Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06975-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06975-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06975-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
20 de marzo de 2025
Demandante: Javier Andrés Correa Quiceno
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06975-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06975-01
Demandante: JAVIER ANDRÉS CORREA QUICENO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 7 de febrero de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción constitucional de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 17 de diciembre de 2024, el señor Javier Andrés
Correa Quiceno, en nombre propio, presentó tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la «estabilidad familiar» y a la dignidad humana.
Lo anterior, con ocasión de las providencias de 10 de octubre de 2024 y 25 de
septiembre de 2023 proferidas por las autoridades judiciales en mención,
respectivamente, por cuanto se negó la solicitud de suspensión provisional de los
efectos de los actos que controvierte dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Contraloría General de la
República con radicado 25000-23-41-000-2022-01081-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor elevó las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Le ruego al señor Juez TUTELAR mis derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO la MINIMO VITAL y a la ESTABILIDAD FAMILIAR Y
DIGNIDAD
1
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Demandante: Javier Andrés Correa Quiceno
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
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SEGUNDA: En consecuencia, de lo anterior, sírvase ORDENARLE al accionado
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA dejar sin efecto legal el auto del 10 de octubre de 2024 por
medio del cual se decide sobre el recurso de apelación en el sentido de confirmar el
auto del 25 de septiembre de 2023 en el que se negó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.
TERCERO: sírvase ORDENARLE al accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN PRIMERA- SUBSECCIÓN A dejar sin efecto legal
la el auto del 25 de septiembre de 2023 por medio del cual se negó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.1
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
El señor Correa Quinceno relató que la Contraloría General de la República inició
un proceso2 en su contra3, en el cual se profirió i) el auto de 30 de noviembre de
2021, por el cual se declaró su responsabilidad fiscal y ii) el proveído ORD-
801119-049-2022 de 1º de abril de 2022, mediante el cual se resolvió el recurso
de apelación que interpuso y se surtió el grado de consulta.
Narró que el 18 de septiembre de 2022 promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría General de la República,
con el propósito de controvertir la legalidad de las anteriores decisiones, cuyo
conocimiento le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A.
Hizo referencia a que paralelamente al trámite ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la Contraloría General de la República decretó la
medida de embargo de su salario4 mediante acto de 14 de junio de 2023, decisión
que fue notificada a su empleador, razón por la que actualmente no recibe su
sueldo.
Señaló que, en vista de lo anterior, presentó escrito ante el tribunal mencionado,
en el cual solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos
de los actos administrativos demandados por los cuales se originó el embargo de
su salario, hasta tanto no se concluya el proceso.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en providencia de 25 de septiembre de 2023, negó la solicitud de
suspensión provisional requerida, por cuanto la protección y el restablecimiento
de los perjuicios alegados deben ser analizados en la sentencia, en especial,
porque no se presentaron argumentos que dieran cuenta de la causación de un
menoscabo irremediable.
1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
Identificado con el radicado PFR-2019-00472 UCCPRF-008-2019.
3
Esto, debido a la condición del actor de representante legal y presidente de Cafesalud EPS S.A.,
con fundamento en el hecho de que dicha EPS durante la vigencia 2015 utilizó los recursos
parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, diferentes a gastos de
administración, para la adquisición de activos fijos y entregó en comodato, y sin beneficio alguno
activos fijos adquiridos en las vigencias 2001 a 2014 con recursos del SGSSS, que se encontraban
en buen estado.
4
Cabe aclarar que en el escrito de la tutela el actor no especificó el monto del salario que le fue
embargado.
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Señaló que interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en
contra de la anterior decisión, con respaldo en que la Contraloría General de la
República vulneró el principio de legalidad del derecho sancionador
administrativo, al expedir actos administrativos sin el debido sustento probatorio y
en contravía del artículo 29 de la Constitución.
Mencionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, no repuso la providencia controvertida por medio de auto de 11 de
diciembre de 2023, para lo cual reiteró los argumentos que le sirvieron de
sustento para negar la medida cautelar solicitada y concedió el recurso de
apelación.
Aludió que el Consejo de Estado, Sección Primera, en el auto de 10 de octubre de
2024, confirmó lo señalado por el a quo tras advertir que no se cumplían los
requisitos previstos para declarar la suspensión provisional y el actor fundamentó
su solicitud en pruebas que aún no se habían practicado, razón por la cual era
necesario esperar hasta que se profiriera el respectivo fallo.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
procedimental, al no tener en cuenta lo previsto en los artículos 229 y 231 del
CPACA5, en los cuales se regula la procedencia y finalidad de las medidas
cautelares, es decir, que buscan prevenir la materialización de perjuicios
irreparables, así como garantizar la efectividad de la sentencia definitiva.
Consideró que tal propósito no fue observado en las providencias objeto de
debate, toda vez que se supeditó la protección cautelar a lo que se pruebe
durante la etapa principal del proceso, posición que contradice la naturaleza de
este instrumento procesal, dado que su objetivo es neutralizar temporalmente los
efectos del acto administrativo cuando existe un riesgo real y cierto de daños
graves e irreparables.
Igualmente, el señor Correa Quiceno afirmó que los autos cuestionados adolecen
de defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas aportadas al plenario
que acreditan la existencia de perjuicios graves e irreparables con la ejecución de
los actos enjuiciados.
Expuso que las corporaciones enjuiciadas omitieron en su análisis la valoración
de los comprobantes de nómina, el auto de embargo y la relación del impacto
económico sobre sus ingresos, pruebas que demostraban que al no recibir una
parte de su salario se le originó una afectación significativa a su derecho al
mínimo vital y el de su núcleo familiar.
En ese sentido, el tutelante puso de presente que el embargo de su salario afecta
su derecho al mínimo vital, a la familia y a la dignidad, agravado por el hecho que
fue condenado fiscalmente a una cifra que asciende a «$10.009.561.713» y
según lo manifiesta, toda su vida laboral no alcanzará para pagar la sanción.
5
Ley 1437 de 2011.
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Para finalizar, invocó la violación directa de la Constitución, toda vez que la
decisión de no conceder la medida cautelar solicitada afecta sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la
estabilidad familiar.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 19 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión
al actor y como demandados a los magistrados de la Sección Primera de esta
Corporación y a los que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A. Además, vinculó a la Contraloría General de la
República en calidad de tercero con interés.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Contraloría General de la República
• El contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la entidad informó que remitió el expediente del trámite
adelantado en contra del señor Correa Quiceno a la Unidad de Cobro Coactivo,
mediante Oficio 2022IE0034682 de 8 de abril de 2022, para que procediera con
los tramites propios de su competencia y, en cuanto a las medidas cautelares
ordenadas respecto de los bienes del actor, aclaró que solo se expidió el auto
MC140 de 20 de agosto de 2021.
• Luego, intervino el directo de cobro coactivo del ente de control, quien explicó
que inició el procedimiento de ejecución de la declaratoria de responsabilidad
fiscal en contra del señor Correa Quiceno, pues el acto administrativo que
contiene la obligación no ha sido suspendido ni declarado ilegal.
Puntualizó que, si bien se encuentra en trámite la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que no se ha proferido una decisión de
fondo, motivo por el cual ese ente de control debe continuar con la búsqueda de
bienes, cuentas y salarios que puedan garantizar el resarcimiento del patrimonio
público.
En su sentir, el accionante cuenta con medios judiciales pendientes de agotar, por
lo que no se satisface la procedencia formal de la acción de tutela, así como
tampoco se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
1.5.2. Consejo de Estado, Sección Primera
El magistrado ponente del auto controvertido solicitó declarar improcedente la
tutela por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad y,
en caso de efectuarse el análisis de fondo, denegar las pretensiones de la
presente acción, dado que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
4
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En ese sentido, aludió que en la providencia debatida se resolvieron los mismos
puntos de controversia expuestos en el escrito de tutela, por lo que el mecanismo
de amparo pretende ser utilizado como una tercera instancia.
Además, indicó que los reparos del actor se dirigen contra providencias dictadas
en el dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicación 25000-23-
41-000-2022-01081-00/01, el cual se encuentra en curso debido a que no se ha
proferido sentencia definitiva.
Destacó que en el auto de 10 de octubre de 2024 se expusieron los fundamentos,
según los cuales, la solicitud de medida cautelar no cumplía con los requisitos
previstos en el artículo 231 del CPACA y, por ello, confirmó la decisión de primera
instancia de negarla.
1.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, pese a que fue debidamente notificado6, no rindió informe.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en providencia de 7 de
febrero de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, por cuanto las decisiones de abstenerse de suspender
cautelarmente los actos administrativos que originaron el embargo decretado en
contra del actor son providencias dictadas en un proceso que aún no ha concluido
su trámite.
De este modo, se consideró que no se han agotado todos los medios de defensa
judicial que tiene el tutelante a su alcance. Sumado a que el actor no explicó ni
ofreció evidencia siquiera sumaria dirigida a demostrar que se encuentra en una
situación que tenga el alcance de ser un perjuicio irremediable, pues no especificó
cuál es el valor de sus ingresos.
1.7. Impugnación
Con escrito recibido el 18 de febrero de 20257 el actor impugnó el fallo de primera
instancia, al considerar que se supera el requisito de subsidiariedad pues, si bien
el auto de 25 de septiembre de 2023 proferido por el tribunal accionado no finaliza
el proceso, sí resuelve una cuestión determinante dentro del trámite, dado que las
medidas cautelares tienen importancia en los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Entonces, consideró que esperar hasta la finalización del litigio y que se adelanten
todas sus etapas para interponer la tutela por la negativa a conceder la medida
cautelar carecería de sentido, debido a que para ese momento los efectos
adversos del embargo habrán causado un daño irreversible en su situación
económica y personal, así como afectado gravemente sus derechos al mínimo
6
Según la información visible en el índice 7 del expediente de primera instancia contenido en
SAMAI.
7
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 13 de febrero de
2025.
5
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vital, a la estabilidad familiar y a la dignidad.
En ese sentido, precisó que su salario mensual era de aproximadamente
«$31.000.000, sin embargo, debido al embargo, se [l]e han descontado
$10.000.000, generando una grave afectación a mi mínimo vital», toda vez que
estos ingresos eran destinados a cubrir los gastos esenciales de su hogar, es
decir, de su esposa y sus cinco hijos.
Además, puso de presente que agotó todos los mecanismos judiciales que
procedían para controvertir la decisión que negó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados
por los que se derivó el embargo de una parte de su sueldo.
Por último, resaltó que el a quo no realizó una interpretación cualitativa del
derecho al mínimo vital y, por esto, concluyó erróneamente que no se configura
en su caso un perjuicio irremediable, toda vez que se omitió evaluar sus
condiciones personales y familiares, así como el impacto del embargo decretado
pues sus ingresos económicos no son suficientes para cubrir sus necesidades y
las de su familia.
1.8. Manifestación de impedimento
Mediante escrito de 17 de marzo de 2025, el doctor Luis Alberto Álvarez Parra
puso en conocimiento del magistrado ponente su impedimento para conocer de la
acción de tutela de la referencia, por estar incurso en la causal prevista en el
numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso
por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
Lo anterior, con respaldo en que su cónyuge es la directora de Vigilancia Judicial
de la Contraloría General de la República, entidad demandada en el proceso
dentro del cual se profirieron las decisiones a las que el señor Correa Quiceno le
atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados.
Por medio de providencia de 20 de marzo del año en curso, se aceptó el
impedimento del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y, en consecuencia, se
apartó del conocimiento del presente asunto dado el interés que le asiste a su
cónyuge en la controversia ventilada, con ocasión a que dentro de las funciones
que desempeña como directora de Vigilancia Judicial de la Contraloría General de
la República se encuentra la de representar judicialmente a dicha entidad, así
como «atender y vigilar las tutelas» en las que sea parte.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, el 7 de febrero de 2025, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
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2.2. Cuestión previa
Cabe aclarar que, si bien el actor también le atribuye la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el estudio del
presente caso se abordará a partir de los argumentos contenidos en el auto
emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera, por ser la última decisión que
se profirió en torno a la controversia expuesta en la acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior,
deberá verificar si el Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos
fundamentales invocados por el señor Correa Quiceno, al presuntamente incurrir
en los defectos planteados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
8
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
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se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que nos ocupa, el actor controvierte el auto de 10 de octubre de 2024
proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, debido a que se confirmó la
decisión de negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos mediante los cuales la Contraloría General de la República lo
declaró responsable fiscalmente y que sirvieron de sustento para decretar el
embargo de una parte de su salario.
En sentir del señor Correa Quiceno, la providencia en cuestión adolece de i)
defecto procedimental, al no tener en cuenta que la finalidad de las medidas
cautelares es prevenir la materialización de perjuicios irreparables, así como
garantizar la efectividad de la sentencia y ii) un yerro fáctico por la indebida
valoración de los comprobantes de nómina, el auto de embargo y el impacto
económico que tal disposición le ocasionó a sus ingresos.
En concordancia con lo anterior, el accionante invocó la violación directa de la
Constitución, toda vez que la decisión de no conceder su solicitud de suspensión
provisional de los actos enjuiciados transgredió sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la estabilidad familiar.
En criterio de la Sala, el actor no cumplió con la carga ius fundamental requerida
para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están dirigidos a
que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras no estar de
acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que justifique
razonablemente una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales
invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo núcleo esencial se definió
como el de:
(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la
defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho. Sin
embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”.9
De entrada, esta Sección evidencia que lo pretendido por el señor Correa Quiceno
al invocar la posible configuración del defecto procedimental es convertir este
mecanismo en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho para reabrir el debate abordado por el juez natural, el cual versa sobre
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala.
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una cuestión de interpretación meramente legal, pues gira en torno al alcance que
debía darse a los artículos 229 y 231 del CPACA para efectos de establecer si era
viable acceder a la medida cautelar solicitada.
Nótese que el Consejo de Estado, Sección Primera estudió si se cumplían los
requisitos establecidos en el artículo 231 ibidem y explicó que para efectos de
decretar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados era
necesario verificar «los criterios de: (i) fumus boni iuris10 y (ii) periculum in mora11,
[los cuales] se entienden acreditados en el evento en que el demandante
demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas».12
Situación distinta es que dicha autoridad judicial arribara a una conclusión
desfavorable a los intereses del actor, al advertir que no se identificaron las
normas superiores que se consideraban infringidas en relación con el origen de los
hallazgos fiscales que dieron lugar a los actos administrativos demandados.
Aunado a que para poder determinarse si tenía vocación de prosperidad el cargo13
tendiente a demostrar irregularidades en la valoración de las pruebas allegadas en
sede administrativa, era obligatorio que transcurriera el proceso para analizar en
conjunto los antecedentes de los actos administrativos acusados, los medios de
convicción y las alegaciones de las partes.
En lo concerniente al defecto fáctico al que se hizo alusión en el escrito de la
tutela, se advierte que no se cumplió con la carga argumentativa exigida para
abordar de fondo el presente asunto, toda vez que el accionante tan solo
referenció las pruebas que consideró no fueron valoradas en debida forma, sin
precisar cuál era la incidencia que podían tener en la decisión en cuestión, dado
que desvirtuaban las consideraciones expuestas para resolver su solicitud de
medida cautelar.
Además, los argumentos expuestos para respaldar la presunta configuración del
yerro fáctico coinciden con aquellos que sustentaron el recurso de apelación
interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, consistentes en que se demostró
la existencia del perjuicio económico derivado del embargo de una parte de su
salario, respecto de los cuales ya existe un pronunciamiento, aunque no fuera en
el sentido que esperaba el señor Correa Quiceno.
Esto es así, por cuanto el actor señaló dentro del proceso controvertido que tal
medida cautelar fue comunicada a su empleador y se encuentra materializada, por
lo que se disminuyeron sus ingresos de manera significativa, lo que atenta contra
su estabilidad económica, familiar y emocional. Sin embargo, el Consejo de
10
«Apariencia de buen derecho».
11
«Perjuicio de la mora».
12
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de
junio de 2020. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez».
13
Consistente en que «los actos acusados infringieron el principio de legalidad por cuanto (i) el
daño consistente en la presunta entrega material de activos fijos no se sustentó en ninguno de los
hallazgos formulados en el informe de auditoría en vigencia 2015; y (ii) se incurrió en una indebida
valoración probatoria en el auto núm. 1315 del 20 de agosto de 2021, por medio del cual la entidad
demandada profirió el auto de imputación por el presunto daño fiscal de la entrega de activos
fijos».
10
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Demandante: Javier Andrés Correa Quiceno
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06975-01
Estado, Sección Primera consideró que tal discusión no estaba relacionada con el
objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tras señalar:
49. Por último, respecto del perjuicio invocado por el actor, relacionado con el
embargo de su salario, se tiene que esta Sala ha señalado que cuando se trata de
argumentos, como el indicado, que tienen como finalidad “[…] controvertir el
proceso administrativo de cobro coactivo en su contra, como consecuencia de que
los actos administrativos aquí demandados fungen como título ejecutivo del mismo,
situación que escapa del objeto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho pues su finalidad gira, únicamente, en torno a la
legalidad de los actos administrativos demandados […]”14. (Negrilla y subrayado
fuera del texto).
50. Además, el artículo 88 de la Ley 1437 prevé que los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Esto quiere decir que el debate propuesto por el actor no podía centrarse en
reiterar los planteamientos que propuso justamente en el proceso, sino que era
necesario que expusiera argumentos que denotaran la existencia de una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación
arbitraria de la subsección accionada, máxime si se tiene en cuenta que este
mecanismo constitucional no puede ser considerado como una instancia adicional
al medio de control que promovió.
Ahora, si bien el señor Correa Quiceno invocó la violación directa de la
Constitución, lo cierto es que la acción de tutela también se torna improcedente en
lo referente a este cargo por carecer de relevancia constitucional, pues el actor no
presentó argumentos que permitan considerar, a primera vista, que se desconoció
alguna disposición iusfundamental aplicable a su caso particular, sino el
desacuerdo que tiene respecto al estudio con base en la cual se infirió que no
procedía la medida cautelar solicitada.
Contrario a lo señalado por el a quo15, la Sala advierte que más allá de la presunta
transgresión de los derechos fundamentales invocados, lo pretendido por el
accionante es revivir una cuestión que fue abordada por la autoridad enjuiciada,
aun cuando expuso las razones del por qué no se podía acceder a su solicitud de
suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados y la eventual
configuración de un perjuicio irremediable originado por el embargo es un tema
que no está relacionado con el caso sometido a su consideración.
Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la
Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene
relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la
mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y
14
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 10
de noviembre de 2023. Radicación núm.: 23001-23-33-000-2021-00176-01. C.P. Margoth Peña
Garzón».
15
Respecto al cumplimiento del requisito de la relevancia se indicó que «[e]n el caso concreto, a
criterio de la Subsección se plantea una discusión sobre la vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad y el debido proceso del actor. El solicitante insiste que,
el embargo de su salario, en el monto decretado por la Contraloría General de la República tiene
un impacto significativo en sus ingresos familiares. Es decir, a criterio de esta Corporación se trata
de una discusión concreta y específica sobre el ejercicio de derechos fundamentales, por el
impacto de la determinación de embargo (...)».
11
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06975-01
que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En este orden de ideas, el tutelante no expuso planteamientos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional,
especialmente si se tiene en cuenta que el estudio del requisito de la relevancia
constitucional es más riguroso cuando se pretenden cuestionar decisiones
proferidas por una alta Corte.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la acción constitucional de la referencia, pero por los motivos
descritos líneas atrás.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 7 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Javier Andrés Correa
Quiceno, pero por los argumentos expuestos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
12
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