,22.25,26,38, y 39 Superintendencia de Servicios Públicos
Decreto 262 de 2000,articulos Domiciliarios, precisando que si los actores no
1,7,10,23,24,25,26, articulo 74 al 86 DE LA hicieron uso de esos mecanismos, les precluyó
LEY 1437 DEL 2011 Y me conceda los la oportunidad para cuestionar la decisión de la
recursos de ley y se inaplique el artículo entidad accionada.
154 de la ley 142 de 1994. Y haga
extensiva LOS precedente de la cortes Lo anterior, concomitante a que, el accionante
constitucional establecido en las sentencia estuvo enterado del proceder de la empresa
T- 270 DEL 2004 y la sentencia de accionada que trajeron como consecuencia la
UNIFICACIÓN SU 1010 DEL 2008 por multa impuesta y, si no interpuso el reclamo
medio de la cual fijaron los procedimiento y oportunamente y los recursos pertinentes, ni
limites que debe someterse la empresa protestó por tal hecho, no puede cumplido el
AFINIA para determinar y poder cobrar la termino para ejercer sus derechos, alegar
energía dejada de facturar, viola los violación de los derechos de defensa y debido
parámetro establecido por el guardián de la proceso.
constitución, y este cobro es un
enriquecimiento sin causa ilícito, y quien De acuerdo con lo previsto en Contrato de
debe ser revocado de forma inmediata, de Condiciones Uniformes, y los procedimientos
lo contrario la empresa deberá afrontar operativos adelantados por la empresa con
sanciones millonarias por la Súperservicios ocasión de este, en el trámite de detección,
(sic), y daños y perjuicios que deberá evaluación y comprobación de anomalía o fraude
responderme revoque el proceso de cobro a que hicimos referencia en la pregunta No 2 de
de energía dejadas de facturar y lo reinicie este documento, ofrece oportunidades de
nuevamente según lo establecido por las defensa a nuestros usuarios y suscriptores.
sentencias T-270 DEL 2004 Y SU-1010
DEL 2008, y anule el cobro de la energía Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos
dejadas de facturar por valor de $2.732.880 que, no se accede a su solicitud de anular la
del 4 de noviembre 2023 DE expedida en factura de cobro del cobro del consumo no
la factura No. 42.482.734, porque me registrado pendiente por facturar, objeto de este
fueron a suspender el servicio por lo que la reclamo, ya que la Empresa cuenta con las
empresa debe de demostrar con prueba pruebas suficientes para continuar con el trámite
que me notificado el acto administrativo por Empresarial, con el que se busca demostrar la
medio de la cual me impone el cobro de la anomalía detectada y su incidencia en el normal
energía dejada de facturar, de conformidad registro de la energía.
con los artículos 165 y siguiente del código
del proceso, articulo 133 de la ley 142 de Así mismo, se le indica que la Empresa le informó
1994, que obliga a la empresa a buscar la en debida forma, y en los términos establecidos
carga de la prueba ,articulo 74 al 86 de la por la ley, de la irregularidad detectada, así como
ley 1437 del 2011, por lo que deberá los fundamentos legales con los que cuenta la
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inaplicar los artículos 150 y 154 de la ley Empresa para realizar el cobro de la energía. Y
142 de 1994, por lo que, por lo que no la liquidación de la irregularidad detectada.
reconozco deber este cobro y lo pongo en
reclamación en discusión. ASI MISMO la Esta documentación se entregó al cliente adjunto
empresa debe garantizarme la tutela a la factura, en el cual se le entregó además
judicial efectiva, la administración de información completa de los elementos
justicia, la garantías judiciales consagrada probatorios con los que cuenta la Empresa y se
en los artículos 8 y 25 de la convención le informó del derecho que tiene como cliente de
americana de derechos humano y los hacer la reclamación correspondiente contra la
precedentes establecido por la cortes factura y el uso de los recursos de ley.”12
constitucional en la sentencia del consejo
del consejo de estado del 30 de julio del
2008 sección tercera expediente 26520
que declaro la nulidad del artículo 108 del
1997 que facultaba a la empresa
Electricaribe para cobrar energía dejadas
de facturar y las sentencias T- 270 DEL
2004 Y SU-1010 DEL 2008 y en la
sentencia 2 que establecieron los
procedimientos y parámetro para cobrar la
energía dejadas de facturar revoque el
proceso de cobro de energía dejadas de
facturar y lo reinicie nuevamente según lo
establecido por las SENTENCIAS T-270
DEL 2004 Y SU-1010 DEL 2008, así mismo
la empresa que se abstenga de
suspenderme el servicios hasta tanto no se
agote la vía gubernativa como lo establece
el artículo 155 de la ley 142 de 1994 que
dice ninguna empresa de servicios
públicos podrá suspender, terminar o
cortar el servicio hasta tanto haya
notificado al suscriptor o usuario la decisión
sobre los recursos procedentes que
hubiesen sido interpuestos en forma
oportuna. Y LA SU-1010 DEL 2008 la corte
precisó que, al momento de proceder a la
suspensión de un servicio público
domiciliario, la empresa debe observar
unas reglas para su actuación, las cuales
se derivan directamente de los mandatos
establecidos en la constitución política y en
la ley: a este conjunto de reglas se le
denominó "la carta de derechos y deberes
de los usuarios de servicios públicos
domiciliarios”, cuyo fundamento primario
se encuentra en el principio de la dignidad
humana. Garantizando el debido proceso
administrativo, derecho de defensa, de
12 Visible a índice 21 ibidem
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contradicción, principio de publicidad,
articulo 8 de la convención americana de
derecho humanos leyes (ley 16 de 1972),
artículos 11 y 21 declaración universal de
los derechos humanos artículos 1, 7, 8, 12,
13, y 23 el inciso segundo del artículo 155
de la ley 142 de 1994 declarado
EXEQUIBLE por la sentencia C-558 DEL
2001, y la sentencia C-007/17: establece
Para (sic) el trámite del recurso el
recurrente no está en la obligación de
pagar la suma que el acto recurrido. le
exija. Con todo, podrá pagar lo que
reconoce deber colocando el restante en
discusión y reclamación se abstenga de
suspenderme el servicio de energía y se
garanticen mis derechos fundamentales al
debido proceso administrativo, de petición
e igualdad. Por lo que lo que no reconozco
deber esta energía dejada de facturar y la
pongo en reclamación, en discusión,
además la empresa deberá concederme
los recursos de reposición y apelación de
conformidad con los artículos 152 al 159 de
la ley 142 del 1994 y los artículos 74 al 86
de la ley 1437 del 2011y me garanticen mis
derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, derecho de petición e
igualdad.”11
“R/: Le informamos que, sobre la presente
“SEGUNDO: Que la superintendencia de
decisión procede el recurso de reposición ante
servicios públicos ordene a la empresa de
nuestra Entidad, y en subsidio el de apelación
servicios público a concederme los
para que sea resuelto por la Superintendencia de
recursos de reposición y apelación por el
Servicios Públicos Domiciliarios.”14
cobro de la energía dejadas de facturar.”13
“Tercero; que SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
“R/: Se le informa que se ha proporcionado una
PÚBLICOS DOMICILIARIOS ordene a la
respuesta sustantiva a cada una de las
empresa Afinia a darme una respuesta de
solicitudes presentadas, garantizando el
fondo, oportuna, congruente y tener
cumplimiento estricto del debido proceso en todo
notificación efectiva, SEGÚN LAS
momento. Esto asegura que se han considerado
SENTENCIAS T-369/13, T-867/13, T
y analizado adecuadamente los aspectos
230/20, 951/14, C-045/2023 T-272/23,ni
planteados, respetando las normativas y
concederme los recursos de reposición y
procedimientos establecidos.”16
apelación, para agotar La vía gubernativa
como lo exige el artículo 13 de la ley 1755
11 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai
13 Ibidem
14 Ibidem
16 Ibidem
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del 2015, artículos 77 al 86 de la ley 1437
del 2011 y los artículos 152 al 159 de la ley
142 de 1994 DONDE ESTA ULTIMA, es
una ley de orden público de estricto
cumplimiento DONDE LA EMPRESA
AFINIA es de primera instancia, y el control
de autotutela que se ve complementado
con la revisión superior encomendada a la
Superintendencia de Servicios Públicos
para la culminación de la via gubernativa,
donde yo en las pretensiones del derecho
de petición le solicite los siguientes:”15
“CUARTO: Que la empresa presente las “R/: En atención a la solicitud presentada, se
prueba por medio de la cual me notifico la adjunta copia íntegra del expediente
decisión empresarial, conforme artículos correspondiente, el cual contiene todas las
165 y siguiente del código del proceso, pruebas recabadas y las actuaciones realizadas
articulo 133 de la ley 142 de 1994, que hasta el momento. De esta manera, se pone a
obliga a la empresa a buscar la carga de la disposición la documentación completa que
prueba, articulo 74 al 86 de la ley 1437 del respalda el proceso, garantizando la
2011.”17 transparencia y el derecho a la información.” 18
“R/: Se adjunta copia de la guía de notificación
de la carta de fundamentos y soporte del cobro
“Quinto que de conformidad con el artículo de consumo no registrado pendiente por facturar
4 de la constitución y el artículo 20 de la ley emitido el día 04 de noviembre de 2023.
393 de 1997 se inaplique el artículo 154 de
la ley 142 de 1994, debido que la empresa En cuanto a la no suspensión del servicio, le
nunca me puso en conocimiento de la informamos que mientras las facturas se
decisión empresarial.” encuentren en estado reclamado, el sistema no
emitirá suspensiones, por lo cual se dará el
Que la empresa Afinia les dé cumplimiento trámite requerido para que se efectúe un debido
a los artículos 140,141, y 154 de la ley 142 proceso, ahora, si el cliente llegare a tener
de 1994 articulo 74 al 86 de la ley 1437 del facturas no objeto de reclamación pendientes de
2011, y me conceda los recursos de ley y pago la empresa podrá suspender el servicio
se abstenga de suspenderme el servicio de como lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de
forma unilateral. 1994 y la Cláusula 66ª del Contrato de
Condiciones Uniformes.
Que la empresa le dé cumplimiento al
artículo 10 de la ley 1437 del 2011 higa Sobre la presente decisión procede el recurso de
extensiva las sentencias C-150/2003, C- reposición ante nuestra Entidad, y en subsidio el
389/2002 ratificados las sentencias. T de apelación para que sea resuelto por la
636/06, T- 485/01,1108/02, T- Superintendencia de Servicios Públicos
1020/02,1150/2001, T-793/2012, T-013/18, Domiciliarios. La presentación de estos deberá
y se abstenga de suspenderme el hacerse por escrito a través del Portal WEB o
servicio.”19 radicando la comunicación en cualquier oficina
de atención al cliente de Caribe Mar de la Costa
S.A.S. E.S.P , dentro de los cinco (5) días hábiles
15 Ibidem
17 Ibidem
18 Ibidem
19 Ibidem
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Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
siguientes a la notificación realizada de manera
personal, o por aviso, o vencimiento del término
de publicación, para ello deberá cumplir con
todos los requisitos exigidos en el artículo 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en la Ley 142 de
1994, en particular con lo establecido en el
artículo 155, acreditando el pago de las sumas
no reclamadas.”20
5.2.1. En ese orden, lo que se evidencia es que la actuación realizada por la
recurrente fue en cumplimiento de una decisión judicial, circunstancia que, además,
fue expresamente reconocida por la misma empresa demandada en su escrito de
impugnación.
Ahora bien, con el fin de determinar si dicha actuación puede dar lugar a la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, es pertinente
precisar lo que la Corte Constitucional ha manifestado al respecto:
“En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta cuando
antes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado. En efecto,
‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de
hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece
la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela,
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la
posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío.
En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección
ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por innecesaria, cuando durante
el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la vulneración. El Juez
queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer
el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la
intervención de la autoridad del Estado.”21
De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes elementos para
declarar la carencia actual de objeto, por hecho superado: (i) que se reclame ante
el Juez de tutela la protección de un derecho fundamental, cuando es amenazado
o vulnerando por la acción o la omisión de la autoridad o de un particular y (ii) que
antes de que se profiera la decisión del Juez, desaparezca la vulneración o
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales, porque se satisface lo
pedido en la tutela.
20 Ibidem
21 Corte Constitucional, Sentencia T 612 de 2012, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Por su parte, esta Sección ha considerado que no existe hecho superado cuando la
cesación de los derechos fundamentales ocurre en cumplimiento de orden judicial.
Al respecto en sentencia del 29 de agosto de 202422, se señaló:
“En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la posición fijada por esta Sala en
providencia de 18 de abril de 2024 , se tiene que, en el presente caso no hay
lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado como lo
reclama la autoridad accionada en el escrito de impugnación, pues si bien ya
cesó la vulneración al derecho fundamental invocado por la parte, esta cesó
como consecuencia del cumplimiento de la orden dictada en el fallo impugnado,
es decir, por la intervención del juez, no fue un acto voluntario de la entidad,
previo a la mencionada orden, como lo ha indicado también la Corte
Constitucional23.
Por lo anterior, no resulta procedente señalar que la orden de amparo dictada
por el Tribunal cayó al vacío ni se tornó en innecesaria al momento de impartirla,
por el contrario, estuvo ajustada a derecho, por lo que lo procedente es
confirmarla, como se dispondrá en la parte resolutiva” (Subrayas de la Sala).
Mientras que, en providencia de 30 de mayo de 202424, manifestó lo siguiente:
“Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está previsto para
aquellos casos en los que el juez constitucional, en cualquiera de las instancias,
advierte que el hecho vulnerador desapareció y, por tanto, resulta innecesario
impartir orden alguna encaminada a superar una situación que ya fue
finiquitada, pero si la intervención del juez sirvió para la cesación de la
vulneración y estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla” (Subrayas
de la Sala)
En consecuencia, no puede considerarse que existe carencia actual de objeto por
hecho superado en el presente caso. Aunque es cierto que la vulneración cesó, ello
ocurrió como resultado directo del cumplimiento de la orden de amparo dictada por
el juez de tutela, y no por una actuación voluntaria y previa de la entidad
demandada.
22 Expediente nro. 05001-23-33-000-2024-00863-01, M.P Oswaldo Giraldo López
23 Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2012, en la que se consideró «En cuanto al hecho
superado, la Corte ha indicado que se presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o
amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo,
porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el
fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío. En ese sentido, la
sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la protección ofrecida por la acción de tutela pierde
sentido, por innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la amenaza o cesa la
vulneración. El Juez queda inhabilitado, por tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer
el orden jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin la intervención de la
autoridad del Estado».
24 Expediente nro. 05001 23 33 000 2024 00627 01, M.P Nubia Margoth Peña Garzón
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Demandante: Angélica María Ortegón Jaimes
Por tanto, la orden de amparo no ha perdido su objeto ni se ha tornado innecesaria,
toda vez que fue emitida conforme a derecho y su cumplimiento ha permitido
garantizar los derechos fundamentales de la señora Angélica María Ortegón
Jaimes. En consecuencia, lo procedente es confirmar la decisión adoptada en la
sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
VI. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para que se surta la eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 3 de abril de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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