Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06980-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06980-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06980-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06980-00
Accionante: Bertha Patricia Moreno Ochoa
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial. Análisis de los defectos
sustantivo, violación directa a la Constitución Política y
desconocimiento del precedente.
Decisión: Se ampara el derecho fundamental al debido proceso porque la
autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió
en los defectos sustantivo y de violación directa de la
Constitución Política.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por la señora Bertha Patricia Moreno Ochoa, quién actúa en
nombre propio contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, igualdad, trabajo y seguridad social, ocurrida con
ocasión de la expedición de la providencia del 26 de junio de 2024 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-
018-2022-00127-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
La señora Bertha Patricia Moreno Ochoa, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó la Resolución n.° 36.49.0270 del
21 de febrero de 2022 proferida por la Secretaría de Educación del municipio de
Jamundí – Valle del Cauca por medio de la cual negó el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez.
El proceso por reparto correspondió al Juzgado Dieciocho del Circuito de Cali,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2022 accedió a
las súplicas de la demanda, al considerar que se acreditaron los requisitos de
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Acción de Tutela
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edad (55 años) y tiempo de servicios (20 años), de conformidad con lo
establecido en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta los factores salariales
establecidos en la Ley 62 de 1985.
En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio
de la sentencia del 26 de junio de 2024 revocó la decisión para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda porque no se acreditó el pago de los aportes a
seguridad social mientras estuvo vinculada como docente a través contratos de
prestación de servicios.
2.2. Fundamento jurídico
La parte actora sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por
indebida interpretación de lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, el Decreto 1848
de 1969 y el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, lo que vulnera los derechos
fundamentales invocados en protección.
Asimismo, alegó que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de un
desconocimiento de precedente proferido por la Corte Constitucional en las
sentencias C 555 de 1994 y SU 226 de 2019; así como también en las
providencias SU del 22 de enero de 2015 y SU del 25 de agosto de 2016 del
Consejo de Estado y de los fallos de tutela del 9 de diciembre de 2021 y 22 de
enero de 2022 expedidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
providencias relacionadas con el pago de los aportes al sistema general de
pensiones cuando se declara la relación laboral encubierta.
Ahora, es de advertir que, si bien la parte actora manifestó que la autoridad
judicial incurrió en el defecto de decisión sin motivación, lo cierto es que los
argumentos son los mismos que expone para el desconocimiento de precedente,
por lo que de conocer de fondo el presente asunto se pronunciará respecto de
este último.
Finalmente, alegó una violación a la Constitución, al considerar que la
providencia cuestionada transgrede los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y
primacía de la realidad sobre las formas en la medida que en los procesos donde
se reconoce la relación laboral subyacente es la entidad la que debe realizar los
aportes al sistema pensional, o, en su defecto se le debe imponer «la cuota parte
pensional».
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
PRIMERA: DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Valle - Sala de
Oralidad, al dictar la sentencia de junio 26 de 2024, Proceso 76001-33-
33-018-2022-00127-01 por la cual revoco el fallo de primer grado de
diciembre 4 de 2023 proferido por el Juzgado 18 Administrativo de Cali, y
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en consecuencia, al negar la pensión de jubilación que en derecho me
corresponde con el argumento que no haber demostrado cotizaciones por
el periodo laborado antes del 27 de junio de 2003 en las modalidades de
contratos y provisionalidad, ha violado directamente los derechos
fundamentales consagrados especialmente en los artículos 13, 25. 29, 53
y 48 de la Constitución Nacional, Nacional tales como a la igualdad frente
a la aplicación de ley la línea de Jurisprudencia, el trabajo en condiciones
digna y justas, el derecho al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia, los derechos adquiridos con Justo título, la
seguridad social integral en conexión con el régimen especial del
magisterio y demás derechos constitucionales que resulten del estudio y
análisis de los hechos que fundamentan la acción de tutela.
SEGUNDA. - En consecuencia, declarar que la sentencia de segundo
grado de junio 26 de 2024, Proceso 76001-33-33-018-2022-00127-01
proferido por el Tribunal accionado, mediante la cual revoco el fallo de
primer grado No. 095 de diciembre 4 de 2023 proferido por el Juzgado 18
Administrativo de Cali, carece de efectos legales.
TERCERA. - En su lugar. ORDENAR a la Corporación Judicial accionada
para que nuevamente realice los trámites procesales pertinentes
encaminados a dictar otra sentencia fundamentada en la normatividad,
valorando en plenitud las pruebas aportadas y en la línea jurisprudencial
vigente contenidas entre otras, en las sentencias C-555 de 1994, T- 502
de 2020 y T -182 de 2022 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo
unificado de agosto 25 de agosto de 2016 proferido por la Sección
Segunda.
CUARTA. – Las declaraciones y ordenes que la honorable Corporación
Constitucional considere convenientes para el restablecimiento de los
derechos afectados.»
2.4. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 14 de enero
de 2024, a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca como accionado y a la Nación, al Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Municipio de
Jamundí – Secretaría de Educación y al Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Cali como terceros interesados en el resultado del proceso.
2.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que la acción
de tutela no cumple con el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional
porque pretende con su interposición una instancia adicional.
Por otra parte, señaló que acogió la tesis de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo que permite desvirtuar que la decisión objeto de cuestionamiento
adolece de algún defecto.
2.4.2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se encuentra
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legitimado en la causa por pasiva. Asimismo, por inexistencia de vulneración de
los derechos fundamentales invocados en protección.
2.4.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
2.4.4. La Secretaría de Educación Municipal de Jamundí pidió ser
desvinculada del presente proceso por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
2.4.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia del 26 de junio de 2024, si se desconoció el derecho fundamental al
debido proceso por incurrir en un defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello, se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
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Acción de Tutela
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perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, tal como se desarrolla a continuación:
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos en los que se fundamentan
las pretensiones están debidamente enunciados, así como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de un defecto fáctico, desconocimiento de precedente y
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violación directa de la Constitución Política, y se argumentó de manera suficiente
cada una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia, para el
efecto, se analizará, en primer lugar el cargo de desconocimiento del precedente,
para posteriormente estudiar conjuntamente los cargos de defecto sustantivo y
de violación directa de la Constitución Política por estar estrechamente
relacionados.
3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.
En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición1, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical2, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
1 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
2 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior3.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso4. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación5.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
3 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
4 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
5 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente6.
En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.
3.4.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto
La parte accionante, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente proferido en la sentencia C 555 de 1994 y SU
226 de 2019 proferidas por la Corte Constitucional y los fallos de tutela del 9 de
diciembre de 2021 y 22 de enero de 2022 expedidas por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, relacionadas con el pago de los aportes al sistema general
de pensiones cuando se declara la relación laboral encubierta.
En cuanto al desconocimiento de los parámetros consignados en la sentencia C
555 del 1994 expedida por la Corte Constitucional relacionada con el principio de
primacía de la realidad, resulta pertinente señalar que en la providencia se
analizó la constitucionalidad de una disposición de la Ley 60 de 1993, relacionada
con la vinculación de docentes temporales, pero que no se pronunció respecto
de los aportes a pensión para efectos del cumplimiento de requisitos.
Por otra parte, es menester señalar que la sentencia SU 226 del 2019 proferida
por la Corte Constitucional, si bien constituye un precedente vinculante al tratarse
de una sentencia de unificación, lo cierto es que los supuestos fácticos en nada
se relacionan con el presente asunto, en la medida que, lo que allí se discutió fue
el reconocimiento de una pensión de invalidez, por ende, no se puede inferir que
la decisión objeto de cuestionamiento adolece de un desconocimiento de
precedente.
En relación el desconocimiento de lo preceptuado en las sentencias de tutela del
9 de diciembre de 2021 y 22 de enero de 2022 expedidas por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado es necesario advertir que no constituyen un precedente
vinculante porque no se trata de sentencias de unificación, y dado el carácter
inter partes de los mismos.
En relación con el desconocimiento de la sentencia de unificación del 22 de enero
de 2015, expedida dentro del expediente 0775-2014, es pertinente poner de
presente que la referida sentencia abordó un caso en el que solicitaba el
reconocimiento de una pensión gracia y no una pensión de jubilación a través de
6 En materia Contencioso Administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante de
estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la
jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
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una figura distinta a la que le concierne a la sala como lo es la de docente hora
cátedra, por lo que las consideraciones allí expuestas no se extienden al caso
objeto de estudio.
En la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 dentro del expediente
0088-2015 se unificaron las reglas relativas al ingreso base de liquidación cuando
existen relaciones laborales encubiertas y la prescripción de los derechos
reclamados. Dicha providencia no tenía por propósito fijar reglas para el caso en
el que se hubieran celebrado contratos de prestación de servicios pero sin
efectuar los respectivos aportes.
Por lo expuesto, para la Sala no es dable considerar que la decisión cuestionada
en esta sede adolece de un desconocimiento de precedente, y, por la misma
razón, se advierte que no sería procedente agotar el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, dado que los precedentes que se citan no guardan
identidad fáctica con el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»7.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
7Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»8.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
8 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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3.5.2. Violación directa de la Constitución
La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según
el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»9
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución10”11.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad12.
3.6. Análisis de las causales específicas de defecto sustantivo y de la
violación directa de la Constitución Política
Para resolver los cargos, es necesario remitirnos a las consideraciones
expuestas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la decisión del 26
de junio de 202413. Al respecto argumentó:
«(…)
3.4. Cómputo de tiempo de servicios prestados a través de órdenes de
prestación de servicios para efectos pensionales
En relación con la posibilidad de computar para efectos pensionales, el
tiempo laborado como docente a través de órdenes de prestación de servicios
y otro tipo de figuras similares, de manera reciente, la Sección Segunda del
Consejo de Estado14 ha señalado que, en estos casos, pese a no emitirse un
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una
relación laboral, debe entenderse que ejerció funciones propias de la
condición de docente estatal15.
9 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
10 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de
2010.
11 Sentencia T-369 de 2015.
12 Sentencia SU-198 de 2013.
13 Ver documento 002ED_Demanda.pdf
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022). Radicado: 15001-23-33-000-2019-00357-01 (4678-
2021), C.P. William Hernández Gómez.
15 Este presupuesto interpretativo halla respaldo en la sentencia de unificación «CESUJ2 No. 5 del 25 de
agosto de 2016» proferida por el Consejo de Estado, en la que señaló que: «la vinculación de docentes bajo
la modalidad de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor, ni mucho menos es
ajena al elemento de subordinación existente con el servicio público de educación».
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46. A partir de este razonamiento, se deduce que los vínculos contractuales
de los docentes, en esencia, consolidan una relación laboral, lo que implica
tener el período durante el cual subsistió la relación contractual, como tiempo
de servicio efectivamente laborado y acumulable para acceder al
reconocimiento de una pensión de jubilación, «sobre la cual efectivamente
debieron efectuarse las respectivas cotizaciones».
(….)
52. De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que la señora
Bertha Patricia Moreno Ochoa nació el 29 de mayo de 1966 y prestó sus
servicios en condición de docente de la siguiente manera:
(…)
53. A partir de lo expuesto, se observa que la señora Bertha Patricia Moreno
Ochoa se desempeñó como docente del municipio de Jamundí, desde el 6
de febrero de 1998 al 2 de junio de 2021, a través de contratos de prestación
de servicios, en provisionalidad y en propiedad, con el fin llevar a cabo sus
actividades propias de la docencia en las instituciones oficiales de aquel
territorio.
54. De este modo, al acumular aportes privados y públicos, junto con el
ejercicio de la docencia antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, se tiene
que, en principio, la demandante acreditó los requisitos para que le sea
reconocida una pensión de jubilación con base en los preceptos de la Ley 33
de 1985, la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994.
55. Sin embargo, en el presente asunto se verifica que la entidad demandada
negó el reconocimiento de la aludida prestación, mediante Resolución nro.
36-49-0270 del 21 de febrero de 2022, porque estimó que la actora se
encuentra vinculada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, después del
23 de junio de 2003, por lo que le es aplicable el régimen de prima con
prestación definida de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.
56. Esta fundamentación normativa errada obedece a que se concibió como
fecha de vinculación a la docencia de la actora el «11 de agosto de 2004»,
fecha equívoca, dado que el nombramiento legal y reglamentario de Bertha
Patricia Moreno Ochoa se inició el 19 de noviembre de 2002, así haya sido
en provisionalidad. Además, en todo caso, se debe tener en cuenta que el
ingreso al Magisterio se hizo desde la ejecución del primer contrato de
prestación de servicios docente (6 de febrero de 1998).
4.1.2. De los aportes efectuados por la demandante
57. Visto lo anterior, de acuerdo con el material probatorio aportado, la Sala
evidencia que la señora Bertha Patricia Moreno Ochoa, pese a que allegó
una certificación con los contratos suscritos con la entidad territorial, no
acreditó haber realizado aportes a seguridad social sobre estos. Además, la
demandante pidió en la demanda —de manera expresa— que se declare que
el tiempo servido bajo la modalidad contractual es apto para efectos
pensionales.
58. Entonces, de acuerdo con los criterios previamente establecidos, se
deben negar las pretensiones de la demanda, pues no acreditó el pago de
aportes a seguridad social mientras estuvo vinculada como docente mediante
contratos de prestación de servicios.
59. En ese contexto, se revocará la sentencia apelada, proferida por el
Juzgado 18 Administrativo de Cali, que accedió a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
A partir de las transcripciones realizadas previamente, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, concluyó que la señora Bertha
Patricia Moreno Ochoa acreditó los requisitos para que le fuera reconocida una
pensión de jubilación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, la
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Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 2709 de 1994, porque se vinculó
como docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pero a
pesar de ello, negó el derecho por no haber demostrado la realización de aportes
al sistema general de seguridad social en los lapsos en los que suscribió
contratos de prestación de servicios.
Lo anterior permite advertir que existió una interpretación caprichosa de la
normativa que establece los requisitos para acceder a la pensión de vejez por lo
que, en efecto, se debe concluir que se desconoció el derecho fundamental al
debido proceso, y adicionalmente, ello comporta la violación directa de la
Constitución Política, porque impone una barrera para el acceso a la seguridad
social, pues limita la posibilidad de cubrir la contingencia relativa a la vejez.
Sobre el particular, es menester señalar que la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha establecido que en los eventos en los que se demuestre la existencia
de contratos de prestación de servicios para ejercer la labor docente, estos deben
tenerse en cuenta para efectos del cómputo de los tiempos de servicios para
acceder a la pensión. En ese sentido, en la sentencia de 17 de junio de 2022,
esta Sección señaló:
«…se deduce preliminarmente que ante casos en los que se avizora el
desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos
contractuales con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener
por configurados los tres elementos constitutivos de una relación laboral, con
fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada por un
educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida
a reglamentaciones, instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento.
(…)
la Subsección encuentra ajustada a la realidad jurídica y jurisprudencial del
caso, el tener como demostrada a favor de la libelista la prestación de servicios
propios de una docente oficial por el tiempo que se ejecutaron los contratos
respectivos celebrados entre aquella y el municipio de Sogamoso. Ello en
atención a que los mentados vínculos contractuales, en esencia lo que
consolidaron fue una relación laboral subrepticia que implica tener en cuenta su
vigencia para efectos de acumular ese lapso al período de labores de la
demandante como educadora estatal y por ende que se deriven las
consecuencias, que en lo que respecta al marco normativo aplicable le
correspondían en virtud de dicha calidad, tal como fue deprecado en la
demanda.
No obstante, debe resaltarse que tanto las pretensiones formuladas, así como
el litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los impactos
que en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de una
relación laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o
derechos derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario que
detentan los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de discusión.
En suma, para el caso sub iudice, las referidas consideraciones únicamente
implican tener el período durante el cual subsistió la enervada relación
contractual, como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en
materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una
pensión de jubilación por parte de la señora Carvajal Meléndez, sobre el cual
efectivamente debieron efectuarse las respectivas cotizaciones»16.
16 Véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia 17 de junio de 2022. Expediente: 4678-2021, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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En ese orden de ideas, es preciso concluir que se pueden computar tiempos de
servicios prestados a través de órdenes de prestación de servicios para efectos
pensionales, para lo cual, en principio se deben acreditar las cotizaciones
realizadas al sistema en pensión durante los vínculos contractuales. Sin
embargo, en la eventualidad de que no se hubiese hecho o existiesen diferencias
en su contra, el beneficiario tendrá la carga de cancelar o completar, según el
caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Por tal razón se considera que la decisión se debió centrar en este aspecto, es
decir, si la señora cumplía tanto con la edad como con los tiempos de servicios,
y este criterio es extensible para los casos en los que se suscriben contratos de
prestación de servicios que no hayan sido desnaturalizados.
En efecto la Sección Segunda tiene el criterio de que se deben acreditar las
aportes al sistema. No obstante, ante la eventualidad de que no se demostrase
lo faculta para que cancele el porcentaje que le correspondía como trabajador.
Ahora bien, no se puede desconocer que a la entidad empleadora le corresponde
a su vez cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Sin embargo, se debe tener en cuenta la prescripción de la acción de cobro.
En ese orden de ideas, el análisis que corresponde hacer para efectos del
reconocimiento de la prestación social se debe limitar a verificar los requisitos de
edad y tiempos de servicios, sin perjuicio de adoptar otras decisiones con el fin
de que se garantice la sostenibilidad del sistema.
Lo anterior, le permite a la Sala concluir que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en efecto incurrió en las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial de violación directa de la Constitución
Política y de defecto sustantivo, al negar el reconocimiento de la pensión de
jubilación porque no se acreditó el pago de las cotizaciones realizadas al sistema
en pensión durante los vínculos contractuales aun cuando la señora Bertha
Patricia Moreno Ochoa acreditó los requisitos para acceder a este beneficio.
Es preciso insistir en que en el evento en el que se demuestre que no se acreditó
el pago de los aportes a la seguridad social en pensión durante los vínculos
contractuales, el trabajador se encuentra en la posibilidad de efectuar las
cotizaciones donde no se hubiesen hecho o de completar en el caso de que
existieran diferencias, es decir, que dicha circunstancia se puede sanear, por lo
tanto, no puede ser un motivo para negar el reconocimiento pensional.
Por tal razón, la Sala procederá a: (i) amparar el derecho fundamental al debido
proceso de la señora Bertha Patricia Moreno Ochoa, (ii) dejar sin efectos la
providencia de 26 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-33-33-018-2022-00127-01; (iii) ordenarle al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que en el término de 30 días posteriores a la
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notificación de la presente providencia proceda a proferir sentencia de reemplazo
en la que analice el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez de la señora
Bertha Patricia Moreno Ochoa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por la
señora Bertha Patricia Moreno Ochoa en la demanda de tutela, de conformidad
con los argumentos expuestos en la presente providencia, por la configuración
de las causales de defecto sustantivo y de violación directa de la Constitución
Política.
Segundo: Dejar sin efectos la providencia de 26 de junio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-018-2022-00127-01,
por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda relacionadas con el
reconocimiento de la pensión de jubilación.
Tercero: Ordenarle al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que en el
término de 30 días posteriores a la notificación de la presente providencia
proceda a proferir sentencia de reemplazo en la que analice el derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez de la señora Bertha Patricia Moreno
Ochoa, de acuerdo con las consideraciones de la presente providencia.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Quinto: De no ser impugnada esta providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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