Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06982-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06982-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06982-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06982-01
Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06982-01
Demandante: AUDOMELIO FRAGOZO EPIAYU
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en resolver un derecho de
petición.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el demandante, quien actúa a través de apoderado judicial, contra
la sentencia de 13 de febrero de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de diciembre de 2024, el señor Audomelio Fragozo Epiayu, quien actúa a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Presidencia de la
República y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de que el juez constitucional
acceda a la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso
y a la igualdad.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1- Tutelar los Derechos Fundamentales al Derecho de petición, Debido proceso,
Igualdad, Derecho colectivo, Autonomía y Autorreconocimiento de La Comunidad
étnica indígena wayuu el espinal Municipio de Hatonuevo La Guajira, vulnerados por
el presidente de la república de Colombia y la Agencia nacional de Tierras
ocasionándole perjuicios irremediables a la Comunidad indígena wayuu el espinal
del Municipio de Hatonuevo La Guajira.
2- Ordenar al presidente de la República de Colombia y a la Agencia Nacional de
Tierras tramitar la adjudicación de las 69 hectáreas de tierras a favor de la
comunidad indígena wayuu el espinal y realizar inspección judicial al territorio como
se está solicitando en la petición de fecha 11 de julio de 2024”.
2. Hechos
El accionante mencionó que la comunidad indígena Wayuu El Espinal se encuentra
ubicada desde “épocas ancestrales” en la zona rural del municipio de Hatonuevo en
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La Guajira, la cual cuenta con más de 80 familias y está conformada por los “Clanes
Epiayu, Gouriyu, Ipuana y el Clan Pushaina”, de conformidad con la sentencia T-
528 de 1992.
Señaló que la Unidad Nacional de Restitución de Tierras le notificó en su calidad de
autoridad tradicional de la comunidad indígena Wayuu El Espinal, que en los días 9
y 10 de junio del año 2022 se realizaría “la primera etapa de recolección de
información en cumplimiento del decreto 4633 del año 201 (sic)”, y agregó que la
visita se hizo durante dos días en los cuales se recolectaron pruebas documentales
y testimoniales.
Indicó que el 18 de noviembre de 2022, la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior realizó “diligencia de verificación en el territorio donde habita
o está asentada desde épocas ancestral la comunidad del espinal Municipio de
Hatonuevo La Guajira” y, posteriormente, el 28 de diciembre de 2023 manifestó que
“no podía ordenar convocatoria de consulta previa por que existía una acción de
revocatoria directa contra el titulo o escritura pública del predio Las delicias, donde
esa acción de revocatoria directa se estaba tramitando por parte de la Agencia
nacional de Tierras contra la empresa carbones del cerrejón limited, quien
manifiesta ser propietario del predio Las delicias”.
Mencionó que el 11 de julio de 2024, la comunidad indígena Wayuu El Espinal, a
través de apoderado, presentó solicitud en ejercicio del derecho de petición contra
la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Tierras, en el que solicitó:
“(…) Primero; que ordenara a la agencia nacional de tierras informar cómo va el trámite
administrativo de la acción de revocatoria directa que presento la agencia nacional de
tierras contra la resolución No. 63567 de fecha 18 de julio de 1994 expedida por
INCOORA, por medio de la cual adjudico las 69 hectáreas de tierras al causante
NERON EPIAYU del predio Las Delicias ubicado en zona rural del municipio de
Hatonuevo La Guajira, donde en esas tierras están asentadas desde épocas ancestral
la comunidad indígena wayuu el espinal
Segundo; que de acuerdo a la ley 160 del año 1994 y al precedente constitucional, esas
69 hectáreas de tierras se han adjudicadas colectivamente de manera preferentes a la
comunidad indígena wayuu el espinal por tener posesión ancestral desde hacen más
de 90 años
Tercero oficiar o comunicar al Juzgado Primero Civil del Circuito de San juan del Cesar
La Guajira, suspender el proceso de restitución del predio Las Delicias hasta tanto no
se pronuncie la Agencia nacional de Tierras sobre la decisión de la acción de
revocatoria directa
Cuarto realizar inspección judicial al predio donde está asentada la comunidad indígena
wayuu el espinal y poder determinar que si existe la comunidad el espinal y habita en
esas tierras desde épocas ancestrales (…)”.
Por último, sostuvo que las 4 peticiones presentadas no han sido resueltas por parte
de la Presidencia de la República.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora indicó que el concepto de territorio étnico abarcaba dos ámbitos: el
primero de ellos es el geográfico que comprende el espacio reconocido legalmente
bajo la figura de resguardo y, el segundo, el ámbito amplio el cual incluye las zonas
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habitualmente ocupadas por el grupo étnico, así como los lugares en los que la
comunidad ha desarrollado sus actividades sociales, económicas y culturales.
Agregó que las “comunidades étnicas y culturalmente diversas cuentan con
autonomía para fijar criterios de pertenencia”, por lo tanto “ninguna autoridad pública,
ni siquiera el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no de una minoría
étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de
pertenencia, en ejercicio de su autonomía. Sentencia T-576 del año 2014, Sentencia SU-
123 del año 2018 y la Sentencia SU-121 del año 2022 de la Corte constitucional”.
En relación con el derecho a la “libre determinación, autonomías y
autorreconocimiento de las comunidades étnicas”, adujo que comprende tres
aspectos: el primero de ellos es la “la Participación en asuntos que los afecten como
comunidad, ya sea en el estándar general de participación, de consulta previa o de
consentimiento previo libre e informad”, el segundo “El derecho a participar en la
toma de decisiones políticas, a través de instituciones de elección popular”, y el
tercero “el Derecho al Autogobierno”.
Por último, mencionó que respecto del derecho fundamental de petición, la
respuesta debe ser de “fondo, oportuna, congruente, y tener notificación efectiva”.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
El jefe de la Oficina Jurídica rindió informe en el que solicitó que se negara la acción
de tutela, por encontrarse configurada la excepción de carencia actual del objeto
por hecho superado, toda vez que el derecho de petición fue contestado de manera
clara por la Subdirección de Acceso a Tierra por Demanda y Descongestión de la
Agencia Nacional de Tierras, a través del oficio de salida No. 202442010799651 de
12 de diciembre de 2024, y notificado a la dirección electrónica
paywa20009@gmail.com.
Mencionó que en la respuesta al derecho de petición se le informó al demandante
que el poder conferido al abogado Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez no cumplía con
los requisitos de ley.
Sostuvo que se evidenció que la remisión de la respuesta fue enviada a otro correo
electrónico diferente al del apoderado, por lo tanto, el accionante no tenía
conocimiento de la respuesta emitida, no obstante, se notificó el mismo oficio a la
dirección electrónica pablosegundoojeda43@gmail.com, por lo que cesó todo
riesgo o peligro para el derecho fundamental alegado.
4.2. Respuesta de la Presidencia de la República
La coordinadora del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial rindió informe en el que
solicitó que se desvincule a la Presidencia de la Republica y se nieguen las
pretensiones, al considerar que se fundamentan en una solicitud formulada en
ejercicio del derecho de petición que se radicó ante el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República el 12 de julio de 2024, identificado bajo el
consecutivo No. EXT24-00110254.
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Sostuvo que la oficina de relacionamiento con el ciudadano del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, mediante oficio No. OFI24-
00242960 de 19 de julio de 2024 contestó la petición formulada, e indicó que de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por la Ley 1755 de 2015, se le dio traslado de la solicitud del accionante a la Agencia
Nacional de Tierras, quien era la entidad que estaba legalmente facultada para
conocer del asunto.
De conformidad con lo anterior, concluyó que se encuentra acreditada la respuesta
de fondo y de manera oportuna a la parte actora, por lo tanto, se deben desestimar
las pretensiones respecto de la Presidencia de la República.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado en fallo del 13 de febrero de 2025,
resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por la Presidencia de la República y la Agencia
Nacional de Tierras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
frente a la Agencia Nacional de Tierras, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor contra el
presidente de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión”.
Al respecto, el juzgador de primera instancia manifestó que el Asesor de la Oficina
de Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia de la República, mediante
Oficio núm. OFI24-00143689 / GFPU 13150000 de 19 de julio de 2024 dio respuesta
a la petición formulada por el accionante, la cual indicó que de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, se dio
traslado de la petición a la Agencia Nacional de Tierras, por ser la entidad
competente para emitir una respuesta de fondo, fue notificada al actor y a la
respectiva entidad.
De conformidad con lo anterior, la Presidencia de la República no vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, porque no tenía la competencia para
contestar la solicitud, de conformidad con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por lo tanto, la entidad
la remitió a la autoridad competente la solicitud.
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Agregó que respecto de la Agencia Nacional de Tierras se evidenció que mediante
oficio No. 202442010799651 de 12 de diciembre de 2024, se le dio respuesta a la
petición del accionante, mediante la cual se le informó que el poder conferido al
abogado Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez no cumplía con los requisitos exigidos por
la ley, de conformidad con lo regulado en los artículos 74 y 75 del Código General
del Proceso. Adicionalmente, sostuvo que dicha respuesta fue notificada al actor el
16 de enero de 2025 mediante correo electrónico.
Refirió que si bien la entidad no cumplió con el término establecido en el artículo 14
del CPACA, lo cierto es que a la fecha el accionante ya obtuvo respuesta, por lo que
“cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría inane”.
Por último, indicó que frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara y
precisa, se encontró que se cumple con tal exigencia, toda vez que la Agencia
Nacional de Tierras le explicó al demandante que el poder conferido a su abogado
no cumplía con los requisitos y por consiguiente una vez subsanado tal defecto, se
le reconocería personería jurídica para actuar dentro de la acción de revocatoria
directa.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Audomelio Fragozo Epiayu, a través de apoderado judicial, impugnó el fallo de
primera instancia y solicitó que se revocara, al considerar que la Agencia Nacional
de Tierras no contestó de fondo a las peticiones solicitadas.
Agregó que en la contestación de 26 de diciembre de 2024, la respuesta tenía
errores e irregularidades porque en ella “le cambia el nombre a la comunidad
indígena wayuu el espinal (…) donde le coloca el nombre de comunidad La Palmita
cuando el nombre real es comunidad indígena wayuu el espinal debidamente
registrada ante la alcaldía del municipio de Hatonuevo Guajira y ante el Ministerio
del Interior, donde las 69 hectáreas del predio Las Delicias forma parte del territorio
colectivo donde habitan desde épocas ancestrales (…)”.
Mencionó que el señor Neron Epiayu (q.e.p.d) vendió las hectáreas de tierra sin
consultar a la comunidad, cuando estás habían sido adjudicadas por el INCORA, y
en ese sentido, no eran transferibles a ninguna empresa.
Refirió que la Agencia Nacional de Tierras incurrió en error al indicar que el predio
“Las Delicias” se encontraba en el municipio de Barrancas – La Guajira, lo cual no
es cierto, pues esté se encuentra en el municipio de Hatonuevo. En ese orden de
ideas, el accionante sostiene que no ha recibido una respuesta de fondo, donde se
indique en qué estado se encuentra la acción de revocatoria directa.
Por último, sostuvo que se debía oficiar a la empresa “Carbones Cerrejón Limited”,
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de La Guajira y al Tribunal
Administrativo de La Guajira, porque en ellos se encuentran demandas contra la
comunidad indígena Wayuu El Espinal.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 13 de febrero
de 2025, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la petición presentada por la
parte actora ya fue resuelta, y sí la Agencia Nacional de Tierras vulneró el derecho
fundamental de petición invocado por el actor.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional ha
precisado que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe
ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de
manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de
los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
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solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”1. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del mismo,
en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes del
vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así
como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva, en
caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 20112.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Audomelio Fragozo Epiayu, quien actúa a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, igualdad y autonomía de pueblos indígenas, los cuales considera
vulnerados por la tardanza de las autoridades accionadas en resolver las solicitudes
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Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a
la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu
presentadas en ejercicio del derecho fundamental de petición presentado el 11 de
julio de 2024.
De conformidad con las pruebas aportadas por las partes, se advierte que se han
surtido las siguientes actuaciones:
• El 11 de julio de 2024, el accionante a través de apoderado judicial presentó derecho
de petición contra la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Tierras
para que informaran lo siguiente:
1. “Solicitó a usted informar cómo va el trámite administrativo de la Acción de
revocatoria directa que presentó la Agencia nacional de tierras, contra la
resolución No. 63567 de fecha 18 de julio de 1994, expedida por INCORA, por
medio de la cual adjudico las 69 hectáreas de tierras al causante NERON
EPIAYU (Q.E.P.D), del predio Las Delicias ubicado en la zona rural del municipio
de Hatonuevo La Guajira (…).
2. Solicitamos que de acuerdo a la ley 160 de 1994 y al precedente constitucional,
esas 69 hectáreas de tierras sean adjudicadas colectivamente de manera
preferentes a la comunidad indígena wayuu el espinal quien tiene posesión
ancestral sobre las mismas desde hace más de 90 años (…).
3. Solicitamos a usted oficiar o comunicar al Juzgado primero civil del circuito de
San juan del cesar La Guajira, suspender el proceso que cursa en su despacho
judicial con relación al predio bien inmueble Las Delicias, manifestándole que la
agencia nacional de tierras está tramitando la acción administrativa de
revocatoria directa contra la resolución que adjudico las 69 hectáreas de tierras
Las Delicias, porque la empresa carbones del cerrejón limited presento demanda
verbal de restitución de inmueble agrario contra AUDOMELIO FRAGOZO
EPIAYU y otros, para tratar de recuperar la propiedad del predio (...)
4. Solicitamos realizar una inspección judicial en las tierras que comprenden las 69
hectáreas de tierras donde está asentada la comunidad indígena wayuu el
espinal para contactar y tener una veracidad que en esas tierras colectiva si
habita desde épocas milenarias la comunidad indígena wayuu el espinal,
conformado por diversos clanes wayuu. Adjunto Pruebas
Notificación: correo electrónico: pablosegundoojeda43@gmail.com (…)”.
• Mediante oficio No. OFI24-00143689 / GFPU 13150000 de 19 de julio de 2024, el
asesor de la oficina de relacionamiento con el ciudadano de la Presidencia de la
República dio respuesta a la petición presentada por el accionante en los siguientes
términos:
“(…) Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo ", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a su
comunicación Agencia Nacional de Tierras - ANT, entidad legalmente facultada,
para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y tomar las acciones a
que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes”.
• La oficina de relacionamiento con el ciudadano de la Presidencia de la República
indica que remitió la petición a la Agencia Nacional de Tierras el mismo 19 de julio
de 2024, mediante oficio No. OFI24-00143708 / GFPU 13150000 y que dichas
respuestas fueron notificadas a la parte actora. La sala precisa que si bien se allegó
copia de los oficios no se hizo lo propio respecto de las constancias que den cuenta
de la efectiva remisión al competente y la comunicación al interesado, en los
términos del artículo 21 del CPACA.
• La subdirectora de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, mediante
oficio con radicado No. 202442010799651 de 12 de diciembre de 2024, dio
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Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu
respuesta a la solicitud al correo electrónico paywa2009@gmail.com , en la que
indicó:
“Que, de la revisión de la petición, donde solicito (sic) de información de en qué
etapa va el trámite de Revocatoria directa de la Resolución No.3567 del 18 de
Julio de 1994, se informa que el poder especial conferido al señor PABLO
SEGUNDO OJEDA GUTIÉRREZ, no cumple con los requisitos de ley, toda vez,
que este se confirió de conformidad los artículos 74 y 75 del código General del
Proceso, para lo cual requiere una protocolización, en el entendido que la norma
citada establece referente al poder especial lo siguiente:
“(…) El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o
por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos
judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez,
oficina judicial de apoyo o notario (…).
“No obstante, se puede acoger a la ley 2213 de 2022 y conferir el poder tal cual,
como lo consagra en su acápite de poderes, en el Artículo 5°, el cual señala:
“(…) Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir
mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma.
Se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o
reconocimiento. (…)”
Una vez, cumplidas las formalidades de ley para conferir poder especial, se
conferirá personería para actuar en el proceso de revocatoria directa en mención
y así, poder recibir información del proceso, allegar pruebas y ejercer derechos
de contradicción y defensa, consagradas en la ley y constitución.
Finalmente, se precisa que, de este modo se emite respuesta, precisa, clara a
los interrogantes de su petición y que cualquier observación que considere
pertinente y conducente presentar, y/o información que requiera, deberá acudir
al buzón de correo electrónico institucional: atenciónalciudadano@ant.gov.co”.
• La anterior respuesta fue comunicada el 16 de enero de 2025, al correo informado
en la petición, tal como se demuestra a continuación:
Teniendo en consideración el recuento probatorio, corresponde a la Sala desatar el
problema jurídico planteado; para lo cual, es del caso precisar que en los términos
del recurso de impugnación el análisis únicamente se circunscribirá a determinar si
la Agencia Nacional de Tierras vulneró el derecho de petición del actor.
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Demandante: Audomelio Fragozo Epiayu
Para el efecto y teniendo en consideración el material probatorio reseñado en
precedencia, la Sala de Sección encuentra que la respuesta de 12 de diciembre de
2024, puesta en conocimiento el 16 de enero de 2025, fue proferida de manera
extemporánea en desconocimiento de los términos señalados en el artículo 14 de
la Ley 1437 de 20113.
En ese escenario, la circunstancia relativa a la extemporaneidad de la respuesta en
principio comporta un desconocimiento del derecho de petición del interesado; sin
embargo, este hecho por sí solo no conlleva automáticamente a que el juez de la
acción constitucional de tutela profiera orden de amparo, pues se debe analizar la
respuesta otorgada para verificar si con la misma se satisface el derecho o por el
contrario la vulneración continúa.
Contrastada la solicitud con la respuesta se advierte que la accionada informó que
el poder otorgado por el accionante al abogado Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez no
cumplía con los requisitos legales de conformidad con lo estipulado en los artículos
74 y 75 del Código General del Proceso, por lo que una vez se subsanara esa
formalidad se le reconocería personería para actuar en el procedimiento de
revocatoria directa.
En extenso le se explicó que el poder allegado con la petición no cumplía con la
protocolización relativo a la presentación personal ante el juez, oficina de apoyo o
notario, ni tampoco se acreditó que fuere conferido a través del mensaje de datos
atendiendo el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022, razón por la cual una vez
subsanara esa irregularidad, se le reconocería personería para actuar en el proceso
de revocatoria directa en mención y así, poder recibir información del proceso,
allegar pruebas y ejercer derechos de contradicción y defensa, consagradas en la
ley y constitución.
En ese escenario, aun cuando la Sala reprocha que la respuesta fue extemporánea
y que de la misma no se vislumbra con claridad que la falta de cumplimiento en el
otorgamiento del poder conlleva a inadmitir toda la petición, pues en principio en el
pronunciamiento la ANT se refiere únicamente al ítem 1 de la solicitud, relativo al
estado del trámite de la revocación directa, leída en integridad la contestación se
tiene que en ella se concluyó que el poder otorgado para presentar la petición no
cumplió con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico (petición incompleta),
luego, no se desconoce que ante la falta de legitimación del profesional del derecho
para actuar como apoderado de los peticionarios, la agencia accionada estaba
imposibilitada para realizar pronunciamientos de fondo o referirse a los demás
aspectos de la petición.
Lo anterior a priori no implica una vulneración del derecho de petición como lo alega
el impugnante; por el contrario, corresponde al interesado, si a bien lo tiene, allegar
el poder debidamente conferido con el fin de obtener un pronunciamiento de fondo
de la Administración o incluso como fuere manifestado por la accionada, para
hacerse parte dentro del trámite de revocación directa y allí pedir las pruebas que
considere necesarias.
Ante lo expuesto, concluye esta Sala de Decisión que para el momento de
interposición de la acción de tutela, el derecho de petición estaba vulnerado pero
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Sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
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dicho quebrantamiento cesó en el curso de la misma, con la respuesta de 12 de
diciembre de 2024 notificada el 16 de enero de 2025, por lo que cualquier orden de
amparo caería en el vacío, siendo entonces del caso confirmar la decisión del a quo
que declaró la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde anotar que en lo que respecta a la petición
de la impugnación conforme la cual se“debía oficiar a la empresa “Carbones
Cerrejón Limited”, al Juzgado Primero Administrativo de la Guajira y al Tribunal
Administrativo de la Guajira, porque en ellos se encuentran demandas contra la
comunidad indígena wayuu el espinal” se considera que no se indica cuál sería el
objeto de dicha solicitud y, en todo caso, es una petición nueva que no fue incoada
en la demanda, por lo que no procede dar orden al respecto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025, por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo.- Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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