Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06986-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06986-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06986-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
11 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06986-001
Demandante : Carlos Julio Amado Hernández
Demandados : Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y
Tribunal Administrativo del Meta
Vinculada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Acción : Tutela
Derechos : Mínimo vital, debido proceso e igualdad
Tema : Tutela contra providencia, condena en costas
Decisión : Sentencia de primera instancia – niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Carlos Julio Amado Hernández contra el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso e
igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Carlos Julio Amado Hernández, quien actúa a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso e igualdad presuntamente
vulnerados por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06986-00
Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
Demandados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y otro
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos, de manera parcial, los fallos de (i) 2 de
noviembre de 2023, por medio del cual el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Villavicencio negó las pretensiones formuladas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de la Protección
Social (UGPP) [expediente 50001-33-33-007-2020-00185-01], encaminado a que
se declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se le negó
la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la prima de riesgo y lo
condenó al pago de costas procesales; y (ii) 30 de mayo de 2024, por cuyo conducto
el Tribunal Administrativo del Meta confirmó esas determinaciones. En su lugar,
pidió ordenar a las autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que
se revoque la aludida condena en costas impuesta en ese asunto ordinario.
Hechos2.
Relata el accionante que, el 22 de octubre de 2020 instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones parafiscales de la Protección Social (UGPP)
[expediente 50001-33-33-007-2020-00185-01], encaminada a que se declarara la
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó la reliquidación
de su pensión de vejez con el setenta y cinco (75%) por ciento de los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del
servicio del extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) donde
laboró como detective profesional, especialmente la prima de riesgo.
Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Villavicencio que, el 2 de noviembre de 2023, además de negar las pretensiones,
porque “los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las
pensiones son los devengados por el servidor, [enlistados en el] decreto 1158 de
1994” entre los cuales no se encuentra la prima de riesgo, lo condenó en costas,
por cuanto, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (i) resultó vencido en esas
diligencias; y (ii) presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal
al no “atender las pautas de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en
sentencia del año 2018”.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06986-00
Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
Demandados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y otro
Aduce que, inconforme con esas determinaciones, interpuso recurso de apelación,
desatado el 30 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, en el
sentido de confirmarlas, al considerar, en lo relacionado con la reliquidación
pensional con la prima de riesgo, que “le resultan aplicables las reglas dictaminadas
en la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN de la Sección 2ª del CONSEJO DE ESTADO,
de fecha 28 de julio de 2022, proferida dentro del proceso distinguido con el
radicado nro. 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014)”, en la que se
estableció que “[l]os factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar
las pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo
con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de
cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos
1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe
incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de
2003”, por lo que “no le asiste el derecho a que la PRIMA DE RIESGO sea parte
del ingreso base de liquidación de su pensión, en tanto que, su RETIRO
DEFINITIVO del servicio del DAS., ocurrió el 30 de diciembre de 2000, es decir,
antes de que se profiriera la Ley 860 de 2003”.
Y, en lo que respecta a la condena en costas impuesta, al estimar que, “resultó
vencid[o] en este juicio, al negársele las pretensiones de la demanda, […] [y que]
la Entidad demandada […] incurrió en gastos procesales, por cuanto durante todo
el proceso estuvo representada por Apoderado judicial”; sin embargo, decidió no
condenarlo en costas en segunda instancia.
Sostiene que las providencias censuradas, en lo relativo a la condena en costas
que se le impuso, incurren en desconocimiento del precedente y en los defectos
sustantivo, fáctico y procedimental absoluto, comoquiera que no tuvieron en cuenta
que “el artículo 188 del CPACA, [otorga] al juez la facultad de disponer sobre la[s
mismas], [pero ello] debe resultar de analizarse diversos aspectos dentro de la
actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente
aparezcan causadas y comprobadas, […] en consonancia con el contenido del
artículo 365 del CGP”, lo que no ocurrió en su caso, “en el que procedió a su
imposición por el solo hecho de haber sido vencido en el proceso”, por lo que, a su
juicio, lo correcto hubiera sido que, en segunda instancia se revocara la condena
que se le impuso en la primera.
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Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
Demandados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y otro
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 20 de
enero de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y al Tribunal
Administrativo del Meta; y (ii) dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de la Protección Social
(UGPP), en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio3 adujo que “la
decisión adoptada dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, específicamente de lo relacionado con la condena en costas en sede de
primera instancia se ajusta a lo reglado por el numeral 1 del artículo 365 y el
numeral 4 del artículo 366 del C.G.P., por lo que las actuaciones realizadas […] se
consideran ajustadas a los parámetros normativos establecidos otorgándole al
fallador la potestad de que, con su criterio, defina dentro de ese rango de movilidad
el monto por concepto de costas y agencias en derecho”.
2.1.2 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones parafiscales de la Protección Social (UGPP)4 pidió declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto (i) “no puede ser
utilizada con un fin netamente económico”; y (ii) “LO PRETENDIDO POR LA
PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL
EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA”.
2.1.3 El Tribunal Administrativo del Meta5 solicitó “RECHAZAR por
IMPROCEDENTE la tutela incoada, pues es evidente que no satisface el requisito
de RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, como quiera que con dicha acción
constitucional se busca revivir el análisis efectuado […] dentro del proceso ordinario
de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”.
Agregó que, “para la imposición de la CONDENA EN COSTAS, debe atenderse
que la actuación promovida por el interesado le resulte desfavorable, sin que para
ello resulte necesario entrar a analizar su conducta dentro del proceso”.
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Índice 00009 de Samai.
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Índice 00010 de Samai.
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Índice 00011 de Samai.
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Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
Demandados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y otro
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar.
En el asunto sub examine el demandante pretende que se dejen sin efectos los
fallos de (i) 2 de noviembre de 2023, por medio del cual el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Villavicencio, además de negar las pretensiones formuladas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social (UGPP) [expediente 50001-33-33-007-2020-
00185-01], encaminado a que se declarara la nulidad de los actos administrativos
a través de los cuales se le negó la reliquidación de su pensión de vejez con
inclusión de la prima de riesgo, lo condenó en costas; y (ii) 30 de mayo de 2024,
por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Meta confirmó esas
determinaciones, pero no lo condenó en costas en segunda instancia.
Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 30 de mayo de 2024, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 2 de noviembre de 2023, decidió de manera definitiva el
mencionado asunto contencioso administrativo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06986-00
Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
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3.4 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia
de 30 de mayo de 2024, a través de la cual, el Tribunal Administrativo del Meta
confirmó la providencia de 2 de noviembre de 2023, con la que, el Juzgado Séptimo
(7°) Administrativo de Villavicencio negó las pretensiones formuladas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales
de la Protección Social (UGPP) [expediente 50001-33-33-007-2020-00185-01] y lo
condenó en costas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al mínimo vital, debido proceso e igualdad invocadas en la solicitud de
amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
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se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que
esto hubiese sido posible; (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
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Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
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acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente,
así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que
esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06986-00
Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
Demandados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y otro
expuestos8.
3.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso e
igualdad del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de
las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por
cuanto la providencia atacada quedó ejecutoriada el 26 de junio de 20249 y la
solicitud de amparo se presentó el 18 de diciembre siguiente, es decir, dentro de
un término prudencial (5 meses y 22 días); y (v) la sentencia acusada no desató
una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera
que, pese a que la actora alegó también desconocimiento del precedente y los
defectos fáctico y procedimental absoluto, sus argumentos están relacionados con
una indebida aplicación e interpretación normativa (artículos 188 del CPACA y 365
del CGP), que conllevó a la condena en costas que se le impuso en la decisión
reprochada, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez
de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial10,
resulta adecuado analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia
de tutela contra providencia judicial.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
9
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 19 de junio de 2024, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 21 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
10
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06986-00
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3.6.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional11 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
“Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 12”.
En el asunto sub examine el demandante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, porque no tuvo en cuenta que “el artículo 188 del
CPACA, [otorga] al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, [pero
ello] debe resultar de analizarse diversos aspectos dentro de la actuación procesal,
tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y
comprobadas, […] en consonancia con el contenido del artículo 365 del CGP”, lo
que no ocurrió en su caso, “en el que procedió a su imposición por el solo hecho de
haber sido vencido en el proceso”, por lo que, a su juicio, lo correcto hubiera sido
que, en segunda instancia, se revocara la condena que se le impuso en la primera.
Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto,
resulta oportuno anotar que, “[e]l concepto de las costas del proceso está
relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de
esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los
honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios
11
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
12
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06986-00
Demandante: Carlos Julio Amado Hernández
Demandados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y otro
del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos
y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación”13.
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), sobre la condena en costas, dispone:
ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal. (Énfasis propio).
Por su parte, se precisa que, comoquiera que el Código de Procedimiento Civil fue
derogado por el Código General del Proceso, se entiende que el aludido artículo
188 del CPACA, hace remisión directa al último (Ley 1564 de 2012), el cual, al
respecto en su artículo 365, preceptúa:
ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su
decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de octubre de 2021, expediente 08001-23-33-000-
2015-80001-01 (6072-2019), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de
ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las
liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción. (Énfasis propio).
Ahora bien, la Sección Cuarta de esta Corporación se pronunció por vía de tutela,
mediante providencia de 12 de diciembre de 201814, en los siguientes términos:
“6.2. El concepto de costas está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación y comprende los denominados gastos o expensas del
proceso15. Pero también hay que decir que existen otros gastos, como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los
honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, entre otros 16. De ahí que
a raíz de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), en anteriores oportunidades y en materia de condena en
costas, la Sección Segunda del Consejo de Estado 17, sostenía que el artículo 188 de
la Ley 1437 del 2011 no implicaba la condena de manera automática u objetiva frente
a aquel que resultara vencido en el litigio. Lo anterior a que debían observarse una
serie de factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el
proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el operador
judicial debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión.
6.3. Posteriormente una sentencia de la Sección Segunda, Subsección A 18, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de costas, incluidas las
agencias en derecho, al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes
como temerarias o de mala fe. Según el fallo, se deben valorar aspectos objetivos
respecto de la causación de las costas, tal como lo establece el Código General del
Proceso”.
De lo expuesto se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva
valorativa, la cual, en virtud del numeral primero del artículo 365 del CGP, excluye
como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes.
En el asunto sub examine se observa que la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, frente a la condena en costas, indicó:
“En cuanto a la condena en COSTAS de 1ª instancia impuestas al demandante, se
indica que artículo 188 del C.P.A.C.A., preceptúa que en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en COSTAS, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, hoy CODIGO GENERAL DEL PROCESO,
salvo en los procesos en que se ventile un interés público.
14
Expediente: 11001-03-15-000-2018-03614-00, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
15
Artículo 361 del Código General del Proceso.
16
La doctrina denomina “las agencias y trabajos en derecho, que fija el magistrado ponente o juez”. MANUAL DE DERECHO
PROCESAL CIVIL, Cardona G. Pedro Pablo, t. i, pág. 734.
17
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren;
Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A. CP. William Hernández Gómez, Sentencia del 5 de abril de 2006.
Exp. 13001233300020130002201 (12912014).
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El artículo 47, de la Ley 2080 de 2021, adicionó un inciso al anterior artículo, que
contempló que: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”.
En cuanto a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, la Sección 3ª,
Subsección A, del CONSEJO DE ESTADO en sentencia del 11 de mayo de 2022,
radicado nro.17001-23-33-000-2016-00950-01 (67.700), C.P. MARTA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO, explicó que tal modificación no implicó que se hubiere retomado
el criterio subjetivo de la condena en costas que establecía el artículo 171 del C.C.A.,
ya que aquella norma tiene un alcance distinto, que debe ser interpretada en
concordancia con lo señalado en el inciso 1º del artículo 188 del C.P.A.C.A. Al respecto
enfatizó:
(…)
La modificación señalada no implica que se hubiese retomado el criterio
subjetivo de la condena establecido en el artículo 171 del CCA, pues la norma
tiene un alcance distinto, en cuanto debe interpretarse en concordancia con el
inciso primero del citado artículo 188.
La nueva disposición no es aplicable frente a las costas de los procesos
ordinarios de lo contencioso administrativo en los cuales prima el factor
objetivo ser la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva de
manera desfavorable el recurso interpuesto-, sino que rige para aquellos
en los que se ventila un interés público, pues, si bien en estos, en principio,
es improcedente la condena por tal concepto, no es menos cierto que es posible
imponerla cuando “se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal”.
En suma, para las costas lo determinante es perder el proceso o que la
actuación promovida sea resuelta de manera desfavorable, sin que para
ello tenga alguna injerencia la conducta subjetiva de las partes durante el
proceso, situación que tiene otras consecuencias procesales. (Se resalta)
En esas condiciones, la modificación de la Ley 2080 de 2021, no aplica para los
procesos de carácter ordinario, como es el presente, que es una NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, sino para los procesos que siendo de interés
público, la demanda carece por completo de fundamento legal. Ello con el fin de que el
ejercicio del derecho de acción a través de los medios de control de naturaleza pública
se haga de manera responsable.
Corolario de lo anterior, como en este proceso la demanda versó sobre un asunto
ordinario, la regla que rige es la dispuesta en el inciso del artículo 1º del artículo 188
del C.P.A.C.A., en concordancia con lo previsto en el artículo 365 del CÓDIGO
GENERAL DEL PROCESO.
El numeral 1º, del artículo 365, del CODIGO GENERAL DEL PROCESO indica que el
pago de las costas queda a cargo de la parte vencida. Y el numeral 8 del artículo ídem,
que solo habrá lugar a esa condena cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
Teniendo en cuenta que la parte demandante resultó vencida en este juicio, al
negársele las pretensiones de la demanda, es procedente la condena en costas
impuestas en 1ª instancia, en favor de la Entidad demandada, quien incurrió en gastos
procesales, por cuanto durante todo el proceso estuvo representada por Apoderado
judicial.
En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia impugnada, que condenó en costas al
accionante.
En cuanto a la condena en COSTAS de 2ª instancia, no se impondrán las mismas, en
tanto que la Entidad demandada no intervino en esta instancia”.
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De lo anterior se concluye que, la autoridad accionada, en la sentencia censurada,
en cuanto a la condena en costas impuesta en el asunto ordinario con radicado
05001-33-33-013-2022-00112-01, acogió lo previsto en el numeral primero del
artículo 365 del CGP, según el cual “[s]e condenará en costas a la parte vencida en
el proceso […]”, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala
fe, por ende, el argumento del actor relacionado con que se debe observar su buena
conducta en dichas diligencias, no es suficiente para dejar sin efectos la aludida
determinación, dado que, como se indicó en párrafos precedentes, en la actualidad
el criterio aplicable sobre la materia es objetivo valorativo y no subjetivo como se
pretende, lo que implica que, baste con que haya sido desfavorecido y que se
compruebe la causación de las costas, lo cual, es un análisis que le corresponde
efectuar solo al juez de conocimiento, “bajo los criterios establecidos en la ley, por
tanto, no obedecen al arbitrio o discrecionalidad de los sujetos procesales ni
tampoco al […]”19 suyo.
De acuerdo con lo anotado, la providencia reprochada no incurre en defecto sustantivo,
lo que impone negar el amparo solicitado.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos constitucionales fundamentales que haga
necesaria su intervención.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor no
acreditó que la providencia de 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, incurrió en defecto sustantivo. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo invocada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
19
Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 6 de agosto de 2029, expediente 15001-33-33-
007-2017-00036-01, C. P. Rocío Araújo Oñate.
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FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital,
debido proceso e igualdad invocados por Carlos Julio Amado Hernández, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si la presente sentencia no es impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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