Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06964-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06964-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06964-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06964-00
Demandante: Ernesto Rivera Medina
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por delitos
de lesa humanidad / Efectos temporales de la sentencia de
unificación sobre caducidad / Desconocimiento del precedente
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Ernesto Rivera Medina en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Ernesto Rivera Medina promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso y administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 25 de junio de
2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el medio de control de reparación
directa identificado con el radicado 41001333300520180041301.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
i) Presentó2 demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con ocasión
de los perjuicios materiales e inmateriales presuntamente derivados de la muerte
de José Néstor Rivera Gutiérrez en hechos ocurridos el 17 de marzo de 2006 en la
vereda Peñalosa del municipio de Gigante, Huila, en el momento en que realizaba
labores agrícolas y fue ultimado con arma de dotación oficial por miembros de la
institución militar, batallón de Infantería 26 “Cacique Pigoanza” de Garzón, Huila.
ii) El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito Judicial de Neiva con sentencia
del 27 de enero de 2023 declaró de oficio la caducidad del medio de control, al
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 Junto con su familia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06964-00
Demandante: Ernesto Rivera Medina
considerar que el término debía contarse desde el 17 de marzo de 2006, fecha en
la cual los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte de su familiar y certeza
de las consecuencias del hecho generador del daño en los que participaron
miembros del Ejército Nacional, de manera que tenían hasta el 17 de marzo de 2008
y no hasta el 5 de diciembre de 2018, cuando se presentó la demanda. En contra
de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo del Huila con sentencia del 25 de junio de 2024
confirmó lo resuelto por el a quo con similares argumentos.
iv) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento del precedente relacionado con el fenómeno de
caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad, e indebida aplicación de
aquel contenido en la sentencia proferida el 29 de enero de 2020 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera3 y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se deje sin efectos
la Sentencia de fecha 25 de junio de 2024, dentro del proceso de Reparación Directa,
incoado por JAIME RIVERA GUARACA Y OTROS contra LA NACIÓN COLOMBIANA –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, con radicado 41 001 33 33 005
2018 00413 01, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA y se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
proferir una Sentencia de reemplazo, en la que revoque la sentencia de primera instancia
y se acceda a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que aparece
plenamente probado que la muerte del Señor JOSE NESTOR RIVERA GUTIERREZ
(Q.E.P.D.) fue una ejecución extrajudicial o falso positivo, a fin de condenar a la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, como responsables de la
ejecución extrajudicial del señor JOSE NESTAR RIVERA GUTIERREZ (Q.E.P.D.),
constitutivo de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, condenando a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJERCITO NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de los
demandantes de conformidad con la sentencia de unificación de Jurisprudencia del 28
de agosto de 2024 […]». (sic).
1.2. Informe rendido en el proceso
1.2.1. El Ministerio de Defensa Nacional4 solicitó negar las pretensiones de la
demanda, en tanto la providencia cuestionada fue proferida de acuerdo a la
normatividad y la jurisprudencia aplicables, por lo que no se vulneró derecho
fundamental alguno. Por otra parte, afirmó que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela coinciden con los de la demanda en el proceso de reparación
directa, por lo que se pretende utilizar este mecanismo de amparo constitucional
como una tercera instancia.
1.2.2. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
3 Expediente 85001333300220140014401
4 Archivo obrante en el índice 13 del Samai.
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silencio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia, con el numeral 5 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Huila.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema6. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
[Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado7 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Ernesto Rivera Medina
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos9, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales10.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos
fundamentales de Ernesto Rivera Medina con ocasión de la sentencia proferida el
25 de junio de 2024, a través de la cual confirmó la decisión de declarar la caducidad
del medio de control, con la que pudo incurrir en desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Ernesto Rivera Medina
2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.3. Sobre el caso concreto
Ernesto Rivera Medina acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 25 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto
confirmó la decisión de declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de
control.
Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en
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Demandante: Ernesto Rivera Medina
desconocimiento del precedente relacionado con el fenómeno de caducidad cuando
se trata de delitos de lesa humanidad, además de sustentarse en las sentencias de
unificación proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional11 que no
podían aplicarse.
Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado
41001333300520180041301 y el pronunciamiento cuestionado, es posible avizorar
una motivación suficiente y coherente que justifica su sentido, así:
«[…] Descendiendo al caso concreto, esta Sala debe precisar como lo advirtió en líneas
anteriores que del análisis efectuado a la sentencia de la Corte Constitucional como la
proferida por el Consejo de Estado como nuestro órgano de cierre, en las demandas de
reparación directa si se debe efectuar la contabilización del término de caducidad
establecido en nuestra normatividad interna. Así las cosas, al existir un criterio definido
se dará aplicación al mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 270 del
CPACA.
Al respecto evidencia la Sala que de las pruebas obrantes en el plenario y las cuales
fueron analizadas, se puede advertir que los hechos narrados en la presente demanda,
coinciden con los relacionados en la acción de grupo instaurada por la señora Lila
Piedrahita y Otros, radicada bajo el número 41001-00-33-005-2007-00123-00 y cuya
pretensión recaía en la declaración de responsabilidad extrapatrimonial de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por el fallecimiento del señor José Néstor
Rivera Gutiérrez ocurrido el 17 de marzo de 2006. Además de la radicación del
expediente, se puede corroborar que la acción de grupo fue instaurada en el año 2007.
Es decir, de acuerdo a lo anterior, se puede advertir que, al existir una demanda
instaurada por otros miembros de la familia de la víctima, el grupo familiar demandante
en el presente medio de control conocía previamente, las circunstancias en las que
falleció el señor José Néstor Rivera Gutiérrez, que los facultaba para reclamar
administrativamente los perjuicios causados; sin embargo, se desconoce las razones por
las cuales no demandaron, junto con el grupo familiar inicial.
De igual manera, de la entrevista rendida por el hijo de la víctima, cuatro días después
de lo sucedido, ante la Fiscalía Seccional 21 de Garzón y citada en la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón (H), en el radicado No. 41-298-31-
09-001-2010-00038-00, por el delito de Homicidio en persona protegida (señor José
Néstor Rivera Gutiérrez), se puede concluir que el suceso y las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, fueron conocidas el mismo día de su ocurrencia, situación que los
facultaba para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en búsqueda de una
reparación.
Para la sala, no obra prueba alguna que acredite que los aquí demandantes hubiesen
estado materialmente imposibilitados para ejercer su derecho de acción, justamente no
se adujo ninguna razón que explicara por qué los accionantes no acudieron antes en
búsqueda de la reparación judicial, pese a tener el derecho de hacerlo.
Así las cosas, la Sala comparte la decisión del a quo al manifestar que los demandantes
tuvieron conocimiento de la muerte de José Néstor Rivera Gutiérrez y certeza de las
consecuencias del hecho generador del daño, el día 17 de marzo de 2006; siendo así,
el término para demandar culminó el 17 de marzo de 2008 y la demanda se presentó el
5 de diciembre de 2018, esto es 10 años después, sin que se haya demostrado que en
dicho período los demandantes hubiesen estado materialmente imposibilitados para
11 Sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado en el
radicado 85001333300220140014401 y la sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Ernesto Rivera Medina
ejercer su derecho de acción, justamente no se adujo ninguna razón que explicara por
qué los accionantes no acudieron a la respectiva reclamación.» [sic].
Así, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Huila resolvió el asunto de
acuerdo con el criterio fijado en la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa-administrativa en
materia del término de caducidad en asuntos de reparación directa relacionados con
daños derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
De tal manera, es necesario precisar que, si bien, en principio, se sostuvo que
respecto a este tipo de conductas no aplicaba el término de caducidad12, no es
posible desconocer, como ya mencionó, que esta corporación judicial unificó su
postura en este tipo de asuntos13 bajo los siguientes supuestos: « i) en tales eventos
resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo
el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr
el plazo de ley», por lo que es razonable la conclusión a la que arribó el tribunal
demandado.
Por su parte, respecto a los efectos temporales de la aplicación de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, la Corte Constitucional en la sentencia T-210
de 2022 consideró:
«[…] En virtud del criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia T-044 de 2022, se
concluye que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado aplica a partir de su expedición, incluso en los casos iniciados
con anterioridad. No obstante, para las acciones radicadas antes de la sentencia de
unificación, los jueces administrativos deben valorar las circunstancias particulares de
cada caso para observar si aplicar la regla de unificación pone en riesgo derechos
fundamentales de las partes dentro del proceso. Ante dicha valoración, el juez puede
matizar la nueva regla de unificación o incluso inaplicarla, según sea necesario. Para lo
anterior, la parte debe tener la oportunidad de argumentar por qué no debe aplicarse la
nueva regla jurisprudencial en su caso. Asimismo, el juez debe adecuar el proceso para
garantizar que la parte demandante pueda explicar por qué no acudió a la justicia en los
términos legales, esto es, la imposibilidad material de demandar en los dos años
siguientes «desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial. […]». (sic)
En este orden de ideas, esta Sala de decisión debe precisar que por regla general
la aplicación de la referida sentencia de unificación es a partir de su expedición y
para casos iniciados con anterioridad, tal como sucede en el sub examine, frente a
12 Auto de 5 de septiembre de 2006, proferido por la subsección C de la sección tercera del Consejo
de Estado, 2016-00587-01 (57625).
13 Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en el radicado 85001333300220140014401 (61033), C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Actor: Juan José Coba Oros y otros. De la cual únicamente se transcriben las
conclusiones generales por resultar pertinentes, evitando traer a colación las demás
consideraciones, en tanto fueron citadas in extenso en la decisión judicial cuestionada. Tesis
reiterada en la Sentencia del 9 de julio de 2021, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en el radicado 11001031500020210378900, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
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lo cual es pertinente destacar que por las particularidades de aquel no se observa
supuestos alguno bajo el cual debiera readecuar el trámite del asunto.
Esto, en la medida en que, en todo caso, para el momento en que se profirió la
sentencia de unificación, el proceso de reparación directa promovido por el
demandante se encontraba para audiencia inicial, por lo que contó con varias
oportunidades procesales para ejercer la defensa de sus derechos frente a la
caducidad, tales como la fijación del litigo, la audiencia de pruebas, los alegatos de
conclusión y el recurso de apelación, de tal manera, no se omitió la aplicación de la
norma adjetiva de la causa.
A partir de tales premisas fijadas en la sentencia de unificación citada previamente,
es pertinente reiterar que, tal como se estableció en la sentencia acusada, en el
caso en concreto se observa que el conteo del término de caducidad inició el 17 de
marzo de 200614, fecha en la cual los demandantes tuvieron conocimiento de la
muerte de José Néstor Rivera Gutiérrez y certeza de las consecuencias del hecho
generador del daño, razón por la cual tenían hasta el 17 de marzo de 2008 para
presentar la demanda de reparación directa, no obstante, ello solo ocurrió el 5 de
diciembre de 2018, época para la cual ya era extemporáneo, de acuerdo al plazo
establecido legalmente para ejercer el derecho de acción en este tipo de asuntos.
En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Huila no desconoció el
precedente, en tanto la regla decisional aplicada obedece y se encuentra acorde a
un pronunciamiento de unificación dictado por la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo y vigente para el momento en que se emitió el pronunciamiento de
segunda instancia.
Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial demandada
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, debido a que la providencia
acusada fue proferida conforme a las normas reguladoras de su función judicial y
aquella se apoyó en los supuestos fácticos y jurídicos acreditados para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad de la parte actora con el
resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,
en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por el Tribunal
Administrativo del Huila cuenta con soporte y está debidamente razonada y
justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una
tercera instancia.
14 Fecha asumida por el tribunal judicial demandado como más favorable y mayormente garantista
para efectos del conteo de caducidad.
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Demandante: Ernesto Rivera Medina
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Ernesto Rivera Medina en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Huila.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Ernesto Rivera
Medina, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del
Huila, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAV/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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