Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06991-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06991-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06991-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406991-00
Actor: Ramón Eduardo Villadiego Madrid
Demandados: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración
de justicia, iii) debido proceso y iv) mínimo vital
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ramón Eduardo Villadiego
Madrid contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406991-00
Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Bolívar,
porque, a su juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 10 de julio de
2024; y ii), el Tribunal, al proferir la sentencia de 30 de abril de 2021, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 130012333000201701108-01:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el 20 de septiembre de 2009, interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Río
Grande de la Magdalena de Magangué, para que se declarara la nulidad del acto
administrativo que dio respuesta a un derecho de petición y solicitó que a título de
restablecimiento del derecho se le reconocieran y pagaran, los salarios y
prestaciones sociales relativos a los periodos en los que demostró la existencia de
una relación laboral.
4. Indicó que, el 28 de noviembre de 2017 el proceso fue repartido y le
correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar con el número de radicación
130012333000201701108-00, que, mediante sentencia del 30 de abril de 2021, la
Sala de Decisión núm. 7 resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
5. Adujo que, presentó recurso de apelación que fue resuelto por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia 062/2021 de
10 de julio de 2024, en los siguientes términos2:
“[…] PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia emitida el 30 de abril de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. […]”.
5.1 Como fundamento de su decisión consideró:
“[…] En cuanto a la prestación personal del servicio, debe decirse que no obra en
el plenario los contratos civiles y/o comerciales suscritos entre la ESE demandada y
las Cooperativas, así como tampoco los rubricados entre las Cooperativas y el
demandante.
Es decir, no existe forma de determinar documentalmente los extremos temporales
por los que se dio la prestación del servicio entre Ramon Villadiego Madrid y la ESE
demandada a través de las Cooperativas.
[…]
“[…] En relación con la contraprestación económica, tampoco se encuentra
probado, toda vez que no obran los contratos que evidencien esa remuneración. Y
aunque las declarantes refieren que lo recibido por el demandante equivalía a
$1.300.000, no hay forma de establecer si este valor fue percibido cuando cumplió
funciones de archivo o en farmacia.
De suerte que esta exigencia tampoco se logra acreditar en el plenario.
[…]
“[…] Tampoco se logra vislumbrar si el cargo que desarrolló estaba adscrito en la
planta de la entidad.
Así las cosas, contrario a lo que pretende hacer ver el demandante, las pruebas
acopiadas en la actuación, incluida la testimonial, no constituyen, en su conjunto,
elemento de convicción que perfilen la configuración del elemento de subordinación
y de la existencia de una relación laboral.
[…]”.
“[…] Concluye la Sala que como la carga de demostrar la existencia de la relación
laboral es de la parte demandante, las aportadas son insuficientes para estructurar
el cumplimiento de los elementos que caracterizan una relación laboral. En ese
orden de ideas, aunque el Tribunal no valoró los testimonios recibidos a través de
despacho comisorio, se advierte que el estudio conjunto de esa prueba echada de
menos, con los libros de registro y salida así como de la certificación, no tienen la
convicción para desvirtuar la relación contractual. Por lo anterior, se confirmará la
decisión del a quo. […]”.
2 Transcripción literal del texto
4
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] PRIMERO; TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A
LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL MÍNIMO
VITAL, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, reconociendo que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo pues se observa que, de
manera errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el debate procesal, el
precedente judicial
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de diez (10) de julio de dos
mil veinticuatro (2024), proferida por la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO.
TERCERO: ORDENAR a esta última, que, en el término de esta providencia, profiera
una nueva sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 13-
001-23-33-000-2017-01108 01 No Interno 3380-2023 (expediente digital), tendiendo
en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre
la presente litis. […]”.
6.1 Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó4:
“[…] El Tribunal Administrativo de Bolívar al desconocer la existencia de testimonios
al interior de la actuación, siendo que en audiencia titulada por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Magangué (no el juzgado promiscuo, como lo afirma la Sala), se
escucharon los testimonios dentro del despacho comisorio No. 019 de fecha 20 de
mayo de 2019, proveniente del Tribunal Administrativo de Bolívar a las señoras
BRILLITH YANETH VILLADIEFO MARTINEZ Y MARGARITA SANCHEZ
CARDENAS.
De haber valorado esta prueba, la consecuencia a la que arribó la Sala hubiese
distinta, pues los aspectos que extraña en la carga probatoria de la parte
demandante, fueron suplidos con la prueba testimonial. Al no notar su existencia en
el proceso, lógicamente creyó que ésta se había incumplido.
Por su parte la segunda instancia no valoró en debida forma la no contestación de
la demanda por parte de la entidad demandada, dejando de aplicar el artículo 97 de
la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”) que señala que, ante la
falta de contestación de la demanda, el efecto es hacer presumir ciertos aquellos
hechos susceptible de confesión, salvo que la ley establezca un efecto diferente.
[…]”.
[…]
3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202406991-00
Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
“[…] De haber tenido entonces el efecto de indicio grave, se hubiese acompasado
con los testimonio, y las pruebas documentales con lo que se hubiese arribado a la
concusión que estaba demostrada la configuración de una relación de un contrato
laboral dentro de la modalidad mediante la cual fue contratado el actor
(cooperativas), por lo que el efecto normativo y garantizador del principio debió
concretarse en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, reparar en
la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin
de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido
ocultarla. […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de enero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Bolívar; y
iii) vinculó, como tercero con interés legítimo a la E.S.E. Río Grande de la
Magdalena de Magangué, concediéndoles un término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
8. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró
que la acción de tutela es improcedente, “[…] la evidente carencia de relevancia
constitucional, pues la discusión planteada contra el fallo se limita a un claro
desacuerdo con el resultado del mismo, constituyéndose así en una instancia
adicional a las surtidas dentro del proceso ordinario; […]” que el actor presentó por
un desacuerdo con el resultado del proceso ordinario, y una falta de identificación
clara sobre la incidencia de la actuación en la vulneración de sus derechos
fundamentales, que:
“[…] solo limitó a manifestar que dentro del proceso no se valoró adecuadamente la
falta de contestación de la demanda y ello, en conjunto con las pruebas que
demostraban la subordinación y la remuneración; discusión que fue abordada por
esta Sala en el fallo atacado, por lo que se acredita el incumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Incluso, ha de considerarse que el actor no refirió cuales defectos contiene la
providencia atacada, de modo que existe una carencia argumentativa que refuerza
el planteamiento de la falta de relevancia constitucional. […]”.
[…]
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
“[…] De lo anterior, contrario a lo afirmado por el actor, en el fallo atacado se
consignaron las razones legales que justificaron la decisión tomada, que en últimas
consistieron en que las pruebas aportadas por la parte demandante fueron
insuficientes para estructurar el cumplimiento de los elementos que caracterizan una
relación laboral. […]”.
9. El Tribunal Administrativo de Bolívar precisó que “[…] en el sub examine, el
elemento de la prestación personal del servicio únicamente se encontró acreditado
durante el mes de septiembre de 2010, debido que, en el libro de control de entrada
y salida de empleados de la ESE de Magangué, no fue posible identificar al
funcionario encargado de realizar dicho registro. Dicha circunstancia impidió
efectuar una valoración probatoria adecuada sobre dicho documento. […]” y que
“[…] en cuanto al elemento de la remuneración, este no fue demostrado de manera
fehaciente, pues la certificación aportada no permitió determinar el valor de los
honorarios recibidos por el actor en virtud de los contratos de prestación de servicios
suscritos con la Cooperativa de Trabajo Asociado COOMEDISER, razón por la cual
no fue posible establecer cual era la remuneración que percibía el actor en dicho
contrato. […]”.
9.1 En lo relativo a la subordinación, señaló que la certificación que anexó el
actor, con fecha 27 de octubre de 2010, indica que el actor se desempeñó en el
área de sistemas de la E.S.E. Municipal de Magangué, y que no es una prueba
suficiente para demostrar la existencia de una verdadera relación de dependencia
o de subordinación, y que los testigos no comparecieron a la audiencia de pruebas
que se llevó a cabo en el Juzgado Promiscuo de Magangué.
9.2 Indicó que, la carga de demostrar la ilegalidad de los actos acusados, recaía
en el actor, sin embargo fue deficiente, por lo que la Sala concluyó no se acreditaron
por parte del actor, los hechos que fundamentaron la demanda y que “[…] aunque
se demostró la prestación personal del servicio por un periodo corto, no se logró
acreditar el elemento de la remuneración que percibía el actor como
contraprestación de dicho servicio, ni el elemento esencial de la subordinación, el
cual es determinante para la configuración de una relación laboral, pues las
actividades desarrollas por el actor estuvieron encaminadas al cumplimiento del
contrato respectivo, dentro de un plano de coordinación. […]”.
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9.3 Indicó que, no le asiste razón al actor endilgarle al Tribunal Administrativo de
Bolívar, que hubiera incurrido en la vulneración al debido proceso, ni al principio de
igualdad, al haberse dado el trámite procesal pertinente, y haber hecho un análisis
jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos expuestos por el actor.
9.4 Solicitó que se rechace la acción de tutela por improcedente, al considerar que
no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia señalados por
la jurisprudencia constitucional.
10. La E.S.E. Río Grande de la Magdalena consideró que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto carece de relevancia constitucional, al tratarse de un caso
particular que no afecta los intereses constitucionales generales, y que al momento
de ser decidida no va a tener efecto alguno erga omnes al no traspasar la esfera de
lo particular, por lo que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela y mantener “[…] incólumes los fallos dictados dentro del proceso donde fue
abatido el accionante”[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
13. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
14. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental debido proceso; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii)
análisis del caso concreto y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
16. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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Núm. único de radicación: 110010315000202406991-00
Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
24. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales las
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
23 Ibidem.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
26. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
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“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
27. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
28. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
25 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
27 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
32. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
33. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho28:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Análisis del caso concreto
34. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Bolívar,
porque, a su juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 10 de julio de
2024; y ii), el Tribunal, al proferir la sentencia de 30 de abril de 2021, en el proceso
28 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 130012333000201701108-01:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
37.1 Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 130012333000201701108-01.
37.2 Informes rendidos por las autoridades accionadas, con sus respectivos
anexos.
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Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
38. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente29:
“[…] El Tribunal Administrativo de Bolívar al desconocer la existencia de testimonios
al interior de la actuación, siendo que en audiencia titulada por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Magangué (no el juzgado promiscuo, como lo afirma la Sala), se
escucharon los testimonios dentro del despacho comisorio No. 019 de fecha 20 de
mayo de 2019, proveniente del Tribunal Administrativo de Bolívar a las señoras
BRILLITH YANETH VILLADIEFO MARTINEZ Y MARGARITA SANCHEZ
CARDENAS.
De haber valorado esta prueba, la consecuencia a la que arribó la Sala hubiese
distinta, pues los aspectos que extraña en la carga probatoria de la parte
demandante, fueron suplidos con la prueba testimonial. Al no notar su existencia en
el proceso, lógicamente creyó que ésta se había incumplido.
Por su parte la segunda instancia no valoró en debida forma la no contestación de
la demanda por parte de la entidad demandada, dejando de aplicar el artículo 97 de
la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”) que señala que, ante la
falta de contestación de la demanda, el efecto es hacer presumir ciertos aquellos
hechos susceptible de confesión, salvo que la ley establezca un efecto diferente.
[…]”.
[…]
“[…] De haber tenido entonces el efecto de indicio grave, se hubiese acompasado
con los testimonio, y las pruebas documentales con lo que se hubiese arribado a la
concusión que estaba demostrada la configuración de una relación de un contrato
laboral dentro de la modalidad mediante la cual fue contratado el actor
(cooperativas), por lo que el efecto normativo y garantizador del principio debió
concretarse en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, reparar en
la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin
de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido
ocultarla. […]”.
39. Para la Sala el asunto controvertido por el actor, ya fue objeto de estudio por
las autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto
29 Transcripción literal del texto.
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por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.
40. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
41. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
42. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
43. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
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Actor: Ramon Eduardo Villadiego Madrid
44. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el
actor alega la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio
de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
45. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al mínimo vital
enunciados por el actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto
de especial protección constitucional.
46. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y al mínimo vital, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
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motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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