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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06951-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06951-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 18 de febrero de 2025, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó el amparo solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06951-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Henry Alexander Mazo Gauta
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Oral No. 2 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06951-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06951-01
Demandante: HENRY ALEXANDER MAZO GAUTA
Demandados TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, SALA DE
DECISIÓN ORAL No. 2 Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo proferido el 18 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Henry Alexander Mazo Gauta, a través de apoderado judicial1, presentó
acción de tutela2 contra la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial3, el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, y el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 2, con el fin de que le
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación
integral.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias proferidas el 17 de enero de 2019 y el 6
de junio de 2024 respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con radicado 50001-33-33-003-2016-00172-00/01.

1 Poder otorgado al abogado Diego Alejandro Cely Leython, para promover la presente acción, y que

consta de la respectiva constancia de presentación personal ante notario - índice 02 de Samai.
2 Presentada el 18 de diciembre de 2024, con secuencia: 11207 - Índice 01 de Samai.
3 Se deja constancia que pese a que el escrito de amparo se dirigió contra la Fiscalía General de la

Nación, y la Rama Judicial en calidad de accionadas, las mismas fueron vinculadas al presente
trámite por parte del Magistrado ponente de la primera instancia en calidad de terceros con interés,
conforme a lo consignado en el auto admisorio.

1
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Demandante: Henry Alexander Mazo Gauta
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Oral No. 2 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06951-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 2. Como consecuencia de lo anterior se declare administrativamente
RESPONSABLE A LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de la totalidad de los
perjuicios causados a Henry Alexander Mazo Gauta en representación de su menor
hijo Cristian Felipe Mazo Uriza, a su esposa señora Blanca Estella Uriza y a su señora
madre María del Carmen Gauta Rico, igualmente mayores de edad y vecinos de las
ciudades de Bogotá y Cúcuta, por error judicial, y privación injusta de la libertad al
haber permanecido privado de la libertad el señor Henry Alexander Mazo Gauta,
desde el (24) de octubre de 2012 hasta el (28) de enero del (2014).

3. Se le condene como reparación directa ocasionado a pagar a los actores o a quien
represente sus derechos, los perjuicios de índole moral y material, así:

Daño subjetivo o perjuicio moral

Entre el agraviado, señor Henry Alexander Mazo Gauta y su núcleo familiar
compuesto por sus hijos esposa, y madre existe una relación de solidaridad,
afectividad, convivencia, cercanía, ayuda mutua, hermandad, circunstancias éstas
que unidas al grado de parentesco, y que al ser separado abruptamente del seno de
la familia, permiten inferir el dolor y el daño moral que se reclama, producido por su
injusta detención y el hecho de haber permanecido bajo el yugo de la justicia por 15
meses.

Para Henry Alexander Mazo Gauta el equivalente a cuatrocientos (400) salarios
mínimos mensuales legales al momento de la ejecutoria del fallo correspondiente o
el mayor valor que jurisprudencialmente sea tasado.

Para el menor Cristian Felipe Mazo Uriza, representado por su señor padre, cien (100)
salarios mínimos legales vigentes o el mayor valor que jurisprudencialmente sea
tasado.

Para la señora María del Carmen Gauta Rico, cien (100) salarios mínimos mensuales
legales vigentes o el mayor valor que jurisprudencialmente sea tasado.

Daño objetivo o perjuicios materiales.

Los calculo en la suma superior a los CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)
que deberán ser pagados en la modalidad de daño emergente y lucro cesante al señor
Henry Alexander Mazo Gauta o a quien sus derechos representen. El daño objetivo
en la modalidad de lucro cesante, está dado por los ingresos que medianamente
percibía como pequeño comerciante, expositor, en escala baja, comerciante
ampliamente en la Región de Norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela,
y de donde dependía su sustento y el de su familia, para calcular el daño objetivo me
permito dar los siguiente parámetros para que sean tenidos en cuenta al momento de
la sentencia para la liquidación de perjuicios: Renta mensual recibida por el señor
HENRY ALEXANDER MAZO GAUTA, de acuerdo a su actividad, que percibía como
pequeño comerciante y expositor a baja escala.

Pago de intereses

2
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LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- DIRECTOR EJECUTIVO O LA ENTIDAD
OBLIGADA al pago, cancelara intereses sobre la totalidad de las sumas ordenadas
en la sentencia, como pago de perjuicios ocasionados, a cada uno de los actores o
quién representante sus derechos al momento de la providencia, por los primeros seis
meses intereses comerciales a partir de la ejecutoria de la misma y pasado este
tiempo intereses moratorios […]4

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor José Arístides Bermúdez Herrera, instauró una denuncia penal contra los
señores José Roberto Lozano Mosquera y Henry Alexander Mazo Gauta, por los
delitos de falsedad en documento público y privado, y estafa debido a que el 8 de
febrero de 2005 celebraron un contrato de compraventa sobre el vehículo de placas
HUL339 marca Renault, que fue puesto a disposición de la SIJIN el 26 de marzo de
2005, toda vez que figuraba como hurtado según proceso penal adelantado ante la
Fiscalía 29 Seccional de Bogotá e iniciado por la señora Pilar Calderón, propietaria
inicial del bien.

El 18 de enero de 2008, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Adjunto de
Descongestión de Villavicencio, profirió fallo condenatorio en contra de los
procesados, condenándolos a 60 meses de prisión.

El señor Henry Alexander Mazo Gauta, instauró acción de tutela a efectos de que
le fueran amparados sus derechos fundamentales, al estimar que las autoridades
judiciales mencionadas habían actuado de manera irregular. El referido proceso le
correspondió por reparto al Tribunal Superior de Villavicencio, que mediante
sentencia del 24 de enero de 2014, amparó el derecho fundamental al debido
proceso del actor, al considerar que se presentaron graves falencias en la
investigación penal adelantada en su contra.

En consecuencia, decretó la nulidad parcial de lo actuado5 a partir del auto del 30
de julio de 20086, con relación al citado ciudadano, debiéndose rehacer todo el
trámite de la etapa de juzgamiento, hasta tanto al señor Mazo Gauta no le fuera
asignado un defensor público que ejerciera su defensa técnica, ordenándose de
manera consecuente su libertad inmediata.

Luego, el 28 de julio de 2014 el Juzgado Segundo Penal de Descongestión de
Villavicencio declaró la prescripción de la acción penal en favor del actor.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.
5 Dentro del proceso radicado 50001-31-04-004-2008-00171-00.
6 Mediante el cual el juzgado cuarto penal del circuito de Villavicencio, corrió traslado del art. 400 de

la ley 600 de 2000, a los sujetos procesales.

3
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Demandante: Henry Alexander Mazo Gauta
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Como consecuencia de lo expuesto, y en ejercicio del medio de control de
reparación directa el señor Henry Alexander Mazo Gauta junto con su núcleo
familiar7 instauraron demanda contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de
la Nación, a efectos de que le fueran reconocidos los perjuicios que de manera
presunta le fueron ocasionados, en virtud del error judicial en el que incurrieron las
entidades, y la privación injusta de la libertad de la que fue objeto desde el 24 de
octubre de 2012 hasta el 28 de enero de 2014.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Villavicencio que, mediante sentencia del 17 de enero de 2019, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que, conforme al material probatorio
aportado a las entidades demandadas no le era exigible actuar de manera diferente.

La anterior decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 2, mediante fallo del 6 de junio de
2024, al considerar que, aunque la situación que definió la libertad del actor no se
encausa dentro de las causales establecidas en el artículo 414 del Decreto 2700 de
1991, en su momento, la restricción de su libertad se dio como consecuencia de las
resultas del proceso penal que inició con la denuncia formulada por la celebración
del contrato de compraventa que realizaron en calidad de aparentes propietarios del
vehículo descrito de manera inicial.

De igual forma, refirió que en la sentencia condenatoria se hizo referencia a la
materialidad y responsabilidad de los procesados frente a cada uno de los delitos
que le fueron imputados, sin que la misma pueda considerarse arbitraria, sino que
fue resultado de la ponderación de circunstancias de acuerdo con la gravedad de
los delitos endilgados, resultando para ese entonces, a juicio del juez penal,
proporcional, necesaria y razonable, dado que incluso la procedencia de la
concesión de los subrogados penales, fue objeto de análisis siendo descartado
dicho aspecto.

Con relación al error jurisdiccional, indicó que, al haberse declarado la prescripción
de la acción en favor del investigado, no había lugar a la configuración del defecto
alegado, precisando además que, para acreditar dicho supuesto deben demostrarse
los elementos generales de la responsabilidad patrimonial del Estado, como la
existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado por la acción u omisión
de las autoridades públicas, y el nexo de causalidad, argumentos que no desarrolla
la parte actora, dado que se enfoca únicamente hacia la configuración de la
privación injusta de la libertad.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 13
de junio de 20248.

7 Las señoras María Del Carmen Gauta Rico y Blanca Estella Uriza, en compañía del menor Cristian

Felipe Mazo Uriza, quien fue representado por el señor Henry Alexander Mazo Gauta.
8 Índice 13 proceso radicado 50001333300320160017201.

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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora consideró que las autoridades accionadas incurrieron en los
siguientes defectos respecto de la sentencia cuestionada:

(i) Fáctico: por cuanto en el fallo de tutela proferido por la Sala Plena del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, se indicó que tanto la Fiscalía General
de la Nación, como los juzgados penales que asumieron el conocimiento del
proceso penal adelantado en contra del actor, incurrieron en las falencias que se
describen a continuación:

• No cumplir con el requisito de investigación integral, que se considera parte
imprescindible del derecho fundamental al debido proceso.

• Declarar al imputado como persona ausente sin las constancias de que fuera
remiso con la autoridad judicial que lo investigó.

• Una falta en la investigación adecuada para esclarecer si el señor Henry
Alexander Mazo Gauta actuó en el ilícito.

• Ignorar los resultados favorables para los intereses del imputado;
circunstancias que dieron lugar a que se declarara la nulidad de lo actuado
al interior del proceso, lo que benefició al actor, toda vez que se aplicó la
prescripción y se ordenó de manera inmediata su libertad, en virtud del
principio in dubio pro reo.

(ii) Decisión sin motivación: Al considerar que la prescripción de la pena no origina
que la privación sufrida por el señor Henry Alexander Mazo Gauta, hubiere sido
justa.

Así mismo, refirió que, el precedente jurisprudencial aplicado por el tribunal
accionado, tendría vigencia si su privación injusta de la libertad hubiese concluido
producto de una sentencia que hubiera dado cuenta de su inocencia.

Precisó que, en el caso particular, está demostrado que la razón que llevó a la
Fiscalía General de la Nación a precluir la investigación penal a favor del accionante
no obedeció a alguno de los supuestos previstos en el entonces vigente artículo 414
del Código de Procedimiento Penal, es decir, porque el hecho no hubiere existido,
porque el hecho no hubiere sido constitutivo de delito, o porque el acusado no lo
hubiere cometido.

(iii) Desconocimiento del precedente: Al estimar que, pese a que uno de los criterios
utilizados en el fallo de segunda instancia que puso fin al proceso de reparación
directa, fueron los argumentos expuestos en la sentencia de unificación del 15 de

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agosto de 20189, en la sentencia SU-072 de 2018, se fijó una línea diferente, en la
que se estableció que, independientemente de las circunstancias que dieron lugar
a la privación injusta de la libertad, debe mediar un análisis previo que determine si
la decisión fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, en contexto
con lo dispuesto en la sentencia C-037 de 1996.

Por lo anterior consideró que, el hecho de haberse declarado la nulidad del proceso
penal adelantado en su contra, y que dio lugar a que se ordenara su libertad, supone
que la detención de la que fue objeto, es una medida errónea e irrazonable, y es allí
donde las autoridades judiciales accionadas debían establecer si se está ante un
caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su
absoluta inexistencia y elegir entre un título de atribución subjetivo u objetivo, sin
enmarcarse necesariamente en el título de imputación de falla en el servicio y
entender el contexto específico que generó la detención del actor.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 13 de enero de 202510, el magistrado ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio11 y al Tribunal
Administrativo del Meta12, como autoridades judiciales accionadas.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, a la Nación - Rama Judicial13, a la Fiscalía General de la Nación14, y a
los señores Cristian Felipe Mazo Uriza15, María del Carmen Gauta Rico16 y Blanca
Estella Uriza17.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

9 Expediente (46947).
10 Índice 5 de Samai.
11 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: j03admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin03vvc@notificacionesrj.gov.co Índice 8 de Samai
12 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: tadmin04met@notificacionesrj.gov.co;

sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminmet@notificacionesrj.gov.co;
tadmin04met@notificacionesrj.gov.co Índice 8 de Samai
13 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: info@cendoj.ramajudicial.gov.co;
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co Índice 8 de Samai
14 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: uridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; carrera.especialfgn@fiscalia.gov.co;
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudicial@fiscalia.gov.co Índice 8 de
Samai
15 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: henryalexanderm@gmail.com Índice 15 de

Samai.
16 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: carmengauta49@gmail.com Índice 8 de Samai.
17 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: uriza.stely@gmail.com Índice 15 de Samai.

6
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1.6.1. Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 218

El magistrado ponente de la providencia cuestionada presentó informe en el que
manifestó que, se ratifica en todos los argumentos jurídicos que sustentaron la
providencia que se cuestiona a través del presente mecanismo constitucional.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, toda vez
que por parte de dicha autoridad se ha venido cumpliendo con el deber que le
imponen los artículos 13, 24, 29 de la Constitución Política, convenciones, pactos
internacionales, los términos procesales, y la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, en su artículo 153, que obliga a resolver los asuntos sometidos a
consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los
principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

Realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la parte actora en sede de
primera y de segunda instancia.

Manifestó que, al momento de proferirse la sentencia acusada se tuvo en cuenta la
normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto debatido reiterando los argumentos
en ellas expuestos.

Por último, refirió que, al no observarse la configuración de violación de derechos
fundamentales por parte de dicha autoridad, las pretensiones elevadas mediante el
presente asunto deben ser denegadas.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación19

Allegó escrito en el que manifestó que, la misma no se encuentra legitimada en la
causa por pasiva en el caso sub examine, como tampoco la tenía en el medio de
control de reparación directa instaurado, al no existir una relación de causalidad de
acción u omisión por parte de dicha entidad con los hechos relacionados con el
actor, ya que la actuación administrativa cuestionada no fue emitida por el ente
instructor y la actuación pretendida en procura del amparo de derechos reclamados,
supera su competencia.

Así mismo, refirió que, de acuerdo con lo señalado en el escrito de amparo, no se
vislumbra defecto alguno u otros requisitos que hagan procedente la acción de tutela
contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el
medio de control de reparación directa identificado con el radicado No. 50001-33-
33-003-2016-00172-00/01, además de no evidenciarse vulneración de derecho
fundamental alguno.

18 Índice 11 de Samai.
19 Índice 12 de Samai.

7
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1.6.3. Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio20

Manifestó que, la presente acción debe ser declarada improcedente, toda vez que,
revisados los argumentos expuestos en el escrito de amparo, se evidencia que la
parte actora pretende utilizar la misma como una tercera instancia, ya que las
pretensiones invocadas mediante la presente corresponden a las mismas que
fueron objeto del recurso de alzada como consta en la sentencia acusada.

De igual forma, refirió que el accionante contaba con el recurso extraordinario de
revisión para debatir lo pretendido mediante las causales que se encuentran
consignadas en el artículo 250 del CPACA, sin embargo, no lo hizo.

Con fundamento en lo expuesto manifestó que, se opone a la prosperidad de las
pretensiones interpuestas por el señor Henry Alexander debido a que, en manera
alguna se evidencia que las entidades accionadas hayan incurrido en los defectos
aludidos en la acción constitucional.

Refirió que la situación que dio lugar a la existencia del proceso penal y en la que
se vio involucrada el señor Mazo Gauta, requería ser investigada para establecer
los móviles del hecho punible y la responsabilidad del implicado, toda vez que de
acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-695 de
2013, basta que existan indicios serios para proceder a la imposición de la
responsabilidad que se alega, por lo que resultaba procedente la adopción de la
medida de aseguramiento que le fue impuesta, la cual además debido a su carácter
preventivo, no requiere de un juicio previo.

Señaló que, acorde con lo analizado no es cierto que el Tribunal Administrativo del
Meta, haya incurrido en los defectos enunciados por el accionante, por el contrario,
efectuó un análisis probatorio íntegro de los diferentes medios de prueba, llegando
a la conclusión de que, en manera alguna la privación de la libertad del señor Henry
Alexander Mazo Gauta, había sido injusta, por lo que solicitó, se nieguen las
pretensiones elevadas mediante la presente acción, al no existir una actuación
directa o indirecta de dicha entidad en la controversia que se plantea, y que pueda
comprometer los derechos fundamentales del actor.

1.6.4. Los señores Cristian Felipe Mazo Uriza, María del Carmen Gauta Rico y
Blanca Estella Uriza21, pese a estar debidamente notificados22 del presente trámite,
guardaron silencio.

20 Índice 13 de Samai.
21 Demandantes dentro del proceso ordinario.
22 Notificaciones realizadas a los correos eléctricos: henryalexanderm@gmail.com,

carmengauta49@gmail.com y uriza.stely@gmail.co - Índice 8 de Samai.

8
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1.7. Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 29 de mayo de
2025 manifestó estar impedido para conocer de la acción constitucional del asunto.
En ese sentido indicó lo siguiente:

«La razón de ello se justifica en que mi cónyuge se encuentra vinculada en
carrera como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la
Nación, entidad que funge como vinculada en calidad de tercero con interés en
el resultado del proceso de la referencia y, si bien con motivo del otorgamiento
de licencia no remunerada de hasta por tres años está desempeñando un cargo
en la Rama Judicial, continúa con el vínculo en carrera en esa entidad.

Por lo expuesto y con el fin de asegurar los principios de transparencia,
imparcialidad y autonomía que enmarca la actividad judicial, le solicito declarar
fundado el impedimento y separarme del conocimiento del asunto, en atención
al interés que le asiste a mi cónyuge en las resultas del mecanismo constitucional
en mención […]»

Al respecto, la Sala por auto del 5 de junio de 2025, declaró infundada la causal,
pues no se encontró acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

1.8. Sentencia de primera instancia23

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 18
de febrero de 2025, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados al
evidenciar que, de la lectura de la sentencia acusada, es posible avizorar que en la
misma se llevó a cabo un estudio de las actuaciones relevantes surtidas al interior
del proceso penal, esgrimiendo una motivación suficiente y coherente que justifica
su sentido.

Así mismo, refirió que la corporación judicial accionada realizó un estudio del asunto
que le fue puesto en su conocimiento desde la perspectiva del precedente
jurisprudencial aplicable relacionado con la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad, sin que se pudiere concluir que el mismo hubiere
incurrido en su desconocimiento.

En este orden, estimó que en la sentencia objeto de inconformidad se realizó un
análisis probatorio en conjunto con todas las pruebas obrantes en el expediente bajo
los postulados de la sana crítica para concluir que la medida de aseguramiento que
se adoptó en contra del actor resultaba proporcional y adecuada a esa realidad
procesal.

En igual sentido y con relación al defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia precisó que, tal como lo señaló el tribunal demandado, en torno a dicho
aspecto, no debía hacerse un estudio de oficio, por cuanto no fue alegado por el

23 Índice 18 de Samai.

9
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demandante en ninguna oportunidad procesal, toda vez que los argumentos de
inconformidad no se enfocaron en su desarrollo, lo cual impide que el juez de tutela
pueda invadir la competencia del juez natural y proceder de tal manera, pues este
mecanismo de amparo constitucional no puede convertirse en una instancia de
corrección y análisis de legalidad de las providencias atacadas, más allá de verificar
la presunta afectación de derechos fundamentales.

1.9. Impugnación24

La parte actora solicitó que se revoque la decisión adoptada en la sentencia
impugnada, y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.

Reiteró que, resulta indispensable que se efectúe un análisis sobre el defecto fáctico
de la sentencia acusada, toda vez que, a su juicio, en la valoración de las pruebas
realizadas por parte de las autoridades judiciales accionadas, no se tuvo en cuenta
el estudio realizado por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, y en las que se indicó que, tanto la Fiscalía General de la Nación,
como los juzgados que tuvieron conocimiento del proceso penal adelantado en su
contra presentaron las falencias reseñadas en el sustento de la vulneración.

Señaló que, el Tribunal Administrativo accionado en la providencia acusada,
únicamente analizó y tomó como punto de partida la prescripción para configurar
una privación injusta de la libertad, dejando de lado la nulidad decretada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, es decir, que la prescripción
fue considerada un efecto colateral, pero no el principal en la decisión, ya que en la
parte motiva, se indicó que: «el error contenido en la sentencia proferida por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Adjunto de Descongestión se saneó, pues la
decisión fue objeto de declaratoria de nulidad por el Tribunal, es decir, perdió efectos
en el mundo jurídico».

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos con relación a la decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente judicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

24 Índice 22 de Samai.

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Demandante: Henry Alexander Mazo Gauta
Demandados: Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
Oral No. 2 y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06951-01

2.2. Problema jurídico

Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por el actor,
y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma,
modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, el 18 de febrero de 2025. Para lo cual, se deberá abordar
el siguiente interrogante:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del
actor, con ocasión de las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 2, el 17 de enero de 2019
y 6 de junio de 2024, de manera respectiva, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 50001-33-33-003-2016-00172-00/01, y
mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda invocada
por el actor?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii)
generalidades del defecto alegado y, iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 25
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema26 y declaró su
procedencia.27

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
26 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
27 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Oral No. 2 y otros
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del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202228, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de

28 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal29 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico30; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional31[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal32”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales33”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto34, lo que implica verificar

29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-103 de 2022.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-128 de 2021.
34 Sentencia SU-573 de 2019.

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que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal35. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

Como se señaló, la parte actora cuestiona las sentencias proferidas por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 2, el 17 de enero de 2019 y 6 de
junio de 2024, de manera respectiva, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 50001-33-33-003-2016-00172-00/01, y mediante las cuales se
negaron las pretensiones de la demanda invocada por el actor.

Lo anterior, al considerar que a través de las mismas se incurrió en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente y ausencia de motivación.

Respecto al defecto fáctico, manifestó que en la sentencia acusada no se tuvo en
cuenta que en el fallo de tutela proferido por la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, se indicó que tanto la Fiscalía General de la Nación,
como los juzgados penales que asumieron el conocimiento del proceso penal
adelantado en su contra, incurrieron en varias falencias; entre ellas, declarar al
imputado como persona ausente sin las constancias de que fuera remiso con la
autoridad judicial que lo investigó, realizar una investigación adecuada para
esclarecer si el señor Henry Alexander Mazo Gauta participó o no en los delitos que
le fueron imputados, entre otros.

No obstante, el contexto expuesto, le permite a la Sala advertir que el defecto fáctico
alegado por el actor es una simple inconformidad con la decisión a la que arribó el
juez ordinario, por cuanto los argumentos planteados en el escrito tutelar coinciden
con los expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de
primer grado que negó las pretensiones de la demanda, y frente a los cuales el ad
quem en la sentencia censurada realizó el respectivo pronunciamiento.

Al respecto, y revisada la motivación desplegada por el Tribunal Administrativo
accionando, se evidencia que frente a los reparos realizados en el defecto alegado,
la autoridad judicial accionada precisó que, en la sentencia de unificación proferida
por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación el 15 de agosto de
201836, se indicó como imprescindible que en aquellos casos en los que la autoridad
penal finalice la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello,
incluso cuando se encuentre que el hecho no existió, que el sindicado no cometió

35 Ib.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero

ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia del quince (15) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), para el proceso de radicación número:66001-23-31-000-2010-00235 01(46947).

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el ilícito, o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, le
corresponde al Juez verificar en primer lugar, si quien fue privado de la libertad
incidió en la generación del daño alegado por haber actuado con culpa grave o dolo,
bajo los postulados del derecho civil, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso
penal y a la imposición de la medida de aseguramiento; aspecto éste que en efecto
fue estudiado por el ad quem y que lo llevó a arribar a la decisión que se cuestiona.

Con relación a la decisión sin motivación, se advierte que el tutelante no expuso la
carga ius fundamental requerida para superar el requisito de relevancia
constitucional, ya que lo debatido corresponde a una discusión que ya fue zanjada
al interior del proceso contencioso, sin que los argumentos expuestos tengan la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, pues revisados los argumentos en los que se soporta dicho cargo,
se evidencia que el accionante es reiterativo en indicar que, la razón que llevó a la
Fiscalía General de la Nación a precluir la investigación penal a favor del señor
Mazo Gauta no obedeció a alguno de los supuestos previstos en el artículo 414 del
Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en una vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que
se evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto en las sentencias
censuradas, y las conclusiones a las cuales arribaron los jueces de primera y de
segunda instancia, lo cual, per se, no implica una trasgresión de las mencionadas
garantías.

Situación que de igual forma ocurre con el argumento tendiente a que el Tribunal
accionado en la sentencia acusada, únicamente analizó y tomó como punto de
partida la prescripción para configurar la privación injusta de la libertad, dejando de
lado la nulidad decretada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio.

Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el
legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de
tutela y la desarticulación de la organización judicial; máxime cuando se advierte,
como en el presente caso, que el debate planteado por el accionante busca mutar
el amparo constitucional en una tercera instancia.

Por otra parte, respecto del defecto de desconocimiento del precedente judicial,
advierte la Sala que dicho cargo tampoco supera el requisito general de la
relevancia constitucional, pues si bien el actor fue enfático en señalar que en la
sentencia SU-072 de 2018, se fijó una línea diferente a la establecida en la

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sentencia de unificación del 15 de agosto de 201837, y que sirvió como fundamento
para que el Tribunal accionando adoptara la decisión que se cuestiona, lo cierto es
que no identificó la ratio de esta que resulta aplicable a la solución del nuevo caso
que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

Es necesario tener presente que esta Sección en reiterados pronunciamientos38 ha
explicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, sin que en el sub
examine se evidencie el cumplimiento de dicha regla por parte del actor.

De otro lado, y si bien el tutelante es enfático en señalar que en la sentencia SU-
072 de 2018, se estableció que, independientemente de las circunstancias que
dieron lugar a la privación injusta de la libertad, debe mediar un análisis previo que
determine si la decisión fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
en contexto con lo dispuesto en la sentencia C-037 de 1996, es menester precisar
que, con relación a dicho aspecto, el Tribunal Administrativo accionado al momento
de adoptar la decisión que se cuestiona, indicó lo siguiente:

«…es necesario advertir que en su momento, la restricción de la libertad se dio como
consecuencia de las resultas del proceso penal que inició con la denuncia formulada
contra los señores HENRY ALEXANDER MAZO y JORGE ROBERTO LOZANO por
la celebración de un contrato de compraventa que realizaron en calidad de aparentes
propietarios del vehículo de placas HUL-339 renault, que había sido hurtado a la
señora PILAR CALDERÓN, en cuya sentencia condenatoria se hizo referencia a la
materialidad y responsabilidad de los procesados frente a cada uno de los delitos
endilgados -falsedad en documento privado, falsedad material en documento público
y estafa-concluyendo que se configuraban los requisitos para que se tipificara cada
uno, y que se atribuía como modalidad dolosa y coligiendo frente a la culpabilidad que
«no hay lugar a dudas en cuanto a la existencia de la conducta punible, por la cual
deben responder los encartados, afrontando la acción punitiva del Estado» fijando así
la coautoría de los implicados…»39

Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por las
autoridades judiciales accionadas con fundamento en la normativa y precedente
aplicable al caso, sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez
natural, so pretexto de la interpretación legal realizada por el actor y la sentencia de
unificación traída a colación.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela

37 Expediente (46947).
38 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
39 Transcripción original del texto con posibles errores.

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no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.

En consecuencia, se revocará el fallo de tutela impugnado para declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 18 de febrero de 2025, a través de la
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó el amparo
solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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