Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06982-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06982-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06982-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406982-00
Actor: Audomelio Fragozo Epiayu Autoridad Tradicional Comunidad Indígena
Wayuu del Espinal Municipio1
Demandados: Presidencia de la República y otros2
Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) igualdad
y iv) autonomía de los pueblos indígenas
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Presidente de la
República de Colombia y la Agencia Nacional de Tierras.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202406982-00
Actor: Audomelio Fragozo Epiayu Autoridad Tradicional Comunidad Indígena
Wayuu del Espinal Municipio
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado3, presentó acción de tutela contra el
Presidente de la República y la Agencia Nacional de Tierras, porque, a su juicio, al
no dar respuesta a la petición de 11 de julio de 2024, mediante la cual presentó
varias solicitudes relacionadas con “[…] las 69 hectáreas de tierras donde está
asentada la comunidad indígena wayuu el espinal […]”, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] La Comunidad indígena wayuu el espinal, está ubicada
desde épocas ancestrales en zona rural del Municipio de Hatonuevo La Guajira,
cuenta con una población de más de 80 familias actualmente, conformados por los
Clanes Epiayu, Gouriyu, Ipuana y el Clan Pushaina, como lo establece la sentencia
T-528 de fecha 18 del mes de septiembre del año 1992 de la Corte constitucional.
[…]”.4
4. Manifestó que, “[…] La Unidad de restitución de tierras notifico al señor
AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU, en su calidad de autoridad tradicional de la
Comunidad indígena wayuu El espinal, que los días 9 y 10 de junio del año 2022,
se llevara a cabo en el territorio donde está asentada la comunidad étnica, la primera
etapa de recolección de información en cumplimiento del decreto 4633 del año 201,
la cual se realizó esa visita de verificación durante dos días, en el territorio colectivo
que está asentada la comunidad indígena wayuu el espinal, ese día se recolectaron
evidencias, pruebas documentales y testimoniales. […]”.5
3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 1 del documento denominado “3ED_2tutelapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
4 Transcripción literal del texto.
5 Idem pie de página núm. 4 supra.
3
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Wayuu del Espinal Municipio
5. Indicó que, “[…] El día 18 de noviembre del año 2022, la dirección de consulta
previa del Ministerio del interior realizo (sic) diligencia de verificación en el territorio
donde habita o está asentada desde épocas ancestral la comunidad del espinal
Municipio de Hatonuevo La Guajira. […]”.
6. Sostuvo que, “[…] El día 11 del mes de julio de 2024, la comunidad indigena
wayuu el espinal presento derecho de petición contra el Presidente de la república
de Colombia y ante la Agencia nacional de Tierras, solicitando lo siguiente Primero;
que ordenara a la agencia nacional de tierras informar cómo va el trámite
administrativo de la acción de revocatoria directa que presento la agencia nacional
de tierras contra la resolución No. 63567 de fecha 18 de julio de 1994 expedida por
INCOORA, por medio de la cual adjudico las 69 hectáreas de tierras al causante
NERON EPIAYU del predio Las Delicias ubicado en zona rural del municipio de
Hatonuevo La Guajira, donde en esas tierras están asentadas desde épocas
ancestral la comunidad indígena wayuu el espinal, […] Segundo; que de acuerdo a
la ley 160 del año 1994 y al precedente constitucional, esas 69 hectáreas de tierras
se han adjudicadas colectivamente de manera preferentes a la comunidad indigena
wayuu el espinal por tener posesión ancestral desde hacen más de 90 años, Tercero
oficiar o comunicar al Juzgado Primero Civil del Circuito de San juan del Cesar La
Guajira, suspender el proceso de restitución del predio Las Delicias hasta tanto no
se pronuncie la Agencia nacional de Tierras sobre la decisión de la acción de
revocatoria directa y Cuarto realizar inspección judicial al predio donde está
asentada la comunidad indígena wayuu el espinal y poder determinar que si existe
la comunidad el espinal y habita en esas tierras desde épocas ancestrales, […]”.6
7. Adujo que, “[…] hasta la fecha ningunas (sic) de las 4 peticiones han sido
contestadas por el presidente de la república de Colombia […]”.
6 Idem pie de página núm. 4 supra.
4
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La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela7:
“[…] 1-Tutelar los Derechos Fundamentales al Derecho de petición, Debido proceso,
Igualdad, Derecho colectivo, Autonomía y Autoreconocimiento de La Comunidad étnica
indígena wayuu el espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira, vulnerados por el
Presidente de la república de Colombia y la Agencia nacional de Tierras ocasionándole
perjuicios irremediables a la Comunidad indígena wayuu el espinal del Municipio de
Hatonuevo La Guajira.
2-Ordenar al Presidente de la Republica de Colombia y a la Agencia Nacional de Tierras
tramitar la adjudicación de las 69 hectáreas de tierras a favor de la comunidad indígena
wayuu el espinal y realizar inspección judicial al territorio como se está solicitando en la
petición de fecha 11 de julio de 2024. […]”.
8.1. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que8:
“[…] hasta la fecha ningunas de las 4 peticiones han sido contestadas […]”.
[…]
“[…] COMUNIDADES ETNICAS Y CULTURALMENTE DIVERSAS CUENTAN CON
AUTONOMIA PARA FIJAR CRITERIOS DE PERTENENCIA A LAS MISMAS
EXIGENCIA DE CERTIFICACION OFICIAL ES CONTRARIA A LA CONSTITUCION:
Ninguna autoridad pública, ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto
hace parte o no de una minoria étnica, pues son estas comunidades las únicas que
pueden fijar tales criterios de pertenencia, en ejercicio de su autonomia. Sentencia T-
576 del año 2014, Sentencia SU-123 del año 2018 y la Sentencia SU-121 del año
2022 de la Corte constitucional.
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION, AUTONOMIAS Y
AUTORRECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ETNICAS:
En cuanto al derecho a la autodeterminación, se indicó que el mismo comprende tres
aspectos: Primero. La Participación en asuntos que los afecten como comunidad, ya
sea en el estándar general de participación, de consulta previa o de consentimiento
previo libre e informad; Segundo. El derecho a participar en la toma de decisiones
políticas, a través de instituciones de elección popular; Tercero. El Derecho al
Autogobierno. Es por esto que la jurisprudencia ha reconocido que ni la
administración, ni los jueces, son los llamados a determinar si se trata de una
Comunidad o no, o de un miembro de una comunidad indígena o no. Sentencias SU-
092 del año 2021, T-445 del año 2022 y C-189 del año 2022 de La Corte
constitucional.
7 Idem pie de página núm. 2 supra.
8 Idem pie de página núm. 2 supra.
5
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Wayuu del Espinal Municipio
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION:
Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva.
Sentencia T-154 del año 2021 de la Corte constitucional.
ACCION DE TUTELA PERJUICIO IRREMEDIABLE COMUNIDAD ETNICAS
PROTECCION:
Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, precisamente como consecuencia
de un Perjuicio Irremediable Inferido a un Derecho Fundamental, se ponen en Peligro
otros Derechos Fundamentales y pueden derivarse Perjuicios Previsibles e
Irremediables que bien podrían evitarse mediante la Acción de Tutela. La Ampliación
del Concepto de Perjuicio Irremediable hasta cubrir otros aspectos no circunscritos
al daño especifico, tales como el mantenimiento de la Integridad Comunitaria, las
Condiciones económicas y la existencia misma de la Comunidad, están justificadas
por la importancia y especial Protección que la Constitución contempla para los
Indígenas y además por la flexibilidad y la Primacía de lo Sustancial en el
Procedimiento Constitucional. Sentencia T-428 del 24 de Junio de 1992. Corte
Constitucional […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente de la República y al Director de
la Agencia Nacional de Tierras; concediéndoles el término de tres (3) días para rendir
informe.
Intervención de la demandada
10. La Presidencia de la República solicitó: i) negar las pretensiones de la acción
de tutela, y ii) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, por las siguientes razones:
“[…] 1. Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de la
presidencia de la República
En este punto se advierte, que, si bien el accionante ejerce las pretensiones en contra
del presidente de la República, lo cierto es que, la tutela se fundamenta en un derecho
de petición que se radico (sic) ante Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República. Al respecto se considera que no hay una omisión de la parte accionada
en otorgar una respuesta oportuna y de fondo.
El artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 dispone que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, la protección de sus derechos constitucionales
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fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o particular.
En este sentido, resulta adecuado informar al despacho judicial que el accionante
presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República el 12 de julio de 2024, documento que fue radicado con
el consecutivo EXT24-00110254.
La anterior solicitud fue oportunamente respondida por la oficina de relacionamiento
con el ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
a través del oficio OFI24-00242960 (sic) del 19 de julio de 2024, dirigido al accionante
y en el que se le contestó lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] De igual manera, en la misma fecha y como se le indicó al peticionario, se dio
traslado de su solicitud al Secretaria General de la Agencia Nacional de Tierras - ANT,
a través del documento OFI24-00143708.
Por consiguiente, se encuentra acreditada la respuesta de fondo y oportuna al
accionante de del (sic) derecho de petición. Por Ende, esta defensa solicita al señor
Juez desestimar las pretensiones de la demanda respecto de la Presidencia de la
República por cuanto no se probó por el accionante la vulneración por mi
representada de su derecho fundamental de petición.
Ahora bien, teniendo en cuenta la situación fáctica, la Presidencia de la República
desea manifestar que encuentra su capacidad limitada a lo dispuesto por la
Constitución y la Ley, en ese sentido, y por tratarse de una solicitud dirigida a exigir
determinadas acciones a entidades autónomas e independientes, mi representada
está imposibilitada a tomar cualquier tipo de acción o pronunciamiento diferente al ya
indicado en párrafos anteriores […]”.
[…]
“[…] como resulta apenas obvio- cuando no exista actuación u omisiones del agente
accionado al que se pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de derechos
fundamentales, las pretensiones deben ser negadas respecto a dicha entidad.
Por tanto, la inexistencia de una omisión o una acción en cabeza de mi representada
de acuerdo a lo reclamado por la accionante, evidencia que no hay nada que pudiese
implicar la vulneración de alguno de su derecho fundamental, lo que obliga a afirmar
que falta un requisito esencial para que se pueda hablar de una posible vulneración
a los derechos invocados.
Con fundamento en lo anterior, esta evidenciado que la acción de tutela debe ser
negada, conforme a los anteriores consideraciones una de las pretensiones […]”.
11. La Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras solicitó: i) negar la
acción de tutela; y ii) su desvinculación, por las siguientes razones:
“[…] II. DEL CASO CONCRETO
Sobre los hechos y pretensiones, se sostendrá que la presente acción de tutela es
improcedente por configurarse la excepción denominada carencia actual del objeto
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por hecho superado, puesto que, la petición objeto de la tutela fue contestada por la
Subdirección de Acceso a Tierra por Demanda y Descongestión de la ANT, de
acuerdo a sus funciones y competencias según lo dispuesto en el Decreto 2363 de
2015, encargada de atender el derecho de petición de forma clara mediante el oficio
de salida No. 202442010799651 del 12 de diciembre de 2024 y notificado a la
dirección electrónica [...]@gmail.com.
El hoy apoderado judicial, asegura no recibir respuesta alguna, desde esta oficina se
procedió a realizar consulta en la base de datos de la entidad e identificó que la
solicitud objeto de tutela efectivamente se encuentra radicada con número de
radicado 202462005311222 del 23 de julio de 2024 y que como en líneas anteriores
se describió la misional brindó respuesta, informando lo siguiente. […]”.
[…]
“[…] Al respecto y como se ha puesto en conocimiento la Subdirección de Acceso a
Tierra por Demanda y Descongestión de la ANT, emitió el correspondiente oficio con
radicado No. 202442010799651 del 12 de diciembre de 2024, donde se le informa al
hoy accionante que el poder conferido al señor Pablo Segundo Ojeda Gutierrez (sic),
no cumple con los requisitos de ley, por lo que una vez se cumpla las formalidades
de ley para conferir poder se reconocerá personería juridica (sic) para actuar en el
proceso de revocatoria.
Ahora bien, esta oficina evidencia que la remisión de dicha respuesta fue direccionada
a otro correo electrónico diferente al que dispone el apoderado y que por ende el hoy
accionante no tenía conocimiento alguno de una respuesta emitida por esta entidad,
en ese sentido se notificará el mismo oficio, pero a la dirección electrónica
[...]@gmail.com. En ese orden de ideas, cesó todo riesgo o peligro para el derecho
fundamental que alegaba amenazado, configurándose de esa forma el fenómeno
jurídico denominado carencia actual del objeto por hecho superado, en el entendido
que se ha dado una respuesta puntual y clara a la solicitud de la parte actora. […]”.
[…]
“[…] La Agencia Nacional de Tierras, respetuosamente se propone la excepción
denominada carencia actual del objeto por hecho superado, debido que la Entidad a
través de la Subdirección de Acceso a Tierra por Demanda y Descongestión de la
ANT, respondió el derecho de petición, incoado por la parte actora, objeto de la
presente acción, de una manera clara, acreditando el envío del oficio de contestación
en los términos del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y los requisitos establecidos
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-044 de 06 de febrero de 2019 […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8
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Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202110 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201911, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200612, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[13].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
17. La Sala advierte que la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de
Tierras solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación
en la causa por pasiva.
12 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
13 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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18. Al respecto, es preciso indicar que la Presidencia de la República y la Agencia
Nacional de Tierras fueron notificados del proceso de tutela en calidad de
accionadas, en la medida en que, el actor señaló que no han dado respuesta a la
petición de 11 de julio de 2024; es decir, que les asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.
19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Presidencia de la
República y la Agencia Nacional de Tierras les asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera.
20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Presidencia de la
República y la Agencia Nacional de Tierras.
Problema jurídico
21. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la
respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde determinar si se deben
proteger los derechos fundamentales invocado por el actor, los cuales considera
vulnerados porque, a su juicio, no se dio respuesta a la petición que presentó el 11
de julio de 2024.
22. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad, iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de autonomía de los pueblos indígenas; vi)
análisis del caso concreto; y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.
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La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
23. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
24. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200514, consideró lo
siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
25. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que15:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00.
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26. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección16.
27. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición
28. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:
“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.
29. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198417, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
30. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201118, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
16 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
17 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.
31. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.
32. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.
33. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201519 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
34. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
35. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.
36. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
19 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.
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autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
37. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
38. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
39. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que sólo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.
40. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
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41. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
42. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
43. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201220, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
20 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado
fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden
el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que
resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-
572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999,
T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130
de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-
137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
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d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
44. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
45. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
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46. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”21.
47. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.
48. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional22:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
49. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
50. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
51. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
23 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
52. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
autonomía de los pueblos indígenas
53. Visto el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de
la Nación colombiana […]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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54. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho
fundamental de autonomía de los pueblos indígenas, como “[…] el derecho que les
asiste a decidir sobre los asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de
acuerdo con sus usos y costumbres. Dentro de los ámbitos de aplicación de la
autonomía de los pueblos indígenas se encuentra el derecho al autogobierno. Este
busca garantizar la autonomía en el establecimiento de sus instituciones jurídicas
y sistemas tanto normativos como de gobierno. En consecuencia, no son las
comunidades indígenas las que deben ajustar su funcionamiento interno a la
normatividad de la sociedad mayoritaria. Es esta última la que debe respetar el
derecho de los pueblos a autoidentificarse e identificar a sus miembros, es decir,
reconocer la existencia y validez legal del sistema de derecho propio indígena […]”.
Análisis del caso concreto
55. El actor, a través de apoderado26, presentó acción de tutela contra el
Presidente de la República y la Agencia Nacional de Tierras, porque, a su juicio, al
no dar respuesta a la petición de 11 de julio de 2024, mediante la cual presentó varias
solicitudes relacionadas con “[…] las 69 hectáreas de tierras donde está asentada la
comunidad indígena wayuu el espinal […]”, vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
56. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
57. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-072 de 24 de marzo de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 1 del documento denominado “3ED_2tutelapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
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Acervo y análisis probatorios
58. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
58.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
58.2. Informes rendidos por las accionadas, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
59. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor
ha sido contestada.
60. El actor señaló que, el 11 de julio de 2024 presentó “[…] derecho de petición
contra el Presidente de la república de Colombia y ante la Agencia nacional de
Tierras […] hasta la fecha ningunas (sic) de las 4 peticiones han sido contestadas
[…]”.
61. Dentro de los anexos que allegó el actor, se encuentra la petición de 11 de
julio de 2024, en la cual se solicitó:27
“[…] 1-Solicito a usted informar cómo va el trámite administrativo de la Acción de
revocatoria directa que presento la Agencia nacional de tierras, contra la
resolución No. 63567 de fecha 18 de julio de 1994, expedida por INCORA, por
medio de la cual adjudico las 69 hectáreas de tierras al causante NERON EPIAYU
(Q.E.P.D.), del predio Las Delicias ubicado en zona rural del municipio de
Hatonuevo La Guajira, donde desde épocas ancestrales en esas tierras están
asentadas la comunidad indígena wayuu el espinal, lo cual son familiares del
causante NERON EPIAYU(Q.E.P.D.).
2-Solicitamos que de acuerdo a la ley 160 de 1994 y al precedente constitucional,
esas 69 hectáreas de tierras se han adjudicadas colectivamente de manera
preferntes a la comunidad indígena wayuu el espinal quien tienen posesión
ancestral sobre las mismas desde hace más de 90 años, las explotan y pagan los
impuestos de esas tierras, a demás son sujeto de especial protección
constitucional, étnicos, campesinos, desplazados por la violencia generada por
grupos al margen de la ley, despojo de sus tierras por parte de la empresa
27 Transcripción literal del texto.
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carbones del cerrejón limited, que de acuerdo al artículo 5 y parágrafo 1 del
decreto 1415 de 1940, las tierras de origen baldíos adjudicadas no podrán ser
transferidas a ningún título a personas naturales o jurídicas extranjeras como está
sucediendo en este caso en concreto, donde la empresa carbones del cerrejón
limited compro a una sola personas las 69 hectáreas de manera irregular sin
consultar con la comunidad indígena wayuu el espinal, la cual no dejas esas tierras
porque son de ellos desde épocas ancestrales.
3-Solicitamos a usted oficiar o comunicar al Juzgado primero civil del circuito de
San juan del cesar La Guajira, suspender el proceso que cursa en su despacho
judicial con relación al predio bien inmueble Las Delicias, manifestándole que la
agencia nacional de tierras está tramitando la acción administrativa de revocatoria
directa contra la resolución que adjudico las 69 hectáreas de tierras del predio Las
Delicias, porque la empresa carbones del cerrejón limited presento Demanda
Verbal de restitución de inmueble agrario contra AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU
y otros, para tratar de recuperar la propiedad del predio Las Delicias, radicado No.
44-650- 31-03-001-2021-00015-00. El predio Las Delicias lo adquirió de manera
irregular la empresa carbones del cerrejón limited, mediante la escritura No. 210
de fecha 13 del mes de junio de 2002 de la notaria única de Barrancas La Guajira,
matricula inmobiliaria No.210-27027 de la oficina de registro de instrumentos
públicos de Riohacha La Guajira.
4-Solicitamos realizar una inspección judicial en las tierras que comprenden las
69 hectáreas de tierras donde está asentada la comunidad indígena wayuu el
espinal para contactar y tener una veracidad que en esas tierras colectiva si habita
desde épocas milenarias la comunidad indígena wayuu el espinal, conformado por
diversos clanes wayuu. Adjunto Pruebas […]”.
La petición ante el Presidente de la República
62. Al respecto, de conformidad con el acervo probatorio se advierte que:
62.1. El Asesor de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la
Presidencia de la República, mediante Oficio núm. OFI24-00143689 / GFPU
13150000 de 19 de julio de 2024, dio la siguiente respuesta a la petición del actor:
“[…] En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su
comunicación en los siguientes términos:
I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en
ese orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y
vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar
soporte y canalizar los temas como los que usted menciona en su comunicación.
II. Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ",
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modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a su comunicación Agencia
Nacional de Tierras - ANT, entidad legalmente facultada, para conocer del tema
expuesto por usted en su misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo
a la consideración y fines pertinentes.
Le sugerimos estar atento para recibir las respectivas respuestas. En caso de
presentar alguna inquietud, le invitamos a dirigirse directamente a esa entidad a
través de su canal de atención y escribir al siguiente correo electrónico:
atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co […]”.
62.2. El Asesor de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la
Presidencia de la República, mediante Oficio núm. OFI24-00143708 / GFPU
13150000 de 19 de julio de 2024, remitió la petición del actor a la Agencia Nacional
de Tierras28:
62.3. Igualmente, se observa que dichas respuestas le fueron notificadas al actor
y a la respectiva entidad, tal como se advierte de los documentos PDF que allegó la
Presidencia de la República denominado “[…] trazabilidad […]”.
28Cfr. Índice núm. 9 de Samai. Documento denominado
“14RECIBEMEMORIAL_OFI2500009420GFPUEXT(.zip) NroActua 9”. Archivo aportado en medio digital.
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63. Atendiendo al reparo del actor relacionado con que “[…] hasta la fecha
ningunas (sic) de las 4 peticiones han sido contestadas por el presidente de la
república de Colombia […]”, la Sala observa que, conforme al artículo 1.° de la
Resolución núm. 0987 de 15 de diciembre de 201629, expedida por el Director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es competencia de
dicha entidad, a través de sus dependencias, de atender y resolver “[…] 1. Las
peticiones respetuosas en interés general y en interés particular que toda
persona dirija al Presidente de la República o a cualquier funcionario del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el
artículo 23 de la Constitución Política y sus desarrollos legales y reglamentarios.
[…]”. (Resaltado por la Sala).
64. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad
a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
65. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
65.1. En la sentencia de 19 de abril de 202130, se indicó que:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio
de 2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el
caso sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)
29 “Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, y se dictan otras disposiciones en el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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65.2. En la sentencia de 30 de junio de 202031, se expresó que:
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán
a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)
66. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo la Presidencia de la República, dicha entidad no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor, toda vez que, conforme con el
artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir
la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine.
67. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta de la Presidencia de la República se notificó el 19 de julio de 2024,
es decir, con anterioridad al trámite de la acción de tutela32, frente al Presidente de
la República habrá lugar a negar la solicitud de tutela.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia
de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
32 La Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 18 de diciembre de 2024.
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La petición ante la Agencia Nacional de Tierras
68. La Agencia Nacional de Tierras rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Sobre los hechos y pretensiones, se sostendrá que la presente acción de tutela
es improcedente por configurarse la excepción denominada carencia actual del objeto
por hecho superado, puesto que, la petición objeto de la tutela fue contestada por la
Subdirección de Acceso a Tierra por Demanda y Descongestión de la ANT, de
acuerdo a sus funciones y competencias según lo dispuesto en el Decreto 2363 de
2015, encargada de atender el derecho de petición de forma clara mediante el
oficio de salida No. 202442010799651 del 12 de diciembre de 2024 y notificado
a la dirección electrónica [...]@gmail.com.
El hoy apoderado judicial, asegura no recibir respuesta alguna, desde esta oficina se
procedió a realizar consulta en la base de datos de la entidad e identificó que la
solicitud objeto de tutela efectivamente se encuentra radicada con número de
radicado 202462005311222 del 23 de julio de 2024 y que como en líneas anteriores
se describió la misional brindó respuesta, informando lo siguiente. […]”.
[…]
“[…] Al respecto y como se ha puesto en conocimiento la Subdirección de Acceso a
Tierra por Demanda y Descongestión de la ANT, emitió el correspondiente oficio con
radicado No. 202442010799651 del 12 de diciembre de 2024, donde se le informa al
hoy accionante que el poder conferido al señor Pablo Segundo Ojeda Gutierrez (sic),
no cumple con los requisitos de ley, por lo que una vez se cumpla las formalidades
de ley para conferir poder se reconocerá personería jurídica (sic) para actuar en el
proceso de revocatoria.
Ahora bien, esta oficina evidencia que la remisión de dicha respuesta fue
direccionada a otro correo electrónico diferente al que dispone el apoderado y
que por ende el hoy accionante no tenía conocimiento alguno de una respuesta
emitida por esta entidad, en ese sentido se notificará el mismo oficio, pero a la
dirección electrónica [...]@gmail.com. En ese orden de ideas, cesó todo riesgo o
peligro para el derecho fundamental que alegaba amenazado, configurándose de esa
forma el fenómeno jurídico denominado carencia actual del objeto por hecho
superado, en el entendido que se ha dado una respuesta puntual y clara a la solicitud
de la parte actora […]”. (Resaltado por la Sala)
69. De conformidad con el acervo probatorio, la Sala observa que la Subdirectora
de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la Agencia Nacional de
Tierras, mediante Oficio con Radicado núm. 202442010799651 de 12 de diciembre
de 2024, dio la siguiente respuesta a la petición del actor:
“[…] Que, de la revisión de la petición, donde solicito (sic) de información de en qué
etapa va el trámite de Revocatoria directa de la Resolución No.3567 del 18 de Julio
de 1994, se informa que el poder especial conferido al señor PABLO SEGUNDO
OJEDA GUTIÉRREZ, no cumple con los requisitos de ley, toda vez, que este se
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confirió de conformidad los artículos 74 y 75 del código General del Proceso, para lo
cual requiere una protocolización, en el entendido que la norma citada establece
referente al poder especial lo siguiente:
“(…) El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por
memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales
deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de
apoyo o notario (…).”
No obstante, se puede acoger a la ley 2213 de 2022 y conferir el poder tal cual, como
lo consagra en su acápite de poderes, en el Artículo 5°, el cual señala:
“(…) Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir
mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma. Se
presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o
reconocimiento. (…)”
Una vez, cumplidas las formalidades de ley para conferir poder especial, se conferirá
personería para actuar en el proceso de revocatoria directa en mención y así, poder
recibir información del proceso, allegar pruebas y ejercer derechos de contradicción
y defensa, consagradas en la ley y constitución.
Finalmente, se precisa que, de este modo se emite respuesta, precisa, clara a los
interrogantes de su petición y que cualquier observación que considere pertinente y
conducente presentar, y/o información que requiera, deberá acudir al buzón de correo
electrónico institucional: atenciónalciudadano@ant.gov.co. […]”.
69.1. Igualmente, se observa que dicha respuesta, fue notificada al actor al correo
electrónico informado en su petición el 16 de enero de 2025, como se observa a
continuación:33
33Cfr. Índice núm. 8 de Samai. Documento denominado “10_MemorialWeb_Anexos-GmailRV_Respuest(.pdf)
NroActua 8”. Archivo aportado en medio digital.
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70. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la Agencia Nacional de Tierras cumplió con los requisitos de i) oportunidad, ii) que
la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado
y iii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se
incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.
71. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala
encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por lo que cualquier orden
que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría inane.
72. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que la Agencia Nacional de Tierras le explicó al actor que i) “[…] de
la revisión de la petición, donde solicito (sic) de información de en qué etapa va el
trámite de Revocatoria directa de la Resolución No.3567 del 18 de Julio de 1994,
se informa que el poder especial conferido al señor PABLO SEGUNDO OJEDA
GUTIÉRREZ, no cumple con los requisitos de ley […]” y ii) “[…] Una vez, cumplidas
las formalidades de ley para conferir poder especial, se conferirá personería para
actuar en el proceso de revocatoria directa en mención y así, poder recibir
información del proceso, allegar pruebas y ejercer derechos de contradicción y
defensa, consagradas en la ley y constitución […]”.
73. Al respecto, la Sala precisa que la Corte Constitucional ha señalado que “[…]
el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que
recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del
solicitante […]”34.
74. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta de la Agencia Nacional de Tierras se dio con posterioridad al
34 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2 de marzo de 2012.
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trámite de la acción de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Conclusiones de la Sala
75. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la Agencia Nacional de Tierras; y ii) negará la solicitud de tutela
respecto al Presidente de la República.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de
Tierras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a
la Agencia Nacional de Tierras, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra el Presidente
de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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