Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06981-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06981-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06981-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de febrero de 2025
Radicado: 11001 03 15 000 2024 06981 00
Demandantes: Franklin Rivas Monroy
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06981 00
Demandantes: Franklin Rivas Monroy
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala la acción de tutela presentada por Franklin Rivas Monroy contra la
sentencia del 20 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. La providencia censurada mediante
esta acción constitucional revocó la decisión del 30 de junio de 2022 del Juzgado
Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
2. La parte actora, actuado a través de apoderada judicial, pretende la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, libre acceso a la administración de
justicia, a la defensa, a la igualdad, al reconocimiento y cumplimiento del precedente
jurisprudencia, a la reparación integral de las víctimas y el derecho «a no ser
revictimizado por la Rama Judicial».
1 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
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Demandantes: Franklin Rivas Monroy
2. Como consecuencia de lo anterior, pidió dejar sin efectos la sentencia del 20 de
junio de 2024 dictada dentro del proceso de reparación directa interpuesto por Liney
Emilia Monroy Barela (sic) y otros2 con radicación 11001 33 43 06 2019 00082 01, y
se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, a proferir sentencia de reemplazo, en la que se accedan a las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que aparece plenamente probado
que la muerte del señor Julián Oviedo Monroy (q.e.p.d.) fue una ejecución extrajudicial
o falso positivo. Así mismo, solicitó se le ordene a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional el pago de los perjuicios morales teniendo en cuenta la mayor
intensidad del daño moral por la grave violación de los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, en favor de cada uno de los
demandantes.
1.2. Los hechos
3. El señor Julián Oviedo Monroy se dedicaba al trabajo de la construcción y vivía junto
con su familia en la ciudad de Soacha (Cundinamarca). El 2 de marzo de 2008, siendo
las 7:00 de la noche salió a cumplir una cita de trabajo, y a partir de ese momento no
se volvió a tener noticias de su paradero, hasta el 6 de septiembre de 2008, cuando
se estableció que, del grupo de personas desaparecidas de dicha población habían
sido asesinados y enterrados en Ocaña (Norte de Santander), se encontraba el señor
Oviedo Monroy.
4. El 7 de septiembre de 2008, los progenitores se trasladaron al Instituto de
Medicina Legal de la ciudad de Bogotá, y a través de fotografías reconocieron a su
hijo. Conforme al certificado de defunción, se registró que la muerte ocurrió el 3 de
marzo de 2008, esto es, al día siguiente de la desaparición.
5. Refiere que el señor Oviedo Monroy «fue sacado de su casa con engaños, con el
único propósito de transportarlo hasta la ciudad de Villa Caro - Norte de Santander, y ser
entregado a los militares para que le dieran muerte y hacerlo pasar como muerto en combate».
2 Entre los cuales se incluye al actor de la presente acción de tutela
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6. El Batallón de Infantería No. 15 «Santander» de la ciudad de Ocaña (Norte de
Santander) reportó como dado de baja en combate al señor Julián Oviedo Monroy,
quien fue despojado de sus documentos por sus victimarios para imposibilitar su
identificación, y en las diligencias de levantamiento del cadáver y necropsia quedó
registrado como N.N.
7. El señor Jose Hidelbert Oviedo Hinestroza, en su condición de padre, el 5 de
marzo de 2008 formuló denuncia por desaparecimiento ante el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía de Soacha.
8. Con ocasión de lo anterior, el 29 de octubre de 2008, el gobierno Nacional
destituyó del cargo a 3 generales y 24 oficiales y suboficiales.
9. Por estos mismos hechos, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a
través de la providencia del 31 de enero de 2017, dentro del proceso iniciado por
Blanca Nubia Monroy Varela y otros3, condenó a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional a pagar a favor de los demandantes, los perjuicios morales y
materiales causados por la muerte de Julián Oviedo Monroy4.
10. Por otra parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca, mediante sentencias del 11 de septiembre de 2017 y 13 de febrero de
2018, condenó a Alexander Carretero Díaz y Pedro Antonio Gámez Díaz,
respectivamente, por los delitos de desaparición forzada en concurso con homicidio
agravado cometidos en la persona de Julián Oviedo Monroy y otros, en la cual se
establece que la muerte obedeció a una política sistemática del Estado y que
constituye un delito de lesa humanidad.
11. En este orden, otro grupo de familiares del señor Julián Oviedo Monroy (q.e.p.d.)
presentó demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, el 5 de diciembre de 2018, cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado 65 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5, que mediante sentencia
del 30 de junio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó a la entidad por encontrar probado la participación de los miembros activos
3 Radicación 2008 – 00374 - 00
4 Radicación 11001-33-43-061-2018-00264-00.
5 Radicación 11001334306520190008200
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del Ejército Nacional, Brigada Móvil No. 15 de una ejecución extrajudicial o falso
positivo del señor Oviedo Monroy.
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al
resolver el recurso de apelación interpuesto, a través de la sentencia del 20 de junio
de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control con fundamento en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, vigente al momento de proferirse la decisión.
1.3. Sustento de la vulneración
13. Se afirma que la sentencia de segunda instancia censurada incurrió en defecto
sustantivo, puesto que para el momento de la presentación de la demanda (2018) no
operaba la caducidad respecto de los delitos de lesa humanidad dentro de los cuales
se encuentran las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, por lo que se debió
aplicar la jurisprudencia vigente para ese momento, tratándose de un caso de grave
violación de los derechos humanos.
14. Los efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se deben aplicar
para los procesos que fueron radicados con posterioridad a dicha fecha, teniendo en
cuenta que no se le puede otorgar efectos retroactivos al no haber sido estableció de
esta forma.
15. El término de caducidad se cuenta a partir de las sentencias proferidas por el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, de fecha 11 de
septiembre de 2017 y 13 de febrero de 2018, que condenó a Alexander Carretero Díaz
y Pedro Antonio Gámez Díaz, respectivamente, teniendo en cuenta que es, a partir de
este momento, en que se establece en forma inequívoca que el señor Oviedo Monroy
no murió en combate como lo sostuvieron los militares procesados, proporcionando un
grado de certeza absoluta respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
fallecimiento.
16. Además, valoró erróneamente los testimonios de Rubiela Giraldo Valencia, Arnet
Cuadrado Mejía y Feder Alberto Santos, así como el interrogatorio de parte de Liney
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Emilia Monroy Barela, Idalies Monroy Varela, Fernely Arturo Martínez y Liliana Ferley
Martínez, al considerar que no fueron suficientes para acreditar una relación cercana
con el causante.
1.4. Trámite de la acción
17. La presente acción de tutela fue admitida por medio de auto del 16 de enero de
20256 a través del cual se ordenó su notificación a las autoridades judiciales
accionadas y a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a Liney Emilia
Monrroy Barela, Idalides Monroy Varela, María Edilma Monroy de Rivas, Arturo de
Jesús Monroy Varela, Fernely Arturo Martínez, Liliana Farley Martínez Monroy, Sheila
Rivas Monroy, Karen Lorena Rivas Monroy, como terceros con interés directo en las
resultas del proceso.
1.5. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones pertinentes, los convocados se abstuvieron de
realizar pronunciamiento alguno.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Franklin Rivas Monroy contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
6 Índice 5 de Samai.
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20. La Sala considera que el problema jurídico se centra en establecer si se cumplen
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales para efecto de estudiar los cuestionamientos que plantea el accionante
contra la sentencia del 20 de junio de 2024, que profirió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de
reparación directa con radicación 11001 33 43 065 2019 00082 01, a través de la cual
revocó la decisión de primera instancia del Juzgado 65 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, con fecha 30 de junio de 2022, y encontró probada la excepción
de caducidad del medio de control de reparación directa.
21. En caso afirmativo, se analizará si con la adopción de la referida providencia se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la defensa y a la igualdad, por no aplicar los precedentes
sobre caducidad vigentes al momento en que se presentó la demanda en los eventos
de lesa humanidad.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
22. La jurisprudencia constitucional7 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de
20058, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
23. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
7 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492
de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
8 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
24. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
25. El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 20129, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe realizar el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
2.3.1. Criterios para determinar la existencia del desconocimiento de precedente
jurisprudencial.
26. En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial -
horizontal o vertical-, se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente 10, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
27. Y con relación al precedente vertical, aplicable para este caso, está determinado
por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado por ser órganos de cierre
dentro de su respectiva jurisdicción11. Sin embargo, cuando el contenido de las
decisiones es de naturaleza unificadora, los jueces resultan obligados por estas o por
sus propias sentencias y los jueces están forzados a aplicarlas, en aquellos eventos
en donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una excepción,
en cuanto no es obligatorio aplicar el precedente cuando se presentan situaciones no
analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
28. Conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el desconocimiento del
precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su
respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud del respeto a
los principios al debido proceso, igualdad y buena fe12.
2.3.2. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
29. La Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia del 29 de enero de
202013 unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado. De la misma forma, procedió a determinar si la
imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra daba lugar a interferir en el cómputo del término de caducidad para
demandar en reparación directa frente a tales conductas.
10 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T- 087 de
2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
11 Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
12 Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C- 634 de
2011, entre otras.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera ponente Martha
Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
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30. Luego de referirse a la normatividad y la jurisprudencia relativa al tema, advirtió
que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se
mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y en materia de
reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente con
elementos que permitan establecer la participación del Estado en los hechos y se
advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Así las cosas, las
situaciones que se pretendan salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal
en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en
materia de lo contencioso administrativo supeditadas al conocimiento del hecho
dañoso, y el cómputo de la caducidad debe exigirse a partir de que se observe que el
interesado conocía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna
injerencia en la controversia, siempre que fuera susceptible de ser demandado
conforme al artículo 90 de la Constitución Política.
31. Por lo anterior, esta Corporación concluyó que: i) en lo referente a los delitos de
lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado resulta aplicable el
término establecido por el legislador para demandar; ii) el plazo, con excepción a los
casos de desaparición forzada que tiene regulación expresa14, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y, iii) el término no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superado,
empezará a correr el plazo establecido en la ley.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto.
32. Sea lo primero advertir, que los requisitos generales de procedencia están
cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto:
14 Para la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, el término de caducidad se
cuenta «a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en
el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.» (literal i del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011).
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i) Goza de relevancia constitucional, en tanto el debate planteado gira en torno a
la presunta vulneración los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la defensa, a la igualdad, al cumplimiento del precedente
jurisprudencial y a la indemnización de víctimas de violaciones graves de derechos
humanos.
ii) Cumple con el requisito de subsidiariedad porque se censura la providencia que
revoca la decisión de primera instancia, y en su lugar, declara probada la excepción
de caducidad del medio de control de reparación directa con radicación 11001 33 43
065 2019 00082 01, por lo que el demandante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial ordinario o extraordinario.
iii) La solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos
como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional, ya que
la decisión objeto de reproche constitucional data del 20 de junio de 2024 y la presente
acción de tutela se radicó en la secretaría general el 18 de diciembre de 2024, por lo
que se cumple el requisito de inmediatez.
iv) Los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara.
v) La acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
33. Definido lo anterior, el accionante considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial al no aplicar el
precedente vigente al momento de la presentación de la demanda relacionado con la
imprescriptibilidad de los delitos y las acciones administrativas derivadas de los delitos
de lesa humanidad que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, utilizó como argumento en la expedición de la sentencia del 20 de junio
de 2024, a través de la cual declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa incoado, con ocasión de la muerte del señor Julián Oviedo Monroy.
34. Alega el accionante que, no debía contabilizarse la caducidad conforme a los
lineamientos establecidos en la sentencia de unificación del 29 de enero de 202015
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que los cambios
jurisprudenciales no tienen aplicación retroactiva cuando atenta contra garantías
procesales.
15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación dentro del expediente con radicación:
8500133300220140014401 (61.033)
10
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35. Se advierte en la providencia objeto de censura, que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al desatar el recurso de apelación revocó la decisión que accedió a las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control, con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020, toda vez que el hecho atribuible a la muerte del señor Oviedo Monroy como
«falso positivo» fue conocido por los demandantes desde septiembre de 2008, cuando
la progenitora identificó el cuerpo de la víctima y tuvo conocimiento que había sido
reportado como «baja en combate» por el Ejército Nacional. Refirió que otros parientes
de la víctima, ejercieron el derecho de acción dentro de los 2 años siguientes al hecho.
36. Así mismo, consideró que la imprescriptibilidad de la acción penal por delitos de
lesa humanidad como lo es la ejecución extrajudicial no justifica la inaplicación del
término establecido en el artículo 164 del CPACA., en cuanto la acción indemnizatoria
difiere de la acción penal. Y no hay lugar a aplicar el fenómeno procesal de la
caducidad desde la ejecutoria de la sentencia del 12 de septiembre de 2017, que
declaró la responsabilidad penal por el homicidio del señor Oviedo Monroy, en el
entendido que se computa es desde el momento en que los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial.
37. Ante la disparidad de criterios sobre la aplicación de la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se solicite la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sección Tercera del Consejo
de Estado a través de la sentencia de unificación del 29 de enero de 202016, estableció
que el cómputo del término se exige, en el campo de la reparación directa, a partir de
que se observe que el interesado conocía o tenía la posibilidad de advertir que el
Estado tuvo injerencia en el hecho antijurídico y se advierta la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial. Y excepcionalmente aclaró, que la norma de caducidad
puede ser inaplicada en eventos en los que se advierta que los afectados no estaban
en la posibilidad material de ejercer el derecho de acción.
16 Ibidem
11
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37. Se debe precisar que, en anteriores oportunidades según la posición mayoritaria
de la Subsección se debía tener en cuenta la fecha de presentación de la demanda
para examinar la aplicabilidad del precedente judicial fijado en la sentencia del 29 de
enero de 202017. Sin embargo, a partir del fallo del 23 de mayo de 2024, dictado dentro
del expediente de tutela 11001 03 15 000 2023 07406 01, se rectificó esa postura, y
se estableció que, la regla general es que se deben usar de forma inmediata y
retrospectiva, salvo que se establezca expresamente un efecto distinto, bien sea
prospectivo o retroactivo, lo cual debe advertirse en el texto de la providencia; por
consiguiente, resulta dable la aplicación de forma inmediata del criterio que se fija en
el fallo unificado, por tratarse de una situación jurídica no consolidada.
38. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que para la fecha en que se emitió la
providencia del 20 de junio de 2024, objeto de reproche dentro del presente
mecanismo, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de control
de reparación directa, con relación a los casos en los que se alegaron delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se solicite la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que es dable concluir que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A debía
resolver el asunto con fundamento en el criterio jurisprudencial unificado del 29 de
enero de 2020, dado el carácter de vinculante, y en aplicación a las disposiciones del
artículo 270 del CPACA, lo que descarta el defecto alegado por violación directa de la
Constitución Política.
39. Ahora bien, atendiendo las pretensiones de la demanda del medio de control,
estas se encuentran direccionadas a la reparación de los perjuicios pretendidos por el
señor Franklin Rivas Monroy, en su condición de primo de Julián Oviedo Monroy
(q.e.p.d.), asesinado el 3 de marzo de 200818, por la ejecución extrajudicial (falso
positivo) perpetrada por miembros activos del Ejército Nacional, quien fue extraído
engañosamente de su entorno familiar en Soacha (Cundinamarca) y posteriormente
asesinado en la vereda Agua Blanca del municipio de Villa Caro (Norte de Santander).
17 Ibidem
18
Conforme al certificado de defunción
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06981 00
Demandantes: Franklin Rivas Monroy
50. Del escrito de tutela se advierte que, el 7 de septiembre de 2008, los progenitores
del señor Oviedo Monroy se trasladaron al Instituto de Medicina Legal de la ciudad de
Bogotá, para realizar el reconocimiento de su hijo a través de fotografías. Con
fundamento en lo anterior, los progenitores y parientes cercanos presentaron demanda
de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
el 10 de noviembre de 200819 para que se declare administrativamente responsable
de todos los daños causados por la muerte del señor Oviedo Monroy y se les
indemnice. A través de la sentencia de segunda instancia del 16 de febrero de 2017,
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, declaró la responsabilidad del
Ejército Nacional en la ejecución extrajudicial (falso positivo) y lo condenó al pago de
una indemnización por los perjuicios ocasionados a los familiares de la víctima,
teniendo en cuenta que el medio de control fue ejercido en tiempo por los familiares
más cercanos.
51. De la anterior descripción, es factible afirmar que es a partir del mes de septiembre
de 2008 cuando se tiene noticia de la muerte de Julián Oviedo Monroy, momento en
el cual sus familiares acuden al Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Bogotá
para su reconocimiento a través de fotografías, y en esa misma fecha advierten la
posible responsabilidad que se le endilga al Ejército Nacional por ese hecho. En este
contexto, para la Sala, el conocimiento del daño antijurídico que se pretende sea
resarcido, se toma a partir de este momento, y se extiende a la totalidad del grupo
familiar dada la relación de cercanía que se afirma con la víctima, por lo que, si se
pretendía a través del medio de control de reparación directa lograr la indemnización
de los perjuicios irrogados con el hecho, los interesados contaban con dos (2) años a
partir de la ocurrencia del daño para acudir a la jurisdicción, conforme a las
disposiciones contenidas en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
52. La Sala advierte, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la
providencia objeto de censura, dio cumplimiento a la sentencia de unificación proferida
por esta Corporación, al observar que el actor, en su condición de familiar de la víctima,
conoció de la presunta responsabilidad estatal y contaban con elementos para
19
Asignado por reparto al Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta, conforme al índice 2
registrado en la plataforma de Samai dentro del expediente 54001 33 31 003 2008 00374
00
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Demandantes: Franklin Rivas Monroy
imputarle la responsabilidad a partir de septiembre de 2008 en la muerte del señor
Julián Oviedo Monroy. Así las cosas, el análisis realizado se ajusta a los lineamientos
jurisprudenciales conforme a la interpretación realizada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
53. Sin perjuicio de lo anterior, la sentencia de unificación de la Sección Tercera de
esta Corporación aclaró que el conocimiento de los hechos, «no implica la
individualización o sanción penal del agente que ocasionó el daño, sino el conocimiento de la
intervención de una autoridad, porque ello restringiría el derecho de acceso a la administración
de justicia, en cuanto condicionaría la declaratoria de responsabilidad estatal a un requisito de
procedibilidad que la ley no contempla, como es la identificación del autor o partícipe.»20 Así
las cosas, los demandantes del medio de control no debieron esperar a que se
adelantara la causa penal para formular sus pretensiones de reparación directa, como
erróneamente se afirma en el escrito de tutela, por lo que la demanda de reparación
directa presentada el 3 de abril de 2019, se entiende realizada en forma extemporánea.
54. Además, el accionante no manifestó una situación que le hubiera impedido acudir
al medio de control con antelación o que justificara la inactividad
2.5. Conclusión
55. Con los anteriores argumentos, la Sala considera que, no están llamadas a
prosperar las causales de procedibilidad de defecto fáctico y desconocimiento del
precedente alegadas, en cuanto el asunto se resolvió con fundamento en la
normatividad relacionada con el fenómeno jurídico de la caducidad, y en ejercicio de
las facultades de autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez
de la causa, por lo que se negará las pretensiones de la acción de tutela, en razón a
que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales alegados con la
expedición dela decisión del 20 de junio de 2024 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró probada la excepción del medio de control.
20Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020. Radicación:
8500133300220140014401
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Demandantes: Franklin Rivas Monroy
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DENEGAR el amparo solicitado por el señor Franklin Rivas Monroy en
contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
JC
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