Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06987-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06987-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06987-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06987-00
Accionante: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia /
FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – El accionante no puede emplear la tutela
como una nueva instancia para plantear sus discrepancias con la valoración probatoria o la
interpretación normativa del juez natural del asunto / INEXISTENCIA DE CONDUCTA – La
tutela no procede cuando no existe acción u omisión que amenace o viole derechos
fundamentales / SUBSIDIARIEDAD – El mecanismo de protección constitucional no
procede cuando se advierte que la tutelante no ejerció todos los mecanismos dispuestos
por el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el liquidador de la sociedad Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. -en
liquidación- (en adelante, INCOR, la accionante, la parte actora o la demandante),
de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 19 de diciembre de 2024, la accionante presentó acción de tutela2 en
contra del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera – Subsección B (en adelante, Subsección B, la accionada o la demandada),
con el fin de que le sean amparados sus derechos al debido proceso, la defensa y
la seguridad jurídica, conculcados en su parecer por la autoridad judicial accionada.
1 Ingresada para fallo el 27 de enero de 2025.
2 Índice SAMAI tutela, núm. 2. Archivo: “2ED_Demanda(.pdf)”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-06987-00
Accionante: Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. -en liquidación-
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Hechos relevantes
2. Por medio del Decreto 140 del 13 de septiembre de 2000, emanado del
municipio de Funza, posteriormente complementado por el Concejo Municipal
mediante el Acuerdo 021 del 6 de diciembre de 2003, se afectó y limitó el uso del
lote de mayor extensión denominado “EL EDEN”, de propiedad de la sociedad
demandante. Sin embargo, la administración nunca efectuó la inscripción
correspondiente en el folio de matrícula del inmueble, omitiendo las formalidades
necesarias para la adquisición del bien. Más adelante, a través del Acuerdo 013 del
27 de noviembre de 2013, el Concejo levantó la reserva del predio al excluirlo del
área destinada a la construcción del proyecto de la Villa Olímpica establecida por la
Administración.
3. Alegando que la afectación y reserva del inmueble impidió su explotación
para la actividad productiva y el beneficio económico de sus propietarios, la actora,
junto con los demás propietarios del predio, presentaron demanda de reparación
directa en contra del municipio de Funza (en adelante, el Municipio). En sentencia
de primera instancia del 11 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad territorial y la
condenó al pago de perjuicios. Sin embargo, en decisión de segundo grado del 20
de mayo de 2024, notificada el 19 de junio del mismo año, la autoridad judicial
accionada revocó la decisión apelada y declaró la caducidad de la acción de
reparación directa.
Pretensiones
4. El demandante solicita, por vía del amparo constitucional, lo siguiente
[transcripción textual]:
“PETICIÓN PRINCIPAL
PRIMERA: Declarar la vulneración de los derechos fundamentales del
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA, PUBLICIDAD Y
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA así:
A). Al omitir las pruebas dentro del proceso en especial la que
demuestra que el último acto administrativo para el conteo de la
caducidad se da con la expedición del pot que excluyo el bien de la
reserva – afectación de hecho del 27 de noviembre de 2013 y no
como lo hace ver el Juzgador en segunda instancia que se trata del
pot emitido del 13 de septiembre del 2.000 cuando se genera la
afectación. Mucho menos de un aviso o comunicación de la
administración del 23 de octubre del 2012, donde expresan que se
tramitaría dicho levantamiento sin tener un acto administrativo
concreto debidamente ejecutoriado.
B.) Aplicación de una excepción previa en términos y tiempos
extemporáneos la cual no fue recurrida por la demandada y optar por
vías de hecho a sabiendas que en el proceso la misma ya fue
debatida y la misma no fue recurrida por la demandada. Por ende,
perdiendo la oportunidad procesal para tramitarla. El juzgador de
segunda instancia no tiene la potestad de aplicar una excepción
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Accionante: Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. -en liquidación-
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
previa en revisión de segunda instancia, debido que la misma debe
ser propuesta por alguna de las partes como excepción previa y no
aplicada por vías de hecho por el juez de segunda instancia o como
excepción de fondo como lo mal interpreta el juzgador. Actuando así
fuera de la órbita legal y de sus funciones.
C.) La indebida notificación del fallo de sentencia a las partes
entendiendo que ITELLUS S.A.S. es parte del proceso se omite la
notificación del fallo a está vulnerando así el debido proceso.
D.) La no resolución en los términos establecidos en la ley de la
renuncia del apoderado de la demandante debidamente radicada y
pedida antes del fallo de sentencia vulnerando así no solo el debido
proceso si no también el derecho a la defensa.
SEGUNDA: Con fundamento en los argumentos descritos, solicito, como
medida de amparo de sus derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, que se deje sin efectos la sentencia proferida del
20 de mayo del 2024, notificado el 19 de junio del 2024, sobre el proceso de
reparación directa - ley 1437 de 2011 número: 250000-23-36-000-2015-
02028-01 y se ordene emitir una nueva decisión.
TERCERA: Emita nuevo fallo excluyendo la revisión de la caducidad de la
acción, debido que la misma ya fue evacuada en audiencia inicial del 16 de
marzo del 2016 la cual no fue recurrida por la demandada y la misma se
trata de una excepción de mérito debidamente tramitada en el proceso sin
que la misma por seguridad jurídica pueda volver a revisarse debido a la no
recurrencia de la parte demandada en los tiempos establecidos según el
ordenamiento judicial que no puede hacer parte de una revisión del juzgador
en segunda instancia.
CUARTA: Emita nuevo fallo basado en las pruebas aportadas en el proceso
y no analizadas por el juzgador de segunda instancia esto es el último hecho
generador donde se termina el daño causado al demandante Acuerdo No
013 de 2013 Mepot que elimino el predio como villa olímpica.
QUINTA: De este nuevo fallo se notifique a las partes incluyendo a la
sociedad ITELLUS S.A.S. en su calidad de litisconsorte necesario
reconocido en el proceso.
SEXTA: De este nuevo fallo se resuelva oportunamente la renuncia
realizada por el apoderado de la demandante el Dr. […]. Con el ánimo de
poder ejercer el derecho a la representación y nombrar un nuevo
apoderado”.
Fundamentos de la demanda de tutela
5. La parte actora asevera que la Subsección B no apreció correctamente la
prueba para determinar la caducidad de la acción. Considera que el término para
presentar la demanda no debía empezarse a contar desde la expedición del
Acuerdo 021 del 6 de diciembre de 2003, que afectó el lote, sino a partir del Acuerdo
13 del 27 de noviembre de 2013 porque a partir de esa fecha se levantaron los
gravámenes sobre el inmueble y cesó el daño.
6. Aduce la vulneración del debido proceso por parte de la accionada toda vez
que el juzgador de segunda instancia no podía “revivir una etapa procesal ya
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Accionante: Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. -en liquidación-
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ventilada”, recordando que la excepción previa de caducidad propuesta por el
Municipio fue negada en la audiencia inicial por el Tribunal de primera instancia.
7. Estima vulnerado el debido proceso y la publicidad del mismo en tanto la
sociedad Itellus S.A.S. (en adelante, Itellus), cesionaria de los derechos litigiosos
derivados del presente asunto y litisconsorte por activa, no fue notificada del fallo
de segunda instancia.
8. Así mismo, considera violado el derecho de defensa porque, pese a que el
apoderado de la accionante presentó renuncia en debida forma, la demandada no
concedió la oportunidad de nombrar otro apoderado encargado de procurar sus
intereses en el proceso contencioso.
Trámite en primera instancia
9. El 19 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
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tutela ; ordenó la notificación a la accionada y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; y vinculó, como terceros interesados en el asunto, a las
sociedades Itellus, Concreto Inmobiliario S.A.S., Inversiones y Construcciones ICR
S.A.S., Metroreina S.A.S. y Multinversión S.A.S., al Municipio, y a la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Intervenciones
10. La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación4, a través del
ponente de la decisión protestada mediante tutela, se opuso a la procedencia del
mecanismo porque no cumple con la relevancia constitucional ya que la
demandante buscó una tercera instancia revisora de una providencia judicial que
“hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico” para concluir en la
presentación de la demanda por fuera del término legal.
11. Para la accionada, su sentencia coligió razonadamente que el cómputo debía
iniciar cuando el inmueble “EL EDEN” fue afectado como parte del proyecto “Villa
Olímpica”, y no en su exclusión posterior, como lo adujo el accionante. Indicó que
la caducidad, como presupuesto procesal de la acción, debía ser analizado antes
de proferir la sentencia tomando en cuenta, además, que el acaecimiento del
fenómeno extintivo fue el argumento central de la apelación formulada por el
Municipio. También indicó que, contrario a lo expresado por INCOR, la sociedad
Itellus sí fue enterada de la decisión. Por último, aseguró que no hubo violación en
virtud de la renuncia del apoderado tomando en cuenta que éste fue igualmente
notificado del fallo, y “seguía siendo responsable hasta que se aceptara
formalmente su renuncia y se designara a uno nuevo”.
3 Índice SAMAI tutela, núm. 4.
4 Índice SAMAI tutela, núm. 8.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
12. El Municipio5 contestó que no había lugar a conceder el amparo porque no
se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, el fallo no
configuró defecto constitucional alguno, y la demandante no tiene legitimación en
causa para reclamar el amparo de los derechos de la sociedad Itellus. Así mismo,
asegura que la solicitud no cumplió con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez porque la accionante empleó la acción de tutela para abrir una nueva
instancia judicial, y presentó la súplica más de 6 meses después de la fecha del
proveído.
13. Las demás convocadas al trámite de tutela no se pronunciaron.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
14. Para resolver la presente acción de tutela, la Sala diferenciará las súplicas
relacionadas a: (i) la sentencia del 20 de mayo de 2024 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación; (ii) la notificación de esa decisión a la
sociedad Itellus; y (iii) el trámite de la renuncia del apoderado de la parte actora.
La tutela contra la sentencia de la Subsección B no satisface el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional
15. La Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-590 del 8 de junio de
6
2005 , sistematizó las exigencias que debe cumplir la acción de tutela cuando la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales se atribuyen a una providencia
judicial, entre los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de
procedibilidad, que deben ser analizados de manera más rigurosa cuando el medio
de protección es ejercido sobre una providencia adoptada por una alta corte, dadas
sus funciones de unificación jurisprudencial y de órganos de cierre dentro de la
estructura jerárquica de la Rama Judicial7.
16. Dentro de los primeros, destaca la relevancia constitucional que busca que
el juez de amparo no defina “cuestiones que no tienen una clara y marcada
5 Índice SAMAI tutela, núm. 11
6 M.P. Jaime Córdoba Triviño
7 “… la fuerza vinculante especial que tienen las decisiones que se adoptan por las altas cortes, si
bien se vincula de manera preferente con el ejercicio de la función de unificación jurisprudencial,
también se explica en el rol constitucional que cumplen tales autoridades como órganos de cierre
dentro de la estructura jerárquica de la Rama Judicial. Ello implica que su labor de interpretación y
aplicación del derecho no permite que los jueces de inferior jerarquía actúen libremente según su
saber y entender, pues es claro que el peso de sus decisiones, a partir del lugar que ocupan, debe
irradiar la lectura uniforme y consistente del ordenamiento jurídico en cada una de las distintas
jurisdicciones. // Así las cosas, el mayor peso que se otorga a las decisiones de las altas cortes
deviene del principio unitario que se proyecta en la administración de justicia, al admitir que, más
allá de la desconcentración funcional por la que existen jueces de distintas categorías, la
interpretación que se haga por la cabeza de la respectiva jurisdicción, es una suerte de antecedente
o precedente que guía la labor futura de aplicación del derecho. A ello se añade la regla o mandato
de la universalidad, que implica que los jueces no deben fundar sus decisiones en razones
coyunturales, sino, entre otras, en los principios generales derivados del análisis de casos anteriores,
en donde se impone la lectura de los órganos de cierre, al asumir el papel de unificar o delinear la
aplicación uniforme y general del orden jurídico.”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-
081 del 26 de febrero de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”8. Entre otras finalidades9, la mencionada exigencia
“impide que el mecanismo […] sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”10.
17. En el caso concreto, la sentencia del 20 de mayo de 2024 11, notificada el 19
de junio del mismo año12 consideró que el término bienal de presentación oportuna
de la demanda debía contabilizarse desde la expedición del “Acuerdo no. 021 del 6
de diciembre de 2003”, que “ajustó y revisó” el Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio, y dispuso que el predio de los allí demandantes sería destinado al
desarrollo de la “Villa Olímpica”, porque en ese momento se produjo el “daño
alegado consistente en la afectación del predio con la limitación del uso del suelo”.
18. Empero, a juicio de INCOR, el fallo apreció incorrectamente las pruebas
porque el cómputo debía efectuarse desde el Acuerdo 13 del 27 de noviembre de
2013 que dejó de afectar el inmueble a la construcción del mencionado proyecto,
hipótesis que fue descartada expresamente por la decisión judicial, en estos
términos:
“Tampoco es posible computar el término de caducidad del medio de control
jurisdiccional desde el 2 de octubre de 2013 como lo estimó el tribunal de primera
instancia ni mucho menos desde el 27 de noviembre siguiente como
pretende la parte actora, porque, en la demanda se alega que fue la
determinación del predio como lugar donde se realizaría un proyecto municipal
lo que les habría impedido desarrollar un proyecto urbanístico propio; en la
demanda no se hizo consistir el daño en la frustración por expectativa de
compra de su propiedad por parte del municipio, sino en el hecho de que
las demandantes nunca habrían podido disponer de su inmueble para
construcción por causa de la afectación […]” (Se subraya)
19. Bajo estas premisas, esta acción de tutela, centrada en atacar el soporte
probatorio y la interpretación de la regla del cómputo de caducidad de la acción
cuando se pretende la reparación directa13, carece de relevancia constitucional en
tanto plantea nuevamente una cuestión ya examinada por el juez natural de la
controversia, órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
8 Sent. C-590/05, antes referenciada.
9 “… esta Corte ha manifestado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: (i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad ; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”: Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal
Pulido.
10 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. Consideración 4.1.
11 Índice SAMAI proceso reparación directa, núm. 77.
12 Índice SAMAI proceso reparación directa, núm. 79.
13 Prevista en el artículo 164, numeral 2, literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA).
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
mediante argumentaciones que denotan la mera inconformidad de la actora con la
decisión de la accionada y no entrañan la vulneración de derechos fundamentales.
20. Así las cosas, el mecanismo constitucional en contra del fallo de la
Subsección B será declarado improcedente.
La tutela por indebida notificación no procede porque la sociedad Itellus sí fue
notificada del fallo
21. En relación con la pretensión relacionada, ya no con el fallo de segunda
instancia adoptado por la Subsección B, sino con el trámite de notificación realizado
por la demandada, esta Sala se permite indicar que si bien la demanda de tutela fue
formulada por quien obra en el certificado de existencia y representación legal de
INCOR14 como su liquidador, esta persona consta también igualmente el
representante legal de Itellus15. Por lo tanto, respecto a esta súplica se cumple el
requisito de procedibilidad de la acción de tutela de legitimación por activa para
reclamar la protección de los derechos fundamentales de esta persona jurídica16.
22. Empero, como lo advirtió la accionada en su informe17, la notificación del fallo
objeto del presente asunto sí fue remitida a la casilla de correo electrónico destinada
para tal propósito18, de acuerdo a la información consignada en el sistema
electrónico de información del proceso de reparación directa19. De esta manera, se
descarta la existencia de una acción u omisión atribuible a la demandada que “haya
violado, viole o amenace violar”20 alguno de los derechos fundamentales invocados
por el accionante, por lo que el mecanismo constitucional en este aspecto es
improcedente.
14 Índice SAMAI tutela, núm. 2, archivo: “6ED_Prueba(.pdf)”.
15 Índice SAMAI tutela, núm. 2, archivo: “5ED_Prueba(.pdf)”.
16 “Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que "toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las
personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone
cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar
el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que
una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. //
Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona
natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su
representación; si bien, como lo dice el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los poderes se
presumirán auténticos, deben presentarse”: Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.
Sentencia T-430 del 24 de junio de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En sentido
análogo, ver: Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-889 del 3 de diciembre de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Ver: Supra. Párr. 10.
18 De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Itellus, anexado al poder
conferido al abogado Héctor Eduardo Patiño Domínguez (índice SAMAI proceso reparación directa
núm. 64), constaba que el correo electrónico de notificación era “itellus.co@gmail.com”.
19 Notificación núm. 89136 del 19 de junio de 2024, en: Índice SAMAI proceso reparación directa,
núm. 79, archivo “Soporte notificación Sentencia de fecha 2(.pdf), f. 19-20.
20 Decreto 2591 de 1991, artículo 5°.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
La petición de amparo por la renuncia del apoderado no satisface el requisito
de subsidiariedad
23. En el expediente digital del proceso de reparación directa, se refleja que el
apoderado de los allí demandantes -incluyendo a INCOR y a Itellus-, remitió
renuncia al poder que le fue conferido21 y constancia de la comunicación a sus
poderdantes sobre esa dimisión el 19 de febrero de 2024, esto es, antes de la fecha
del fallo de la Subsección B y de su notificación. La accionada no adoptó decisión
al respecto, y una vez notificada la sentencia de segunda instancia, finalizó el
proceso remitiendo el expediente al Tribunal de origen. De estas circunstancias, la
parte actora deduce la violación de su derecho de defensa porque, según indica,
por la omisión de la demandada no pudo contar con la asistencia de un apoderado
judicial que procure sus intereses.
24. Para esta Sala, dicha aseveración no satisface el requisito general de
subsidiariedad. Según la jurisprudencia constitucional:
“… la procedencia de la acción de tutela se encuentra condicionada a la previa
utilización por el accionante de los medios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico. En este orden de ideas, […] esta acción constitucional, como mecanismo
residual y subsidiario, no puede remplazar las figuras procesales destinadas a
obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia
de las partes en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos
legalmente para ello.
[…] De esta manera, si la parte afectada no ejerce las acciones o utiliza los recursos
establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos
amenazados o vulnerados, éste mecanismo de amparo no tiene la virtualidad de
revivir los términos vencidos, ni se convierte en un recurso opcional de las instancias
previstas en cada jurisdicción”22.
25. Tomando este razonamiento, en el caso concreto no se observa que la
accionante haya agotado los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico
para que un profesional del derecho defienda sus intereses en juicio después de la
renuncia del apoderado. En efecto, ante el apartamiento del abogado, cuyos efectos
principiaron una vez transcurrieron cinco días contados a partir de la presentación
de la renuncia y del aviso a los demandantes23 a la Subsección B, la demandante
21 Índice SAMAI reparación directa, núm. 72.
22 Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-451 del 15 de junio de 2010. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
23 Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) – Artículo 76: “TERMINACIÓN DEL PODER. El
poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe
otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones
determinadas dentro del proceso. // El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de
los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya
revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se
tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto
de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este
código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los
honorarios podrá demandarse ante el juez laboral. // Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge
sobreviviente del apoderado fallecido. // La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días
después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación
enviada al poderdante en tal sentido. // La muerte del mandante o la extinción de las personas
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
podía designar otro letrado y no lo hizo. Al comprobar que la demandante dejó de
ejercer esta alternativa para proteger sus derechos, la acción de tutela deviene
improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Inversiones y Construcciones Reina S.A.S. -en liquidación- en contra del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
jurídicas no ponen fin al mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá
ser revocado por los herederos o sucesores. Tampoco termina el poder por la cesación de las
funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea
revocado por quien corresponda”. (Subraya la Sala).
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