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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06941-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06941-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora María Yaneth Zapata Osorio contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06941-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06941-00
Accionante: María Yaneth Zapata Osorio
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06941-00
Accionante: María Yaneth Zapata Osorio
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: daños por privación injusta de la libertad. Subtema 3: defectos
fáctico, sustantivo y decisión sin motivación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por la señora María Yaneth Zapata Osorio en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Yaneth Zapata Osorio presentó escrito de tutela, por conducto de
apoderado judicial, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de las sentencias dictadas el
29 de septiembre de 2023 y el 17 de junio de 2024, respectivamente, dentro del
proceso identificado con el radicado núm. 76111-33-33-003-2022-00490-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. La señora María Yaneth Zapata Osorio y algunos miembros de su núcleo familiar1
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que
el juez administrativo las declarara responsables y las condenara por los daños y
1 Los demás demandantes son: Luis Fernando Zuluaga Espinal, Linda Lucía y Yessika Fernanda Zuluaga Zapata,

Deisy Lorena Zapata Zapata, Hellen Corina Henao Zapata, Oscar Fabián Marroquín Osorio, Leidy Johana, Ancizar
y James Arbel Zapata Osorio y Rolando Zapata Ortiz.

1

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perjuicios causados con la privación de la libertad de la que fue objeto la señora María
Yaneth Zapata Osorio.

3. La mencionada privación de la libertad se dio en el marco del proceso penal
adelantado en contra de la señora María Yaneth Zapata Osorio por la comisión de los
punibles de cohecho propio, en concurso heterogéneo con los delitos de prevaricato
por acción y omisión, en su condición de presidenta del Concejo Municipal de Riofrío,
debido a las presuntas irregularidades ocurridas dentro del proceso de elección del
personero.

4. El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado núm. 76111-33-33-003-2022-
00490-00, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de
Buga que, en sentencia del 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la
demanda. Fundamentó su decisión en que encontró que la medida de aseguramiento
impuesta a la señora María Yaneth Zapata Osorio tuvo soporte en el cumplimiento de
los requisitos previstos en los artículos 307, numeral 1, 308 y 309 del Código de
Procedimiento Penal, y en que los elementos materiales probatorios permitían al juez
penal inferir razonablemente que la imputada podía ser autora o partícipe de las
conductas investigadas.

5. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó
sentencia, el 17 de junio de 2024, en la que la confirmó. Explicó que, luego de revisar
el acervo probatorio, no encontró que las entidades demandadas hubieran incurrido
en una conducta contraria a sus deberes dentro de la investigación penal que
constituyera una falla del servicio, pues fueron satisfechos los requisitos previstos para
la imposición de la medida de aseguramiento.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La señora María Yaneth Zapata Osorio solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERA. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, de la señora MARIA YANETH
ZAPATA OSORIO a través de los FALLOS JUDICIALES que produjeran en
segunda instancia: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
del 17 de Junio de 202 […]; y Juzgado Cuarto del Circuito Administrativo de Buga
– Valle, […] por considerarse que con la producción de dichas sentencias o fallos
judiciales, dichas entidades demandadas han violado y siguen violando y
amenazando los derechos fundamentales arriba relacionados de mí
representada.
SEGUNDA. Que se declare y reconozca el defecto factico y sustancial, por
falta de motivación, y en contravía de la constitución nacional, de los fallos
relacionados en líneas anteriores, en consecuencia, ordenar rehacer de un lado
la sentencia de primer grado, si se considera que debe deconstruirse el asunto
desde esa instancia, pero en aras de la necesidad de justicia pronta,
consideramos que tenemos mayores observaciones a la sentencia de segundo
grado, porque ante dicha instancia se expuso con mayor precisión el tema que
hemos expuesto, y de los cuales no obtuvimos ninguna respuesta.
TERCERA: De no proceder un fallo de reemplazo por parte de los jueces
demandados, al menos que se declare la nulidad de lo actuado hasta antes de
dictarse el fallo de primera instancia, para que procedan a contestar sobre el
tema relacionado en la demanda constitucional que nos ocupa, y poder hacer

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reflexión jurídica ya fuera en recurso de apelación, y en su defecto otro recurso
judicial o constitucional2.

7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora afirmó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en un defecto por exceso ritual manifiesto al definir el
régimen de responsabilidad del Estado en el caso concreto. Indicó que en el proceso
penal no fue absuelta por duda razonable, como lo expuso el Tribunal en la sentencia
del 17 de junio de 2024.

8. Adujo que se vulneró su derecho al debido proceso, porque en los fallos objeto de
tutela no se tuvo en cuenta que la señora María Yaneth Zapata Osorio fue privada de
la libertad dos veces «con la misma excusa dizque de proteger la prueba», pese a que
aquella ya había sido recaudada desde antes por la Fiscalía.

9. Agregó que los demandantes quedaron a la espera de un pronunciamiento en
relación con el argumento de que el juez de control de garantías omitió su deber de
estudiar medidas no privativas de la libertad, de cara a los requisitos de necesidad y
proporcionalidad de esta. Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo porque las
decisiones controvertidas no analizaron adecuadamente los cargos de la demanda
ordinaria, para lo cual citó amplios apartes del recurso de apelación. Asimismo,
adicionó lo siguiente:

En el caso en particular, sin duda la Juez de control de garantías contaba con
medios de prueba o evidencia legalmente obtenida que denotaba la inferencia
razonable; además, contaba con elementos de prueba que le permitían deducir la
necesidad de proteger la prueba como fin constitucional (art. 308 No 1 del C.P.P),
pero no bastaba con solo esos presupuestos, y así parece que lo habrían
entendido erróneamente los jueces administrativos en el proceso de reparación
directa por privación injusta de la libertad que propuso la señora MARIA YANETH
ZAPATA OSORIO, ya que la juez de control de garantías antes de llegar a
imponer tal medida tan drástica , debía examinar si procedían las no privativas de
la libertad, que al no hacerse tal valoración, pues automáticamente tendría que
imponer cualquiera o varias de las no privativas de la libertad, como se decanta
claramente en la ley, y en la jurisprudencia.
[…]
En este caso, la afectación o vulneración al debido proceso radica en el defecto
factico y sustantivo que surge cuando los jueces a pesar de invocar
jurisprudencia que relaciona decisiones sobre el tema dejaron de lado el tema
central ya varias veces expuesto en esta demanda, que además, tenía alcance
constitucional, pues se resolvía sobre la afectación de uno de los derechos
fundamentales más relevantes como lo es la libertad, misma situación que
debieron aparejarla a la mejor interpretación en favor de la demandante, como ser
humano, como miembro de la comunidad, frente al poderoso Estado que la
mantuvo detenida en centro carcelario, y después no lograron demostrar su
responsabilidad frente a los delitos acusados3.

2
Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

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2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente, mediante auto del 19 de diciembre de 20244, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Nación, Rama Judicial,
Fiscalía General de la Nación; requirió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Guadalajara de Buga para que aportara, en medio digital, el expediente
ordinario; tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la demanda de tutela; y
reconoció personería al abogado de la parte accionante.

2.4. Intervenciones

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contestó que la sentencia del 17 de
junio de 2024 está fundada en las pruebas del proceso ordinario, la jurisprudencia
sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y la normativa
aplicable al caso concreto. Indicó que la tutela no es procedente porque formula una
discrepancia con la decisión adoptada y pretende que se acceda a las pretensiones
de la demanda de reparación directa. Por las razones expuestas, manifestó que la
solicitud de amparo no tiene mérito5.

12. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga
expresó que las providencias objeto de tutela abordaron con amplitud los medios de
convicción recaudados en la etapa probatoria y les impartió el alcance que de ellos se
deriva, lo que le permitió concluir que no estaban satisfechos los requisitos necesarios
para acceder a las pretensiones de reparación. Agregó que sí respondió todos los
argumentos contenidos en la demanda ordinaria, y que, eventualmente, la parte
interesada debió solicitar la complementación o adición del fallo, no obstante, no lo
hizo. Por los anteriores motivos, indicó que no vulneró sus derechos fundamentales6.

13. La Nación, Fiscalía General de la Nación sintetizó las actuaciones del proceso
ordinario y argumentó que no tiene legitimación en la causa por pasiva ante la
inexistente relación con la presunta vulneración de derechos fundamentales. Manifestó
que no tiene competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de amparo, y que
no advirtió la configuración de un defecto en la providencia objeto de controversia.
Agregó que el presente asunto no tiene relevancia constitucional y que no quebrantó
garantías constitucionales de la señora María Yaneth Zapata Osorio. Solicitó que se
declare improcedente la acción7.

14.El despacho de la magistrada ponente emitió auto el 7 de febrero de 2025, en el
que ordenó vincular a los señores Luis Fernando Zuluaga Espinal, Linda Lucía y
Yessika Fernanda Zuluaga Zapata, Deisy Lorena Zapata Zapata, Hellen Corina Henao
Zapata, Oscar Fabián Marroquín Osorio, Leidy Johana, Ancizar y James Arbel Zapata
Osorio y Rolando Zapata Ortiz8.

4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06941-00, índice 5, certificado 939A1773474AB8CA
E08AED075B38DEF5 AF6F293BA64BFA1E E26C17F2A0425707.
5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06941-00, índice 10, certificado 8E3ADDC08A1781DE
4EDA0BC593A2E15F 1F765175F27EC9B2 5FDBAEF0D601CE9B.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06941-00, índice 11, certificado 0801579C70F20EA2
CB3FA56722741E70 93FC29715FD0882A 1BC75AB86F45820B.
7
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06941-00, índice 14, certificado 7527C2A965F7138F
2431F165480A642C 80B04AFD5BE85386 01B37EEC5B4C56B4.
8
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-06941-00, índice 18, certificado C0F39F7861714B20
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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

16. La legitimación en la causa por activa de la señora María Yaneth Zapata Osorio se
encuentra acreditada, por cuanto integró la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 17 de junio
de 2024 objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que consideró
vulnerados.

17. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque fueron las autoridades que profirieron las
sentencias del 29 de septiembre de 2023 y del 17 de junio de 2024, respectivamente,
que, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

18. Por otra parte, no resulta procedente acceder a la solicitud de la Nación, Fiscalía
General de la Nación de que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que su vinculación al presente trámite constitucional no correspondió a la
condición de autoridad accionada sino de tercera vinculada, pues participó en el
proceso ordinario objeto de tutela como demandada.

3.3. Cuestiones preliminares

19. La Subsección advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionaron las
decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Guadalajara de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los argumentos
que sustentan sus pretensiones son los mismos respecto a una y otra.

20. Por lo anterior, y en atención a que la sentencia del 29 de septiembre de 2023 fue
recurrida y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desató lo pertinente mediante
el fallo del 17 de junio de 2024, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo
respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al asunto.

21. Por otra parte, en el escrito de amparo, la tutelante afirmó que la sentencia del 17
de junio de 2024 incurrió en diferentes causales específicas de procedencia; no
obstante, revisados los argumentos que las sustentan, se observa que estos
controvierten la valoración probatoria y la interpretación normativa, y acusan una falta
de motivación. Por esta razón, la Sala analizará la posible configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y decisión sin motivación.

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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

22. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional10.

23.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho
fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

24. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

25. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

26. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia13.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022:
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»

6

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27. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos fáctico, sustantivo y de decisión sin motivación
expuestos en el escrito de tutela, prosperaría la pretensión de amparo de ordenarle al
tribunal accionado que emita una nueva sentencia en la que decida nuevamente sobre
la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de la señora María Yaneth
Zapata Osorio. En este escenario estarían afectados sus derechos fundamentales, en
particular, el debido proceso, para cuyo amparo acudió a esta acción constitucional.

28. Respecto de los cargos atinentes a los defectos fáctico, sustantivo y de decisión
sin motivación, la accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o
extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las
instancias respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.

29. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia del 17 de
junio de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue notificada el 28 de
agosto siguiente y el escrito de tutela se presentó el 18 de diciembre de ese año, esto
es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional14 y del Consejo de Estado15 como razonable.

30. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una posible irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.

31. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en los términos
planteados por la parte actora.

3.5. Problema jurídico

32. La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de la señora María Yaneth Zapata Osorio. En concreto, deberá determinar si la
autoridad accionada incurrió en la sentencia del 17 de junio de 2024 en los defectos
fáctico, sustantivo y por falta de motivación al negar las pretensiones de la demanda
de reparación directa interpuesta por privación injusta de la libertad.

lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

7

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3.5.1 Generalidades del defecto sustantivo

33. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado16.

34. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

35. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración
de justicia (artículo 228 Superior)17.

3.5.2. Decisión sin motivación

36. Según lo expuesto por la Corte Constitucional, la decisión sin motivación consiste
en:

[E]l incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en
la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido18.

37. De acuerdo con la Corte Constitucional, este defecto no cuestiona los fundamentos
y razones del juez ordinario, sino la absoluta falta de ellos en la decisión atacada. En
igual sentido, este defecto resalta que el juez en su decisión no tuvo en cuenta los
hechos expuestos y la jurisprudencia aplicable al caso, pues no los expresó; lo anterior
convierte una providencia judicial en un mero acto sometido a la voluntad del juez, lo
que es completamente arbitrario19.

3.5.3. Generalidades del defecto fáctico

38.Según la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

16
Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009, posición reiterada en sentencia T-502 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, posición reiterada en sentencia T-502 de 2024.

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legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión» 21
objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra
negativa.

39. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.

40. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no
se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva;
(iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando
se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo
fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 24.

41. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»26.

42. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios.

20 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
21 Corte Constitucional, sentencias T-442 de 1994 y SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido
valoradas de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor
valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

3.6. Caso concreto

43. En el asunto bajo estudio, la señora María Yaneth Zapata Osorio y algunos
miembros de su núcleo familiar presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa, en contra de la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la
Nación, para que fueran resarcidos los daños y perjuicios causados por la privación de
la libertad de la que fue objeto la primera.

44. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, en
sentencia del 29 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la confirmó en
fallo del 17 de junio de 2024, toda vez que no encontró probada la falla del servicio.

45. Pues bien, revisada esta última providencia, la Sala observa que el Tribunal, como
fundamento de su decisión, citó los artículos 6528 y 6829 de la Ley 270 de 1996 y
sintetizó la jurisprudencia del Consejo de Estado 30 y de la Corte Constitucional31 sobre
la privación injusta de la libertad, y estableció que analizaría el caso concreto bajo el
régimen subjetivo de responsabilidad, esto es, el título de imputación de falla en el
servicio, que está estructurado en tres elementos: el daño, la falla del servicio y el nexo
de casualidad entre los dos primeros.

46. Respecto al daño, el Tribunal lo encontró probado, porque la señora María Yaneth
Zapata Osorio estuvo privada de la libertad del 2 de septiembre al 28 de diciembre de
2016, y del 26 de enero al 24 de marzo de 2017. Frente a la falla del servicio, sintetizó
las actuaciones del proceso penal y destacó lo siguiente:

En el específico caso de la demandante se refirió por el ente fiscal que al ser la
encargada del manejo de primera mano de todas las etapas del concurso en su
condición de presidenta de la mencionada corporación, informó e intervino en
favor de los intereses del alcalde en el sentido de no poner en conocimiento de
sus compañeros los avances del concurso, la renuncia de varios aspirantes de la
lista de elegibles y finalmente, planteó en una de las sesiones del concejo, la
posible configuración de una inhabilidad en el único aspirante que quedaba y que
no era de los afectos del burgomaestre de Riofrío, moción que finalmente fue

27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28 ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
29 ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad

podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2023, expediente núm. 17001-
23-31-000-2012-00322 01; y Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2020, expediente núm. 25000-23-26-
000-2007-00262-01.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018.

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aprobada por la coalición de concejales alineados con este último y así, el único y
último aspirante al cargo, no pudo ser nombrado ni tomar posesión del mismo.

[…]

Del anterior recuento probatorio se tiene acreditado que con ocasión de labores
investigativas realizadas por parte de los miembros de la policía judicial de la
Fiscalía General de la Nación durante el año 2016, entre las que se encuentra, la
interceptación de abonados telefónicos, entre ellos, el de la accionante, así como
la realización de inspecciones a los archivos de la alcaldía de Riofrío y a su
concejo municipal del cual la demandante fungía en ese tiempo como su
presidenta, se tuvo conocimiento de que el entonces alcalde municipal junto con
varios concejales, llevaron a cabo una coalición cuyo fin era obrar acorde con los
intereses del referido burgomaestre; intereses dentro de los cuales se encontraba,
el incidir en el nombramiento del personero municipal para el año 2016, ya que
este es el servidor que vela por que las actuaciones del municipio se ajusten al
ordenamiento legal y Constitucional.

47. En ese orden, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, estas son, las
piezas del proceso penal llevado en contra de la señora María Yaneth Zapata Osorio,
según las cuales, miembros de la policía judicial de la Fiscalía realizaron inspecciones
a los archivos del municipio y del Concejo Municipal, y obtuvieron documentos
relacionados con el concurso de méritos para la elección del personero que habían
sido alterados.

48. Además, las interceptaciones telefónicas que permitieron conocer que entre el
alcalde y varios concejales se formó una coalición con el fin de intervenir de manera
irregular en el nombramiento del personero, entre ellos la señora María Yaneth Zapata
Osorio como presidenta de la corporación y encargada del manejo de las etapas del
proceso de elección, quien no puso en conocimiento de sus compañeros los avances
del concurso, la renuncia de varios aspirantes, y que planteó la posible inhabilidad del
único aspirante restante, moción aprobada que impidió la posesión del mismo.

49. Del anterior análisis, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó lo que
se cita a continuación:

Sobre este trámite, considera la Sala que la medida restrictiva de la libertad de
detención preventiva, fue debidamente solicitada y sustentada por el Fiscal en la
investigación penal iniciada en contra de María Yaneth Zapata Osorio con los
elementos de prueba recaudados hasta ese momento procesal, que no fueron
otros que las interceptaciones realizadas al abonado telefónico de la demandante
quien fungía como presidenta del Concejo Municipal de Riofrío para el año 2016,
así como las alteraciones de los actos administrativos originales expedidos por tal
corporación y que eran contentivos de las etapas desarrolladas al interior del
concurso de méritos para proveer el cargo de personero de Riofrío, todo lo que
permitió identificarla como una de las personas involucradas en los delitos
imputados.

Elementos que sirvieron de base para que el ente investigador procediera a
imputar cargos en contra de la accionante y solicitara la imposición de la hoy
discutida medida de aseguramiento en su contra, los cuales consideró el Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga en la
audiencia celebrada el 31 de agosto de 2016, que fueron lo suficientemente

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concluyentes para inferir de manera razonable la ejecución de los delitos
endilgados y la potencial responsabilidad penal de la imputada en su comisión, lo
que llevó a entender que al reunir dicha solicitud los requisitos del artículo 308 del
CPP, resultaba necesario, proporcional e idóneo, ordenar la imposición de la
mencionada medida respecto de la señora María Yaneth Zapata Osorio 32.

50. Pues bien, de lo expuesto, la Sala considera que el Tribunal no incurrió en un
defecto fáctico porque estudió las pruebas aportadas oportunamente al proceso de
reparación directa y, de manera razonable y bajo los parámetros de autonomía e
independencia judicial, concluyó que si bien la señora María Yaneth Zapata Osorio
sufrió un daño por la privación de su libertad, este no tuvo la connotación de ser
antijurídico, toda vez que las autoridades penales contaron con elementos de juicio
para establecer como necesaria, proporcional e idónea la medida de aseguramiento.

51. Además, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lejos de incurrir en el
defecto sustantivo, desarrolló el marco normativo y jurisprudencial sobre la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Así mismo, abordó las
normas de carácter penal que rigen la medida de aseguramiento y encontró que las
autoridades penales las acogieron en debida forma al momento de ordenar la
imposición de dicha medida respecto de la señora María Yaneth Zapata Osorio.

52. A su vez, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
incurrió en el defecto de decisión sin motivación alegado en el escrito de tutela, toda
vez que la sentencia del 17 de junio de 2024 abordó y analizó las pruebas obrantes
sobre el daño que padeció la señora María Yaneth Zapata Osorio, de cara al marco
jurídico establecido sobre la materia. Análisis y valoración que le permitió concluir que
el daño no resultó antijurídico y en ese orden, negó las pretensiones de reparación.

53. Finalmente, resulta oportuno advertir que, si para la aquí accionante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca omitió resolver sobre algún punto de la demanda o
del recurso de apelación, debió solicitar la adición o complementación del fallo del 17
de junio de 2024, no obstante, no lo hizo.

I. CONCLUSIONES

En consecuencia, en la medida en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo o decisión sin motivación y, por lo tanto,
no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia invocados por la parte tutelante, la Sala negará la solicitud
de amparo.

II. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

32 Se transcribe incluso con errores de texto.

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
María Yaneth Zapata Osorio contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

DACJ/SEJV

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