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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06973-01

Fecha
4 de abril de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06973-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 8 “El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar. La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior. La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha modificación, será sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus poderes correccionales”. 7 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06973-01 Accionante: Guillermo Antonio Mendoza Díaz y otro Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06973-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06973-01
Accionante: Guillermo Antonio Mendoza Díaz y otro1
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto emitido
dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Decreta suspensión
provisional de acto administrativo cuestionado / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No
cumple requisito de subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 13 de febrero de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 18 de diciembre de 2024 los señores Guillermo Antonio Mendoza Díaz y Paulo
Moreno Gutiérrez, a través de apoderado judicial, promovieron acción de tutela
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso y
trabajo.

2.
Solicitaron se dejara sin efectos el auto de 10 de octubre de 2024, emitido dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que instauró el Resguardo
Indígena Cañamomo Lomaprieta contra la Agencia Nacional de Minería, encaminado
a obtener la anulación de los actos administrativos3 relacionados con la formalización
de las solicitudes de minería tradicional NFC-09541, NKE-092541 y OEA-144815.

1 Paulo Moreno Gutiérrez.
2 Expediente 25000-23-36-000-2022-00034-01.
3 Resoluciones VCT-000295, VCT-00296 y VCT-00297 de 30 de abril de 2021 y GCT-000594, GCT-000595 y

GCT-000596 de 11 de junio de 2021 expedidas por la Agencia Nacional de Minería.
4 Presentada por el tutelante Guillermo Antonio Mendoza Díaz, que se encuentra en trámite desde el año 2012.
5 Formulada por el accionante Paulo Moreno Gutiérrez, cuyo trámite se adelanta desde el año 2013.

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Accionante: Guillermo Antonio Mendoza Díaz y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B

3.
En la providencia acusada se revocó la decisión judicial de 22 de agosto de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Subsección C, Sección
Tercera) negó la medida cautelar solicitada en ese proceso, para en su lugar,
decretarla, por ende, suspendió provisionalmente los efectos de las Resoluciones
GCT-000594, GCT-000595 y GCT-000596 de 11 de junio de 2021. Se consideró que
se advertía, de manera preliminar, la vulneración de los derechos fundamentales al
territorio y a la consulta previa, amparados en la sentencia T-530 de 2016 de la Corte
Constitucional, al autorizarse la explotación minera en territorio del Resguardo
Indígena Cañamomo Lomaprieta.

4.
La parte actora advirtió que no fueron vinculados en debida forma al proceso
ordinario, respecto de lo cual se encuentra pendiente resolver una solicitud de
nulidad por indebida notificación del auto admisorio de esa demanda que se presentó
el 24 de abril de 2024. No obstante, sufren las consecuencias de la decisión judicial
acusada, dado que, en cumplimiento de esta, se expidieron las Resoluciones VCT-
000990 y VCT-000991 de 18 de noviembre de 2024, a través de las cuales la Agencia
Nacional de Minería suspendió los efectos de sus solicitudes de formalización minera
NKE-09251 y OEA-14481.

5.
Señalan que la anterior situación afecta su mínimo vital. El señor Mendoza Díaz
tiene como única actividad económica la explotación de minerales en forma
tradicional, la cual ejerce hace más de 30 años. Por su parte, el señor Moreno
Gutiérrez tiene vigente un contrato cuyo objeto es la comercialización de concentrado
de oro y otros materiales, el cual se encuentra amparado en el título OEA-14481.
Ambos derivan su sustento económico, el de su familia y el de otras personas que
laboran en esa actividad, junto con sus familias, dentro de los cuales se encuentran
sujetos de especial protección constitucional (menores de edad y adultos mayores).

6.
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad en que incurrió la decisión
acusada, sostuvo que adolece de defecto orgánico. No se tuvo en cuenta que los
actos administrativos objeto de enjuiciamiento se derivan de las órdenes impartidas
en la sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional. Por ende, su juicio de
legalidad escapa de la órbita de competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Le corresponde al juez constitucional de primera instancia (Tribunal
Superior de Manizales – Sala de Decisión Penal) determinar si aquellos se
encuentran o no ajustados a derecho, al expedirse en cumplimiento del mencionado
fallo de tutela. Para tal efecto, se debe acudir al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,
es decir, al incidente de desacato.

7.
De igual modo, se configuró defecto fáctico. La autoridad accionada no contaba
con los elementos de juicio necesarios para definir de manera siquiera sumaria, si
los títulos mineros en proceso de formalización que solicitaron se encontraban o no
dentro del polígono reclamado por el Resguardo Indígena demandante, que es el
contenido en el documento ANM 20145510495672 de 5 de diciembre de 2014.

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8.
Además, se evidencia una interpretación limitada y superficial de las órdenes
emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-530 de 2016. Tanto así que
los argumentos planteados por la parte demandante para que se decretara la medida
cautelar no logran establecer una conexión clara de causalidad. En ese sentido, al
comparar el contenido de los actos administrativos atacados con las normas
superiores citadas como vulneradas o los medios probatorios incorporados al
expediente, no resulta evidente la infracción alegada.

9.
No se explicó de manera precisa por qué los derechos del Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta, protegidos por la sentencia T-530 de 2016, se encontrarían
amenazados, ni se demuestra que para su salvaguarda se requiera la adopción de
la medida cautelar, cuanto más si su decreto podría afectar la gestión de la
administración pública e incluso a terceros.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 13 de febrero de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, al no superar el requisito de
subsidiariedad. Se consideró que para el momento en que se presentó la tutela se
encontraba en curso una solicitud de nulidad procesal formulada el 25 de abril de
2024 por los accionantes, por indebida notificación del auto admisorio, en el que
fueron vinculados como litisconsortes necesarios del extremo pasivo, la cual a la
fecha no ha sido atendida. Es decir, se promovió esta acción de manera paralela a
la presentación de la solicitud de nulidad.

11.
En todo caso, precisó que los planteamientos en los que fundamentó los defectos
orgánico y fáctico, consistentes en la falta de competencia de la jurisdicción para
conocer de la legalidad de los actos administrativos atacados, al haberse expedido
en cumplimiento de la sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional, podrán
ser expuestos ante el juez natural del asunto en la etapa procesal pertinente, una
vez se resuelva lo relacionado con la solicitud de nulidad.

12.
De igual modo, en cuanto al reproche frente al decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional de las Resoluciones GCT-000594, GCT-000595 y GCT-
000596 de 11 de junio de 2021, la acción de tutela resulta improcedente, pues,
además de que el proceso se encuentra en trámite, una vez se defina lo relativo a la
aludida solicitud de nulidad, podrá ayudar a defender la presunción de legalidad de
aquellos actos administrativos e, incluso, para obtener el levantamiento, modificación
o revocatoria de dicha medida cautelar, conforme al artículo 235 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

13.
Por último, advirtió que los demandantes no allegaron prueba alguna que
demostrara la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara su procedencia
como mecanismo transitorio, el cual tampoco se infiere, pues solo se limitaron a traer
a colación un cuadro con los nombres de los integrantes de cada familia que

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Accionante: Guillermo Antonio Mendoza Díaz y otro
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dependen de la minería y señalan de manera general que, entre ellos, existen sujetos
de especial protección constitucional.

C. La impugnación

14.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Indicó que el
a quo desconoció que pese a que se encuentra en curso un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la providencia acusada los afecta en forma directa y
desproporcionada, porque (i) no fueron vinculados en debida forma a ese trámite
ordinario, lo que impidió que ejercieran su derecho de defensa y contradicción desde
el inicio de la actuación judicial, cuanto más si no cuentan con más herramientas
jurídicas para defender sus garantías superiores frente al auto acusado; (ii) pierden
la posibilidad de explotar los títulos mineros contenidos en las Resoluciones de 11
de junio de 2021, lo que genera vulneración tanto a sus derechos, como al de las
personas que derivan su sustento de dicha explotación, máxime cuando, en virtud
del principio de confianza legítima, realizaron inversiones significativas y generaron
compromisos laborales y comerciales; y (iii) se desconoció que las Resoluciones
suspendidas fueron consecuencia directa del cumplimiento a la sentencia T-530 de
2016 de la Corte Constitucional.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

16.
La Sala anticipa que, a pesar de los planteamientos esbozados por los tutelantes
en el escrito de impugnación, confirmará la decisión de primera instancia, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, al no satisfacer el presupuesto de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación.

17.
Cabe anotar que la acción de tutela reviste de una naturaleza residual y
subsidiaria, esto es, solo procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no
disponga de otro instrumento diferente para obtener la protección constitucional que
se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la Constitución Política). En
ese sentido, resulta indispensable que, previo a acudir al juez constitucional, el
interesado haya agotado todos los recursos que tenía a su alcance con la finalidad
de remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos.

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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18.
Lo anterior, conforme al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que prevé las
causales de improcedencia de la tutela, en el que se estipuló que esta no procederá
“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

19.
Uno de los reproches de los tutelantes consiste en que no han sido vinculados en
debida forma al proceso ordinario en el que se dictó el auto atacado, lo que comporta
vulneración a sus derechos de defensa y contradicción y les impide hacer uso de
otras herramientas jurídicas para controvertir la decisión judicial frente a la que
presentan inconformidad.

20.
No obstante, se advierte que dilucidar el aludido aspecto desborda la competencia
del juez de tutela, en la medida en que zanjar lo referente a la indebida notificación
del auto admisorio de la demanda, le corresponde al juez natural de la causa. Dicha
irregularidad está contenida como una causal de nulidad en el artículo 133 (numeral
8)7 del Código General del Proceso (CGP). Por tanto, en caso de que los tutelantes
hubieren advertido su acaecimiento debían alegarlo en el proceso ordinario, como
en efecto ocurrió, frente a lo cual la respectiva autoridad judicial no ha emitido
pronunciamiento alguno.

21.
De acuerdo con la herramienta electrónica de consulta de procesos denominada
Samai, el 22 de febrero de 2022 se admitió la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, en cuyo auto se dispuso, entre otras determinaciones, “Vincular en
calidad de litisconsortes necesarios por pasiva a los señores PEDRO ELIAS
ROMERO TABORDA (...), MILTON CESAR MENDOZA DIAZ (...), GUILLERMO
ANTONIO MENDOZA DIAZ (...) y PAULO MORENO GUTIERREZ (...)”.

22.
De lo anterior, se colige que se ordenó en el proceso ordinario la vinculación de
los tutelantes en condición de litisconsortes necesarios por pasiva. No obstante,
también se observa que ellos el 25 de abril de 2024 presentaron, de manera
separada, de conformidad con el numeral 8 del artículo 133 del CGP, solicitudes de
nulidad, fundamentadas en que no se ha practicado en debida forma su notificación
personal. Según indicaron en esa ocasión, el correo electrónico dirigido al señor
Guillermo Antonio Mendoza Díaz no tiene constancia de que haya sido entregado y
el enviado al señor Paulo Moreno Gutiérrez, a pesar de que cuenta con constancia
de entrega, este manifestó que nunca lo recibió. Por lo anterior, solicitaron se les
realizara “nuevamente la notificación personal del auto admisorio de la demanda y

7 “CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado”.
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sus anexos en los términos del artículo 199 del CPACA, al correo electrónico del
suscrito apoderado judicial, con el fin de garantizar el derecho de defensa y
contradicción”.

23.
Posterior a la radicación de los referidos memoriales, se evidencia la presentación
de otros escritos, destinados a contestar la demanda, descorrer traslado de
excepciones y allegar certificados de entrega de empresa de correo y de
cumplimiento del auto que decretó la medida cautelar, pero no se advierte
pronunciamiento de la autoridad judicial acerca de las peticiones de nulidad. La
última actuación judicial data del 8 de octubre de 2024, fecha en la que el expediente
ingresó al despacho.

24.
Del anterior recuento, se concluye que los tutelantes plantearon la inconformidad
relativa a su indebida vinculación al proceso ordinario ante el juez natural de la causa,
por tanto, ellos deben aguardar a que esa autoridad judicial defina si esa
circunstancia se presentó o no en esas diligencias.

25.
En ese sentido, no es aceptable que los actores acudan de manera paralela a la
tutela para que se tenga por cierto un hecho sobre el cual aún no se ha emitido
pronunciamiento alguno por parte del juez ordinario. Es decir, que se acuda a este
mecanismo para que se analice una situación que ya se planteó en el proceso
ordinario y frente a la cual no se ha tomado una determinación definitiva, esto es,
emplearlo como un procedimiento alternativo. Avalar tal actuación implicaría usurpar
la competencia del juez natural del litigio, a quien le corresponde dilucidar sobre su
viabilidad.

26.
Ahora bien, al margen de la indebida vinculación alegada, la parte actora sostiene
que la decisión judicial acusada adolece de defectos orgánico y fáctico. Al respecto,
la Sala advierte que, como lo determinó el juez de primera instancia, los
planteamientos que fundamentan las aludidas causales de procedibilidad de la
tutela, consistentes en la falta de competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa para examinar los actos administrativos demandados y el indebido
análisis de aquellos frente a la sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional,
pueden ser expuestos ante la autoridad judicial con el fin de defender la legalidad de
esas determinaciones administrativas.

27.
Lo anterior, por cuanto la decisión judicial que se discute no resolvió de manera
definitiva lo referente a la legalidad de los actos administrativos acusados, pues con
base en aquélla se suspendieron sus efectos, pero de manera provisional.

28.
Ahora, previo a resolver sobre la medida cautelar, de manera concomitante a la
admisión de la demanda, el Tribunal corrió traslado de tal solicitud de cautela. Esa
era la primera oportunidad para oponerse a que la misma se decretara. En tanto los
accionantes alegan que no fueron notificados en debida forma, lo que se resuelva
sobre la nulidad podría eventualmente permitirles ejercer la contradicción respecto a

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ese asunto. Pero como ya se dijo, es un asunto en trámite, respecto del cual no se
puede pronunciar el juez de tutela.

29.
En todo caso, no resulta indispensable que se defina lo referente a la mencionada
irregularidad para cuestionar la medida cautelar decretada, dado que los accionantes
fueron vinculados a esas diligencias como litisconsortes necesarios de la parte
demandada. Por tanto, tienen a su disposición las herramientas jurídicas de
levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar, contenida en el
artículo 2358 del CPACA.

30.
Por consiguiente, no corresponde a la realidad que no cuenten con más
instrumentos judiciales con el fin de plantear ante el juez ordinario que “no se
cumplieron los requisitos para su otorgamiento”, conforme al aludido precepto legal.

31.
Por último, los tutelantes alegan que el decreto de la medida cautelar configura
perjuicio irremediable, en atención a que les impide desarrollar su actividad
económica de minería, de la cual derivan su sustento ellos, sus trabajadores y sus
núcleos familiares. Sin embargo, aunque resulta notorio que tal restricción genera un
impacto de tipo económico, no se acreditó que este tenga la potencialidad de alterar
sus condiciones de vida, en particular, su mínimo vital.

32.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela, al no superar el requisito de subsidiariedad.

33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2025, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, que declaró la improcedencia de la acción de
tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

8 “El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando

caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza
de la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a
petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento
o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el
caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior.
La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres (3) días siguientes a
su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que permitieron su decreto y que
pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del cumplimiento de este deber, cuando la otra parte
hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha modificación, será sancionada con las multas o demás medidas
que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el juez en ejercicio de sus poderes correccionales”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06973-01
Accionante: Guillermo Antonio Mendoza Díaz y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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