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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06966-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06966-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Jaime de Jesús Cortina Aguirre. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06966-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de enero de 2025

Demandante: Jaime de Jesús Cortina Aguirre
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06966-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta [30] de enero de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06966-00
Demandante: JAIME DE JESÚS CORTINA AGUIRRE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela de fondo. Petición copia fallo de segunda instancia y
constancia de ejecutoria. Carencia actual del objeto por
hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Jaime de Jesús Cortina Aguirre, en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se le
amparen sus derechos fundamentales «a la administración de justicia –
derecho de las víctimas – derecho a la reparación integral».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con
ocasión de la omisión de la autoridad judicial accionada en expedir las copias
del fallo proferido en el trámite de la segunda instancia, en el marco del proceso
de reparación directa identificado con el radicado 68001-23-33-000-2015-
00971-00/01, y su respectiva constancia de ejecutoria.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime de Jesús Cortina Aguirre
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06966-00

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

PRIMERO. Se ampare el derecho FUNDAMENTAL DE derecho a la
administración de justicia – derecho de las víctimas – derecho a la
reparación integral y cualquier otro del mismo rango que se determine como
violado.

SEGUNDO. Se ordene a la honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, procesa a expedir los documentos solicitados y reiterados:

• Copias auténticas del fallo de segunda instancia
• Solicito constancia de ejecutoria del fallo de segunda instancia1.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El 18 de octubre de 2024 el señor Jaime de Jesús Cortina Aguirre solicitó al
Tribunal Administrativo de Santander «copias auténticas del fallo de segunda
instancia» la constancia de ejecutoria de la misma sentencia.

Al no haber obtenido respuesta, el 16 de diciembre de 2024, nuevamente
peticionó ante la autoridad judicial en mención solicitando la copia de la
providencia que dio cierre al trámite del medio de control de reparación directa
y su constancia de ejecutoria y precisó que era con el propósito de iniciar los
respectivos trámites ante la Policía Nacional -PONAL, para que le fuera
asignado un turno de pago.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora expuso que se le vulneró su derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia debido a que presentó peticiones el 18 de octubre
y el 16 de diciembre del 2024, ante el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante los cuales solicitó copias auténticas del fallo de segunda instancia y
su constancia de ejecutoria. Sin embargo, hasta la fecha de radicación del
presente mecanismo constitucional no había obtenido respuesta.

1 Transcripción textual incluyendo posibles errores.

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Demandante: Jaime de Jesús Cortina Aguirre
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de enero de 2024 el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Santander, en calidad de autoridad judicial
accionada. Asimismo, comoquiera que lo peticionado fue radicado por conducto
de apoderada se ordenó notificar a Mitzy García Armesto, para que, si lo
consideraba del caso, interviniera en el presente trámite constitucional en
condición de tercera interesada.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander

Señaló que no se ha vulnerado algún derecho fundamental al señor Cortina
Aguirre, a raíz de que «el proceso de la referencia se encuentra en la Secretaría
de la Corporación, realizando el trámite de la expedición de las copias
auténticas, toda vez que, ya se generaron las actuaciones respectivas
correspondientes al trámite posterior de la sentencia ejecutoriada, estos son,
auto de obedecer y cumplir, auto que fija agencias en derecho, liquidación del
contador y auto que aprueba la liquidación de costas aportada por el contador».

De manera que solicitó a este Despacho declarar la existencia actual del objeto
por hecho superado, en virtud de que el trámite administrativo ya culminó por
medio de la aplicativo Samai.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Jaime de Jesús Cortina Aguirre contra el Tribunal
Administrativo de Santander de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

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2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Administrativo
de Santander vulneró el derecho fundamental de petición del señor Jaime de
Jesús Cortina Aguirre con ocasión a que, a la fecha de radicación de esta tutela,
la autoridad accionada no había dado respuesta a la solicitud de copia con
constancia de ejecutoria del fallo de segunda instancia del medio de control de
reparación directa 68001-23-33-000-2015-00971-01.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii) del derecho
de petición en actuaciones judiciales y (iv) el análisis del caso en concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho:
«El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 20153, que señala 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el

3 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755

de 2015, que señala:
«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto».
5

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propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena
de la respuesta dada.4

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello […] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que
cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud
por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión5; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo6.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el

4 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la

sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
6 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.5. Derecho de petición en actuaciones judiciales

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al
señalar que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los
operadores de justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan
de conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley,
y (ii) las generales que no tienen incidencia en el contradictorio y que están
reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011. En efecto, esta Sección en
sentencia del 25 de enero de 20187, expresó:

La Corte Constitucional8 y esta Corporación9 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden
ser de dos clases:

(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y

(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho
de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar
a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales“, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

7 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de

25 de enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
8 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de

13 de julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de
2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00.
7

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2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub examine el accionante alegó que el Tribunal Administrativo de
Santander vulneró su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, comoquiera que, al momento de presentar la acción de tutela, la
autoridad judicial no había resuelto las peticiones de 18 de octubre de 2024 y
16 de diciembre del mismo año, en las que solicitó la copia del fallo de segunda
instancia y su respectiva constancia de ejecutoria.

En este punto es importante precisar que si bien la expedición de copias es un
procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 11410 del Código
General del Proceso, este no contempla un término para efectuarlo. Es por ello
que, en casos como el que se analiza en el presente asunto, a través de los
cuales se solicitó la expedición de copias, la Sala ha determinado que el estudio
de la acción de tutela procede a la luz del derecho fundamental de petición de
solicitud de documentos, toda vez que se trata de una función administrativa,
que es ajena a la litis o impulsos procesales11.

Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, se evidencia que el
Tribunal Administrativo de Santander mediante memorial dirigido al peticionario
informó que se está «realizando el trámite de la expedición de copias
auténticas, toda vez que, ya se generaron las actuaciones respectivas
correspondientes al trámite posterior de la sentencia ejecutoriada».

10 «ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del

expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de
las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán
constancia de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el
interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un
recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si
careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de
que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de
oficio o a solicitud de parte».
11 Ver las siguientes sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) 20

de enero de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-15-000-2021-10797-
00; (ii) 24 de febrero de 2022 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 11001-03-15-000-2022-
00551-00; y (iii) 13 de mayo de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 11001-03-
15-000-2021-01752-00.
8

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Asimismo, esta Sala encuentra que, al revisar la plataforma judicial Samai, se
observó que el 22 de enero de 2025, la secretaría del tribunal hizo entrega de
las copias solicitadas al correo electrónico autorizado en el escrito de tutela12,
como se observa:

Por lo tanto, con la actuación del Tribunal Administrativo de Santander
desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto del derecho
fundamental de la parte demandante, comoquiera que, encontrándose en curso
el proceso de tutela de la referencia, esto es 22 de enero de 2025, resolvió las
peticiones de 18 de octubre de 2024 y 16 de diciembre de la misma anualidad,

12
mesaypradaabogados@gmail.com
9

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donde se dejó constancia secretarial de la remisión de las copias al correo
autorizado por la parte demandante13.

Al respecto, esta colegiatura en anteriores oportunidades14 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
transcurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese
la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y
(iii) por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.15

13 mesaypradaabogados@gmail.com
14 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii)
6 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
15 Sentencias : SU-225 de 2013; T-317 de 2005.

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A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (Énfasis de la
Sala)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse
a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”16.

Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la
interposición de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la
acción de tutela, por lo que no es posible retrotraer los efectos de la
vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación
que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la

16 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.

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imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro,
no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto.17

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración
de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción
de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos
de daño consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar
la carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena18 como por
las distintas Salas de Revisión19. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío”20. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. […].21

Así las cosas, se advierte que, encontrándose en curso el presente proceso, se
resolvió la petición de la parte actora y se le notificó en debida forma a la
dirección electrónica aportada.

Por lo anterior, se declarará la carencia actual del objeto por hecho superado
toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto
al derecho fundamental de petición y acceso a la administración de justicia del
señor Jaime de Jesús Cortina Aguirre, de ahí que cualquier orden que se
imparta por parte de esta sala resultaría inane debido a que la posible
vulneración cesó con la actuación de la autoridad enjuiciada.

17 Sentencia SU-225 de 2013.
18 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas

Ríos.
19 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto

Rojas Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
20 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
21 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime de Jesús Cortina Aguirre
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06966-00

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Jaime de Jesús Cortina Aguirre.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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